Cintia Alejandra Realpozo Angulo
Expediente 1420/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1420/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Cintia Alejandra Realpozo Angulo
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el presente expediente, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio recibido vía electrónica número 9579/2023 del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por ********************, en representación del menor de edad de identidad reservada ********************, parte quejosa en este asunto, en contra del acuerdo de trece de septiembre de este año, dictado en estos autos; el que quedó registrado con el número de toca ********************. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el memorial de cuenta, suscrito por ********************, parte quejosa, con el que interpone recurso de queja en contra del proveído de trece de septiembre de dos mil veintitrés, al respecto se acuerda: Con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia del escrito de expresión de agravios, ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que SÍ ES CIERTO que por auto de trece de septiembre del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo que promovió la parte quejosa, y envíese el original del citado libelo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Por último, no ha lugar a formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil veintitrés. ********************PROTECCIÓN DE LOS DATOS DEL MENOR.********************Primeramente, cabe precisar que en el presente asunto está involucrado un menor de edad, y siendo que los niños, niñas y adolescentes son personas diferentes a un adulto, en relación a su desarrollo cognitivo, emocional y moral, resulta indispensable brindarles una atención especializada, en virtud de que darles el mismo trato que a los mayores de dieciocho años, supone colocarlos en una situación desigual en el pleno ejercicio de sus derechos.********************Por lo que, a fin de resguardar la identidad del menor de edad, el suscrito determina como medida para proteger la intimidad del mismo, que se suprima de este juicio su nombre, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para identificarlo, de ahí que únicamente se procederá a mencionarlo por sus iniciales P.A.P.R.********************Lo anterior, de conformidad con el principio del interés superior del niño, niña o adolescente, y con fundamento en los artículos 1°, primeros tres párrafos, y 4, parágrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos del Capítulo III "Reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores", puntos 6 y 7, del Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.********************PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.********************Vista la demanda de cuenta, se tiene a Cintia Alejandra Realpozo Angulo, quien se ostenta en ejercicio de la representación del menor de edad de identidad reservada P.A.P.R., solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán y de la Directora de la Preparatoria "Grupo Educativo Siglo XXI", ambos con sede en esta ciudad, los cuales hizo consistir en:********************La orden de cambiar al menor P.A.P.R. del Tercer Semestre de Preparatoria Grupo "B", al Tercer Semestre de Preparatoria Grupo "A", donde actualmente se encuentra cursando sus estudios de nivel medio superior.********************RADICACIÓN.********************Al respecto, SE ACUERDA: fórmese expediente, regístrese con el número 1420/2023-VIII-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado.********************RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD.********************De conformidad con los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, se tiene por reconocida la personalidad que ostenta la promovente como representante del menor en cita; en términos del acta de nacimiento que adjuntó a su demanda.********************DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.********************Antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que les sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano.********************La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. ********************Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: ******************** "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.****************************************En el caso, debe decirse que se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.********************Dichos preceptos disponen:********************"Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: .********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley".********************"Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:********************II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguida dichas situaciones jurídicas.********************Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general".****************************************Así, todo acto de autoridad o de un particular que realiza actos equivalentes, tiene que ver con la privación de derechos o la imposición de obligaciones a los gobernados. Es decir, hay un acto de autoridad cuando concurren las siguientes características: a) Unilateralidad, porque para su existencia y eficacia no requiere de la colaboración del gobernado frente al cual se realiza o ejecuta; b) La voluntad del particular queda sometida a dicho acto; c) Coercitividad, porque constriñe al gobernado a observarlo y acatarlo; y d) La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas al gobernado en su esfera jurídica.********************Las anteriores notas ponen de manifiesto que para que exista acto de autoridad, el ente público debe actuar con el particular en una relación de supra a subordinación. En ese aspecto, entre el Estado y el gobernado, se reconocen tres tipos de relaciones, a saber: ********************i) Las relaciones de coordinación, que se establecen entre particulares, en un plano de estricta igualdad;********************ii) Las relaciones de supra a subordinación, que determinan la actuación de los entes que actúan a nombre y para el Estado, en las cuales no se actualiza un plano de igualdad, sino que la autoridad se encuentra por encima de los particulares en atención a que desarrolla una función pública que resulta de mayor importancia para la supervivencia del Estado mismo; y********************iii) Las relaciones de supra-ordinación, que nacen entre autoridades, esto es, entre entes públicos que actúan en beneficio del Estado.********************Con base en lo anterior, resulta factible distinguir los casos en que se está en presencia de un acto de autoridad, esto es, cuándo un órgano u dependencia gubernamental actúa a nombre del Estado. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 164/201 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, de rubro:********************"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.********************Asimismo, para lograr el concepto de autoridad debe tomarse en consideración si el ente público al que se reputa como autoridad para interactuar con el particular, no necesita acudir ante los órganos jurisdiccionales para hacer efectiva su actuación, o bien, no necesita del consenso de la voluntad del propio particular, pues de lo contrario, se estaría en presencia de un acto particular.********************En este asunto, la parte quejosa atribuye el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo al Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán y a la Directora de la Preparatoria "Grupo Educativo Siglo XXI", de quienes reclamó, como ya se dijo:********************La orden de cambiar al menor P.A.P.R. del Tercer Semestre de Preparatoria Grupo "B", al Tercer Semestre de Preparatoria Grupo "A", donde actualmente se encuentra cursando sus estudios de nivel medio superior.********************Luego, en el capítulo relativo a los antecedentes, la promovente manifestó bajo protesta de decir verdad que su hijo P.A.P.R., es alumno del nivel medio superior en la Preparatoria "Grupo Educativo Siglo XXI", y refiere que el veintinueve de agosto del presente año, tuvo lugar una junta de padres de familia en que se trató diversos temas, entre ellos, que por indicación de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, se cambiaría de grupo a algunos alumnos del segundo año de preparatoria, esto es, que pasarían del grupo "A" al "B", y viceversa.********************Y posteriormente, en cuatro de septiembre del año en curso, primer día del curso escolar 2023-2024, al tratar dicho menor de ingresar a su salón ubicado el Grupo "B", como lo fue el año pasado, sin motivo alguno le fue indicado que su salón ahora sería el Grupo "A".********************Así las cosas, se tiene que la parte quejosa comparece en esta sede a reclamar la anterior determinación de la Preparatoria; las cuales en forma evidente se relacionan con las atribuciones de la institución de pronunciarse en torno a la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna.********************En tal sentido, destaca que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 408/2017, explicó que, en la Ley de Amparo vigente, en su artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, se establecen como actos combatibles en el juicio constitucional los provenientes de particulares cuando sean "equivalentes" a los de las autoridades, lo cual se refiere al supuesto en que el particular realice actos alejado de su ámbito privado.********************Sostuvo la Segunda Sala, que el acto del particular equivalente al de autoridad para efectos del juicio de amparo debe derivar del mandato expreso de la ley; debe ser unilateral, imperativo y coercitivo, como si se tratara de uno emitido por un órgano del Estado. Por eso, el concepto de autoridad responsable en la actual Ley de Amparo es más amplio y flexible, pues se acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, siempre que afecten derechos de las personas y siempre que tal actuar esté determinado por una norma general.********************De ahí que, los elementos a tener en cuenta para considerar que el particular se equipara a una autoridad para efectos del juicio son: a) Que el particular dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; b) Que omita actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas; y c) Que esas funciones que los particulares realizan estén determinadas por una norma general.********************Conforme a estos elementos, continuó la Segunda Sala, debe decirse que un contrato de prestación de servicios educativos privados no genera actos de autoridad por parte de la institución, sino que origina una relación de coordinación, derivada de un acuerdo de voluntades, en la que las partes actúan en un plano de igualdad. Esto es, los directivos de la universidad privada no realizan acciones investidos de imperio ni por mandato de una norma general.********************Es verdad, agregó, que el derecho humano a la educación contenido en el artículo 3o. de la Ley Suprema es de esencial importancia social, de conformidad no sólo con nuestra Constitución, sino con lo dispuesto en diversos instrumentos internacionales; sin embargo, la estructura jurídica creada para satisfacer tal derecho es compleja, y no sólo el Estado actúa para brindar el servicio, sino también los particulares, a quienes se autoriza a impartir educación, en los términos en que nuestra Carta Magna y las leyes respectivas lo disponen (tal como ocurre en muchos otros países).********************Es así que el Estado y los particulares pueden impartir educación, en términos de la Constitución Federal, pero los particulares, al hacerlo no se equiparan a una autoridad.********************Por ende, la relación que surge entre un instituto educativo privado y los alumnos no es de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que los sujetos actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, pues se rigen por lo acordado en el contrato de prestación de servicios educativos que al respecto firman, y conforme al cual la institución privada determina los requisitos inherentes al servicio que presta. ********************Contrato que es firmado y reconocido por las dos partes (institución educativa y alumno). Cuando se contrata la prestación privada de servicios educativos las partes fijan de común acuerdo una retribución económica, y quien contrata el servicio acepta someterse a las disposiciones internas de la institución educativa, en una especie de contrato privado de adhesión para recibir un servicio y no en una norma general.********************De manera que, expuso la Segunda Sala, las determinaciones que tome una universidad privada con respecto a sus alumnos trascienden en el ámbito privado a los derechos y obligaciones para con la propia institución, pues el origen está en la voluntad de las partes y en la normativa interna que fue aceptada voluntariamente por quien solicitó el servicio. En consecuencia, la universidad privada no ejerce un poder público frente a sus alumnos, sino que actúa conforme a su regulación y al acuerdo de voluntades aceptado por las partes. Esto es así, porque:********************1. El origen de la relación alumno-escuela privada es un acuerdo de voluntades, derivado de un contrato civil de prestación de servicios y no el cumplimiento de un mandato establecido en ley.********************2. La relación jurídica que surge entre ellos es de coordinación y no de supra a subordinación, en términos de las obligaciones derivadas del acuerdo que firmaron.********************Es verdad que para impartir el servicio de educación se requiere contar con autorización del Estado, en términos de las leyes y reglamentos correspondientes; sin embargo, ese hecho no le da el carácter de autoridad a quien presta un servicio educativo privado, pues no sólo en este ramo, sino en muchos otros, el particular requiere obtener una autorización estatal para dedicarse a la actividad que le acomode, y esa condición (contar con autorización del Estado) no lo equipara a una autoridad.********************Por todo esto es que, concluyó la Segunda Sala, las universidades privadas no son autoridades para efectos del juicio de amparo.********************De la citada contradicción de tesis surgió la jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, página 647, de rubro y texto siguientes: ********************"UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo."********************De lo anterior se desprende que el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que, la relación entre las universidades particulares y sus estudiantes tiene su origen en normas internas integradas al orden privado, de ahí que, sus actos no sean unilaterales, sino de coordinación, que obligan únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.********************Por lo que, si lo reclamado en el presente asunto es la determinación de las responsables de cambiar al menor P.A.P.R. del Tercer Semestre de Preparatoria Grupo "B", al Tercer Semestre de Preparatoria Grupo "A", teniendo en cuenta que aquélla es una preparatoria privada, y que no existe evidencia alguna de lo narrado que hubiese participado la Secretaría de Educación, es inconcuso que lo reclamado no es susceptible de considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no constituye un acto unilateral llevado a cabo en el ejercicio de facultades de imperio, sino uno de coordinación, al haberse realizado derivado de un contrato signado entre las partes, esto es, en un plano de igualdad, en aplicación del reglamento interior del citado plantel.********************En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia.********************Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: ********************"DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio."********************DOMICILIO Y AUTORIZADA.********************Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y como sus autorizada, en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por haberlo solicitarlo expresamente. ********************EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA.********************Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica.********************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES.********************Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales.********************PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.********************En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente.********************Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. ********************Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. ********************Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. ********************De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley.********************AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES.********************De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente.********************PRECISIÓN RESPECTO DE COPIAS CERTIFICADAS.********************Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo.********************FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.********************Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.********************TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA.********************Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten.********************Notifíquese personalmente a la parte quejosa y regístrese.
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