Cintia Monserrat Soria Maciel

Expediente 847/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
847/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
01/08/2022

Partes del expediente

  • Cintia Monserrat Soria Maciel
  • La Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el original del incidente respectivo. Ahora bien, en virtud de que por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, toda vez que la parte promovente exhibió documentación original en el presente sumario Constitucional, se ordena notificarla personalmente para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger los documentos originales que exhibió, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger los citados documentos, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la promovente o la persona autorizada para tales efectos deberá generar su cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el miscrositio "Agenda OJ". Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha uno de agosto de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el original del incidente respectivo. Ahora bien, en virtud de que por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, toda vez que la parte promovente exhibió documentación original en el presente sumario Constitucional, se ordena notificarla personalmente para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger los documentos originales que exhibió, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger los citados documentos, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la promovente o la persona autorizada para tales efectos deberá generar su cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el miscrositio "Agenda OJ". Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 92/2022, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por medio de cual, en cumplimiento al requerimiento realizado el uno de febrero del año en curso, remite copias certificadas de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones prevista para el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en donde se hizo constar que la parte actora en el juicio laboral de origen, aquí quejosa... por conducto de su apoderado Jesús Ortega Hernández, desistió lisa y llanamente de la demanda que dio origen al juicio ordinario laboral 2B-2161/2017, y se ordenó el archivo del juicio laboral del que emana el acto reclamado en este sumario Constitucional, como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos de lo que se advierte que Jesús Ortega Hernández y Ricardo Ortega Gutiérrez, apoderados de Cintia Montserrat Soria Maciel, promovieron demanda de amparo indirecto, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede esta ciudad, por los actos que en esta vía reclaman: ". 4. ACTO RECLAMADO: LOS ACTOS, OMISIONES, ABSTENCIONES, Y DILACIONES, POR PARTE DE LA RESPONSABLE DE SEÑALAR FECHA PARA LA AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, DEBIENDO PROCURRAR TODAS LAS MEDIDAS LEGALES, PARA LOGRAR EL EMPLAZAMIENTO A LA PARTE DEMANDADA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y PLAZOS QUE FIJA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VIOLANDOSE EL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL, COMO SE INDICARA EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACION.". En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." La interpretación del mencionado dispositivo, muestra que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, el precepto citado es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda constitucional, se produzca un cambio de situación jurídica, es decir, cuando las circunstancias procesales en que se encuentre el quejoso cambien de un estado a otro de manera tal que no pueda decidirse sobre la situación procesal anterior sin afectar el nuevo estado de cosas imperante. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, debe concurrir que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo en forma de juicio; que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; que no pueda decidirse sobre la Constitucionalidad del acto combatido sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; que haya autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio Constitucional y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis número 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En este orden de ideas, de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintiuno, ante la oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado el mismo día a este juzgado Noveno de Distrito en el Estado Jesús Ortega Hernández y Ricardo Ortega Gutiérrez, apoderados de Cintia Montserrat Soria Maciel, promovieron demanda de amparo indirecto, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta capital, descrito en párrafos que anteceden. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta capital, remitidas en cumplimiento al requerimiento que se le realizó el dos de febrero del año en curso, consistentes en copias certificadas de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones prevista para el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en donde se hizo constar que la parte actora en el juicio laboral de origen, aquí..., por conducto de su apoderado..., desistió lisa y llanamente de la demanda que dio origen al juicio ordinario laboral 2B-2161/2017, al no quedar materia pendiente sobre la cual fallar y se ordenó el archivo del juicio laboral del que emana el acto reclamado en este sumario Constitucional, como asunto total y definitivamente concluido, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En efecto, si bien es cierto que dentro del presente juicio la parte quejosa señaló como acto reclamado LA OMISIÓN DE SEÑALAR DÍA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓND E LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, así como la omisión de emplazar a la parte demandada, omisiones derivados del expediente laboral 2B-2161/2017, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta capital, no menos cierto es que el controvertido de origen ha sido concluido y archivado, en virtud de haberse cumplido en su totalidad el convenio de treinta de octubre de dos mil veinte, por las partes celebrantes, entre ellos, la parte aquí quejosa. Por lo anterior se advierte que en la especie opera la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, antes transcrito, en virtud de que las violaciones de que se duele la parte quejosa, quedaron irreparablemente consumadas al haberse dictado el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo cumplido en su totalidad el convenio de treinta de octubre de dos mil veinte, que puso fin al conflicto laboral, por lo que el juicio de origen fue concluido y se ordenó su archivo, como se acredita con la copia certificada que exhibe la autoridad responsable, la cual se dio valor probatorio en párrafos que anteceden. En razón de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia Constitucional el presente juicio de amparo por operar de manera notoria, plena e indubitable el cambio de situación jurídica del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional (TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS). Notifíquese personalmente a todas las partes.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que está transcurriendo el término de ocho días que señala el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán y constancias remitidas, consistente en copias de algunas de las constancias del J-VI-708/2021,, del cual se proveyó el veintiuno de los actuales; en consecuencia, la audiencia Constitucional prevista para esta fecha se difiere, para las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. En apoyo de lo anterior, es de invocar la jurisprudencia número 698 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 781, Tomo II. Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011 que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.". Notifíquese.

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