Cintia Nallely Sosa Cetina

Expediente 806/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
806/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
14/07/2017

Partes del expediente

  • Cintia Nallely Sosa Cetina

Actuaciones

  1. Principal

    V.- Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de tres de julio del año en curso, pronunciado en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la presente demanda de garantías, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se tuvo por desechada la presente demanda de garantías, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, además de que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    MESA V. Agréguese a los presente autos el escrito aclaratorio signado por la quejosa Cintia Nallely Sosa Cetina, con el que cumple con la prevención hecha en proveído de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, y precisa el contenido de los escrito de diez de mayo y dieciséis de junio, ambos, del presente año y señala contra que determinación interpuso el recurso de revocación que reclama; por tanto, se tiene por cumplida la prevención realizada a la parte quejosa en el acuerdo de mérito. Ahora, vista la demanda de cuenta promovida Cintia Nallely Sosa Cetina, por su propio derecho y en el ejercicio de la patria potestad de Keyla Shazel Hernández Sosa, contra actos que reclama del Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial Del Estado De Yucatán, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, respecto los actos consistentes en la omisión de la responsable de acordar los escritos de diez de mayo y dieciséis de junio y de resolver el recurso de revocación que interpuso el veinte de junio, lo anteriores omisiones de la anualidad presente, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la quejosa reclama del Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, la denegación de justicia, consistente en la omisión de proveer respecto de los escritos de fecha diez de mayo y dieciséis de junio de los corrientes, en el que pone de conocimiento a la Juez de origen de diversas circunstancias y solicita que el procedimiento sea sujeto para la jurisdicción contenciosa; así como también la denegación de dictar la sentencia interlocutoria relativa al recurso de revocación en contra de la determinación de la responsable combatida en la junta de avenio de diecinueve de junio pasado. En el caso, este Juzgador Federal advierte que, respecto de los precitados actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora bien, al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que respecto de los actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: - La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. - La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 Constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, si en el caso, la quejosa se duele de la dilación en la tramitación del proceso que instó, alegando que el Juez responsable no ha emitido proveído alguno en relación a los escritos presentados y no ha resuelto el recurso de revocación intentado; debe decirse que ello no se trata de un acto de imposible reparación, atento a los lineamientos antes trazados, ya que no afecta ningún derecho sustantivo en forma directa, sino solamente, en su caso, ocasiona una dilación del proceso, la cual no se estima de tal magnitud que pueda considerarse como irreparable. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sin que en el caso se advierta, de las manifestaciones vertidas por la propia parte quejosa en su escrito de demanda, que el acto reclamado constituya una abierta dilación o paralización del procedimiento, si se toma en consideración que las promociones en cuestión, datan del diez de mayo y dieciséis de junio, y el recurso intentado fue interpuesto el veinte de junio, todos, del mismo año, en tanto que de conformidad con el numeral 387 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, la Juez responsable cuenta con el plazo de tres días hábiles para proveer en relación a las mismas; por tanto, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, veintisiete de junio de dos mil diecisiete, apenas había transcurrido uno y tres días hábiles desde que dicho plazo feneció, respecto a la resolución interlocutoria y el escrito de dieciséis de junio, y respecto al escrito de diez de mayo treinta días, lo que en modo alguno puede considerarse, en términos de la jurisprudencia multicitada, una abierta dilación o paralización del procedimiento. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión del que esto acuerda, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la mencionada causal de improcedencia y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda por lo que respecta a los precitados actos, por notoriamente improcedente. Ahora bien, de la lectura de dicha demanda, la quejosa reclama la determinación de diecinueve de junio actual de la responsable en cuanto a que al realizarse una junta de avenio está cambio el horario y la modalidad de convivencia de las visitas supervisadas a entrega recepción del padre de la menor agraviada, la cual debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 del citado ordenamiento legal, a lo que atento a dicho acto se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que conduce a su DESECHAMIENTO DE PLANO, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia,. La quejosa reclama del Juez de Oralidad responsable, la realización de una junta de avenio, celebrada sin su consentimiento, y sin la presencia de su abogado, en el que se determinó el cambio de horario y de la modalidad de convivencia de visitas con el padre de la menor. Así, a juicio de quien resuelve en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo aplicable. Para demostrar la certeza de tal afirmación, debe traerse a cuenta el contenido de los artículos 107, fracción IV, constitucional y del citado artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que son del texto siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación y motivación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." En esa tesitura, es conveniente precisar que se considera actualizada la causal de improcedencia antes aludida, ya que en contra de la determinación reclamada la quejosa interpuso el recurso de revocación correspondiente, mismo que reclama a la responsable de no dictar hasta la presentación de la demanda, y que de las manifestaciones de la promovente se advierte que se encuentra pendiente de resolver. Se afirma lo anterior, pues las normas adjetivas conceden el recurso de revocación en contra de las determinaciones que emita el Juez durante el procedimiento a las cuales no se le conceda diverso recurso, como ocurre en el caso, por lo que la peticionaria del amparo, hizo valer ese derecho al interponer el mencionado recurso, que la legislación adjetiva ordinaria le concede Sobre esa premisa, en el caso concreto, el acto reclamado que se analiza, fue controvertido a través del recurso de revocación; y por tanto, genera la actualización del supuesto abstracto previsto en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que estriba en la improcedencia del juicio de amparo, debido a que se interpuso el medio de defensa que permite modificar, revocar o nulificar el acto reclamado en el procedimiento natural, que se encuentra pendiente de resolver. Como consecuencia se hace imposible el análisis de fondo en el presente asunto, ya que así lo estipula la ley de la materia. Apoya lo anterior la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En mérito de lo anterior, al actualizarse la aludida causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, decretar el sobreseimiento en el juicio respecto al acto citado párrafos precedentes. Sirve de orientación a todo lo anterior, la tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por todo lo anterior expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Cintia Nallely Sosa Cetina, por su propio derecho y en el ejercicio de la patria potestad de Keyla Shazel Hernández Sosa, al actualizarse las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, y la fracción XIX, de la Ley de Amparo aplicable, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la citada Ley de Amparo aplicable, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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