Cipriano Gaytán Monsivais

Expediente 472/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
472/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • Cipriano Gaytán Monsivais

Actuaciones

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Vista; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el ocho de marzo de dos mil veintidós, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa; se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, ocho de marzo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Cipriano Gaytán Monsivais, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio y otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Jueza acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 472/2022-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Esta Juzgadora advierte que se actualiza una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo indirecto; al respecto debe considerarse lo dispuesto en el numera 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo y anexos, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, registro digital 215188, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio de derechos fundamentales; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En este sentido, la suscrita considera que el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, así como con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, al no observarse el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo; por tanto, no ha lugar admitirla; lo anterior es así, pues la demanda carece de la firma electrónica de quien supuestamente la promueve, por lo que debe considerarse que el promovente no exteriorizó su voluntad para acudir a esta instancia. Se afirma lo anterior, toda vez que la demanda de amparo de cuenta, fue presentada electrónicamente por Cipriano Gaytán Monsivais, y la misma carece de evidencia criptografíca del promovente, circunstancia que resulta insuficiente para tener por exteriorizada su voluntad. En efecto, de acuerdo con los preceptos legales aludidos, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, que consiste en que sólo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la legislación de la materia, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha legislación. En la especie, se presentó por vía electrónica la demanda de amparo, promovida por Cipriano Gaytán Monsivais, la cual carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), del presunto impetrante del juicio constitucional. Ahora, conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 76, párrafo segundo, en relación con los diversos 59 y 64, todos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso, o en su caso, quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, que es equiparable a un documento de identidad con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa, y en el caso, la demanda de amparo que nos ocupa, presentada por vía electrónica, carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de Cipriano Gaytán Monsivais. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos y, toda vez que la demanda de amparo no cuenta con la del supuesto accionante del amparo, lo anterior no obstante que aparece una rúbrica en la parte final de la demanda, debe considerarse que el promovente no exteriorizó su voluntad para acudir a la vía constitucional, pues al haber sido presentada en línea debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, por lo que, al no ser así, no hay manifestación de la voluntad, y por lo tanto, no hay instancia de parte agraviada. En la inteligencia que la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de quien promueve una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Se insiste, que en el presente caso no nos encontremos en el supuesto de excepción a que se refiere el artículo 109, último párrafo, de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida; lo anterior, pues el acto reclamado hecho valer en la demanda de amparo que nos ocupa, dista de las hipótesis contempladas por el citado precepto legal. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en cita, de manera notoria manifiesta e indudable, al no apreciarse en la demanda la voluntad de quien aparecen como promovente, entonces con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sirve de apoyo a lo determinado en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis: P./J. 8/2019 (10a.), visible en la página Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79. "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES.En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones, más no para promover, esto es, en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Pilar Rosales Zapata, Roberto Ramírez Robledo, María Guadalupe Ramírez Robledo y Claudia Verónica Rosales Chávez, en virtud que no se proporcionan los datos del documento que los faculta a ejercer la profesión de licenciados en Derecho o Abogados, tal como exige el mencionado precepto legal. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Cuatro, número ciento nueve Altos (109), del Fraccionamiento Boulevares, en Zacatecas. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos.

  3. Principal

    SE PÚBLICA AUTO CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA. Zacatecas, Zacatecas, ocho de marzo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Cipriano Gaytán Monsivais, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio y otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Jueza acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 472/2022-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Esta Juzgadora advierte que se actualiza una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo indirecto; al respecto debe considerarse lo dispuesto en el numera 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo y anexos, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, registro digital 215188, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio de derechos fundamentales; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En este sentido, la suscrita considera que el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, así como con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, al no observarse el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo; por tanto, no ha lugar admitirla; lo anterior es así, pues la demanda carece de la firma electrónica de quien supuestamente la promueve, por lo que debe considerarse que el promovente no exteriorizó su voluntad para acudir a esta instancia. Se afirma lo anterior, toda vez que la demanda de amparo de cuenta, fue presentada electrónicamente por Cipriano Gaytán Monsivais, y la misma carece de evidencia criptografíca del promovente, circunstancia que resulta insuficiente para tener por exteriorizada su voluntad. En efecto, de acuerdo con los preceptos legales aludidos, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, que consiste en que sólo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la legislación de la materia, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha legislación. En la especie, se presentó por vía electrónica la demanda de amparo, promovida por Cipriano Gaytán Monsivais, la cual carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), del presunto impetrante del juicio constitucional. Ahora, conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 76, párrafo segundo, en relación con los diversos 59 y 64, todos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso, o en su caso, quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, que es equiparable a un documento de identidad con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa, y en el caso, la demanda de amparo que nos ocupa, presentada por vía electrónica, carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de Cipriano Gaytán Monsivais. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos y, toda vez que la demanda de amparo no cuenta con la del supuesto accionante del amparo, lo anterior no obstante que aparece una rúbrica en la parte final de la demanda, debe considerarse que el promovente no exteriorizó su voluntad para acudir a la vía constitucional, pues al haber sido presentada en línea debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, por lo que, al no ser así, no hay manifestación de la voluntad, y por lo tanto, no hay instancia de parte agraviada. En la inteligencia que la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de quien promueve una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Se insiste, que en el presente caso no nos encontremos en el supuesto de excepción a que se refiere el artículo 109, último párrafo, de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida; lo anterior, pues el acto reclamado hecho valer en la demanda de amparo que nos ocupa, dista de las hipótesis contempladas por el citado precepto legal. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en cita, de manera notoria manifiesta e indudable, al no apreciarse en la demanda la voluntad de quien aparecen como promovente, entonces con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sirve de apoyo a lo determinado en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis: P./J. 8/2019 (10a.), visible en la página Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79. "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES.En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones, más no para promover, esto es, en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Pilar Rosales Zapata, Roberto Ramírez Robledo, María Guadalupe Ramírez Robledo y Claudia Verónica Rosales Chávez, en virtud que no se proporcionan los datos del documento que los faculta a ejercer la profesión de licenciados en Derecho o Abogados, tal como exige el mencionado precepto legal. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Cuatro, número ciento nueve Altos (109), del Fraccionamiento Boulevares, en Zacatecas. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos.

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