Cintia López Castro

Expediente 472/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
472/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
20/07/2018

Partes del expediente

  • Cintia López Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el sobreseimiento decretado fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Pedimento reservado. Finalmente, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento en relación al pedimento presentado el veintiocho de junio del año en curso, por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, toda vez que el presente juicio se encuentra concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Frenette Aronny Rodríguez García, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones de su titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1928/2018, de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, suscrito por el licenciado Vicente David Burguet Franco, secretario técnico de dicha comisión, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese a los autos el pedimento 111/2018 signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; resérvese proveer en relación a su contenido, hasta en tanto quede firme el auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, por el que se sobreseyó fuera de audiencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintisiete de los actuales, se recibió prueba documental remitida por la autoridad responsable, consistente en la copia certificada de la demanda y anexo presentada por la aquí quejosa, el auto admisorio de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio laboral 2A-787/2018 y la notificación de dicho auto practicada a la parte actora. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer las siguientes precisiones: La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecido los efectos de dicho acto de autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la finalidad del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento, debiendo tomarse en consideración que en el caso, de un análisis a la demanda y al cumplimiento de prevención de la misma, la quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión de pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de la demanda laboral registrada bajo el número de juicio 2A-787/2018. Mas cierto es que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que con posterioridad a la interposición de la demanda de garantías -treinta de mayo de dos mil dieciocho-, el veintiuno de junio del año en curso, la autoridad responsable emitió el auto de veintiuno de junio del año en curso, en el que admitió la demanda laboral promovida por la quejosa, señaló fecha para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; en ese orden de ideas, es inconcuso que en el particular, han cesado los efectos del acto que en esta vía se reclama pues éste quedó implícitamente sin efectos, al haberse dictado el acuerdo de pruebas y notificado a las partes correspondientes, por lo que dejó de existir la afectación inicialmente reclamada. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto del diverso acto reclamado por la quejosa relativo a la omisión de tramitar el juicio laboral de origen en los plazos y términos que fija la ley, pues de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable se advierte que se señalaron las nueve horas con treinta minutos del día ocho de agosto de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Además, el pronunciamiento que realice este juzgado de distrito debe delimitarse en función del acto reclamado específicamente por la quejosa (omisión de radicar el juicio laboral 2A-787/2018 de origen), y la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, no así para los actos y etapas subsecuentes. Apoya lo antes expuesto, la tesis 2ª. CV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". No pasa desapercibido, que a Luis Rangel Martínez, y la moral Hotel Pueblo Viejo, les enviste el carácter de terceros interesados conforme al artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, pero tomando en consideración la presente determinación adoptada, resulta innecesario llamarlos al juicio de garantías en que se actúa. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintisiete de los actuales, se recibió prueba documental remitida por la autoridad responsable, consistente en la copia certificada de la demanda y anexo presentada por la aquí quejosa, el auto admisorio de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio laboral 2A-787/2018 y la notificación de dicho auto practicada a la parte actora. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer las siguientes precisiones: La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecido los efectos de dicho acto de autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la finalidad del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento, debiendo tomarse en consideración que en el caso, de un análisis a la demanda y al cumplimiento de prevención de la misma, la quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión de pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de la demanda laboral registrada bajo el número de juicio 2A-787/2018. Mas cierto es que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que con posterioridad a la interposición de la demanda de garantías -treinta de mayo de dos mil dieciocho-, el veintiuno de junio del año en curso, la autoridad responsable emitió el auto de veintiuno de junio del año en curso, en el que admitió la demanda laboral promovida por la quejosa, señaló fecha para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; en ese orden de ideas, es inconcuso que en el particular, han cesado los efectos del acto que en esta vía se reclama pues éste quedó implícitamente sin efectos, al haberse dictado el acuerdo de pruebas y notificado a las partes correspondientes, por lo que dejó de existir la afectación inicialmente reclamada. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto del diverso acto reclamado por la quejosa relativo a la omisión de tramitar el juicio laboral de origen en los plazos y términos que fija la ley, pues de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable se advierte que se señalaron las nueve horas con treinta minutos del día ocho de agosto de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Además, el pronunciamiento que realice este juzgado de distrito debe delimitarse en función del acto reclamado específicamente por la quejosa (omisión de radicar el juicio laboral 2A-787/2018 de origen), y la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, no así para los actos y etapas subsecuentes. Apoya lo antes expuesto, la tesis 2ª. CV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". No pasa desapercibido, que a Luis Rangel Martínez, y la moral Hotel Pueblo Viejo, les enviste el carácter de terceros interesados conforme al artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, pero tomando en consideración la presente determinación adoptada, resulta innecesario llamarlos al juicio de garantías en que se actúa. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

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