Cintia Esquivel Sánchez

Expediente 1305/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 30 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1305/2019
Año
2019
Actuaciones
30
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Cintia Esquivel Sánchez
  • Cintia Esquivel Sánchez y Otros.
  • Dulce Estefania Romero Esquivel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Se agregan en autos los oficios signados por la Secretaria de Acuerdos en funciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante los cuales, remite copia certificada de los testimonios de la resoluciones pronunciadas el tres de los corrientes, en el recurso de queja Q.A.52/2022 y en el Incidente de Inejecución de Sentencia 9/2021, por el tribunal colegiado citado. Hágase del conocimiento de las partes que el referido tribunal resolvió lo siguiente: ? Q.A.52/2022: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido." ? I.I.S.16/2021: "ÚNICO. Se declara sin materia el incidente de inejecución de sentencia." Acúsese el recibo de estilo correspondiente, vía interconexión, y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a la resolución dictada en el recurso de queja Q.A.52/2022, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintiuno, en que se impuso al Titular del Comité Interdisciplinario Evaluador, así como del Titular, ambos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una multa a razón de cien días la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, sin que haya lugar a requerir al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que proceda al cobro de la multa, toda vez que el efecto de dicha sanción fue con el fin de que las citadas autoridades dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo, situación que en la especie acontece, toda vez que por auto de veinte de enero de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente asunto, y por diverso de veintiocho de marzo del presente auto causó estado dicha determinación. Apoya lo anterior, la tesis I.11o.T.8 K (10a.), que dispone: MULTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE NO DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUEZ DE DISTRITO CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA. PUEDE INAPLICARSE, PREVIO EJERCICIO DE VALORACIÓN (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DEL ARTÍCULO 258 DE LA LEY DE LA MATERIA). El artículo 258 de la Ley de Amparo dispone que se sancionará con multa a la autoridad responsable que no dé cumplimiento a la ejecutoria, de conformidad con los artículos 192 y 193 de dicha ley, con la oportunidad debida y en el plazo previsto por la ley, lo cual, en principio, llevaría a considerar, bajo una interpretación aislada de dicha norma, que el solo incumplimiento del plazo de tres días contados a partir de la notificación del proveído en el cual se establezca que causó ejecutoria (en el caso del amparo indirecto), actualiza la conducta sancionable; empero, la labor jurisdiccional lleva implícito el ejercicio de la sana crítica y de la ponderación objetiva, a fin de evitar que la aplicación del derecho resulte irracional por no atender al caso concreto; de ahí que de una interpretación extensiva puede establecerse, como premisa para analizar la procedencia de la multa, que en cada caso concreto debe realizarse una valoración lo más objetiva posible de la situación real en que se encuentra la autoridad sancionada frente al cumplimiento de sus obligaciones procesales con respecto al cumplimiento de una sentencia emitida por un Juzgado de Distrito, valoración que debe realizarse con base en elementos relevantes, sin que para ello se atienda a la falta o no de dolo o mala fe de su parte. El primero es el referente a las cargas laborales que enfrenta esta última y sus limitaciones en materia de recursos materiales y humanos, lo cual debe tenerse presente y, especialmente, en el ámbito judicial, por ser un hecho notorio para los propios juzgadores. El segundo, responde a la razonabilidad del tiempo transcurrido desde el requerimiento hasta el debido cumplimiento al Juzgado de Distrito, para que pueda afirmarse que, a pesar de exceder el plazo legalmente establecido, no llegue a ser??????????????? desproporcionadamente excesivo e injustificado; criterio que no implica desconocimiento ni desacato de la ley ni de la jurisprudencia, sino una interpretación que tiene como finalidad que la aplicación de ambas no derive en un perjuicio irracional y contrario a la realidad material, que pueda traducirse en sancionar a alguien por no hacer algo que en verdad le hubiere resultado imposible. (Registro digital: 2022407, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo III, página 2081) Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de impugnar el pronunciamiento de veinte de enero de dos mil veintidós, por lo que ha causado estado el auto por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Lo anterior hágase del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien conoce del Incidente de Inejecución de Sentencia INEJEC.9/2021, así como del recurso de queja Q.A. 52/2022, interpuesto por la Encargada del Despacho del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en contra del auto de tres de noviembre del año en curso dictado por este juzgador, a efecto de que provea lo que a derecho corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a quince de febrero de dos mil veintidós. Se agrega en autos el oficio con evidencia criptográfica de Judith Ramírez Medina, Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, acusa recibo del diverso oficio 44940/2021, e informa que se admite a trámite el recurso de queja interpuesto en contra del auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio en que se actúa, quedando registrado con el toca número Q.A. 52/2022; tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinte de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que venció el término de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de tres de enero del presente año, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables Comité Interdisciplinario Evaluador y al Titular, ambos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sin que hubiese realizado manifestación alguna; en consecuencia, se procede a resolver el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la aludida autoridad responsable. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, de rubro y datos de localización siguientes: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (Registro: 192,174, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, página: 243) En ese orden de ideas, del estado procesal de los autos, se advierte que mediante proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión R.A. 39/2021, mediante sesión de veintidós de junio de dos mil veintiuno, en la que determinó modificar la sentencia dictada por este juzgado el veintiséis de febrero de dos mil veinte, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para los siguientes efectos: .... Seguido el proceso de ejecución de sentencia, por oficio recibido en la Oficialía de partes de este Juzgado en trece de julio de dos mil veintiuno, registrado con número de correspondencia 10838, signado por la Directora General de Asuntos Jurídicos por propio derecho y en representación del Comisionado Ejecutivo y del Comité Interdisciplinario Evaluador, todos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mediante el cual remitió copia certificada del diverso oficio de doce de julio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente administrativo CEAV/CIE/0207/2017, signado por la Directora General de Asuntos Jurídicos, en ausencia del Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, por medio del cual, dejó insubsistente la resolución administrativa de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve emitida en el expediente administrativo referido con antelación. En ese tenor, mediante oficio recibido en la Oficialía de partes de este Juzgado el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, registrado con número de correspondencia 23503, la Directora de Área en suplencia por ausencia de la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, remitió diversos oficios, de los cuales, se desprende que solicitó a las ahora quejosas Cintia Esquibel Sánchez y Dulce Estefanía Romero Esquibel, así como a diversas dependencias, a saber, la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Municipal del Estado de Morelia e Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que manifestaran y proporcionaran diversos documentos de Juan Enrique Romero Caudillo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Finalmente, mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, registrada con número de correspondencia 25998, la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, exhibió copia certificada de la resolución de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente administrativo CEAV/CIE/0207/2017, en la que se pronunció cobre la compensación por "daño moral", emitió pronunciamiento sobre la cuantificación de la compensación por "lucro cesante", así como lo relativo a "pérdida de oportunidades", tomando en cuenta los datos recabados sobre Juan Enrique Romero Caudillo, en los términos fijados en el fallo protector; asimismo, justificó el motivo por el cual valoró el "daño físico", en el apartado de "daño moral", documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, este órgano judicial estima colmados los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que la autoridad haya incurrido en exceso o defecto, en razón de que acreditó haber dado puntual cumplimiento al fallo protector en sus términos, por lo que se concluye que el quejoso ha sido restituido en el pleno goce de sus derechos violados. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

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