Cintya Velasco Rauda

Expediente 1003/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1003/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
13/10/2020

Partes del expediente

  • Cintya Velasco Rauda

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veinte. Por recibido el oficio de cuenta, enviado por la autoridad oficiante, por medio del cual acusa recibo del juicio de amparo VII-1003/2019-1 promovido por -, por su propio derecho; asimismo, comunica que se avocó al conocimiento de la demanda de garantías planteada, contra actos relativos a la materia de extinción de dominio, la cual quedó registrada con el número 414/2020 de su índice; lo anterior para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que no existen billetes de depósito, ni constancias que devolver a las partes, acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el presente juicio es susceptible de destrucción; lo anterior en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a once de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta se tiene a -por su propio derecho, promoviendo juicio de amparo indirecto, contra actos del Presidente de la República Mexicana con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número VII-1003/2019-1. Ahora, una vez analizada la demanda de amparo, debe decirse que las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados dentro del ámbito de su competencia; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo en cuestión, es menester analizar tal cuestión, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Así, para que un Juzgado Distrito tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, debe encontrarse dentro de su jurisdicción y que la ley lo faculte para resolverlo, con preferencia a los demás órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En esa misma vertiente, del análisis de la demanda de amparo, se constata que este juzgado de distrito carece de competencia para conocer de la demanda de amparo, en atención a las siguientes consideraciones. Los impetrantes de amparo, señalan como actos reclamados los siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS. 1) Se reclama de todas las Autoridades Ordenadoras (Cámara de Diputados; Cámara de Senadores), el proceso legislativo que culminó con la publicación y entrada en vigencia de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 09 de agosto de 2019, siendo las disposiciones que me afectan las de los artículos 5, 8, 14, 15, 126, 174, 190, 225, 227, 228, 229, 230, 231, y el artículo cuarto, sexto, transitorio de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; así como el artículo 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los que reclamo por su sola entrada en vigor, es decir de manera autoaplicativa; 2) Se reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por vicios propios en la falta de formalidades que culminó con la publicación y entrada de la Nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 09 de agosto de 2019, así como la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo las disposiciones que me afectan las de los artículos 5, 8, 14, 15, 126, 174, 190, 225, 227, 228, 229, 230, 231, y el artículo cuarto, sexto, transitorio de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; así como el artículo 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los que reclamo por su sola entrada en vigor, es decir de manera autoaplicativa; 3) La norma general denominada Ley Nacional de Extinción de Dominio por su sola entrada en vigor porque causa perjuicio a la aquí parte quejosa, consistente en la reforma a la Ley Federal de Extinción de Dominio publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 09 de agosto de 2019, el cual atribuyo a las autoridades responsables cámara de Diputados; Cámara de Senadores y Presidente de la República Mexicana. 4) El decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio (publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil diecinueve) el cual atribuyo a las autoridades responsables Cámara de Diputados; Cámara de Senadores y Presidente de la República Mexicana." Asimismo, de los hechos narrados como antecedentes, bajo protesta de decir verdad, se desprende lo siguiente: El cuerpo normativo impugnado, es la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que fue publicada el día nueve de agosto de dos mil diecinueve y entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo al Artículo Primero Transitorio del mismo ordenamiento; lo cual constituye un hecho público, notorio y de interés general, porque se trata de un acontecimiento que deriva de fuentes de información que la ley garantiza y en razón de su finalidad de dar publicidad a los mismos, es que ninguna autoridad pueda desconocer su contenido y alcance; asimismo, que dicha ordenanza se publicitó en diferentes medios de comunicación de alcance nacional. En ese contexto y dada la naturaleza de los actos reclamados, los cuales consisten en la publicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, este Juzgado determina carecer de competencia para conocer del juicio promovido por los peticionarios de amparo, en contra de los actos y autoridades que han quedado precisados con antelación. Lo anterior, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo el cual dispone lo siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Ahora bien, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos segundo y sexto y 100 párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los numerales 68, 81, fracciones II, IV, VI, XVIII y XXIV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitió el Acuerdo General 57/2009, que reformó el diverso 21/2009, relativo al inicio de funciones del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con jurisdicción en la República Mexicana. Dicho Acuerdo General 57/2009, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de noviembre de dos mil nueve, entrando en vigor el día de su aprobación, en cuyo punto único determinó: "ÚNICO.- Se reforma el punto SEGUNDO del Acuerdo General 21/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de Funciones del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, con jurisdicción en la República Mexicana, para quedar como sigue: (.) SEGUNDO. El Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, será especializado en Materia de Extinción de Dominio y además apoyará a los Juzgados de Distrito en toda la República en el dictado de sentencias. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos determinará el inicio en el apoyo de los asuntos relativos a la Ley Federal de Extinción de Dominio, así como la logística de envío. Asimismo y con respecto de los asuntos de su competencia la propia Comisión determinará el tiempo, número y cualidad de los asuntos que se deberán enviar a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal." En esos términos, se desprende que se otorgó al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Extinción de Dominio con Competencia y Jurisdicción en la República Mexicana, la especialización en materia de extinción de dominio, y dicho acuerdo debe interpretarse de manera generalizada, ya que la misma es incluida de carácter meramente enunciativa, más no limitativa, razón por la cual, a dicho órgano compete el conocimiento de los juicios de amparo que se promuevan contra actos relativos a la materia de extinción de dominio. Entonces, si en la especie, los actos reclamados consisten en el proceso legislativo que culminó en la publicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y la inconstitucionalidad de preceptos de ambos ordenamientos, se concluye que, por razón de materia, el órgano que debe conocer de dicho asunto es el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Extinción de Dominio con Competencia y Jurisdicción en la República Mexicana. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 57/2009, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado de distrito declara carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por -, por sus propios derechos. Por lo anterior, remítase al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Extinción de Dominio con Competencia y Jurisdicción en la República Mexicana, con sede en la Ciudad de México, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, el presente expediente a efecto de que provea lo que en derecho corresponda, así como las copias de la demanda. Solicitándole a la autoridad federal de la manera más respetuosa, el acuse de recibo e informe sobre su determinación. Fórmese cuaderno de antecedentes relativo a este cuaderno de amparo. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Finalmente, se tiene por señalado el domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; asimismo, en términos del artículo 13 de la Ley de la materia, téngase al primero de los promoventes como representante común.

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