Cipriano Razo Ramírez y Otros.
Expediente 73/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 52 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 73/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 52
- Última actuación
- 16/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Cipriano Razo Ramírez y Otros.
- Joan Antonio Ochoa Sada y Otros.
- Alejandro Bravo Arrache y Otros.
- Joan Antonio Ochoa Sada
- Cipriano Razo Ramírez
- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 52.
- Principal
Iintégrese al expediente el oficio suscrito por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida en sesión de seis de diciembre pasado dentro del amparo en revisión administrativo 219/2018 de ese índice, así como los autos del juicio de amparo 73/2018-II -en dos tomos- y dos sobres cerrados con documentos. Acúsese recibo de estilo y comuníquese a las partes que al resolver el medio de impugnación interpuesto, la superioridad determinó lo siguiente: "PRIMERO.- Son improcedentes los recursos de revisión de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado y de los Secretarios de Marina y de la Defensa Nacional. SEGUNDO.- Se declara firme el sobreseimiento respecto de los artículos 7, 11, párrafo segundo, y 12 de la Ley de Seguridad Interior. TERCERO.- Son fundados los recurso de revisión del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación y del Secretario de Gobernación. CUARTO.- Son infundados los recursos de revisión del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. QUINTO.- EN la materia de los recursos señalados en los resolutivos tercero y cuarto anteriores, se modifica la sentencia pronunciada el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, por la Juez Noveno de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo 73/2018-II y sus acumulados 75/2018-III y 76/2019-IV, para: Sobreseer en el juicio de amparo en relación con los actos consistentes en el refrendo y la publicación de la Ley de Seguridad Interior; y, Confirmar la concesión de la protección federal en relación con los artículos 2, 3, 4, fracciones I, II, VII y X, 6, 8, 9, 11, párrafos primero y último, 16, 26, 30 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, y sus efectos." Dada la voluminosidad del expediente en que se actúa, con el oficio de cuenta y el cuaderno de antecedentes integrado con motivo del recurso de revisión, fórmese el tercer tomo procesal del presente asunto, previo desglose de las constancias con las que el referido cuaderno se constituyó. En el caso el amparo se concedió para los siguientes efectos: ".Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, se concede el amparo a los quejosos para el efecto de que una vez que cause ejecutoria este fallo, se desincorporen de su esfera jurídica los artículos 2, 3, 4, fracciones I, II, VII y X, 6, 8, 9, 11, párrafos primero y último, 16, 26, 30 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, declarados inconstitucionales. De igual forma, con fundamento en el artículo 78, último párrafo, de la Ley de Amparo, como medida adicional a la inaplicación de los preceptos indicados y a fin de restablecer a los quejosos en el pleno goce del derecho violado, se ordena entregar a los quejosos un salvoconducto para que las autoridades encargadas de ejecutar la Ley de Seguridad Interior se abstengan de aplicar los artículos materia de la concesión del amparo a Joan Antonio Ochoa Sada, Cipriano Razo Ramírez y Alejandro Bravo Arrache." Sin embargo, no ha lugar a requerir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dado que no hay materia para ello. Se explica. El artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En sesión de quince de noviembre de dos mil dieciocho, por mayoría de nueve votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas 8/2018, 9/2018, 10/2018 y 11/2018 declaró la invalidez del Decreto mediante el cual se expidió la Ley de Seguridad Interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Asimismo, de conformidad con el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas, Plenos de Circuito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 262/2016, en sesión de catorce de junio de dos mil diecisiete, consideró que el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, contempla la posibilidad de que el órgano judicial de amparo pueda emitir una declaración en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o materiales, con la finalidad de que remita los autos al superior, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley. Asimismo, por otra parte, indicó que el artículo 214 de la Ley de Amparo establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución y así lo determine el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. La Segunda Sala concluyó que la Ley de Amparo prevé dos figuras diversas que pueden llegar a actualizarse cuando se presenta un obstáculo para el cumplimiento de una sentencia de amparo: 1) La imposibilidad material o jurídica; y, 2) La inexistencia de materia para su ejecución. Sostuvo que el primer supuesto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado en los términos de la propia ejecutoria; lo cual no significa que la ejecutoria carezca de efectos o deje de cumplirse, pues, en todo caso, ante la eventualidad surgida se busca una alternativa al cumplimiento original -artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo-. En cambio, la hipótesis relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; en otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada -artículo 214 de la Ley de Amparo-. En ese sentido, si en la sentencia amparado se declararon inconstitucionales los artículos 2, 3, 4, fracciones I, II, VII y X, 6, 8, 9, 11, párrafos primero y último, 16, 26, 30 y 31 de la Ley de Seguridad Interior y por ello se ordenó que las responsables debían desincorporar de la esfera jurídica de los quejosos dichos preceptos, así como entregar un salvoconducto a los solicitantes del amparo, pero el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de nueve votos declaró la invalidez de esa ley y esa determinación es obligatoria para este juzgado de acuerdo con el 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este juzgado declara que no hay materia para el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues ya existe pronunciamiento obligatorio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la invalidez de dicha norma. En mérito de lo anterior, toda vez que no existe actuación pendiente de practicarse, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En tales circunstancias, con fundamento en el Capítulo Quinto, punto Vigésimo Primero, fracción I, y último párrafo de dicho punto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se provee lo siguiente: a) Este asunto se considera de relevancia documental, en atención a los temas abordados en la sentencia, entre los que destacan los siguientes: - Interés legítimo: este juzgado estimó que los quejosos contaban con interés legítimo para acudir al juicio de amparo debido al efecto amedrentador que los artículos reclamados producen para ejercer ciertos derechos (al acceso a la información, a la libertad de expresión y de reunión), así como a la imposibilidad de demostrar un acto concreto de aplicación. Sobre dicho tema hubo debate entre distintos órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que fue necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara al respecto. - La afectación de la Ley de Seguridad Interior a derechos fundamentales de los quejosos, a saber, seguridad jurídica de los quejosos, las libertades de expresión y de reunión, así como los derechos de acceso a la información, intimidad, autodeterminación informativa y libre desarrollo de la personalidad. - Otorgamiento de potestades indeterminadas (discrecionales) a las fuerzas armadas que permiten su presencia o intervención, por sí o en coordinación con autoridades civiles, en un rango indefinido de ámbitos en contravención a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De modo que este asunto puede ser de interés para la academia, no sólo en el ámbito jurídico, sino también sociológico y criminológico. b) El presente expediente con sus anexos debe conservarse íntegro, para su consulta y/o difusión. c) Transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que de conformidad con lo establecido en el capítulo primero, segundo punto, fracción XXIX, capítulo tercero, punto noveno, fracción IV, punto décimo, fracción lll, capitulo quinto, último párrafo del punto Vigésimo Primero y punto vigésimo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, sea ingresado al archivo histórico en el lugar que para tal efecto determine el referido Centro, para su debida conservación. Acuérdese lo conducente al archivo dentro de los autos del incidente de suspensión derivado del presente asunto.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 16 DE DICIEMBRE DE 2019, QUE EN SÍNTESIS DICE "...Iintégrese al expediente el oficio suscrito por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida en sesión de seis de diciembre pasado dentro del amparo en revisión administrativo 219/2018 de ese índice, así como los autos del juicio de amparo 73/2018-II -en dos tomos- y dos sobres cerrados con documentos. Acúsese recibo de estilo y comuníquese a las partes que al resolver el medio de impugnación interpuesto, la superioridad determinó lo siguiente: "PRIMERO.- Son improcedentes los recursos de revisión de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado y de los Secretarios de Marina y de la Defensa Nacional. SEGUNDO.- Se declara firme el sobreseimiento respecto de los artículos 7, 11, párrafo segundo, y 12 de la Ley de Seguridad Interior. TERCERO.- Son fundados los recurso de revisión del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación y del Secretario de Gobernación. CUARTO.- Son infundados los recursos de revisión del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. QUINTO.- EN la materia de los recursos señalados en los resolutivos tercero y cuarto anteriores, se modifica la sentencia pronunciada el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, por la Juez Noveno de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo 73/2018-II y sus acumulados 75/2018-III y 76/2019-IV, para: Sobreseer en el juicio de amparo en relación con los actos consistentes en el refrendo y la publicación de la Ley de Seguridad Interior; y, Confirmar la concesión de la protección federal en relación con los artículos 2, 3, 4, fracciones I, II, VII y X, 6, 8, 9, 11, párrafos primero y último, 16, 26, 30 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, y sus efectos." Dada la voluminosidad del expediente en que se actúa, con el oficio de cuenta y el cuaderno de antecedentes integrado con motivo del recurso de revisión, fórmese el tercer tomo procesal del presente asunto, previo desglose de las constancias con las que el referido cuaderno se constituyó. En el caso el amparo se concedió para los siguientes efectos: ".Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, se concede el amparo a los quejosos para el efecto de que una vez que cause ejecutoria este fallo, se desincorporen de su esfera jurídica los artículos 2, 3, 4, fracciones I, II, VII y X, 6, 8, 9, 11, párrafos primero y último, 16, 26, 30 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, declarados inconstitucionales. De igual forma, con fundamento en el artículo 78, último párrafo, de la Ley de Amparo, como medida adicional a la inaplicación de los preceptos indicados y a fin de restablecer a los quejosos en el pleno goce del derecho violado, se ordena entregar a los quejosos un salvoconducto para que las autoridades encargadas de ejecutar la Ley de Seguridad Interior se abstengan de aplicar los artículos materia de la concesión del amparo a Joan Antonio Ochoa Sada, Cipriano Razo Ramírez y Alejandro Bravo Arrache." Sin embargo, no ha lugar a requerir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dado que no hay materia para ello. Se explica. El artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En sesión de quince de noviembre de dos mil dieciocho, por mayoría de nueve votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas 8/2018, 9/2018, 10/2018 y 11/2018 declaró la invalidez del Decreto mediante el cual se expidió la Ley de Seguridad Interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Asimismo, de conformidad con el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas, Plenos de Circuito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 262/2016, en sesión de catorce de junio de dos mil diecisiete, consideró que el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, contempla la posibilidad de que el órgano judicial de amparo pueda emitir una declaración en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o materiales, con la finalidad de que remita los autos al superior, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley. Asimismo, por otra parte, indicó que el artículo 214 de la Ley de Amparo establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución y así lo determine el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. La Segunda Sala concluyó que la Ley de Amparo prevé dos figuras diversas que pueden llegar a actualizarse cuando se presenta un obstáculo para el cumplimiento de una sentencia de amparo: 1) La imposibilidad material o jurídica; y, 2) La inexistencia de materia para su ejecución. Sostuvo que el primer supuesto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado en los términos de la propia ejecutoria; lo cual no significa que la ejecutoria carezca de efectos o deje de cumplirse, pues, en todo caso, ante la eventualidad surgida se busca una alternativa al cumplimiento original -artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo-. En cambio, la hipótesis relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; en otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada -artículo 214 de la Ley de Amparo-. En ese sentido, si en la sentencia amparado se declararon inconstitucionales los artículos 2, 3, 4, fracciones I, II, VII y X, 6, 8, 9, 11, párrafos primero y último, 16, 26, 30 y 31 de la Ley de Seguridad Interior y por ello se ordenó que las responsables debían desincorporar de la esfera jurídica de los quejosos dichos preceptos, así como entregar un salvoconducto a los solicitantes del amparo, pero el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de nueve votos declaró la invalidez de esa ley y esa determinación es obligatoria para este juzgado de acuerdo con el 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este juzgado declara que no hay materia para el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues ya existe pronunciamiento obligatorio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la invalidez de dicha norma. En mérito de lo anterior, toda vez que no existe actuación pendiente de practicarse, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En tales circunstancias, con fundamento en el Capítulo Quinto, punto Vigésimo Primero, fracción I, y último párrafo de dicho punto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se provee lo siguiente: a) Este asunto se considera de relevancia documental, en atención a los temas abordados en la sentencia, entre los que destacan los siguientes: - Interés legítimo: este juzgado estimó que los quejosos contaban con interés legítimo para acudir al juicio de amparo debido al efecto amedrentador que los artículos reclamados producen para ejercer ciertos derechos (al acceso a la información, a la libertad de expresión y de reunión), así como a la imposibilidad de demostrar un acto concreto de aplicación. Sobre dicho tema hubo debate entre distintos órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que fue necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara al respecto. - La afectación de la Ley de Seguridad Interior a derechos fundamentales de los quejosos, a saber, seguridad jurídica de los quejosos, las libertades de expresión y de reunión, así como los derechos de acceso a la información, intimidad, autodeterminación informativa y libre desarrollo de la personalidad. - Otorgamiento de potestades indeterminadas (discrecionales) a las fuerzas armadas que permiten su presencia o intervención, por sí o en coordinación con autoridades civiles, en un rango indefinido de ámbitos en contravención a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De modo que este asunto puede ser de interés para la academia, no sólo en el ámbito jurídico, sino también sociológico y criminológico. b) El presente expediente con sus anexos debe conservarse íntegro, para su consulta y/o difusión. c) Transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que de conformidad con lo establecido en el capítulo primero, segundo punto, fracción XXIX, capítulo tercero, punto noveno, fracción IV, punto décimo, fracción lll, capitulo quinto, último párrafo del punto Vigésimo Primero y punto vigésimo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, sea ingresado al archivo histórico en el lugar que para tal efecto determine el referido Centro, para su debida conservación. Acuérdese lo conducente al archivo dentro de los autos del incidente de suspensión derivado del presente asunto..."
- Incidental
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito remite testimonio de la resolución pronunciada en el incidente en revisión administrativo 170/2018, donde determinó: "PRIMERO. Es improcedente el recurso de revisión. SEGUNDO. Es infundado el recurso de revisión. TERCERO. En la materia del mismo, se confirma la interlocutoria pronunciada por la Juez Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en Irapuato.".
- Principal
Agréguese el oficio firmado por el actuario judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que el órgano jurisdiccional de su adscripción admitió los recursos de revisión interpuestos por las autoridades responsables y la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, lo cuales se radicaron bajo el amparo en revisión 219/2018. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.-Estese en espera de la resolución que emita el tribunal de alzada para proveer lo conducente.
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