Cipriana Flores Téllez
Expediente 77/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 77/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Cipriana Flores Téllez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, once de agosto de dos mil veintidós. Téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, remitiendo el original del juicio de amparo en el que se actúa y testimonio certificado de la ejecutoria del catorce de julio pasado dictada en el amparo en revisión agraria 109/2021 en la que confirmó la sentencia; acúsese recibo. Al no existir actuaciones pendientes por acordar, archívese el expediente como asunto concluido; por lo que respecta al cuaderno de antecedentes, únicamente glósense las actuaciones originales. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio en el que se actúa. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Ahora, toda vez que de la certificación de cuenta se aprecia que obra un documento original exhibido por la parte quejosa, de conformidad con el arábigo 21 del multicitado acuerdo, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional a recogerlo, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, será destruido. En el entendido de que queda a su cargo generar el código "QR" respectivo para que sea permitido su acceso a este recinto jurisdiccional, dado que no se tiene certeza de la fecha en la que en su caso comparezca para tal efecto. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
2. Iguala de la Independencia, Guerrero, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, mediante el cual transcribe el acuerdo de veinte de los actuales y acusa recibo del juicio de amparo 77/2021 e informa que se admitió el recurso de revisión, quedando registrado bajo el número 109/2021, de lo que se toma nota para los efectos a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Carlos René Hernández Maza, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho conforme a lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, durante las vacaciones del titular, autorizado en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según consta en el oficio CCJ/ST/1886/2021, suscrito electrónicamente por el Secretario Técnico de dicha comisión, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
3. Iguala de la Independencia, Guerrero, cinco de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por *****, apoderado de la quejosa *****, atento a su contenido, con fundamento en los artículos 86, 88 y demás relativos de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia del quince de junio del año en curso; en consecuencia, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y distribúyanse las copias del escrito de agravios como corresponda. Remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito, en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Dígase al Jefe de la Oficina que conforme al punto 2 de la Circular DGGJ/012/2020, de la Dirección General del Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, la papeleta de turno no deberá remitirla al Tribunal Colegiado correspondiente, sino sólo a este Juzgado requirente, para que una vez que el asunto se encuentre integrado lo envíe a quien haya sido turnado. En el entendido que del medio de impugnación de mérito deberá conocer el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. Se instruye a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente de este Juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submodulo "Expedientes", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio de impugnación que se provee. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Carlos René Hernández Maza, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
3. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 77/2021-III; y, RESULTANDO I. *** *** *** , por derecho propio, y por conducto de *** *** ***, en escrito presentado el nueve de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 51. II. En auto del veintisiete de abril dos mil veintiuno, y previo desahogo de una prevención este Juzgado Federal, admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; ordenó el emplazamiento del tercero interesado y dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito, y. CONSIDERANDO PRIMERO. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad en el artículo 37, de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado se ejecutó dentro de la demarcación territorial de este órgano jurisdiccional, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. SEGUNDO. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa se ostenta como tercera extraña y reclama en esencia el auto admisorio del veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, la falta de emplazamiento y como consecuencia de ello, todo lo actuado en el juicio agrario 325/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 51, respecto de la parcela que refiere fue de su madre. TERCERO. El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 51, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos que se le atribuyen (fojas 44 a 46). En consecuencia, deben tenerse por ciertos. Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio agrario 325/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 51, con residencia en esta ciudad; documentales a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2o. de dicho ordenamiento legal. CUARTO. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses del promovente, según se desprende de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Con motivo de la reforma constitucional publicada el seis de junio del dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, el principio de parte afectada en el juicio de amparo sufrió una transformación en cuanto al tipo de interés requerido para la promoción de la referida instancia constitucional, pues con anterioridad a aquellas modificaciones legislativas era necesario acreditar, en todos los casos, el "interés jurídico"; sin embargo, a partir de la entrada en vigor de tales disposiciones se establecieron los siguientes supuestos de procedencia: a) Cuando se aduzca ser titular de un derecho (interés jurídico); o b) Se afirme tener un interés legítimo individual o colectivo. En el primer caso, el gobernado alega que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución General de la República y, con ello, se afecta su esfera jurídica, lo cual se traduce en que el particular necesariamente debe acreditar la titularidad del derecho que asegura es vulnerado por la autoridad responsable, esto es, debe demostrar su "interés jurídico". Sin embargo, el Constituyente Permanente realizó una acotación en relación con los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, consistente en que el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, deberá acreditar el "interés jurídico", excluyendo de esos casos el "interés legítimo". Lo anterior, se traduce en que tratándose de actos emitidos dentro de un procedimiento jurisdiccional, la regla es que la parte quejosa debe acreditar el "interés jurídico", es decir, demostrar que es titular de un derecho jurídicamente protegido, sin que en esos casos aplique la connotación del "interés legítimo". En cambio, en el segundo supuesto el administrado aduce contar con un interés legítimo, individual o colectivo, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe precisar que a través de esta acción el particular pretende defender, principalmente derechos difusos o colectivos (materia ambiental, protección al consumidor, por mencionar algunos). Debe precisarse que no es factible equiparar ambas clases de interés (jurídico y legítimo), puesto que presentan diferencias substanciales a fin de establecer los entes que se encuentran legitimados para instar la acción de amparo. Ya que, mientras que en el interés jurídico es necesario un derecho subjetivo con su correspondiente potestad de exigencia, consagrado en la norma objetiva; en el interés legítimo, sólo basta la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, por afectarse la esfera jurídica ya sea directa o derivada de la situación del sujeto respecto del orden jurídico, sin la necesidad de que la norma establezca a favor del individuo alguna facultad expresa y directa de exigir. De lo anterior, se puede concluir que para que el juicio de amparo sea procedente, los actos que se reclamen en el mismo deben ser derivados de un acto concreto de autoridad o de la observancia de una ley que cause perjuicio al gobernado, ocasionándole una afectación a un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico (interés legítimo), y es éste el perjuicio a que se refiere la Ley de Amparo, para que pueda prosperar la acción constitucional y para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de estimar actualizado el perjuicio que le ha sido ocasionado al gobernado y puedan proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos. En mérito de lo expuesto, el juicio de amparo que promueve la parte quejosa se rige por el interés jurídico en razón de que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar el auto admisorio del veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, la falta de emplazamiento y como consecuencia de ello, todo lo actuado en el juicio agrario 325/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 51, respecto de la parcela que refiere fue de su madre, afirmando que se le privó de sus bienes materiales. En tal virtud, debe demostrarse fehacientemente que la parte quejosa es titular del derecho que invoca respecto del bien inmueble indicado, amparado en un título o figura jurídica concreta de fecha cierta (como lo es, por ejemplo, un contrato, un instrumento notarial, una sentencia, un certificado de derechos agrarios o parcelarios); de modo que tiene la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer que es verdaderamente titular de un derecho sustentado en una causa legal y que éste se vio afectado con motivo del acto reclamado. En su demanda, la quejosa aduce haber sido privada de sus bienes materiales y para acreditarlo, exhibió las siguientes probanzas: 1. Copia simple sin firmas de la audiencia del dieciocho de marzo del año en curso, levantada en el expediente 159/2020, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 51 (fojas 9 a 12). 2. Copia simple de la sentencia del once de julio de dos mil dieciocho, pronunciada en el expediente 325/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 51 (fojas 13 a 30). Sin embargo, de estos documentos no se desprende plenamente el interés jurídico de la quejosa, esto es, el derecho de propiedad que dice ostentar, y del que refiere haber sido privada, pues las mismas únicamente, ponen de manifiesto que el dieciocho de marzo del año en curso, se llevó a cabo una audiencia en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 51, con residencia en esta ciudad, en que la quejosa funge como actora y el tercero interesado ostenta la calidad de demandado, y, que se dictó sentencia el once de julio de dos mil dieciocho, en el expediente 325/2017, del índice del tribunal indicado en que se reconoció a Gerardo Edén Flores Juárez, aquí tercero interesado la calidad de posesionario y derechos posesorios respecto de la parcela que se indica, pero ello de ninguna forma revela su interés jurídico en el presente expediente. Lo anterior es así, ya que no se allegó a este Juzgado Federal documento alguno en que se advirtiera por parte de la quejosa título justo o causa generadora de la posesión, como refiere en su demanda de amparo le fue requerido por la responsable y que señala haber desahogado, pero sin explicar la forma en que lo hizo. Orienta lo anterior en lo conducente la tesis II.1o.16 A (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2311, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA AGRARIA. LOS DOCUMENTOS PRIVADOS DE FECHA INCIERTA EXHIBIDOS POR QUIEN RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A JUICIO, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRARLO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que un documento privado sólo es apto para acreditar el interés o derecho pactado en él frente a terceros cuando, desde que: 1) se presenta ante algún fedatario público o autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones legales, 2) se inscribe en algún registro público, o 3) muere alguno de los firmantes (contratantes). De lo contrario, se refutará de fecha incierta y será jurídicamente ineficaz para demostrar, por sí, la existencia y certeza del acto jurídico ahí contenido, en cuya hipótesis ese documento no podrá ser oponible a terceros ajenos a él. Así, cuando en el amparo indirecto en materia agraria se reclama la falta de emplazamiento a juicio y el quejoso argumenta que se afectan sus derechos sobre alguna parcela o tierra ejidal y, para justificar ese pretendido interés jurídico, exhibe documentos privados de fecha incierta, éstos resultan insuficientes para acreditar, per se, los derechos alegados, en tanto que con esos documentos no se tiene certeza jurídica de la fecha genuina de su existencia para dilucidar -a partir de esa fecha-, si son o no oponibles a terceros ajenos a los actos ahí contenidos, pues al ser documentos privados de fecha incierta, sólo producen efectos jurídicos entre los mismos suscriptores. No es óbice a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 207/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 575, de rubro: "PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE DE JUSTO TÍTULO.", porque si bien es cierto que en dicho criterio jurisprudencial se precisa que en materia agraria no se requiere contar con justo título -porque "la ley no exige un 'justo título' para poseer, entendido éste como el que es, o el que fundadamente se cree, bastante para transferir derechos agrarios sobre la parcela o parte de ella, pues aun el poseedor de mala fe, que es el que entra en posesión sin título alguno o el que conoce los vicios de su título, puede adquirir la titularidad de tales derechos por prescripción"-, también lo es que se refiere exclusivamente a la procedencia de la prescripción adquisitiva de tierras parceladas, al precisarse que para su viabilidad es suficiente con demostrar la causa generadora de la posesión, esto es, la calidad con la cual se ejerce, si es originaria o derivada, si es de buena o mala fe y la fecha cierta a partir de la cual se debe computar el plazo legal para la configuración de la prescripción. Por tanto, ese criterio vinculante sólo tiene aplicación cuando en el juicio agrario se plantea la acción de prescripción adquisitiva, pero no para acreditar el interés jurídico en el amparo, en razón de que, para ese fin se requiere de la exhibición de algún documento que, con independencia de si tenga o no la calidad de "justo título", sea de fecha cierta para tener certeza de ésta y, a partir de entonces determinar, válidamente, si es o no oponible a terceros ajenos a lo en él pactado, con miras a no afectar, retrasar o desconocer injustificadamente los derechos de éstos". Considerar lo contrario, implicaría en este caso abrir la posibilidad de presumir que por el solo hecho de ser la quejosa parte en un juicio agrario y haber desahogado un requerimiento en que se previno en el juicio de origen para exhibir un título justo o causa generadora de la posesión de un inmueble -del que por cierto no proporciona características-, se le reconociera interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional. Situación que entrañaría una contravención a la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que impone el deber de probar plenamente el interés jurídico y no inferirlo en base a presunciones, como se aprecia de su contenido: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Así como inobservar la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Novena. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, en Materia(s): Común, Página: 225, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". En estas condiciones, al no estar plenamente acreditado que la quejosa ostenta derecho alguno respecto del inmueble que defiende en esta instancia, mismo que tampoco describe, es claro que carece de interés jurídico. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 63, 73, 74, 75, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio promovido por *** *** ***, por derecho propio, y por conducto de *** *** ***, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Carlos René Hernández Maza, Secretario quien da fe, hasta hoy quince de junio de dos mil veintiuno en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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