Cipriano Jimenez Cortes
Expediente 1990/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1990/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/01/2023
Partes del expediente
- Cipriano Jimenez Cortes
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 4, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un expediente en el cual se desechó la demanda de amparo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, secretaria que autoriza y da fe.L´ EAR /l´vos
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de enero de dos mil veintitrés. OFICIO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar a los autos el oficio procedente del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, mediante el cual devuelve el original del juicio de amparo en el que se actúa, toda vez que no acepto la competencia declinada por este juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por ***************. Acúsese de recibo. ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO En términos de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, este órgano de control constitucional, se avoca al conocimiento del presente asunto. ACTOS RECLAMADOS Y AUTORIDADES RESPONSABLES De la lectura de la demanda de amparo se advierte que se señalan como acto reclamado y autoridad responsable los que enseguida se indican: ACTOS RECLAMADOS La omisión de inscribir la sentencia dictada en el expediente 936/2021, expedida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 23, con sede en Texcoco, México; y La cancelación de los certificados emitidos a nombre de Helia Meza Cortés. La expedición de los certificados a nombre del quejoso. AUTORIDADES RESPONSABLES Titular de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de México. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación, se realiza el pronunciamiento correspondiente. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". DESECHAMIENTO En el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los numerales 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, pues, el Titular de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, señalado como responsable, no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo. Debe puntualizarse que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, contempla la posibilidad de actualizarse alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones procedentes, de manera tal que este apartado da sustento y apoyo legal a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, la derivada de disposiciones distintas a las fracciones procedentes, mismas que pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución General de la Republica y de la jurisprudencia. Lo anterior implica que los supuestos legales establecidos en las primeras veintidós fracciones del numeral 61 de la ley de la materia, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, pues existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, derivada de otra disposición de Ley de Amparo, de la Constitución General de la República o de la Jurisprudencia. Por su parte, los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen esencialmente que el juicio de amparo tiene como finalidad resolver las controversias por normas, actos u omisiones que se susciten entre los gobernados y alguna autoridad; El artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo precisa que autoridad para efectos del juicio de amparo es la que dicta, publica, ejecuta o trata de ejecutar u omite el acto reclamado; respecto de esta última circunstancia, en dicho precepto se precisa que tiene aquélla calidad la que emita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que autoridad para efectos del amparo es aquélla a la que las normas legales otorgan las características de un órgano público con potestad de emitir actos unilaterales, a través de los cuales puede crear, modificar o extinguir, por sí o ante sí, situaciones que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin requerir la voluntad de éstos y sin necesidad de acudir a los órganos judiciales. Así, para que una autoridad sea considerada como tal en el juicio de amparo, debe tener las siguientes características: - Ser un órgano público. - Actuar con potestad administrativa, es decir, que ejerza facultades decisorias de carácter irrenunciable, atribuidas por la ley -decisión de imperio-. - Emitir actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. - Para emitir sus actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni del consentimiento del afectado. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Supremo del País, del título y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por tanto, el amparo al ser un medio de control constitucional de los actos autoritarios, resulta improcedente respecto de aquéllos emitidos por una entidad que carezca de imperio. En el caso concreto, como se precisó, la parte quejosa reclama la omisión de inscribir la sentencia dictada en el expediente 936/2021, expedida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 23, con sede en Texcoco, México; así como la cancelación de los certificados emitidos a nombre de Helia Meza Cortés; además, la expedición de los certificados correspondientes a nombre del promovente del amparo. Sin embargo, estos actos reclamados son materia del cumplimiento de la sentencia emitida a favor del quejoso, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 23, con sede en Texcoco, México, en el expediente 936/2021, como se expone en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, e incluso se trascriben los puntos resolutivos, de los que se advierte con claridad que los efectos de ese fallo implican precisamente la inscripción de dicha determinación, la cancelación de los certificados emitidos a nombre de Helia Meza Cortés y la expedición de los certificados correspondientes a nombre del promovente del amparo. En ese contexto, la autoridad responsable, Titular de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, no está investida de las facultades que caracterizan a las autoridades, pues de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso solicitó el reconocimiento de derechos agrarios dentro del Ejido de San Gregorio Cuautzingo, municipio de Chalco, Estado de México, el cual se radicó ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 23, con sede en Texcoco, México, bajo el expediente 936/2021, y seguidas las etapas procesales, se resolvió a su favor, por lo que se ordenó a la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional la inscripción correspondiente de la sentencia, la cancelación de los certificados emitidos a nombre de Helia Meza Cortés y la expedición de los certificados correspondientes a nombre del promovente del amparo. Por ende, la autoridad señalada como responsable no actúa en un esquema de supra a subordinación, sino como autoridad coadyuvante dentro del procedimiento generado por el actor -aquí quejoso-, de ahí que no pueda tener el carácter de responsable. Considerar lo contrario, implicaría que este Juzgado de Distrito se substituyera en las funciones de la autoridad jurisdiccional a quien compete lograr ese cumplimiento de la sentencia agraria emitida. Se sostiene tal aserto, porque el procedimiento de cumplimiento de sentencias en un juicio agrario, está previsto en el capítulo IV del Título Décimo de la Ley Agraria, cuyo artículo 191 dispone: "Artículo 191.- Los tribunales agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que, a su juicio, fueren procedentes, sin contravenir las reglas siguientes: I. Si al pronunciarse la sentencia estuvieren presentes ambas partes, el tribunal las interrogará acerca de la forma que cada una proponga para la ejecución y procurará que lleguen a un avenimiento a ese respecto; y II. El vencido en juicio podrá proponer fianza de persona arraigada en el lugar o de institución autorizada para garantizar la obligación que se le impone, y el tribunal, con audiencia de la parte que obtuvo, calificará la fianza o garantía según su arbitrio y si la aceptare podrá conceder un término hasta de quince días para el cumplimiento y aún mayor tiempo si el que obtuvo estuviera conforme con ella. Si transcurrido el plazo no hubiere cumplido, se hará efectiva la fianza o garantía correspondiente. (ADICIONADO, D.O.F. 9 DE JULIO DE 1993) Si existiera alguna imposibilidad material o jurídica para ejecutar una sentencia relativa a tierras de un núcleo de población, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá aceptar la superficie efectivamente deslindada, en cuyo caso la sentencia se tendrá por ejecutada, dejándose constancia de tal circunstancia en el acta que levante el actuario. (ADICIONADO, D.O.F. 9 DE JULIO DE 1993) En caso de inconformidad con la ejecución de la parte que obtuvo sentencia favorable, se presentarán al actuario los alegatos correspondientes, los que asentará junto con las razones que impidan la ejecución, en el acta circunstanciada que levante. (ADICIONADO, D.O.F. 9 DE JULIO DE 1993) Dentro de los quince días siguientes al levantamiento del acta de ejecución, el tribunal del conocimiento dictará resolución definitiva sobre la ejecución de la sentencia y aprobará el plano definitivo." De la norma legal transcrita se advierte, en lo que interesa, que los tribunales agrarios están obligados a proveer todo lo necesario para la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias, incluidas las medidas de apremio que a su consideración sean procedentes. Ahora, las medidas de apremio que pueden aplicar los tribunales agrarios están previstas en el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria por disposición expresa de su numeral 167, los cuales establecen los siguientes: "ARTICULO 59.- Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio: (REFORMADA, D.O.F. 20 DE JUNIO DE 2008) I.- Multa hasta por la cantidad de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso, y II.- El auxilio de la fuerza pública. Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia." "Artículo 167.- El Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria, cuando no exista disposición expresa en esta ley, en lo que fuere indispensable para completar las disposiciones de este Título y que no se opongan directa o indirectamente." En ese contexto, para hacer cumplir las sentencias, el Tribunal Agrario puede aplicar multa hasta por la cantidad equivalente a ciento veinte unidades de medida y actualización, conforme al artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero e dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; además, podrá hacer uso del auxilio de la fuerza pública; si fuere insuficiente lo anterior, procederá a realizar la denuncia correspondiente por el delito de desobediencia. Así, se advierte que los Tribunales Agrarios, para el cumplimiento de las sentencias, tienen a su alcance un procedimiento de ejecución con suficiente fuerza coercitiva que les permite lograr el pleno acatamiento de sus determinaciones, aun con la oposición de la parte obligada, que implicará una actuación con mayor energía debido a la resistencia a obedecer la resolución. Orientan los argumentos previos, las tesis IV.2o.A.92 A y IX.2o.6 A, emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1896, registro 180430, así como Tomo VII, Enero de 1998, página 1176, registro 197013, de títulos y textos siguientes: "TRIBUNALES AGRARIOS. ESTÁN OBLIGADOS A PROVEER DE OFICIO LA EFICAZ E INMEDIATA EJECUCIÓN DE SUS SENTENCIAS. El cabal cumplimiento de las sentencias emitidas por los tribunales agrarios es de orden e interés público, de conformidad con lo establecido en los artículos 27, fracciones VII y XIX, y 17 constitucionales, pues el primero, instituye el beneficio de la garantía social a la población campesina, y salvaguarda, en su fracción VII, la propiedad sobre la tierra perteneciente a los grupos de población ejidal y comunal, reconociéndoles personalidad jurídica y la oportunidad legal de defender sus derechos. Para garantizar la seguridad jurídica y la impartición de justicia en materia agraria, entre otros aspectos, el Constituyente, a través de la fracción XIX, reguló la creación de los tribunales federales agrarios, de plena jurisdicción, dotados de autonomía para resolver, con apego a la ley, de manera expedita, los conflictos agrarios. Por su parte, el artículo 17 de nuestra Carta Magna, dispone que los tribunales están obligados a impartir justicia de manera pronta y expedita, sustanciando los asuntos dentro de los plazos y términos legales, y que las leyes federales y locales deben establecer los medios necesarios para que se garantice la plena ejecución de las resoluciones. La vinculación de ambas disposiciones lleva a concluir que, por la importancia del principio social establecido constitucionalmente, se impone la obligación para el tribunal jurisdiccional que emite una resolución en materia agraria, de vigilar, de oficio, su íntegro cumplimiento, la cual se justifica plenamente si se toma en consideración que ello reviste gran trascendencia para la vida jurídica institucional del país, no sólo por el interés social que existe para que la verdad legal prevalezca en aras de la concordia, tranquilidad y seguridad de los campesinos, sino porque, esencialmente, constituye una forma de hacer imperar el mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previsto en el aludido artículo 27, que es el sustento y finalidad de la organización del sector campesino y rural de nuestro país. Tan es así que, el artículo 191 de la Ley Agraria prevé que los tribunales agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que, a su juicio, fueren procedentes. En ese contexto, se concluye que los preceptos indicados sustentan la imperiosa necesidad jurídica de que la sentencia agraria sea plenamente cumplida, y que el tribunal agrario que la emitió esté constreñido a vigilar, de oficio, que las partes la acaten, a proveer su eficaz e inmediata ejecución, a fijar sus alcances, a determinar quiénes están vinculados con su acatamiento, y en su momento, a emitir la resolución fundada y motivada que la declare cumplida." "SENTENCIA AGRARIA. EL TRIBUNAL AGRARIO DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA QUE SEA DEBIDAMENTE EJECUTADA. Si ya fue ejecutada la sentencia del Tribunal Agrario que ordenó reanudar el suministro de agua a los actores, y la parte demandada impide posteriormente ese suministro, procede que dicho tribunal intervenga para lograr el cabal cumplimiento de su sentencia, conforme al artículo 191 de la Ley Agraria, que le impone la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias, ejercitando la facultad que le otorga dicha disposición legal para dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, con el fin de realizar dicha ejecución. Ello, porque el objetivo de una sentencia que ha causado estado, es que se cumpla en su totalidad, aun en contra de la oposición de la parte perdedora; y debe actuar con mayor energía la autoridad, cuando la parte demandada incurre en rebeldía al resistirse a dar cumplimiento a una sentencia. Además, querer obligar a la parte actora a que promueva un nuevo juicio contraviene el principio de la cosa juzgada, ya que habría un problema jurídico con identidad de cosas, causas, personas y acciones, ya resuelto en definitiva por la autoridad competente." Como se puede advertir, en la Ley Agraria se establece el procedimiento de ejecución a seguir por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 23, con sede en Texcoco, México, para exigir el cumplimiento forzoso de la sentencia dictada en favor del quejoso en el expediente 935/2021. Sirve de apoyo a lo anterior, por los razonamientos que la integran, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 79/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor. En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo que se trata. CUADERNO DE ANTECEDENTES Finalmente, toda vez que el cuaderno de antecedentes que se formó en auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se encuentra integrado de las mismas actuaciones que obran en el juicio original que se recibe, se ordena su destrucción. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Laura Gabriela Serrano de la Cruz, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. ESCRITO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en respuesta a la vista dada en proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. ALEGATOS En consecuencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de dar cuenta con éstos en el momento procesal oportuno. Notifíquese como legalmente corresponda.
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