Cinthya Reza Manzanarez

Expediente 1246/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1246/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
26/09/2016

Partes del expediente

  • Cinthya Reza Manzanarez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista contenida en el proveído de veintinueve de agosto del año en curso, no obstante de haber sido legalmente notificada del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. La autoridad responsable cuenta con una imposibilidad material para dar cumplimiento al fallo protector; en ese sentido, el cumplimiento de la sentencia ha quedado sin materia de conformidad con el artículo 214 de la ley de Amparo, pues el quejoso ya no está bajo su custodia y por tanto se encuentra imposibilitado para emitir alguna resolución en su contra. Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. También, con fundamento en los artículos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecida a su favor la prueba documental que refiere, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ...." En ese orden de ideas, en el caso concreto, se advierte que el quejoso, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, que se hizo consistir en la omisión de substanciar el procedimiento de ejecución, en el expediente laboral 1515/2010; cabe señalar que mediante diversos la parte actora aquí quejosa, solicitó se comisionara al Actuario adscrito a la Junta responsable a fin de que se constituyera en el domicilio de la parte demandada y se realizara el requerimiento de pago o en su caso de negativa se embargaran bienes suficientes para cubrir el crédito laboral que se determinó en dicho juicio laboral. De las constancias remitidas por la Junta responsable, en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que el dieciséis de agosto del año en curso, dictó el acuerdo respectivo en relación al acto reclamado, en el cual en atención a los escritos presentados por la parte actora determinó: ".Se requiere a la ****. a efecto de que en un término de tres días, se sirva exhibir cheque a favor de la actora, hasta por la cantidad antes mencionada." Luego entonces, si el peticionario de garantías reclama la omisión por parte de la responsable en substanciar el procedimiento de ejecución y éste ya lo dictó; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Sin que pase desapercibido que no obra la constancia notificación de la determinación dictada en el juicio natural, en razón de que con la notificación del presente acuerdo se practicará por conducto de este Juzgado, lo anterior en aras de una impartición de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 constitucional, así como en observancia al principio de celeridad procesal evitando requerimiento y actuaciones judiciales innecesarias que entorpezcan la administración de justicia. Cabe precisar que no es el caso en que se pudiera llegar a conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en el presente asunto, para el efecto de que se obligue a la autoridad responsable a ejecutar el laudo dictado dentro del juicio de donde deriva el acto reclamado, ya que este Juzgado Federal considera que ello no es procedente, pues si bien es cierto, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, vigilar que los laudos se ejecuten en los términos establecidos en la ley, también lo es que, el actuar de dichos funcionarios está condicionado a que la parte que obtuvo una resolución favorable, sea quien impulse las etapas correspondientes al procedimiento de ejecución; por lo que, la prosecución de tal estadio procesal no es oficiosa, para la autoridad responsable, según lo establece el artículo 950 la legislación laboral . Lo anterior se estima así, ya que de lo contrario no tendría razón que en la propia Ley Federal de Trabajo se estableciera la figura jurídica de la prescripción de la acción de ejecución de los laudos cuando no exista impulso procesal de las partes, pues tal sanción procesal se impone a quien obtuvo un laudo favorable y no ha instado el procedimiento de ejecución dentro del término de dos años siguientes al en que se notificó de la resolución condenatoria, según lo establece el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo . De tal manera que corresponde a ella, en su carácter de parte trabajadora dar seguimiento a la ejecución del laudo e impulsar dicha etapa, realizando las peticiones que considere oportunas a la Junta responsable, para que el fallo laboral sea acatado. Lo anterior encuentra sustento legal en la jurisprudencia 2ª. /J. 16/2011 (10ª) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil once, cuyo rubro es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA." Máxime que el cumplimiento del laudo o convenio corresponde al presidente de la junta correspondiente a petición de la parte interesada, según lo establece el citado artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo; de otra forma, oficiosamente se estaría direccionando el procedimiento natural en la ejecución del laudo o convenio, lo que no es autorizado por la ley obrera, ya que la carga procesal en la etapa de ejecución corresponde a las partes. Asimismo, no pasa desapercibido para este juzgador el hecho de que no se le haya dado vista a la parte quejosa, en términos del artículo 111 de la ley de la materia, al efecto de que si era su deseo ampliar la demanda de garantías con la contestación de las solicitudes realizadas ante la responsable; esto es así, ya que esto sólo encaminaría a dar un trámite ocioso, pues dicho acto no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Ello, en atención a que el concepto "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, contra la cual procede el amparo indirecto en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se identifica con aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento "total" de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; lo que traería consigo que la ampliación de demanda resultara improcedente. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de garantías. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE....." No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. En ese sentido, en relación a la parte tercero interesada no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento en virtud de que tal y como se aprecia en líneas precedentes, el presente juicio ha quedado sin efecto alguno, por lo que no es necesario llamar a dicha parte procesal a la presente contienda constitucional. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, SE FIJAN LAS DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DE DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...NOTIF

  4. Principal

    AVISO. CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE HACER A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRES DE AGOSTO DE ESTE AÑO, DICTADO POR EL JUEZ DE MI ADSCRIPCIÓN, POR MEDIO DE LISTA: SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, SE FIJAN LAS DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DE DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...NOTIF

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