Cinthya Reyes Pla
Expediente 887/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 887/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Cinthya Reyes Pla
- Agente del Ministerio Público Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la diligencia de emplazamiento levantada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, de la cual se advierte que fue emplazado al presente juicio de amparo el tercero interesado Sergio Arturo Sánchez Vázquez, quien en el acto de la diligencia señaló domicilio procesal y autorizados. Autorizados y Domicilio Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Brenda Cuevas Pérez y Jorge Guadarrama Molina, puesto que sí acreditan la calidad de licenciados en Derecho, al tener sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el despacho ubicado en Santos Pérez Abascal, número mil doscientos cinco (1205) tercer piso, de la Colonia Ortiz Rubio, en Veracruz, Veracruz. Hágase del conocimiento al tercero interesado de referencia que en caso de que si al pretender realizarse una notificación personal en el domicilio procesal que señala, y de darse cualquiera de los siguientes supuestos establecidos por el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo; a saber: I) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada; o, II) Si la actuaria encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se practicará la notificación encomendada, mediante lista de acuerdos que se publique para tal efecto en este Órgano Jurisdiccional. Ahora, en caso de que el domicilio procesal resulte inexacto por no existir, o existiendo no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial en que se haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, se practicará por lista de acuerdos esa notificación, aun las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto no señale nuevo domicilio en esta zona conurbada cierto y exacto para oír y recibir notificaciones. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la constancia actuarial de cuenta, en la cual la actuaria adscrita a este juzgado, asentó que no fue posible notificar al tercero interesado Sergio Arturo Sánchez Vázquez, por las razones ahí expuestas. Asimismo, es un hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el juicio de amparo 981/2023 del índice estadístico de este órgano jurisdiccional, fue promovido por Sergio Arturo Sánchez Vázquez, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Cristóbal de Olid, número doce (12) entre calle Cuatro (4) y Seis (6) de la Colonia Revolución, del Municipio de Boca del Río, Veracruz. En consecuencia, en términos del artículo 17 Constitucional, se comisiona a cualesquiera de las actuarias adscritas a este juzgado, para que conforme al artículo 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se sirva emplazar al presente juicio al citado tercero interesado Sergio Arturo Sánchez Vázquez, en el domicilio ubicado en calle Cristóbal de Olid, número doce (12) entre calle Cuatro (4) y Seis (6) de la Colonia Revolución, del Municipio de Boca del Río, Veracruz, corriéndole traslado con copia autorizada de la demanda de amparo y del presente acuerdo, por así disponerlo el artículo 27, inciso a) de la Ley de Amparo, a quien conforme al apartado 27, fracción II, de la citada Ley de Amparo, deberá requerirlo para que en el acto de la diligencia señale domicilio en esta plaza, para oír y recibir notificaciones; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que para ello se requiera de previo acuerdo que así lo ordene, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia. Indíquese a las actuarias de este Juzgado, de que en caso de ser necesario, se habilita a efecto de que en días y horas inhábiles se constituya en el domicilio antes indicado, a fin de que realice el emplazamiento encomendado, con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. De igual forma, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte tercera interesada por el plazo de OCHO DÍAS, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, con todo lo actuado e informes justificados rendidos por las autoridades responsables, para que manifieste lo que a su interés convenga. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del XVII Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a derecho corresponda por el plazo de OCHO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL que anexa la autoridad responsable a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa, y por lista de acuerdos a la parte tercera interesada, por así estar ordenado en autos, la sentencia engrosada el doce de septiembre de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 96/2022 promovido por Francisco Caporal Villegas. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Mediante escrito presentado el tres de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional en esa data, Francisco Caporal Villegas promovió juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en el proceso penal 288/2021 de aquel índice, por estimar probable su participación en el hecho que la ley señala como el delito de homicidio. SEGUNDO. Trámite. Por auto de cuatro del referido febrero, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y a la fiscal que intervino en el proceso penal de origen como tercero interesado, y reservar el emplazamiento de diversas personas con el mismo carácter hasta en tanto se contara con el informe de ley. Mediante proveído de veintinueve de marzo de año en cita, se acordó emplazar a Balbina Reyes Hernández, por ser la parte ofendida en el juicio natural; lo que se realizó mediante notificación por lista el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Integrado el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por la vía, pues se reclama un mandamiento judicial emitido en un proceso penal, susceptible de afectar el derecho fundamental de libertad personal de la parte quejosa, impugnable en amparo indirecto. Es competente por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Finalmente, también se es competente por cuestión del territorio, con base en lo previsto en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, atento a que los efectos de los actos que la parte quejosa reclama se producen dentro de un proceso jurisdiccional tramitado dentro del territorio sobre del cual este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción, lo que dota de competencia al suscrito para resolver en definitiva este asunto. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consiste en: El auto de vinculación a proceso dictado en el proceso penal 288/2021 por el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Noveno Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, instruido a los quejosos por el delito de homicidio. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Existencia del acto. Es cierto el acto reclamado, debido a que el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Noveno Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, reconoció haber emitido el auto de vinculación a proceso reclamado. Todo lo cual, se corrobora con la constancia relativa al disco compacto que envió el Juez de Control, que contiene en el registro audiovisual de la audiencia inicial celebrada el siete de enero de dos mil veintidós, y de su continuación llevada a cabo el trece de ese mismo mes y año (donde se emitió de forma oral el acto reclamado). Material convictivo que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2º. Así como la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, pasa al estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Regularidad constitucional del acto reclamado. En el presente se analizará la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso dictado el trece de enero de dos mil veintidós, por el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Noveno Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en el proceso penal 288/2021, que se le instruye a Francisco Caporal Villegas por su probable participación en la comisión del delito de homicidio calificado (por haberse cometido con ventaja) previsto y sancionado en los artículos 128, 130 y 144, fracción I, del Código Penal para el Estado de Veracruz. ANTECEDENTES En principio, se estima oportuno relatar antecedentes del presente asunto. De la videograbación contenida en el disco enviado como informe justificado rendido por el juez responsable, se evidencia que el siete de enero de dos mil veintidós, se verificó la audiencia inicial del proceso penal 288/2021; comenzando con la identificación las partes asistentes; el juez verificó que el imputado conociera sus derechos y que su defensor público (Rubén Segundo Rosales) acreditara el grado académico de licenciado en derecho, lo cual hizo mediante la exhibición de la cédula profesional número 09121723, la cual, inclusive, estuvo en manos del juzgador al momento de la individualización de las partes. Hecho lo cual, se les comunicó a los asistentes de manera expresa el motivo de la audiencia; y enseguida, concedió el uso de la voz a la Fiscal Segunda de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Noveno Distrito Judicial en San Andrés, Veracruz, a fin de que formulara imputación. La imputación formulada se transcribe a continuación: "Gracias señoría, con fundamento en el artículo 16, párrafo primero, 20, apartado b, fracción tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 307, 308, 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En su presencia le comunicó a usted Francisco Caporal Villegas que esta fiscalía se encuentra integrando la carpeta de investigación con terminación número 315/2021 y su acumulada 317/2021 en su contra por su probable participación o su probable responsabilidad en la comisión del hecho con la apariencia del delito de homicidio doloso calificado, previsto por el numeral 128, sancionado por el diverso 130, en relación con el 144, fracción primera, por cuanto hace a la ventaja, todos del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Alberto Velasco Bustamante, hechos que fueron denunciados por Balbina Reyes Hernández. El hecho que se le atribuye se hace se hace consistir en que el día 21 de abril del año 2021, siendo aproximadamente las 21:15, la víctima Alberto Velasco Bustamante, venía sobre la calle Pascual Pelayo de la localidad de Tulapan, perteneciente a San Andrés Tuxtla, Veracruz, siendo perseguido por usted Francisco Caporal Villegas, en compañía de otras personas, cuando exactamente en la esquina con Aurelio vallado, a un costado de la casa de Florencio Velasco Bustamante, la víctima cayó al piso y gritó: 'Ya déjenme', ya que usted y sus acompañantes lo estaban golpeando con piedras. La víctima, Alberto Velasco Bustamante, se levantó y se introdujo al patio de la casa de su hermano Florencio Velasco Bustamante, donde también vive José Luis Velasco Chagala, quien en ese momento se encontraba acostado en una hamaca en el corredor de dicha casa en compañía de su esposa Patricia Medina Mejía. La hoy víctima iba sangrando del rostro y usted, Francisco Caporal Villegas, con las otras personas lo siguieron, introduciéndose a dicho predio. José Luis Velasco Chagala, al reconocer que la víctima era un familiar suyo intervino solicitándole a usted, Francisco Caporal Villegas y a sus acompañantes que lo dejaran, ya que ya lo habían golpeado. Sin embargo, usted y sus acompañantes le dijeron que no se metieran o sino también lo iban a matar. Empezaron a arrojarle también piedras, golpeándolo a él en el hombro, en la espalda y en la en la espinilla del lado izquierdo. Por lo cual, José Luis Velasco Chagala buscó un objeto, un palo, con lo cual defenderse a él y a su tío, momento en que usted, Francisco Caporal Villegas, aprovechó para agarrar una piedra y arrojársela a la víctima Alberto Velasco Bustamante, golpeándolo en el lado izquierdo de la cabeza. Quien se quejó del golpe y cayó inmediatamente. José Luis al acercarse a su tío, pudo apreciar un hueco en la cabeza, del cual empezó a sangrar. Así como empezó a sangrar de la nariz de la boca. Usted, Francisco Caporal Villegas, al ver esto, dio unos pasos, se cayó dejando tirada una playera o su playera, la cual tenía atravesada en el hombro izquierdo, se levantó y en ese momento precisamente salió Florencio Velasco Bustamante. Mientras sus acompañantes o los acompañantes de usted seguían aventando piedras al ver que ya estaban dos personas, es decir, José Luis Velasco Chagala y Florencio Velasco Bustamante, y que los vecinos empezaban a salir fue que ustedes salieron corriendo. La víctima presentaba a causa de las pedradas, herida contusa de forma redondeada en región frontotemporal izquierda. Hematoma peri-orbicular grave en ojo izquierdo, hematoma en palpebral superior derecha, determinando finalmente el perito médico forense como diagnóstico de muerte: fractura de cráneo secundaria a traumatismo craneoencefálico. Y tratándose de una muerte traumática, la calificación jurídica preliminar, como ya se hizo de manifiesto, se trata de homicidio doloso calificado. La forma de intervención que se le atribuye a usted Francisco Caporal Villegas es en calidad de autor material en términos de lo dispuesto por el numeral 37 del Código Penal vigente en el Estado. El nombre de su acusador lo es la víctima indirecta Balbina Reyes Hernández. Así mismo, Señoría, esta fiscalía cuenta con datos de prueba suficientes para acreditar el hecho referido, así como que existe la probabilidad que fue Francisco Caporal Villegas quien lo cometió. Por lo anterior, Señoría, solicito se tenga por formulada la presente imputación en contra de Francisco Caporal Villegas. Es cuánto, Señoría". Enseguida, el juez de control otorgó al imputado -aquí promovente- la oportunidad de declarar, quien se reservó su derecho a hacerlo; y concedió nuevamente a la fiscal el uso de la voz, quien pidió la oportunidad de solicitar la vinculación a proceso del imputado; la cual, se desarrolló en los términos siguientes: "Con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 313, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a su Señoría la vinculación a proceso del ahora imputado Francisco Caporal Villegas, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señale y tipifica como el delito de homicidio doloso calificado previsto, como ya se dijo en la audiencia previa, por el numeral 128 y sancionado por el diverso 130 en relación con el 144, fracción I, por cuanto hace a la ventaja, en íntima relación con el numeral 21 y 37 del mismo precepto legal antes invocado, cometido en agravio de Alberto Velasco Bustamante, y en su carácter de autor material, pues a criterio de esta Fiscalía, es quien llevó a cabo el hecho delictivo señalado. Lo anterior en virtud de encontrarse cubiertos los requisitos de forma y de fondo para su dictado, esto es, que le que le fue debidamente formulada imputación en audiencia preliminar, en la cual se le hizo saber al ahora imputado el desarrollo de una investigación en su contra, el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de comisión, el nombre de su acusador y le fueron debidamente informados los derechos que le asisten. Una vez que tuvo conocimiento de lo anterior, se le dio la oportunidad de declarar estando debidamente asistido de su defensor, a lo cual se reservó su derecho. Por otra parte, a criterio de la suscrita se colman los extremos que señala el artículo 19 constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que se valoran en términos de lo que disponen los numerales 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales invocado, y los cuales acreditan que se ha cometido un hecho considerado como delito, el cual consiste en el homicidio en agravio de Alberto Velasco Bustamante, al demostrarse primeramente la privación de la libertad de la vida de Alberto Velasco Bustamante, y que esto fue ocasionado por un elemento externo, lo cual queda demostrado con la denuncia de Balbina Reyes Hernández, realizada en fecha 22 de abril del año próximo pasado. Mediante la cual hace la identificación del cuerpo de su esposo Alberto Velasco Bustamante, en la cual manifestó que el día 22 de abril del año 2021, en la madrugada, su esposo fue ingresado al Hospital Bernardo Peña en estado grave a causa de una lesión en la frente del lado izquierdo, la cual le ocasionó traumatismo craneoencefálico. Lesión que finalmente le causó la muerte. Dicha lesión se la hizo Francisco Caporal Villegas con ayuda de otras personas, quienes el día 21 de abril del año 2021, cuando su esposo se dirigía a cobrar un dinero, lo persiguieron y lo apedrearon. Su esposo se metió a un., al terreno de su hermano Florencio Velasco Bustamante, donde se encontraba su sobrino José Luis Velasco Chagala y su esposa Patricia Medina Mejía, quienes presenciaron como el hoy imputado Francisco Caporal Villegas, en compañía de otras personas lo golpearon y vieron el momento preciso cuando Francisco Caporal Villegas le arrojó una piedra que le causó la lesión que derivó en su muerte. Asimismo, informa que por las lesiones que le habían causado a su esposo, Alberto Velasco Bustamante, ya se había radicado la carpeta de investigación 315/2021. Asimismo Señoría, se cuenta con la noticia criminal de fecha 21 de abril del año 2021, signado por la policía municipal de la ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por parte de la radio operadora Ana Margarita Sosa Torres, mediante la cual solicita a elementos de la policía municipal, trasladarse sobre la calle principal a la altura de la escuela primaria, ya que reportaban una riña. Al arribar se entrevistaron con José Luis Velasco Chagala, siendo las 22:05, quien les mencionó que él vio cuando agredieron a su Tío Alberto Velasco Bustamante, pegándole una pedrada en la cabeza y donde observaron que dicha persona tenía el cráneo sumido. Asimismo, se cuenta con la noticia criminal mediante oficio 1032/2021 de fecha 22 de abril del año 2021, signado por elementos de la policía ministerial de esta ciudad, mediante la cual informan que recibieron el reporte de la Licenciada María Antonia Beltrán Castillo, Trabajadora social del Hospital Bernardo Peña, quien les informó sobre el ingreso de Alberto Velasco Bustamante, quien al parecer había sido agredido por unos individuos quienes lo corretearon y lo apedrearon. Refiere también que fue ingresado al área de urgencias y que presentaba traumatismo craneoencefálico severo y su estado era grave. Con dichas noticias criminales y con la denuncia realizada por Balbina Reyes Hernández, se advierte el reconocimiento de la existencia de Alberto Velasco Bustamante, así como que fue ingresado a un hospital con una lesión severa. Lo que ese concatena con el dictamen pericial de levantamiento de cadáver con un número 1468/2021 signado por Camilo Reyes Castillo, perito criminalista de la de la delegación de servicios periciales de esta ciudad, mediante el cual emite el dictamen de criminalística de campo, con secuencia fotográfica y levantamiento de cuerpo de quien en vida respondió al nombre de Alberto Velasco Bustamante, el cual se encuentra en el Hospital Bernardo Peña, situado en esta ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Del cual, en el apartado de observaciones, se desprende que se le observa una herida en región frontal, lado izquierdo, glóbulos oculares morados y dichas lesiones serán clasificadas y descritas por el perito médico legista en turno, y en el cual concluye que se realiza una criminalística de campo solicitada en el lugar de intervención, tratándose este en el hospital civil Bernardo Peña, donde se lleva a cabo el levantamiento de cadáver. Hecho que se robustece con el dictamen pericial de necro-cirugía de ley practicado por el doctor perito médico forense Rafael Benito Méndez Riego, adscrito a la delegación de servicios periciales de esta ciudad, mediante el oficio número 2986 de fecha 22 de abril del año 2021, del cual se desprende en el apartado de examen externo: en cráneo se aprecia una herida contusa de forma redondeada en región frontotemporal izquierda. En cara se aprecia hematoma peri-orbicular grave. En ojo izquierdo se aprecia hematoma en palpebral superior derecha. En el apartado de examen interno en cráneo, al incidir planos blandos, se aprecia la herida referida en el examen externo con hematoma adherido alrededor de este. Al revisar correctamente se aprecia fractura de cráneo con gran Hematoma EPI y Subdural en hemisferio izquierdo del cerebro, siendo esta la causa de la muerte. En el cual se concluye diagnóstico de la muerte, fractura de cráneo secundaria a traumatismo cráneo encefálico y el tipo de la muerte es mecánica, traumática perdón. Datos con los que se demuestra la mecánica con la cual fue privado de la vida la víctima Alberto Velasco Bustamante, por cuanto hace a la probable participación del imputado Francisco Caporal Villegas, igualmente se tiene por demostrado en autos que fue cometido por Francisco Caporal Villegas con la ayuda de otras personas. Lo que sé corrobora con el señalamiento firme y directo que hace el testigo presencial José Luis Velasco Chagala, quien manifestó que el día 21 de abril del año 2021, siendo las 9:20 aproximadamente, se encontraba en su casa ubicada en Calle Pascual Pelayo esquina Aurelio Vallado con su esposa Patricia Medina Mejía, cuando escuchó que a un lado de la casa estaban golpeando a una persona, la persona gritaba ya déjenme lo estaban golpeando con piedras, la persona agredida, refiere, se logra levantar e introducirse a su predio. Al entrar, se percata que es su tío Alberto Velasco Bustamante, quien refiere, iba ensangrentado de la cara. Asimismo, refiere que las personas que lo estaban golpeando lo siguieron metiéndose a su propiedad y vio que se trataba de Francisco Caporal Villegas y otras personas, Francisco Caporal Villegas, alias el chico y otras personas, les dijo que lo dejaran y ellos respondieron que no se metieran o lo iban a matar. También le empezaron a tirar piedras, lo golpearon. Y él buscó algo con lo cual defender a su tío y defenderse también. Ese momento fue aprovechado por Francisco Caporal Villegas para levantar una piedra y arrojársela a su Tío Alberto Velasco Bustamante, pegándole en la cabeza de lado izquierdo. Refiere que su tío se quejó del golpe e inmediatamente se desvaneció. Refiere, cayó a 2 o 3 m de distancia de la puerta de su casa, la piedra que le lanzó Francisco Caporal Villegas prácticamente, refiere, le hizo un hueco, le salía mucha sangre por dicha herida. Después de eso, su tío ya no reaccionó. Inmediatamente sale también de su casa Florencio Velasco Bustamante, quien alertado por los gritos, le pidió a Francisco Caporal Villegas y a sus acompañantes se retirarán de su propiedad y no se metieran en más problemas. Corroborándose dicho ateste y dicho señalamiento firme y directo con el testimonio rendido por Patricia Medina Mejía, quien refirió que el día 21 de abril del año 2021, eran las 9:20 de la noche aproximadamente, se encontraba en el corredor de su casa ubicada en Aurelio Vallado, esquina Pascual Pelayo de la localidad de Tulapan de San Andrés Tuxtla, Veracruz, confirma que se encontraba en compañía de su esposo José Luis Velasco Chagala y sus niños menores de edad, quienes andaban jugando en el patio uno de los niños, dice que ahí andaba corriendo atrás de sus niños cuando uno de sus niños le informa que en la calle se estaban peleando unas personas, ella se asoma a la calle, pero por el lado de la de la calle Pascual Pelayo y ciertamente logró escuchar gritos de personas que se estaban peleando. Por lo que inmediatamente se dirigió hacia donde se encontraba su esposo, José Luis Velasco Chagala para informarle lo que estaba sucediendo cuando iba acercándose a su esposo, quien estaba en el mismo predio, pero sobre la calle Aurelio Vallado, perdón. Se percata que ya estaba tu tío Beto, refiriéndose a Alberto Velasco Bustamante dentro del predio iba golpeado, tenía sangre en la cara; y otras personas, refiere, era una señora, su esposo y un menor de edad, y uno al que le dicen 'el Chico', quienes traían piedras en la mano. Su esposo le decía al 'Chico' y a las otras personas que ya dejaran a su tío, que ya lo habían golpeado, pero ellos aferrados lo querían seguir golpeando. Por lo que también empezaron a agredir a su esposo, golpeándolo, refiere, en el hombro o en la espinilla izquierda, ocasionándole también una herida. Su tío, tratando de protegerse, se introdujo más al fondo del predio, parándose casi junto a ella, a 1 m de distancia, mientras su esposo, José Luis Velasco Chagala, se interponía entre su tío y los agresores, refiere entre 'el Chico' y esas personas, protegiéndolo, sin embargo, refiere que 'el Chico' le ganó a su esposo y logró pasarse, acercándose a ella y a la hoy víctima, a casi 2 m de distancia. Entonces, dice ella, fue cuando se agachó, levantó una piedra y se la lanzó a mi tío Beto. Sigue refiriendo textualmente: 'escuché clarito como mi a mi tío Beto se le quebraba la cabeza debido a la piedra'. Refiere también que después de esto, su tío fue trastabillando y cayó como a 3 m de distancia de la entrada de la casa. Su esposo, José Luis Velasco Chagala, vio todo, pero no pudo impedir los hechos. Enseguida trató de auxiliar a su Tío Alberto Velasco Bustamante, pero ya era tarde. Porque ya no reaccionó. En ese momento salió Florencio Velasco Bustamante y observó todo muy enojado, se dirigió a 'el Chico' a los otros acompañantes que se salieran de su de su predio, que no tenía por qué meterse en más problemas. Todavía uno de ellos los amenazó por el hecho de haber ayudado a Alberto Velasco Bustamante. Asimismo, refiere que en la huida estas personas dejaron en el lugar de los hechos una playera, una gorra, unas sandalias tipo Crocs, unas chanclas, objetos que fueron entregados a los agentes de la policía ministerial. Asimismo, lo anterior se robustece con la entrevista del testigo Florencio Velasco Bustamante, quien refirió, el día de los hechos, es decir, el día 21 de abril del año 2021, siendo las 21:50 de la noche, refiere, él estaba en su casa cuando escuchó ruidos y gritos afuera de su casa. Al salir logra ver que estaba su hermano Alberto Velasco Bustamante tirado boca arriba e inconsciente, echando sangre por la nariz y por la boca, con una herida en la cabeza de la del lado izquierdo, en la frente, la herida se le veía totalmente hundida de 4 cm aproximadamente y enseguida se encontraban unas personas en compañía de Francisco Caporal Villegas, quienes traían piedras en la mano y esos habían agredido a Alberto Velasco Bustamante y a su hijo José Luis Velasco Chagala. Por lo que les pidió que se retiraran de su predio y que no se metieran en más problemas. Asimismo, se cuenta con la entrevista de Balbina Reyes Hernández, quien refirió que en fecha 22 de abril del año 2021, perdón, refirió que el día 21 de abril del año 2021, eran las 9:00 de la noche cuando su esposo, Alberto Velasco Bustamante, le dijo que iba a cobrarle a un señor. A los 20 o 30 minutos aproximadamente de haberse ido, llegó su concuña Ángela Chagala Acua, quien le informó que su esposo estaba tirado en el patio de su casa. Se fue a verlo y lo encontró tirado inconsciente, tenía mucha sangre, tenía una herida grande en la frente del lado izquierdo. Dice que se veía como un hueco, ella le habló, pero su esposo ya no reaccionó. Fue su concuño Florencio Velasco Bustamante, quien le explicó que su esposo había sido golpeado por Francisco Caporal Villegas y otras personas, y en el afán de querer protegerse, ingresó a su predio, donde finalmente Francisco Caporal Villegas le lanzó una piedra que le ocasionó una herida en la frente, lo cual ocasionó su muerte. Si bien es cierto que estas dos atestes no presenciaron el momento preciso o exacto en el cual Francisco caporal Villegas le lanza la piedra con la cual le ocasiona la muerte a la hoy víctima, si es cierto que ubican al imputado y a las demás personas en el lugar, en la fecha y en la hora de los hechos. Por lo anterior, Señoría. Perdón. Asimismo, Señoría, se cuenta con el oficio de investigación ministerial rendido por la policía ministerial de la ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz, mediante el cual informan o remiten las entrevistas practicadas a José Luis Velasco Chagala, Florencio Velasco Bustamante y Balbina Reyes Hernández, quienes se conducen en similitudes, circunstancias, ratifican o reiteran el señalamiento firme y directo que hacen en contra del hoy imputado Francisco Caporal Villegas y de otras personas; y oficio, mediante el cual remite una playera color oscuro, una gorra, unas sandalias Crocs, unas chanclas, objetos que son remitidos mediante cadena de custodia. Asimismo, Señoría se cuenta con el dictamen pericial de criminalística de campo practicado por Tomás Osiel Ordaz Serrano, perito criminalista de la subdelegación de servicios periciales de esta ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Criminalística practicada en el lugar ubicado en calle principal de la, perdón, en la calle Pascual Pelayo de la localidad de Tulapan del municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, mediante el cual corroboran la existencia del lugar de los hechos. Por lo anterior, Señoría, esta Fiscalía considera que existe un alto grado de probabilidad de que Francisco Caporal Villegas fue la persona que, con ayuda de otros de manera directa y personal, causaron las lesiones en la salud personal de Alberto Velasco Bustamante, las cuales causaron su muerte, datos de prueba que al valorar al valorarse en su conjunto, demuestra la existencia del hecho con la apariencia del delito de homicidio doloso calificado, quedando establecido su autoría en términos del artículo 37 del Código Penal vigente en el Estado. Y qué tal conducta fue a título de dolo en términos de lo dispuesto por el numeral 21 del ordenamiento legal ya invocado. Por cuanto hace la calificativa Señoría, prevista por el 144, en su fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a criterio de esta fiscalía, el homicidio de Alberto Velasco Bustamante, reviste la modalidad de ser calificado en virtud de que con la conducta desplegada por el investigado se dio vida jurídica a la ventaja, esto en atención a la superioridad numérica que existía entre la víctima y sus victimarios, lo que se encuentra robustecido y corroborado por los testimonios ya narrados, donde se desprende que Francisco Caporal Villegas no actuó solo, sino en compañía de otras personas. Además, es de considerarse que esa superioridad numérica les otorga la seguridad a los agresores de que no podían ser heridos o muertos por la hoy víctima. Igualmente Señoría, se tiene con dichos datos de prueba, se tiene acreditado que el imputado Francisco Caporal Villegas desplegó una conducta de acción de consumación instantánea en términos de los numerales 18 y 20, fracción I del Código Penal vigente en el Estado. Conducta que reviste el carácter de doloso en términos del 21, segundo párrafo, toda vez que conociendo sus actos los quiso y los llevó a cabo. Por cuanto hace a su intervención, se ha repetido en numerosas ocasiones, que es en calidad de autor material en términos del numeral 37 del ordenamiento legal invocado. Por lo anteriormente manifestado, le reiteró la solicitud que el imputado Francisco Caporal Villegas, sea vinculado a proceso por su probable intervención en la comisión del hecho de homicidio doloso calificado, toda vez que el ahora imputado no acreditado que en su favor opere alguna causa de excluyente del delito a que se refiere a 23 del Código Penal en comento, o exista en su favor alguna causa de inculpabilidad a que se refiere el 26 del mencionado código. Aunado a lo anterior, que no opera en su favor el principio de presunción de inocencia, conclusión a la que se arriba, en consideración de los datos de prueba que hasta este momento procesal acreditan el actuar del investigado de forma dolosa. Es cuanto Señoría". Luego de escuchar a la agente del Ministerio Público, el juzgador se dirigió al imputado y le explicó los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud de vinculación a proceso planteada por la agente del Ministerio Público, quien -previa consulta con su defensor- optó por la duplicidad del término constitucional para la resolución de su situación jurídica; hecho lo cual, previa discusión y determinación de medidas cautelares, el Juez señaló las dieciocho horas treinta minutos del trece de enero de dos mil veintidós para la audiencia de vinculación a proceso. En la fecha señalada para la continuación de la audiencia inicial, el juez responsable destacó la presencia de dos defensores particulares que no habían sido designados previamente por el imputado, procedió a la individualización de los asistentes, e inmediatamente le inquirió sobre su representación en la audiencia. A lo cual contestó que era su deseo designar a Ángel Cobix Antele y Gerardo López Cobix como sus defensores particulares, quienes aceptaron y protestaron el cargo conferido, y acreditaron ante el juez de la causa -con sus cédulas profesionales- ser licenciados en Derecho. Sin embargo, en virtud de que los nuevos defensores manifestaron no venir preparados para emprender la defensa del imputado, solicitando al efecto, que se les confiriera un plazo razonable para imponerse del registro de video de la audiencia inicial y de la carpeta de investigación; el juez optó por que fueran asistidos por el defensor público que participó en la audiencia inicial, en razón de que, a su consideración, el imputado y su defensa debieron preparase antes de la continuación de la audiencia inicial, pues precisamente para ello se amplió el plazo constitucional (planear la defensa del imputado) además de que, al estar por fenecer éste, y ser imperante resolver su situación jurídica, es materialmente imposible decretar un receso por el lapso suficiente para realizar el estudio que destaca la defensa. Se destaca que el defensor particular Ángel Cobix Antele interpuso revocación en contra de la anterior determinación, sobre la base de que conforme al principio pro persona debe aplicarse lo que genere mayor beneficio al derecho de defensa del reo, que en caso implicaría resolver su situación jurídica fuera del plazo constitucional a fin de privilegiar que sea representado por los defensores particulares que designa. Medio de impugnación que fue desestimando por las razones siguientes: "En términos de lo que establece el artículo 1º, 14, 16, 19, 20 y 21 de nuestra Carta Magna, en relación con el numeral 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales se confirma el proveído que se emitiera por parte de este órgano jurisdiccional, contra el cual la defensa viene manifestando le causa agravio, efectivamente este órgano jurisdiccional de ninguna manera permite o propicia que se vulneren derechos del investigado, pero, técnico en derecho, el licenciado Ángel Cobix Antele y codefensor Gerardo López Cobix, al asumir la defensa, protestar el cargo el día de hoy, ellos son sabedores de los plazos constitucionales. No se está pretendiendo coartar el derecho a una defensa adecuada y su representado, valga el señalamiento, su representado en ningún momento., él lo que proporcionó fueron los nombres de los abogados que le acompañan. Luego entonces este órgano jurisdiccional determinó que no podía subsistir una defensa pública con una defensa particular, precisamente porque es un derecho del investigado estar representado por quien él quiera, por quien sea su voluntad. Sin embargo, los plazos no se pueden prorrogar más allá de lo que establece la propia Constitución General de la República y la intervención que tenga el defensor público, desde luego, permite que se respete el derecho a una adecuada defensa, pues incluso hasta en contra de la voluntad del imputado podría tener participación en el defensor público para el caso que no tuviera otro abogado, o no quisiera hacer alguna designación. Efectivamente, esta audiencia estaba señalada desde el 7 de los Corrientes, que se realizó la imputación precisamente a las..., A partir de la audiencia de hoy inició a las 23:00 con 24 minutos. Prolongándose hasta el día siguiente hasta el día., hasta el día 8, que se resolvió el tópico relativo a las medidas cautelares. Prolongar, prorrogar este plazo constitucional, pues sí estaría yo contraviniendo disposiciones constitucionales, que desde luego vulneran el debido proceso, y como ya se estableció al darle intervención en esta audiencia al Defensor público, se respeta ese derecho de defensa, por lo tanto, no le asiste la razón al Defensor en sus manifestaciones y se confirma el proveído que se acaba de emitir". No obstante, concedió un receso de treinta minutos a fin de que los defensores particulares pudieran consultar los registros del proceso. Luego del receso, el juez de control la comenzó inquiriendo a la defensa si aportaría datos de prueba en la audiencia; a lo que respondió que no; por tanto, les dio el uso de la voz a los defensores para que dieran contestación a la solicitud de vinculación a proceso formulada por la fiscalía. Su participación se desarrolló de la forma siguiente: "Defensor Rubén Segundo Rosales: Con fundamento en lo que establecen los artículos 316, 317 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa pública tiene a bien solicitar un auto de no vinculación a proceso en contra..., a favor de mi representado Francisco Caporal Villegas, en relación a los hechos que se le vienen imputando por parte de la representación social, y es que de la imputación se desprende que los hechos donde perdiera la vida el señor Alberto Velasco Bustamante, se advierte que los hechos tuvieron lugar entre las 21:00 y las 21:30 del 21 de abril del año 2021 en el domicilio ubicado en la calle Pascual Pelayo, en la localidad de Tulapan, municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Pero de la imputación que viene realizando la Fiscalía, su Señoría, no se desprende ningún dato de prueba que establezca la hora de la muerte de la víctima antes mencionada. En la., de la imputación en la solicitud de vinculación a proceso se señalan diversos datos de prueba de los de los cuales, uno es el dictamen provisional de fecha 22 de abril, perdón del mismo año, signado por el médico Filiberto García Ribes, con número de.., con número de registro..., no lo tengo a la mano, pero es el dictamen provisional. En el cual se observa que únicamente se advierte una lesión, o es lo que puede percibir esta defensa. Lo mismo sucede del dictamen de necrocirugía de la misma fecha de número de registro 4557, signado por el médico Rafael Benito Méndez Riego, en el cual, en el apartado de examen externo se señala como única lesión, una a la altura del cráneo. Eh, con otras descripciones. De lo anterior.., es una omisión. Lo anterior es una omisión, su Señoría, lo que establece el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El cual establece. Que el procedimiento para la formulación de la imputación que debe correr a cargo de la representación social. En la parte que le interesa, esta defensa pública establece 'que se ofrecerá la parte del agente del Ministerio público para que éste exponga al imputado el hecho. Que se le atribuye la calificación jurídica. Preliminar, la fecha, lugar y modo de su Comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que consideración del juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley'. Lo anterior, su Señoría es así. Toda vez que de la causa de muerte no se desprende de manera correcta la circunstancia en que acontecieron los hechos y cuál fue la hora de la muerte. Además, su Señoría, que de la denuncia que realiza la esposa de la víctima, la señora Balbina Reyes Hernández se desprenden diversas inconsistencias que al concatenarlas o al deponerlas de manera paralela, con los dictámenes mencionados, señala que la víctima fue perseguida, fue golpeada y apedreada por mi representado, a decir de la denunciante y de otros testigos, así como por otras 3 personas y entre ellos un menor de edad. De los dictámenes que acabo de hacer mención, su Señoría, no se desprende que la víctima tenga más lesiones de las que vienen señalando dentro de la imputación y dentro de la solicitud de vinculación a proceso, es decir, su Señoría, hay inconsistencias que no quedan claras y que dan lugar a que esta defensa proponga un auto de no vinculación a proceso, toda vez que como lo señalé, el artículo 311, sienta las bases y los requisitos que deben establecerse o que debe contener., que deben contener una solicitud, una imputación. Y las circunstancias de modo no quedan claras y precisas, pues como lo acabo de señalar, lo que dice la denunciante, la esposa de la víctima, a contraposición de lo que es el dictamen provisional y el dictamen de necrocirugía, no se encuentran más lesiones. También su Señoría. Existió un dictamen elaborado por el perito Jamido, quien hace la recolección del cuerpo, pero dentro de toda la carpeta de investigación no existe un dato de prueba en el que se establezca que se hizo una recolección de indicios. Es decir, también señalan por ahí que supuestamente se hizo una recolección de una camisa que, a decir de la fiscalía en su imputación traía mi representado y que dejó tirada, no se encuentra dentro de la carpeta de investigación ese dato de prueba en cadena de custodia y no se encuentra en cadena de custodia en la piedra que debió haber estado dentro del terreno ubicado en la calle Pascual Pelayo de la localidad de Tulapan, municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Entonces esta defensa a consideración de las manifestaciones que acaba de realizar su Señoría y que no encajan dentro de los requisitos que establece el artículo 316, 317 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con la solicitud, con la imputación que realizó la representación social, el 311 del mismo de la misma codificación, esta defensa solicita un auto de no vinculación a proceso en favor de mi representado Señoría. Es cuánto". (.) Defensor Ángel Cobix Antele: En atención a el uso de la voz que se me da, tengo bien también solicitar, a reiterar, al momento de resolver., de dictar su respetable resolución, tenga a bien considerar dictar a favor de mi representado, un auto de no vinculación a proceso, esto en términos de lo que establece el 319. Si bien es cierto, no me encuentro en actitud de poder presentar datos de prueba debido a lo ya resuelto con antelación en la presente audiencia ni poder ofertar medios de prueba, no menos cierto que también su Señoría en atención al principio de inmediatez, de inmediación perdón, puede hacerse llegar de los que usted escuchó de propia voz el momento de la formulación de imputación y de los datos de prueba que la honorable Fiscalía expuso en la audiencia que antecede, solamente tomará en consideración que la persona que responde al nombre de Florencio Velasco Bustamante es una persona que supuestamente fue presencial de los hechos, fue recabado una entrevista por el policía Gaspar Hernández Martínez, misma entrevista en la cual textualmente al momento que fue recabada por parte del elemento ministerial refiere que: 'cuando yo me encontraba en mi domicilio, escuché escándalo afuera, salí, salí a ver qué era, vi a mi hermano Alberto Velasco Bustamante tirado en el suelo, tenía un golpe en la cabeza del lado izquierdo sangrando y estaba arrojando sangre por la por la boca y por la nariz'. Esta declaración retomada por policía ministerial, no concuerda con la entrevista que fue realizada por la honorable fiscalía, ya que aquí se deduce que no fue un testigo presencial, es decir, no se percató mediante sus sentidos que mi representado haya provocado., haya ocasionado esa lesión que pudiese desencadenar la muerte del señor., de la víctima. Bajo esa tesitura y usted analizando lo que establece el artículo 19, párrafo primero constitucional, es que solicito se verifique debidamente todo y cada uno de los requisitos, como son en este caso, lo que establece, el lugar, si fue debidamente acreditado por parte de honorario Fiscalía con algún dato de prueba, verifique si el tiempo también quedó debidamente esclarecido, las circunstancias de ejecución, así como la forma en que se cometió el hecho constitutivo de delito, y si mi representado tiene alguna probabilidad de comisión o participación en el mismo, y reiterando desde luego el auto de no vinculación a proceso. Es cuánto". Asimismo, el juez del proceso, por considerarlo necesario, permitió la réplica de la fiscalía, quien dijo: En atención a lo que refiere el defensor público respecto a que no se desprende en el dictamen de necropsia., de necrocirugía que se establezca la hora de la muerte, me permito manifestar que dentro del dictamen de neurocirugía, en el apartado de conclusiones, el médico que lo emitió Rafael Benito Méndez Riego refiere que el acto quirúrgico inicia a las 19:39 horas de la persona quien en vida respondiera a nombre de Alberto Velasco Bustamante, y dicho acto quirúrgico termina a las 21:00 y también refiere que siendo la hora de muerte aproximada a las 6:00 del día 22 de abril del presente año. Me permito manifestar que., aquí puedo estar hablando de un error de formalidad al establecer las 6:00 cuando él mismo refiere que el acto quirúrgico comenzó a las 19:39 horas y terminó a las 21:00 el error de formalidad al que me hago referencia es que él se refiere a las 18:00. Dicha aclaración, lo concatenó con la noticia criminal, signada mediante oficio 10046/2021, signado por el policía investigador Pedro Octavio Xolo, perteneciente a la policía ministerial de esta ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz, y mediante el cual informa que recibe llamada de la trabajadora social del Hospital Bernardo Peña, donde informa el fallecimiento de una persona del sexo masculino que ingresó lesionado en la madrugada del día de hoy, 22 de abril del presente año, el cual llevó por nombre Alberto Velasco Bustamante y refiere que dicha hora son las 18:00. Asimismo, Señoría, por cuanto hace a la manifestación de la defensa al referir que de los dictámenes solamente se observa una lesión, también me permito hacer la aclaración que en el dictamen de necro-cirugía con número de registro 4557, fechado el 22 de abril del año 2021. En el capítulo de examen externo refieren: cráneo, se aprecia una herida contusa de forma redondeada en región frontotemporal izquierda. En cara, se aprecia hematomas peri-orbicular grave en ojo izquierdo, y se aprecia hematoma en palpebral superior derecha. Con esto quiero dar entender, Señoría, que no solamente posiblemente presentaba una herida que fue la que finalmente le ocasionó la muerte, sin embargo, presentaba otros hematomas en el rostro. Asimismo, del dictamen provisional al que hace referencia a la defensa de registro 2160 ha fechado igual el 22 de abril del año 2021, y signado por el médico Filiberto García Ribes. En el capítulo de observaciones, señala que (.) la víctima presenta una lesión traumática en forma de 'L' con 6 puntos de sutura en la región frontal, lado derecho, perdón, lado izquierdo con fractura. Asimismo, presenta párpados de mapache de ojo izquierdo y laceración en tercio medio de cara anterior de miembro inferior izquierdo. Lo que quiero dar entender Señoría, es que no es del todo cierto lo que refiere la defensa al manifestar que la víctima solamente presentaba una lesión. Asimismo, refiere que los indicios que se remiten..., perdón, que en el dictamen de criminalística de campo emitido por el perito criminalista Javier Reyes, no hace mención alguna a los indicios que esta fiscalía hace referencia en su formulación de imputación con relación a una playera que presuntamente pertenece al hoy imputado y la piedra con la que le causó le se le causó la muerte. Me permito manifestar que los indicios fueron remitidos mediante cadena de custodia por la policía ministerial al realizar sus actos de investigación, ya que fueron los propietarios de la casa donde ocurrieron los hechos, quienes hicieron la aportación de manera directa a la policía ministerial y fue ésta la que formalizó mediante su cadena de custodia y un debido embalamiento, la entrega a esta fiscalía de dichos indicios. Por cuanto hace a la manifestación que hace el licenciado Ángel Antele en su calidad de defensor particular, con referencia a la entrevista que rindiera Florencio Velasco Bustamante, al referir que no es un testigo presencial, me permito manifestar que en ningún momento esta fiscalía refirió que él haya presenciado el momento en el que el hoy imputado, Francisco Caporal Villegas, lesionó a la víctima Alberto Velasco Bustamante. Los testigos presenciales son José Luis Velasco Bustamante y lo es la señora Patricia Medina Mejía, quienes se encontraban en el patio del domicilio donde ocurrieron los hechos y fueron quienes de forma presencial se percataron cuando el hoy imputado toma la piedra y se la lanza a la hoy víctima. Dicha piedra que, a referencia de ellos, le causa una lesión en el lado izquierdo de la frente y le causa hemorragia, después de dicho golpe, la víctima ya no volvió a reaccionar. Sin embargo, dicha testimonial si nos sirve, ¿por qué? Porque ubica al hoy imputado y a los demás participantes en la fecha, hora y lugar de los hechos que esta fiscalía le reprocha. Por lo anterior, Señoría, esta Fiscalía considera que hasta el momento se cumple lo establecido por el numeral 316. Toda vez que dentro de la carpeta de investigación se desprenden datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley considera delito y que existe la probabilidad de que el hoy imputado Francisco Caporal Villegas lo cometió o participó en su comisión. Por lo anterior Señoría, reiteró la solicitud de vinculación a proceso en contra de Francisco Caporal Villegas. Es cuanto su Señoría". Acto seguido, se dio a la defensa la oportunidad de emitir contrarréplica. En uso de la voz, los defensores, esencialmente, reiteraron los argumentos dados al contestar la solicitud de vinculación a proceso. Cerrado el debate, el juez de control decretó resolvió oralmente sobre la vinculación a proceso de los quejosos, expresando los fundamentos y motivaciones que enseguida se transcriben: "Se emite la presente resolución el día de hoy trece de enero de dos mil veintidós, siendo las veintiuna horas con diecinueve minutos en la ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Cerrado el debate, vistos y escuchados que han sido los intervinientes en la presente audiencia inicial. La audiencia inicial y su continuación relativa al proceso penal ya antes indicado, en condiciones de resolver la situación jurídica del investigado acabado de nombrar, por el hecho que le fue imputado, cometido en agravio de quien en vida llevara el nombre de Alberto Velasco Bustamante y para estar en condiciones de fundar y motivar debidamente la presente resolución bajo los siguientes considerandos, Primero. Competencia es la facultad que tienen las autoridades, en especial las jurisdiccionales para conocer de un hecho en el fondo y sus colaterales diversos. Por ello, este Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de este Decimonoveno Distrito Judicial es competente para conocer de los hechos que motivaron este proceso, los cuales se desplegaron en este distrito judicial, y en la ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz, de acuerdo a la imputación que realizó la fiscalía y esto tiene su fundamento en lo que disponen los numerales 16, 19, 21 y 116 de la ley Fundamental, 55 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 20, fracción I, 133, sección primera, 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 247, fracción I, 48, fracción I, 50 y 187, fracción XIX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Respecto de los datos personales del investigado, dijo ser de nombre completo y correcto, Francisco Caporal Villegas, con demás datos que deberán ser considerados de manera privada y constan ante este órgano jurisdiccional. En relación a que se hubiera formulado imputación, en la audiencia inicial, la fiscalía puso en conocimiento del investigado, quien asistido de su defensor público y en esta audiencia designó defensores particulares, quien también., quienes también estuvieron presentes y le asistieron, incluso tuvieron intervención a efectos de tutelar la defensa adecuada a la que tiene derecho, se le expusieron, en aquella primera parte de audiencia, los hechos que se le atribuyen, la calificación jurídica preliminar y se le señalaron circunstancias de ejecución, fecha, lugar y modo de comisión, la forma de intervención que tuvo en los mismos, así como el nombre de quien lo acusa. Estos le fueron precisados como homicidio doloso calificado, previsto en el numeral 128, y sancionado por el 130, en relación con el 144, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Veracruz, esto por cuanto se refiere a la ventaja en el artículo 144, fracción I y se le indicó que los hechos ocurrieron el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, perdón, veintiuno de abril. Sí, aproximadamente a las 21:00 con 15 minutos en la calle Pascual Pelayo, esquina Aurelio Vallado, localidad Tulapan, perteneciente a este municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz y esto a un costado de la casa de Florencio Velasco Bustamante. En donde el hoy imputado, cuya resolución atendemos, y otras personas luego de perseguirlo hasta este lugar lo golpeaban con piedras. Por lo que dicha víctima se introdujo al patio de la casa de su hermano Florencio. En ese lugar también vive el señor José Luis Velasco Chagala. Este se encontraba acostado en una hamaca en ese lugar en compañía de su esposa Patricia Medina Mejía. Lugar. Al que Francisco Caporal Villegas y acompañantes se introducen. Por lo que José Luis Velasco Chagala les pidió lo dejaran, pues ya lo habían golpeado. Haciendo éstos caso omiso bajo la amenaza que si intervenía, también lo matarían. Por lo que le arrojaron piedras, golpeándolo a éste en el hombro, espalda y espinilla al lado izquierdo, buscando José Luis algún objeto para defenderse él y su tío, y este momento lo aprovecha Francisco Caporal para agarrar una piedra y arrojársela al ahora finado, golpeándolo en el lado izquierdo de la cabeza. Se quejó del golpe de dicha víctima y cayó inmediatamente. José Luis se acercó a su tío y se percata del hueco que le había quedado en la cabeza, del cual empezó a sangrar, así como de la nariz y boca y al ver el imputado y acompañantes que salían Florencio Velasco, José Luis Velasco Chagala, así como demás vecinos, decidió, en compañía de las personas con las que iba, salir corriendo, luego de haber causado las lesiones a su víctima, las cuales a la postre le causaron la muerte. Precisándole, que la forma de intervención es precisamente tal como lo establece el artículo 37 del Código Penal para el Estado de Veracruz, como autor material de los hechos que se le han reprochado, el nombre de quien la acusa es Balbina Reyes Hernández. Respecto a la oportunidad que tuvo para declarar. En todo momento y en cada uno de los actos procesales verificados en audiencia inicial y su continuación se le ha otorgado. Han imputado. La oportunidad de emitir declaración. En la primera parte de esta audiencia, luego de haber manifestado que entendía el hecho que se le estaba imputando, manifestó que se negaba a realizar cualquier tipo de declaración. Fue negativa, la mantuvo hasta la continuación en esta audiencia en donde atento a lo que establece el numeral 66 de la norma procesal, expuso que 'él no tiene nada que ver con los hechos que le han imputado'. Respecto al análisis de los datos que establezcan que se han cometido hechos que la ley señala como delito. En el caso que nos ocupa, se ha cometido un hecho que la ley identifica., que la ley señala como delito de homicidio doloso calificado por ventaja en los términos que precisó la fiscal en su imputación y su solicitud correspondiente, cometido este hecho en agravio de la persona que en vida llevara el nombre de Alberto Velasco Bustamante. Este hecho previsto por el artículo 128, el cual dispone 'comete el delito de homicidio, quien priva de la vida a otra persona', pero sancionado en términos del numeral 130 en su primera parte, dada la imputación que realizó la Fiscalía, pues este numeral establece que al responsable de homicidio calificado se le impondrán de 20 a 70 años de prisión y multa hasta de 1000 días de salario. Esto al haberse referido que la calificativa está integrada por la ventaja, que debe entenderse tal como lo establece el artículo 144 para efectos de la fracción I. Existe ventaja cuando el delincuente tenga superioridad física sobre la víctima, en esa virtud, de los antecedentes de investigación expuestos por el ministerio público, se desprenden datos de prueba que constituyen indicios razonables que permiten suponer la existencia del hecho antes señalado, el cual está considerado por la norma como delito, ya que esos datos de prueba que expuso la fiscalía, valorados de manera lógica por este órgano jurisdiccional, en términos de lo que establecen los numerales 16 y 19 de la Ley Fundamental, 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por su engarce, deben estimarse idóneos, pertinentes y suficientes para establecer la existencia del verbo rector del tipo penal, que en el caso es privar de la vida a una persona, actuando con ventaja. Esto es así, ya que de los datos que quedaron registrados en audiencia referidos por la Fiscal se expuso la denuncia que realizara Balbina Reyes Hernández aquel veintidós de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual identificó el cuerpo de su esposo Alberto Velasco Bustamante, ya que dijo que éste era su esposo y que había sido ingresado en la madrugada de ese día veintidós de abril de dos mil veintiuno al Hospital Bernardo Peña de esta ciudad. Esto de manera grave, en un estado grave a causa de una lesión en la frente lado izquierdo, la cual le ocasionó traumatismo craneoencefálico y esta lesión que finalmente le causará la muerte. Esta lesión, refiere, se la hizo Francisco Caporal Villegas con ayuda de su hermano menor, el cual se omite su nombre, así como de Marlene Caporal Villegas y su esposo Lamech Chontal Mezo, señalando que esas personas son originarias de esa localidad, viven también en esa localidad Tulapan de este municipio, igualmente informa que las lesiones que había sufrido su esposo a manos de los denunciados, ya se había realizado la denuncia correspondiente. Proporciona el número. Expuso también como dato de prueba, la noticia criminal de veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Realizada por Daniel Maxo Bustamante, policía segundo de la policía municipal de esta ciudad, de este municipio, en ella informó que encontrándose en el módulo de seguridad de la localidad de Tulapan perteneciente a este municipio, recibió un reporte por radio operadora en turno, Policía Ana Margarita Sosa Torres, solicitándole se trasladará sobre la calle principal, a la altura de la escuela primaria, ya que el ciudadano Santiago Temich Prieto reportaba una riña entre unas personas, se encontraba una persona lesionada, por lo que se traslada en ese lugar y llega aproximadamente las a las 22:00 con 5 minutos, en este lugar se entrevista con José Luis Velasco Chagala, quien menciona que vio cuando agredieron a su tío Alberto Velasco Bustamante. Refiere que le pegaron una pedrada en la cabeza. Le observó el cráneo sumido a dicha víctima. Por lo que fue canalizado al hospital civil. Este dato de prueba también se complementa, según lo expuesto por la fiscalía, mediante la noticia criminal que corre en la carpeta de investigación, mediante oficio 1032/2021, también de veintidós de abril de ese mismo año, signado por Gaspar Hernández Martínez, de la cual se desprende que él reporta., que le reporta a la Licenciada María Antonia Beltrán Castillo, Trabajadora social del Hospital Bernardo Peña, sobre el ingreso del ahora occiso, originario de la localidad de Tulapan de este municipio. Acompañado de su esposa, Balbina Reyes Hernández, quien indicó que su esposo había sido agredido por unos individuos que lo corretearon y lo apedrearon. Reportándole la trabajadora social también que el médico que atendió a la víctima en el área de urgencias refirió que esta persona presentaba traumatismo cráneo encefálico severo y su estado grave, pues se encontraba inconsciente. Trasladándose a ese nosocomio en donde dialogaron con el médico de turno, Óscar Madrigal Ramírez, quien les indicó que ese día ingresó el paciente ahora occiso Alberto Velasco justamente, con lesión en la frente del lado izquierdo de 7 cm, traumatismo craneoencefálico severo grave y que se encontraba inconsciente. Igualmente entrevistó a Balbina Reyes Hernández, quien le manifestó que el veintiuno de abril de dos mil veintiuno mencionado, a las 21:00, su esposo, de nombre Alberto Velasco, se encontraba en su casa cuando le dijo que iba a ver a un a un señor que le debía 100 pesos. Salió a ver a esa persona, y aproximadamente media hora después le gritó su cuñada Ángela Chagala Chagala, que su esposo Alberto se encontraba tirado en el patio de su casa y estaba inconsciente. Por lo que se trasladó a su domicilio. Llegando, se percata que su esposo tenía una lesión en la frente del lado izquierdo y que le salía sangre, por ello lo trasladaron al Hospital Bernardo Peña. También se ofreció el dictamen pericial de levantamiento de cadáver sustentado por Jamido Reyes Castillo, perito oficial criminalista de la delegación de servicios periciales, quien realizó criminalística de campo, secuencia fotográfica y levantamiento de cuerpo, respecto de quien en vida respondiera al nombre de Alberto Velasco Bustamante. El cual refiere: Lo encontró en el Hospital Bernardo Peña de este municipio. Para corroborar la solicitud del Fiscal, también ofreció un dictamen pericial de necrocirugía, este sustentado con registro de 4557 de veintidós de abril de dos mil veintiuno, que signa el doctor Rafael Benito Méndez Riego, Perito oficial también. En él aparece en uno de los apartados que al examen externo en el cráneo aprecia una herida contusa de forma redondeada en región frontotemporal izquierda, en la cara aparece hematoma peri-orbicular grave en ojo Izquierdo, aprecia hematoma en palpebral superior derecho. Al examen interno en el cráneo encuentra que al incidir planos blandos aprecia la herida referida en el examen externo con hematoma adherido alrededor de este. Al revisar aprecia fractura de cráneo con gran hematoma epidural en hemisferio izquierdo del cerebro, siendo ésta la causa de muerte, como diagnóstico de la muerte, establece fractura de cráneo secundaria a traumatismo cráneo-encefálico. Refiere que es un tipo de muerte traumática. Del mismo modo se ofreció la deposición de José Luis Velasco Chagala, este presencial de los hechos, quien manifestó que ese veintiuno de abril de dos mil veintiuno a las 9:20 aproximadamente, estaba en su casa en Calle Pascual Pelayo esquina Aurelio Vallado con su esposa Patricia Medina Mejía, cuando escuchó que al lado de su casa estaban golpeando a una persona. Esta gritaba, ya déjenme, la persona logra levantarse e introducirse a un predio, cuando se percata que era su tío Alberto Velasco Bustamante. Refiere, iba ensangrentado en su cara, asimismo, que las personas que lo estaban golpeando, lo seguían y se metieron a su propiedad, observando que eran Francisco Caporal Villegas y otros más. Les dijo que lo dejaran o que lo iban a matar también. Le empezaron a tirar piedras, lo golpearon. Él buscó algo para defender a su tío y defenderse él también, por lo que este momento fue aprovechado por Francisco Caporal para levantar una piedra y arrojársela a su tío hoy occiso, ya que le pegó del lado izquierdo. Refiere éste se quejó del golpe e inmediatamente se desvaneció, cayendo a 2 o 3 m de distancia a la puerta de su casa, la piedra que le lanzó Francisco prácticamente le hizo un hueco. Le salía mucha sangre por esa herida y después dice su tío ya no reaccionó. A la entrevista que se realizó al señor Florencio Velasco Bustamante, este refiere que él el día y hora, el día mencionado aproximadamente en las 9:50 de la noche, desde luego estaba en su casa ubicada en Pascual Pelayo, esquina en Aurelio Vallado, en la localidad de Tulapan, en compañía de su esposa Ángela Chagala, su hijo José Luis Velasco Chagala, y escuchó gritos en la carretera, pero no distinguía lo que gritaban, sale de su casa a ver qué pasaba y en el corredor estaba su hermano Alberto Velasco Bustamante tirado boca arriba, inconsciente, echando sangre por la nariz y por la boca, con una herida en la cabeza del lado izquierdo en la frente, la herida se veía totalmente hundida; que estaban también en ese lugar, Lamech Chontal Mezo alias 'la Meche', Francisco Caporal Villegas, Marlen Caporal Villegas y un hermano de ellos, al parecer menor de edad. Refiere el apodo como 'el Chayanne', así como el nombre, sin embargo, este fue omitido. Dicen que estos sujetos traían piedras en la mano y habían agredido a su hermano Alberto Velasco Bustamante y a su hijo José Luis Velasco Chagala, quien también sangraba de la espinilla izquierda, que estos se dieron a la fuga y en eso su esposa Ángela Chagala le avisó a Balbina, esposa de su hermano, señalando que como a los 10 minutos regresó Marlen Caporal Villegas para amenazarlo y decirle que los que estaban ahí, que se los llevaría a la chingada, a quienes habían defendido a Alberto. Amenazándolos de muerte. Que saben que la persona que refiere como 'la Meche' es una persona conflictiva y que ha agredido a otras personas en ese lugar, refiere temor de que cumpla sus amenazas. También se ofreció lo expuesto por Balbina Reyes Hernández, esposa de Alberto Velasco Bustamante, ésta de fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno quien refiere que un día antes, como a las 9:00 de la noche, su esposo le dijo que iba a cobrarle a un señor, a los 20 o 30 minutos de haber seguido le avisó su concuña Ángela Chagala, que su esposo estaba tirado en el patio de su casa. Ella acude a verlo y lo encuentra tirado o inconsciente. Tenía mucha sangre, tenía una herida grande en la frente, lado izquierdo, se veía un hueco. Le habló, pero ya no reaccionaba, fue que su concuño Florencio Velasco Bustamante le explicó que a su esposo lo venían persiguiendo y apedreando. Las personas que refiere como Lamech Chontal Mezo, Marlen Caporal Villegas y Francisco Caporal Villegas, así como otro sujeto que al parecer es menor de edad. Que para protegerse, su esposo se había metido el terreno de la casa de su cuñado, hasta ahí lo habían seguido sus agresores, pero él había salido al escuchar el escándalo y al salir vio a Alberto Velasco Bustamante tirado en un charco de sangre con la cabeza lesionada. Luego ve a su hijo José Luis Velasco Chagala, quien tenía sangre en la espinilla izquierda y metros adelante adentro de su terreno, quien intentó defender a la víctima, por lo que resultó herido por las por las mismas personas, que vio que Francisco Caporal Villegas levantó una piedra y se acercó más a su esposo y le aventó la piedra, golpeándolo en la frente, siendo que después de eso, éste ya no reaccionó. Del oficio bajo el registro con terminación 1053/2021 de veintitrés de abril de dos mil veintiuno que signaron los elementos, Gaspar Hernández Martínez y Leopoldo Tlapa Bandala, estos en carácter de elementos de la policía ministerial, informan que se abocan a la investigación y entrevistan a Florencio Velasco Bustamante, así como al testigo José Luis Velasco Chagala. Del dictamen pericial de criminalística de campo bajo el número 4172/2021, que signa el licenciado Tomás Oziel Ordaz Serrano, adscrito a la delegación regional de servicios periciales de esta ciudad. Se constituyó en el lugar de los hechos, identificando el mismo como el ubicado en calle principal de la localidad de Tulapan perteneciente al municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, y mediante este, corrobora la existencia del lugar de los hechos referidos de los datos de prueba antes expuestos y estos datos, como se dijo, se establece su pertinencia para demostrar, en primer lugar, la existencia previa de la vida del señor Alberto Velasco Bustamante, quien antes de la agresión sufrida por parte del aquí imputado y otras personas se encontraba con vida, incluso había ido a cobrar un dinero a una persona que refiere su esposa, y los testigos que han dado cuenta de ello. Luego se advierte que la agresión que sufre a manos del señor Francisco Caporal Villegas fue la causa determinante para provocarle la muerte, tal como lo estableció el examen de necro-cirugía, independientemente de lo que haya expuesto la institución de la defensa en cuanto a que advierte inconsistencias respecto de la imputación derivado de la falta de existencia de una playera que supuestamente había el investigado, dejada en el lugar del hecho. Esta situación debe decirse que no fue expuesta como dato de prueba para su solicitud de vinculación a proceso por la fiscal, aunado a ello, el hecho que se le imputó fue precisamente privar de la vida a una persona, y esto mediante los actos que llevó a cabo, como fue con una piedra causarle una lesión en la cabeza del lado izquierdo y que, según el dictamen emitido por experto, fue la causa que le provocara la supresión de su vida. Por ello. Lo expuesto por la defensa respecto a los dictámenes periciales que ofertó la fiscalía y que aluden que estos presentan también inconsistencias, pues no detallan las lesiones que dicen tenía que haber presentado el ahora occiso, claramente de lo expuesto en su solicitud por la fiscalía y de acuerdo a los datos de prueba que fueron valorados según los registros correspondientes. Sí se hace esta mención, pues, las lesiones que sufrió el testigo presencial. José Luis Velasco son independientes a la causada en la humanidad de Alberto Velasco Bustamante, es decir, claramente se detalla que además de la lesión del golpe mortal, la lesión que causó la piedra, que fuera proyectada contra el cráneo de la víctima, también presentaba otras lesiones, tal como aparece en el dictamen correspondiente, así como el la necro-cirugía llevada a cabo. Es cierto, existen inconsistencias, como refiere la fiscal, respecto a un error de apreciación al asentar el médico que realizan la microcirugía las 6:00. Lo que sí debe, lo que sí puede establecerse, lo que es innegable es que su dictamen lo realiza posterior al día veintiuno de abril de dos mil veintiuno, luego de haber sido auxiliado el señor Alberto Velasco Bustamante, trasladado aún con vida al hospital Civil Bernardo Peña, en donde al día siguiente, fue que el médico legista realiza su dictamen de necro-cirugía y obviamente este dictamen pues no pudo haberse realizado previo, no pudo haber fallecido, no pudo haber sido privado de la vida, obviamente antes de realizarse dicho dictamen, el cual comenzó a realizarse a partir de las 19:00 y concluyó a las 21:00 de ese día 22 de abril de 2021. Por ello, este error que tiene el experto no trasciende, no incide en determinar que tuvo a la vista un cuerpo, que este cuerpo estaba sin vida y que la causa de la muerte correspondía con el tipo de lesión que le había sido propinado por el ahora investigado en base a los datos de prueba que han sido analizados y que fueron vertidos por la institución del ministerio público. Tampoco trasciende a los intereses de la defensa, que la entrevista que realizara el elemento de policía de Gaspar Hernández Martínez y su compañero, ambos policías ministeriales al señor Florencio Velasco no corresponda con la entrevista que él rindió ante sede ministerial. Ha quedado constancia que el presencial de los hechos fue el señor José Luis Velasco y que incluso él interviene, trata de ayudar a su a su tío. También estaba presente otra persona que es su esposa. Que no fue ofrecida como dato de prueba, desde luego. Pero existen indicios suficientes y razonables, como es lo expuesto por este testigo, quien refiere haberse dado cuenta del momento exacto cuando es agredido su familiar y dicha lesión corresponde con la misma que a la postre terminaría con la vida del señor Velasco Bustamante. Tampoco puede beneficiar a la defensa la inexistencia de los indicios que aluden los defensores respecto a la playera y la piedra que dicen haber sido recolectados por familiares de la víctima. Estos indicios, estos datos no fueron ofrecidos por el ministerio público en su solicitud y atendiendo a dicha situación no existe dato de prueba que excluir, pues no fue ofrecido por parte del ministerio público. Por ende. Si estos datos de prueba son razonables y permiten, para este momento procesal, determinar que sí existió la privación de la vida de una persona, el día y hora de hechos ya mencionados, esto fue por una causa externa, como fue la agresión que sufriera por parte de 3 personas, entre ellos el ahora investigado, que cuya resolución se atiende y que este fue uno de los que da ese golpe mortal, pues bajo el estándar probatorio que rige para este sistema, encuentro la existencia de datos que me permiten tener por establecido que se ha cometido el hecho de homicidio doloso calificado en los términos que han sido imputados por la fiscalía. Estos mismos datos, en términos de las reglas de valoración ya antes expuesta, también permiten establecer que probablemente el señor Francisco Caporal Villegas, estuvo en el lugar derecho. Realizó el acto que se le imputó, esto es agredir a una persona que hoy se encuentra sin vida. Pues para ello existe señalamiento por parte del señor José Luis Velasco, quien fue presencial de esta agresión, y corroborar a través de prueba científica, el dicho de este testigo la fiscalía, pues el dictamen pericial de necro-cirugía que fue expuesto permite establecer, como ya se dijo, de manera indiciaria, que precisamente fue esa agresión causada por el señor Francisco la que le suprimiera, la vida a Velasco Bustamante. Por ello, puede decirse que la conducta de éste se adecua al contenido del artículo 37 del Código Penal. Y que esto es suficiente para continuar con la investigación de los hechos, ya en una fase judicializada, para que oportunamente pueda, en su caso, formularse la acusación correspondiente, si no fuera así, solicitar el sobreseimiento, el ministerio público o, en su caso, la suspensión del proceso. Tampoco opera la negativa que vierte el imputado, quien refiere a modo de defensa que él no tiene nada que ver, pues sus solas manifestaciones se encuentran ayunas, carentes de cualquier dato de prueba que permita corroborarle. Por ello, para esta fase procesal que se resuelve, no encuentro justificada a causa de exclusión del delito. Tampoco alguna circunstancia que permita concluir que se ha extinguido la acción penal. La conducta del imputado debe puede establecerse de manera dolosa en los hechos que se le imputaron llevados a cabo con pleno conocimiento de que eran contrarios al derecho, sin amparo de alguna causa de licitud, ya que hasta este momento procesal no ha quedado evidenciado que la comisión de estos se hubiera realizado en cumplimiento a una norma legal o en legítima defensa de derechos o bienes, tampoco se advierte que el imputado se hubiera encontrado en algún estado mental que le impidiera comprender la naturaleza de los actos que le fueron imputados, pues el común de la gente sabe, puede discernir que el hecho de agredir con una piedra, en la forma que fue referida por el ministerio público y que de manera indiciaria para el acto procesal que hoy se resuelve, pues puede discernir que le causa le puede causar una lesión grave, como ocurrió en este caso, y esta lesión finalmente puede suprimirle de la vida a cualquier persona. Por ello, como lo establece el artículo 1º, 14, 16,19 y 20, apartado A, fracción I, de la Carta Magna en relación con el 316, 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se emite el correspondiente auto de vinculación a proceso con todas sus consecuencias legales en contra de Francisco Caporal Villegas, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio doloso calificado, cometió en agravio de la persona que en vida respondía al nombre de Alberto Velasco Bustamante". Esta determinación es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En sus conceptos de violación, el defensor particular del quejoso se limitan a esbozar de forma genérica que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, en la medida que los datos de prueba anunciados por la fiscalía no son suficientes para establecer que se ha cometido el delito de homicidio calificado o que haya participado en su comisión. En específico, alega que la fiscal tercera interesada trasgredió el principio de oralidad que rige a la audiencia inicial al dar lectura a constancias en la mayoría de sus intervenciones. Sobre el particular expone que, a su consideración, los artículos 4º, 44, 67, fracción IV y 396 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen la prohibición de lectura de constancias, de modo que si la representación social, al formular su imputación y exposición de los antecedentes de investigación que la respaldan, efectúa una lectura de las diligencias o actuaciones realizadas, ese actuar resulta contrario al indicado principio de oralidad y repercute directamente en las exigencias previstas para dictar auto de vinculación a proceso, pues, el juez dilucida si se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión sobre la base de lo expuesto por el ministerio público. Invocó como apoyo, la jurisprudencia PC.XVIII.J/15P (10ª), emitida por el extinto Pleno del Décimo Octavo Circuito de rubro: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE SE CONCEDE, POR CONSIDERAR QUE CON LA LECTURA DE LAS CONSTANCIAS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, AL FORMULAR LA IMPUTACIÓN, SE INFRINGE EL PRINCIPIO DE ORALIDAD" y la tesis aislada XVIII.4º.8P (10ª.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, de rubro: "AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA EVENTUAL INFRACCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO AL PRINCIPIO DE ORALIDAD EN ÉSTA NO VULNERA DIRECTA E INMEDIATAMENTE DERECHOS FUNDAMENTALES SUSTANTIVOS, NO OBSTANTE, DICHA VIOLACIÓN PROCESAL DEBE REPARARSE POR EL JUEZ A FIN DE CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MORELOS)". Asimismo, alega que su defendido no contó con una debida defensa, en la medida que en la audiencia inicial el defensor público que lo asistió mostró "en su lenguaje corporal un total desinterés", y en la continuación de la audiencia no ofreció ningún dato de prueba en beneficio del imputado. En ese mismo sentido, afirma que el juez responsable también vulneró su derecho de defensa pues no otorgó a sus defensores particulares un plazo suficiente para imponerse de los registros de video de la audiencia inicial y de la carpeta de investigación. Los anteriores motivos de disenso son infundados; sin que se advierta queja deficiente que suplir en favor del solicitante del amparo, en su calidad de procesado en el expediente de origen, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Ahora bien, a fin de evidenciar tal aserto, y dado que los conceptos de violación están encaminados a combatir tanto violaciones procesales como de fondo en la emisión del acto reclamado, se estima conveniente analizar en primer término las alegadas vulneraciones al debido proceso en el orden que -se dice- ocurrieron en la audiencia, esto es, comenzando por la trasgresión al principio de oralidad relevada, luego, a la debida defensa, y en un apartado posterior, los argumentos expuestos en contra del auto de vinculación a proceso. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE ORALIDAD MARCO JURÍDICO Como punto de partida cabe destacar que con relación a la oralidad como norma de comunicación para el nuevo sistema penal acusatorio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la siguiente tesis: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. Del primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se advierte que el sistema procesal penal acusatorio y oral se sustenta en el principio de contradicción que contiene, en favor de las partes, el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, puedan participar activamente inclusive en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso tales como peritos o testigos. Por ello, la presentación de los argumentos y contraargumentos de las partes procesales y de los datos en que sustenten sus respectivas teorías del caso (vinculación o no del imputado a proceso), debe ser inmediata, es decir, en la propia audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial de las pruebas y tener la misma oportunidad de persuadir al juzgador; de tal suerte que ninguno de ellos tendrá mayores prerrogativas en su desahogo". En la ejecutoria de la que derivó tal criterio, se analizó el texto del artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal, y al respecto, expuso lo siguiente: ".El principio constitucional de la inmediación que consagra la fracción II del artículo 20, apartado A, de la Carta Magna, exige que toda audiencia se desarrolle en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; esto es, el juzgador debe tener conocimiento directo del desarrollo de las audiencias y en consecuencia formar su convicción, tanto de la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, en relación con los datos de la investigación o en su caso, de los datos que se reproduzcan en la audiencia. En este aspecto, la oralidad se constituye en instrumento de relevancia primordial que obliga a todas las partes procesales a estar presentes en las audiencias, pues el juzgador debe escuchar en forma directa, sin delegación y sin solución de continuidad, todos los argumentos que en ese momento se le expongan para sostener la imputación o la defensa, así como recibir los datos ofrecidos y cuyo desahogo sea aceptado; es decir, el juez tendrá conocimiento simultáneamente y con igual fuerza, de teorías de un caso, que podrán ser completamente contradictorias, cuyo debate permitirá el acceso directo a los medios de convicción; es de precisar que la oralidad no se limita únicamente a la argumentación y contra-argumentación que se realiza en torno a los datos en que aquéllos se sustenten, pues de igual forma se celebran en audiencia pública diversas diligencias y actuaciones procesales, en las que las partes tienen la misma oportunidad de intervención. Esto es, el nuevo sistema procesal penal garantiza a través del principio de contradicción, la igualdad procesal de las partes que consagra la fracción V del artículo 20, apartado A, en la medida en que a las partes procesales se les permite escuchar de viva voz las argumentaciones de la contraria, para apoyarlas o rebatirlas y observar desde el inicio la manera como formulan sus planteamientos en presencia del juzgador. Esto es, tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, deben exponer al juzgador su versión de los hechos, con base en los datos que cada uno de ellos aporte a fin de lograr convencerlo de su versión, la cual ha sido denominada en la literatura comparada como "teoría del caso", definida en el libro Trial Techniques de Mauet Thomas A; Aspen Law & Business, Aspen Publishers, Inc. Gaithersburg, New York 5a. edición 2000, página 24, como una clara y simple historia sobre lo que "realmente sucedió" desde su propio punto de vista. Debe ser consistente con la evidencia no controvertida y con su propia versión de la evidencia controvertida y la aplicación del derecho sustantivo. No sólo debe demostrar qué ocurrió, sino que además debe explicar por qué las personas en la historia actuaron de la manera como lo hicieron... Debe ser una historia persuasiva que será la base de su evidencia y argumentos durante el juicio. La teoría del caso se constituye así, en la idea central o conjunto de hechos sobre los que versará la participación de cada parte a fin de explicarlos y determinar su relevancia, dotándolos de consistencia argumentativa, para establecer la hipótesis procesal que pretende demostrarse y que sustentará la decisión del juzgador, la cual tendrá que vincularse con los datos que se aporten para desvirtuar aquellos en que se apoyen las afirmaciones de su contraparte; esta intervención de las partes procesales puede resumirse de la siguiente manera: presentación, argumentación y demostración. La teoría del caso precisamente se basa en la capacidad narrativa de las partes para dar contexto a su teoría jurídica, ya sea ésta la de acreditar un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, o bien, alguna excluyente de responsabilidad o la destrucción de la proposición que se realice en contra del imputado, desvirtuando las evidencias en que ésta se apoya. Todo lo anterior, tendrá que persuadir al juez -quien actúa como un tercero imparcial-, al analizar las teorías del caso y que constituyen lo que realmente sucedió -de acuerdo al punto de vista de quien las planteó- y los datos en que se apoya cada una de éstas, con el objeto de establecer la verdad formal o procesal, garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito, cobrando con ello plena vigencia el principio de legalidad en materia penal. De igual forma, de acuerdo al principio de contradicción el ofrecimiento, presentación y desahogo de los datos de investigación o los datos ofrecidos por el imputado y su defensor, según sea el caso, queda bajo el control de todos los sujetos procesales (Ministerio Público, imputado y su defensor, ofendido o víctima del delito y demás partes intervinientes), con el fin de que tengan la oportunidad de intervenir en la audiencia donde se lleve a cabo la recepción de aquéllos, verificando la forma en que se introducen al proceso; haciendo toda clase de preguntas y observaciones, siempre y cuando sean pertinentes y conducentes con el fin que se pretende con tal intervención, de modo tal que tanto el Ministerio Público, como el imputado y su defensor, pueden participar activamente, inclusive en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso (peritos, testigos, etcétera); solicitando y realizando aclaraciones y apreciando la manera en que su contraparte realiza esa misma labor, pudiendo controvertirlas para apoyar su teoría del caso. (.) Con lo anterior, el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral permite que desde la etapa preliminar o de investigación no formalizada la defensa pueda tener acceso a los datos de investigación de los cuales el Ministerio Público ha establecido que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, para que de esa forma, de acuerdo con el imputado, puedan preparar y presentar al momento de realizarse la formulación de la imputación, aquellos datos que puedan confrontarlos en la audiencia que se celebre ante el Juez de control o Juez de garantía, a fin de sostener su teoría del caso y éste pueda contar con la mayor información para, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracción I, lograr el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, así como evitar que el culpable quede impune. De lo antes reseñado, se obtiene que el sistema procesal penal acusatorio y oral, se sustenta de los principios de inmediación y contradicción, al consagrar en favor de las partes procesales el derecho a tener, desde el inicio de la investigación, acceso directo a todos las datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación que lleva el Ministerio Público (exceptuándose los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública -la que se desarrollará en presencia del Juez de control o Juez de garantía- en que se incorporen y desahoguen los mismos, presentando en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; controvertirlos o bien hacer las aclaraciones que estimen pertinentes. Dichos principios se reflejan a su vez en la garantía de igualdad procesal de las partes para sostener la acusación o la defensa, respectivamente, consagrada por la fracción V del artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal, la cual se encuentra prevista en los artículos 15 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca y 13 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, que respetan, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos y facultades de las partes, previstos en las Constituciones Federal y Local, así como en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Todo lo cual cumple con lo dispuesto por la fracción X del artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal, que establece que los principios previstos en este artículo (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación), se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. En ese orden de ideas, conforme a lo dispuesto por los reformados artículos 19, primer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, es el estudio de la razonabilidad de los argumentos expuestos por la Representación Social, así como de los datos de investigación en que se sustente la imputación, los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el imputado sea presentado ante el Juez de control o juez de garantía, a fin de conocer formalmente la imputación o bien quede sujeto a la investigación formalizada, respecto de un hecho previsto como delito por la ley penal y que se sancione con pena privativa de libertad, para que éste pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante la contra-argumentación o refutación, apoyada en datos que la sustenten, en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio". De la ejecutoria transcrita, se desprende que la oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio es un instrumento de relevancia primordial porque permite establecer la estructura general del procedimiento, que parte de una forma de comunicación verbal, a partir de la cual surgen y se materializan los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En ese contexto, se puede concluir que la oralidad en el proceso penal acusatorio implica que las partes deben estar presentes en las audiencias, para que a través de la palabra hablada (no escrita) se comuniquen, de tal manera que el juzgador escuche en forma directa todos los argumentos que en ese momento se le expongan para sostener la imputación o la defensa, reciba los datos o medios de prueba que se ofrezcan, y que además su decisión judicial también la emita de manera verbal en presencia de las partes. SUBSUNCIÓN Ahora bien, en la caso el quejoso se duele de que se transgredió el principio de oralidad, en virtud de que la Agente del Ministerio Público al exponer los argumentos en los que sustentó la imputación leyó "formatos que tenía en su escritorio" y en la solicitud de vinculación a proceso dio lectura "a sus apuntes". Al respecto, a criterio de este órgano de control constitucional, el actuar de la Agente del Ministerio Público de dar lectura a documentos preparados exprofeso para la audiencia inicial y la información conducente contenida en la referida carpeta de investigación, no transgrede el principio de oralidad anteriormente expuesto, ya que la exposición de la imputación y la solicitud de vinculación a proceso sí se hizo de forma oral y no escrita. Se explica. El eje rector del sistema penal acusatorio, como se vio, es la "oralidad" empleando una metodología de audiencias, en la cual, las decisiones judiciales se emitan frente a las partes, una vez que se les ha dado la oportunidad de ofrecer pruebas y expresar sus alegaciones también en forma verbal; pero ello no implica que necesariamente las partes que intervienen en un proceso, deban memorizar fechas, nombres y demás datos necesarios para su exposición, pues esto no fue la intención de implementar el sistema penal acusatorio, sino simplemente que se abandone el procedimiento escrito. De modo que, el juez puede autorizar a las partes en el proceso que den lectura a las constancias, si con ello se facilita y es más clara la transmisión de la información, como ocurrió en el caso que nos ocupa, en que la Agente del Ministerio Público hojeó la carpeta de investigación para leer fechas, nombres y demás datos necesarios para formular imputación y solicitud de vinculación a proceso de forma clara y precisa con datos correctos. Por lo que se insiste, el principio de oralidad no se vulnera por el hecho de que en la audiencia inicial se dé lectura a las datos o partes de las actuaciones o constancias pertinentes con los que se imputa y solicita la vinculación a proceso, sino en todo caso, si en lugar de formular imputación de manera verbal se presentara por escrito ante el juez de control, pues ahí sí se privaría al imputado de la posibilidad de conocer las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvo en cuenta el representante social para concluir que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el inculpado lo cometió o participó en su comisión. En ese orden de ideas, el hecho de que la agente del Ministerio Público en las diferentes intervenciones que tuvo en la audiencia celebrada ante el Juez de Control responsable, haya realizado la lectura de diversos datos y apartados concretos de los antecedentes de investigación en lugar de hacer una relatoría de memoria de los mismos; no implica una violación al principio de oralidad, porque no se dio lectura de documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto (que es lo prohibido por el citado artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales) por el contrario, debe decirse que tal actuación está apegada al precepto en mención, en la medida que autoriza la lectura de registros para apoyo de memoria; de tal modo que, finalmente se transmitió en forma verbal toda la información que proporcionó y la escucharon las personas que estuvieron presentes en tal diligencia, incluso, el quejoso y su defensa estuvo de acuerdo en que se comprendió la imputación, respetándosele así el derecho de defensa, ya que estuvo en posibilidad de controvertir lo manifestado por el fiscal. Por identidad de razón, se estima aplicable la Tesis Aislada XVIII.4o.8 P (registro digital: 2004855) del Cuarto Tribunal Colegiado de Décimo Octavo Circuito -citada por el defensor del quejoso en su demanda- publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1289, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA EVENTUAL INFRACCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO AL PRINCIPIO DE ORALIDAD EN ÉSTA NO VULNERA DIRECTA E INMEDIATAMENTE DERECHOS FUNDAMENTALES SUSTANTIVOS, NO OBSTANTE, DICHA VIOLACIÓN PROCESAL DEBE REPARARSE POR EL JUEZ A FIN DE CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MORELOS). Los artículos 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como eje toral del nuevo proceso penal mexicano, y 3 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, establecen que el sistema penal de corte acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, de los cuales se advierte que su observancia se desarrolla bajo una oralidad, esto es, un instrumento de expresión verbal en el que se basan dichos principios. Así, en el nuevo sistema penal acusatorio, la oralidad constituye un instrumento de relevancia primordial, pues marca una estructura general del procedimiento, que estrictamente se refiere a una norma de comunicación -referencia verbal-, lo que debe entenderse como la obligación de que las partes estén presentes en las audiencias, para que se comuniquen de forma hablada (no escrita), de manera tal que el juzgador escuche directamente todos los argumentos que en ese momento se le expongan para sostener la imputación o la defensa, así como recibir los datos que se ofrezcan. Ahora bien, la eventual infracción del Ministerio Público al principio de oralidad en la audiencia de vinculación a proceso, como norma de comunicación del sistema penal acusatorio, no vulnera directa e inmediatamente derechos fundamentales sustantivos, pero sí adjetivos o procesales, los que junto con el cumplimiento de los principios rectores de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, constituyen la forma en que debe regirse dicho sistema, cuyo incumplimiento debe repararse por el Juez para otorgar al imputado un debido proceso y la oportunidad de defensa previamente al acto privativo, ya que el respeto a éste impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Lo anterior, porque aun cuando la oralidad tiene una previsión constitucional, ello no cambia su naturaleza procesal, cuya nota distintiva consiste en regular una determinada fase jurisdiccional, cuya infracción es reparable por la autoridad de instancia". Asimismo, es aplicable, por las razones que la informan, la Tesis Aislada XVII.2o.P.A.19 P (registro digital: 2011662) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, página 2534, que dice: "ALEGATOS DE APERTURA Y DE CLAUSURA DEL MINISTERIO PÚBLICO. EL HECHO DE QUE ÉSTE LOS LEA EN LA ETAPA DE DEBATE DE JUICIO ORAL, AUNQUE IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE ORALIDAD, ES UNA CUESTIÓN QUE NO TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). En el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el Estado de Chihuahua, el hecho de que el Ministerio Público lea sus alegatos de apertura y de clausura en la etapa de debate de juicio oral, aunque implica una violación al principio de oralidad, es una cuestión que no trasciende al resultado del fallo, pues de cualquier manera, la representación social puso en conocimiento de su contraparte esos argumentos y la autoridad judicial que presidió la audiencia de debate, escuchó a las partes y dio oportunidad a la defensa y al imputado para que formularan sus respectivos alegatos, a efecto de que pudieran replicar los expuestos por el Ministerio Público; por lo que, en todo caso, el defensor estaba en aptitud de solicitar al juzgador que moderara el desarrollo de los alegatos; de ahí que la lectura de los argumentos de la representación social no transcendió al resultado del fallo, por no causarse perjuicio a la defensa, ya que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento". Sin que pase inadvertido que el concepto de violación a estudio se sustenta en el contenido de la jurisprudencia PC.XVIII.J/15P (10ª), emitida por el Pleno del Décimo Octavo Circuito de rubro: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE SE CONCEDE, POR CONSIDERAR QUE CON LA LECTURA DE LAS CONSTANCIAS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, AL FORMULAR LA IMPUTACIÓN, SE INFRINGE EL PRINCIPIO DE ORALIDAD"; sin embargo, tal criterio no es obligatorio para este órgano jurisdiccional conforme lo dispone el artículo 217 de la Ley de Amparo, y no se comparte el razonamiento que sostiene. CONCLUSIÓN En el caso que se analiza no hubo violación al principio de oralidad, al no existir infracción a la forma de comunicación verbal que es propia del sistema penal acusatorio. DERECHO DE DEFENSA MARCO JURÍDICO El artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y [.]" Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 17. Derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata. La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, no obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su Defensor o a través de éste. El Defensor deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional. Se entenderá por una defensa técnica, la que debe realizar el Defensor particular que el imputado elija libremente o el Defensor público que le corresponda, para que le asista desde su detención y a lo largo de todo el procedimiento, sin perjuicio de los actos de defensa material que el propio imputado pueda llevar a cabo. La víctima u ofendido tendrá derecho a contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable. Corresponde al Órgano jurisdiccional velar sin preferencias ni desigualdades por la defensa adecuada y técnica del imputado". "Artículo 117. Obligaciones del Defensor. Son obligaciones del Defensor: I. Entrevistar al imputado para conocer directamente su versión de los hechos que motivan la investigación, a fin de ofrecer los datos y medios de prueba pertinentes que sean necesarios para llevar a cabo una adecuada defensa; II. Asesorar al imputado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos punibles que se le atribuyen; III. Comparecer y asistir jurídicamente al imputado en el momento en que rinda su declaración, así como en cualquier diligencia o audiencia que establezca la ley; IV. Analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación, a fin de contar con mayores elementos para la defensa; V. Comunicarse directa y personalmente con el imputado, cuando lo estime conveniente, siempre y cuando esto no altere el desarrollo normal de las audiencias; VI. Recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la defensa; VII. Presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito, o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyente de responsabilidad a favor del imputado y la prescripción de la acción penal o cualquier otra causal legal que sea en beneficio del imputado; VIII. Solicitar el no ejercicio de la acción penal; IX. Ofrecer los datos o medios de prueba en la audiencia correspondientes y promover la exclusión de los ofrecidos por el Ministerio Público o la víctima u ofendido cuando no se ajusten a la ley; X. Promover a favor del imputado la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones aplicables; XI. Participar en la audiencia de juicio, en la que podrá exponer sus alegatos de apertura, desahogar las pruebas ofrecidas, controvertir las de los otros intervinientes, hacer las objeciones que procedan y formular sus alegatos finales; XII. Mantener informado al imputado sobre el desarrollo y seguimiento del procedimiento o juicio; XIII. En los casos en que proceda, formular solicitudes de procedimientos especiales; XIV. Guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones; XV. Interponer los recursos e incidentes en términos de este Código y de la legislación aplicable y, en su caso, promover el juicio de Amparo; XVI. Informar a los imputados y a sus familiares la situación jurídica en que se encuentre su defensa, y XVII. Las demás que señalen las leyes". "Artículo 121. Garantía de la Defensa Técnica. Siempre que el Órgano jurisdiccional advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del Defensor, prevendrá al imputado para que designe otro. Si se trata de un Defensor privado, el imputado contará con tres días para designar un nuevo Defensor. Si prevenido el imputado, no se designa otro, un Defensor público será asignado para colaborar en su defensa. Si se trata de un Defensor público, con independencia de la responsabilidad en que incurriere, se dará vista al superior jerárquico para los efectos de sustitución. En ambos casos se otorgará un término que no excederá de diez días para que se desarrolle una defensa adecuada a partir del acto que suscitó el cambio". El numeral 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece: "Artículo 8. Garantías Judiciales [.] 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: [.] a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado de tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección o de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declarar culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior." De lo anterior, se desprende que en el ámbito nacional e internacional, el derecho humano a una defensa adecuada, se instituye como un derecho fundamental a favor de los gobernados que se encuentren sujetos a un proceso penal. Es importante mencionar, que el derecho en cuestión se encuentra interrelacionado y constituye un componente central del derecho humano del debido proceso, el cual se traduce como un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, con la finalidad de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 396, Décima Época, registro digital 2005716, de rubro y texto siguientes: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza". El criterio jurisprudencial citado, cobra especial relevancia toda vez que, especifica que para tener un real y efectivo acceso a la justicia, es necesario cumplir con el derecho a una defensa adecuada, el cual, no sólo es reconocido por el orden jurídico nacional, sino también por el derecho internacional de los derechos humanos; lo anterior, implica que la persona a quien se le imputa la comisión de un delito tenga acceso a los medios necesarios, tanto materiales (entendido como la posibilidad de investigar y aportar pruebas) como técnicos (el cual debe consistir en la asistencia de un defensor) con el fin de definir e implementar una estrategia de defensa. En este contexto, para garantizar el derecho a la defensa adecuada del imputado, en principio, es necesario que sea representado por una persona con licenciatura en derecho, que cuente con la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que jurídicamente le es conveniente a la persona que se encuentra sometida a un proceso penal. Asimismo, la Primera Sala de Justicia de la Nación puntualizó que el derecho a la defensa adecuada no debe ser un mero requisito formal, sino que requiere también la participación efectiva del imputado y su defensa en el procedimiento. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 1a./J. 23/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 132, Novena Época, registro digital 175110, de rubro y texto siguientes: "DEFENSA ADECUADA. ALCANCE DE DICHA GARANTÍA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LAS DIVERSAS IX Y X DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, en relación a los alcances de la garantía de defensa adecuada en la averiguación previa a que se refieren las fracciones IX y X del artículo 20 apartado A de la Constitución Federal, que aquélla se actualiza desde el momento en que el detenido es puesto a disposición del Ministerio Público. Lo anterior implica que ninguna de las garantías del detenido durante el proceso penal puede ser concebida como un mero requisito formal, y para que pueda hacerse efectiva y permitir su instrumentación requiere de la participación efectiva en el procedimiento por parte del imputado desde que es puesto a disposición del representante social. Por tanto, en lo que se refiere a la fracción II del dispositivo citado, que establece que la confesión rendida ante el Ministerio Público o Juez sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio, esta Primera Sala considera que la "asistencia" no sólo debe estar relacionada con la presencia física del defensor ante o en la actuación de la autoridad ministerial, sino que la misma debe interpretarse en el sentido de que la persona que es puesta a disposición de la autoridad ministerial cuente con la ayuda efectiva del asesor legal. En este sentido, el detenido en flagrancia, en caso de que así lo decida, podrá entrevistarse con quien vaya a fungir como su defensor inmediatamente que lo solicite y antes de rendir su declaración ministerial. En consecuencia, la primera declaración rendida ante el Ministerio Público, estará viciada y será ilegal cuando no se haya permitido la entrevista previa y en privado con el defensor". Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los juicios de amparo directo en revisión 1182/2018 y 1183/2018, declaró un nuevo parámetro de regularidad constitucional, sobre el contenido y alcance del derecho humano a gozar de una defensa adecuada, en el cual determinó que la defensa material forma parte del derecho a gozar de una defensa adecuada y al respecto emitió ciertas directrices que los juzgadores deben seguir, en aras de cumplir con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su interpretación por parte del tribunal interamericano. El Alto Tribunal sostuvo que si bien es verdad que en la jurisprudencia 1a./J. 12/2012 (9a.) de rubro: "DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA", sostuvo que el derecho a gozar de una defensa adecuada a favor del inculpado no debe llegar al extremo de a) vigilar la estrategia de la defensa; b) justipreciar la capacidad o incapacidad técnica del abogado defensor; o c) evaluar el incumplimiento de los deberes de la defensa; después de una nueva reflexión sobre el tema, determinó separarse parcialmente de las consideraciones señaladas en los incisos b) y c) pues parte del núcleo esencial del derecho a una defensa adecuada lo constituye que ésta cumpla con su aspecto material, es decir, que el abogado satisfaga un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes, lo que además debe ser controlado por el juez en su calidad de garante y rector del procedimiento penal. El Alto Tribunal explicó que la defensa adecuada tiene dos aspectos: el formal y el material. El primero consiste esencialmente en no impedir al inculpado el ejercicio de ese derecho, a través de la asistencia legal de un licenciado en derecho; y el segundo, requiere que esa asistencia jurídica sea adecuada por parte del defensor, es decir, que actúe de manera diligente para proteger las garantías procesales del acusado y con ello evitar que sus derechos se vean lesionados. Asimismo, señaló que una verdadera defensa adecuada no puede limitarse a los aspectos meramente procesales o de trámite, sino que requiere que se implementen todas aquellas medidas y gestiones necesarias para garantizar que el imputado ha tenido en su defensor a una persona capacitada para defenderlo de cualquier imputación o acusación que obre en su contra, o bien, cualquier otro aspecto sustancial que le pudiera resultar benéfico, como lo sería la reducción de la pena. Lo que se reitera, no se satisface con el solo nombramiento de un licenciado en derecho como defensor, ni con su presencia en las diligencias correspondientes, sino que para que se satisfaga y cobre efectividad, es necesario que el abogado se encuentre en posibilidad de brindarle una asesoría técnicamente adecuada al imputado, es decir, la defensa proporcionada al mismo debe satisfacer un estándar mínimo de diligencia a favor de sus intereses. Las consideraciones anteriores dieron origen a las tesis 1a. C/2019 (10a.) y 1a. CIII/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 365 y 366, Décima Época, registros 2021098 y 2021099, que establecen: "DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN TOMAR LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE EL ABOGADO DEFENSOR TENGA LOS CONOCIMIENTOS Y LA CAPACIDAD NECESARIOS PARA DEFENDER AL IMPUTADO. De los artículos 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 (actual artículo 20, apartado B, fracción VIII) y 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva que todo imputado dentro de un proceso penal cuenta con el derecho a gozar de una defensa adecuada, el cual tiene dos aspectos: 1) el formal, que consiste en no impedir al imputado el ejercicio de ese derecho; y, 2) el material, el cual se constriñe a la asistencia adecuada a través del defensor. Por ende, los órganos jurisdiccionales correspondientes deben tomar las medidas para garantizar que el abogado defensor tenga los conocimientos y la capacidad necesarios para evitar la vulneración del citado derecho en perjuicio del justiciable. Esto es, cuando el incumplimiento de los deberes del abogado dentro del procedimiento penal sea manifiesto o evidente, el Juez está obligado, en su carácter de rector y garante del proceso penal, a evaluar la defensa proporcionada al imputado, de lo contrario, carecería de sentido que la defensa material forme parte del derecho humano de defensa adecuada, si dentro del procedimiento penal no existe un mecanismo de control que permita garantizar mínimamente al inculpado que su abogado tiene la aptitud necesaria para defenderlo adecuadamente. Así, los Jueces penales deben vigilar la actuación del defensor, en aras de evitar la vulneración de ese derecho en perjuicio del justiciable, sin que baste para tutelarlo la sola designación de un letrado en derecho, pues su observancia requiere que se proporcione al inculpado una asistencia real y operativa, independientemente de si la defensa recayó en defensor de oficio o particular, pues de lo contrario, se realizaría una diferenciación que no encuentra sustento en la Constitución Federal ni en la Convención Americana sobre Derechos Humanos". "DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. NO SE SATISFACE ESTE DERECHO, CON EL SOLO NOMBRAMIENTO DE UN LICENCIADO EN DERECHO PARA LA DEFENSA DEL IMPUTADO, SINO QUE DEBEN IMPLEMENTARSE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE TIENE LA ASISTENCIA DE UNA PERSONA CAPACITADA PARA DEFENDERLO [ABANDONO PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 12/2012 (9a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la citada jurisprudencia de rubro: "DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.", sostuvo que el derecho de defensa adecuada se garantiza esencialmente si el inculpado es asistido por un abogado defensor y no se obstaculiza de ninguna manera el trabajo de la defensa. De igual modo, estableció que el referido derecho no debe llegar a ciertos extremos, entre ellos: a) vigilar la estrategia de la defensa; b) justipreciar la capacidad o incapacidad técnica del abogado defensor; y, c) que el incumplimiento de los deberes de la defensa deba evaluarse por el juzgador, sino que en todo caso podrían ser materia de responsabilidad profesional. Ahora bien, la armonización de la doctrina constitucional del Alto Tribunal con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una nueva reflexión sobre el tema, llevan a esta Primera Sala a separarse parcialmente del criterio plasmado en la tesis citada, específicamente en lo referido a las consideraciones señaladas en los incisos b) y c) pues se reconoce que parte del núcleo esencial del derecho a gozar de una defensa adecuada lo constituye el cumplimiento de que ésta cumpla con su aspecto material, es decir, que el abogado satisfaga un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes, lo que además debe ser controlado por el Juez en su calidad de garante y rector del procedimiento penal. Esto, porque una verdadera defensa adecuada no puede limitarse a meros aspectos procesales o de trámite, pues el solo nombramiento de un licenciado en derecho para que asuma la defensa no satisface ni efectiviza, por sí mismo, el derecho a gozar de una defensa material, sino que se requiere que se implementen todas las medidas necesarias para garantizar que el imputado tiene la asistencia de una persona capacitada para defenderlo. No obstante, una vez satisfecho ese estándar mínimo, el Juez debe abstenerse de controlar la bondad y eficacia de la estrategia defensiva adoptada o el resultado de ésta, en virtud de la autonomía en su diseño por el defensor nombrado". Lo antes expuesto, conduce a determinar que el ejercicio efectivo del derecho humano de defensa adecuada, exige una intervención adecuada del defensor y no solamente presencial. De esta forma, debe comprenderse que desde el inicio del proceso penal, el imputado debe contar con la asistencia adecuada de un abogado que actúe conforme a sus intereses. Lo anterior, con la finalidad de garantizarle una defensa adecuada, sin que haya razón alguna para que la actuación de la defensa se disminuya o reduzca durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal. Así, acorde con los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho a gozar de una defensa adecuada en su aspecto material, consiste en la satisfacción por parte del abogado defensor, de un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes profesionales, consistentes en proteger y promover los intereses del imputado de acuerdo con las circunstancias fácticas (pruebas, hechos, etc.) y normativas (posibilidades jurídicas como recursos, beneficios, etc.) del caso, sin que esto entrañe que, una vez satisfecho ese estándar mínimo, el juez pueda controlar la eficacia de la estrategia defensiva adoptada o el resultado de ésta. En este contexto, conviene señalar que los órganos jurisdiccionales deben tomar las medidas necesarias para evitar la vulneración del citado derecho en perjuicio del justiciable, tomando en consideración que no toda deficiencia o error en la conducción de la defensa implica dicha vulneración, por lo cual, debe seguir las siguientes directrices: a) Analizar que las supuestas deficiencias sean ajenas a la voluntad del imputado y corresponden a la incompetencia o negligencia del defensor y no a una intención del imputado de entorpecer o evadir indebidamente el proceso. b) Evaluar que las fallas de la defensa no sean consecuencia de la estrategia defensiva del abogado, valorando las cuestiones de hecho más que de fondo para enfocarse principalmente en la actitud del abogado frente al proceso penal. c) Valorar si la falta de defensa afectó en el sentido del fallo en detrimento del imputado tomando en consideración caso por caso al apreciar el juicio en su conjunto. Asimismo, se debe de evaluar detenidamente que las fallas o deficiencias a que se refiere el inciso b) antes señalado, no sean una estrategia defensiva, es decir, un plan diseñado e implementado por la defensa con la finalidad de proteger o promover los intereses del imputado, de acuerdo con la teoría del caso que se sostiene. En este contexto, se reconoce la autonomía de cada abogado para diseñar la defensa en favor del imputado, sin soslayar que el silencio o inactividad pueden constituir una legitima estrategia de defensa; sin embargo, lo anterior dependerá necesariamente del análisis y evaluación conjunta que se haga en cada caso en particular, de cada actuación y diligencia, debido a que la única forma de medir las verdaderas consecuencias jurídicas de una afectación de tal magnitud (violación al derecho de defensa material adecuada) será solo a partir de ese estudio en conjunto de las circunstancias que rodean cada caso en concreto, con la limitante de evitar que la evaluación del caso vulnere otros derechos fundamentales que le asisten al gobernado como son el de justicia pronta y expedita, o bien, la afectación indiscriminada a los derechos de la parte contraria. Las consideraciones expuestas originaron las tesis CI/2019 y CII/2019, sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, páginas 364 y 368, Décima Época, registros digitales 2021097 y 2021101, que dicen: "DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. DIRECTRICES A SEGUIR PARA EVALUAR SI ESTE DERECHO HA SIDO VIOLADO. En virtud de que el órgano jurisdiccional durante el procedimiento penal se encuentra obligado a cerciorarse de que el derecho a gozar de una defensa adecuada no se torne ilusorio a través de una asistencia jurídica inadecuada, es procedente que los juzgadores evalúen la defensa proporcionada por el abogado. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para determinar si el citado derecho en su vertiente material fue violado, dado que no toda deficiencia o error en la conducción de la defensa implica dicha vulneración, el juzgador debe seguir las siguientes directrices: a) analizar que las supuestas deficiencias sean ajenas a la voluntad del imputado y corresponden a la incompetencia o negligencia del defensor y no a una intención del inculpado de entorpecer o evadir indebidamente el proceso; b) evaluar que las fallas de la defensa no sean consecuencia de la estrategia defensiva del abogado, valorando las cuestiones de hecho más que de fondo para enfocarse principalmente en la actitud del abogado frente al proceso penal; y, c) valorar si la falta de defensa afectó en el sentido del fallo en detrimento del inculpado tomando en consideración caso por caso al apreciar el juicio en su conjunto. Ahora bien, si después de realizar esta tarea evaluativa el Juez determina que alguna de las citadas fallas resultó en la vulneración del derecho del imputado a contar con una defensa adecuada en su vertiente material, tendrá la obligación de informarle tal circunstancia con la finalidad de otorgarle la posibilidad de decidir si desea cambiar de abogado, ya sea que él nombre a uno particular, se le asigne uno de oficio, o continuar con su mismo defensor; si éste opta por cambiar de abogado, el Juez deberá otorgar tiempo suficiente para preparar nuevamente su defensa y poder subsanar las fallas o deficiencias de la defensa anterior. Por otro lado, si decide mantener a su defensor particular, el Juez nombrará un defensor público para que colabore en la defensa y pueda evitarse que se vulneren sus derechos". "DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. PARA DETERMINAR SI HUBO VIOLACIÓN A ESTE DERECHO, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE VALORAR SI LAS FALLAS O DEFICIENCIAS DE LA DEFENSA AFECTARON DIRECTAMENTE EL SENTIDO DEL FALLO RECLAMADO. El órgano jurisdiccional correspondiente, pero sobre todo el que conoce del juicio de amparo directo, debe evaluar si la falta de defensa en su aspecto material impactó o no en el sentido del fallo reclamado, al ser posible que, a pesar de la existencia de fallas u omisiones evidentes y graves en la defensa, se absolviera al acusado del delito imputado. Lo anterior permite sostener que el criterio para definir si existió o no violación al derecho a contar con una defensa adecuada en su vertiente material, debe analizarse y evaluarse tomando en consideración caso por caso, pues el ámbito de protección de ese derecho no consiste en examinar de forma aislada una actuación o el contenido de una diligencia en particular, sino el juicio en su conjunto, tal como sucede cuando se evalúa de manera general si se vulneró el derecho del imputado a tener un juicio justo, por lo que ha de estudiarse el caso entendido como un todo. Así, la vulneración al derecho mencionado sólo es determinable a partir de la evaluación de un conjunto de circunstancias que rodean al caso concreto, siendo ésta la única forma de medir las verdaderas consecuencias jurídicas de una afectación de esta magnitud, con la limitante de evitar que la evaluación del caso vulnere otros derechos, como son el de pronta y oportuna impartición de justicia, o bien, la afectación indiscriminada a los derechos de la contraria". De lo anterior es posible sostener que, una vez analizado el contexto del caso, entendido como un todo, el juzgador debe evaluar si las fallas o deficiencias de la defensa, corresponden a la incompetencia o negligencia del defensor y no a una estrategia de defensa, para lo cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido como parámetro para verificar si estamos ante la existencia de una violación manifiesta del derecho de defensa en su vertiente material y no ante una estrategia de defensa, la actualización de una o varias de las siguientes hipótesis: 1) La ausencia sin justificación evidente de pruebas; 2) El silencio inexplicable de la defensa; 3) La ausencia de interposición de recursos; 4) La omisión de asesoría; 5) El desconocimiento técnico del procedimiento penal del abogado; o 6) La ausencia o abandono total de la defensa. Los supuestos anteriores se encuentran establecidas en la tesis 1a. CIV/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 367, Décima Época, registro digital 2021100, de rubro y texto siguientes: "DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. PARA DECLARAR LA VIOLACIÓN A ESTE DERECHO, ES NECESARIO QUE LAS FALLAS O DEFICIENCIAS DE LA DEFENSA NO SEAN CONSECUENCIA DE LA ESTRATEGIA PLANTEADA POR EL ABOGADO DEFENSOR. En el análisis del juicio, el juzgador debe evaluar detenidamente que las fallas o deficiencias en la defensa no sean, desde ningún punto de vista, consecuencia de la estrategia defensiva del abogado defensor, pues al ser licenciado en derecho se le reconoce un amplio margen de libertad para ejercer sus funciones. Una estrategia defensiva es un plan diseñado e implementado por la defensa con la finalidad de proteger/promover los intereses del inculpado, de acuerdo con el contexto fáctico y normativo del caso. En ese sentido, se reconoce que cada abogado es autónomo en el diseño de la defensa a seguir a favor del inculpado y no se soslaya que el silencio o la inactividad de éste o su defensor puede interpretarse como una estrategia legítima de defensa, ya que el derecho a guardar silencio, lejos de ser una restricción del derecho a la defensa o del debido proceso, constituye un derecho del inculpado previsto en los artículos 20 de la Constitución Federal y 8, numeral 2, inciso g) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por tanto, la posibilidad de que el Juez distinga si está ante una estrategia de defensa, o bien, frente a una violación a los derechos del inculpado, dependerá, necesariamente, del contexto de cada caso. Consecuentemente, dependiendo de la etapa que corresponda y del sistema de justicia penal bajo el cual está siendo juzgado el imputado, el órgano jurisdiccional debe verificar si en la causa penal acontece o aconteció lo siguiente: 1) ausencia sin justificación evidente de pruebas; 2) silencio inexplicable de la defensa; 3) ausencia de interposición de recursos; 4) omisión de asesoría; 5) desconocimiento técnico del procedimiento penal del abogado; o, 6) ausencia o abandono total de la defensa. Así, al verificarse la existencia de una o varias de las condiciones anteriores, se estaría ante una violación manifiesta del derecho de defensa adecuada en su vertiente material; de lo contrario, se entenderá que el silencio o la inactividad del inculpado o de su defensor atiende a una estrategia legítima de defensa". SUBSUNCIÓN En principio, se destaca que, como ya se evidenció en los antecedentes, que Rubén Segundo Rosales, defensor público del quejoso acreditó el grado académico de licenciado en derecho mediante la exhibición de su cédula profesional número 09121723, la cual, fue verificada por el propio Juez de Control, quien la sostuvo en sus manos. Ahora bien, de lo acontecido en la audiencia inicial y su continuación no se advierte una manifiesta incapacidad técnica del defensor público que asistió al quejoso, por el contrario, se aprecia que en todas las audiencias de la etapa de inicial sostuvo comunicación adecuada con el quejoso; además, el defensor se mostró activo durante su participación en el proceso, rebatió la solicitud de vinculación a proceso, evidenciando lo que, a su parecer, eran inconsistencias en los datos de prueba en que se sustentó la petición; lo que conduce a concluir que el profesionista encargado de su defensa conoce las técnicas de litigación oral. Y si bien, no ofreció medios de prueba, lo cierto es que, no hay elementos que permitan establecer que ello obedeció a una negligencia de su parte y no a su estrategia de defensa. Inclusive, ni los diversos defensores particulares del procesado, o él mismo, indicaron en la audiencia de vinculación a proceso, o en la demanda de amparo, la intención de ofrecer algún medio de prueba, y que no se haya podido presentar por negligencia del defensor público. En esa medida es que también deviene infundado lo atiente a que la negativa de diferir la audiencia de vinculación a proceso violó su derecho de defensa, pues, contrario a lo que alega la parte quejosa, el hecho de haber cambiado de defensores particulares entre la audiencia inicial y la de continuación de la misma, guarda relación directa con su estrategia defensiva y ello no puede constituir una excusa para pretender alegar la limitación en el ejercicio de defensa adecuada. Máxime que no se advierte que el Juez de Control haya vulnerado su derecho a la defensa adecuada, pues si bien al comenzar la audiencia de trece de enero de dos mil veintidós sus defensores particulares refirieron que no habían tenido oportunidad de imponerse de la videograbación de la audiencia inicial de siete del citado enero, ni de la carpeta de investigación; lo cierto es que esa circunstancia no puede ser atribuida al juez responsable, quien, como bien resolvió, está conminado a resolver la situación jurídica del imputado dentro del término constitucional o su ampliación, sin que la falta de preparación de la defensa particular sea una razón objetiva que, por sí sola, sea suficiente para desatender ese mandato constitucional; aunado a que, a fin de precisamente salvaguardar el derecho de defensa del procesado, determinó que los defensores particulares fueran asistidos del defensor público que había venido representando al quejoso, y compareció a la audiencia preparado para emprender su defensa. CONCLUSIÓN Por tanto, se concluye que se garantizaron todas las condiciones necesarias para que el imputado quejoso fuera debidamente asistido, tanto formal como materialmente, de manera que aun cuando se le vinculó a proceso, ello no significa que se le hubiera violado el derecho fundamental referido, pues el control de la correcta o incorrecta estrategia de la defensa, del debido ejercicio de las cargas procesales, así como de su pericia jurídica, solo podrían ser materia de responsabilidad profesional. AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO MARCO JURÍDICO En el acto reclamado, el Juez de Control responsable determinó vincular a proceso al imputado por su probable participación en la comisión del delito de homicidio calificado (previsto por los artículos 128, 130 y 144, fracción I, del Código Penal para el Estado de Veracruz) por considerar que se actualizaron los elementos de forma y fondo preliminares acorde al estándar probatorio aplicable. PREMISAS NORMATIVAS En principio, se procede al análisis de los requisitos formales que prevén los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para emitir un auto de vinculación a proceso, como el que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo. El artículo 19, de la Constitución Federal, en su primer párrafo establece lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión[.]" En concordancia con el anterior precepto, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de Control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de Control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". De la normatividad transcrita, en relación con las características y principios rectores del sistema procesal penal acusatorio, se advierten los siguientes requisitos para la emisión de un auto de vinculación a proceso: 1. Requisitos formales: 1.1. Emitido en una audiencia pública y oral; 1.2. Dictado por una autoridad judicial competente; 1.3. Pronunciado dentro del plazo de setenta y dos horas, o su ampliación, o que el imputado previamente hubiese renunciado a dichos plazos y solicite que se resuelva su situación jurídica en la propia audiencia con los datos que obran en la carpeta de investigación, en términos del artículo 313, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 1.4. Que se haya formulado la imputación. 1.5. Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. 2. Requisitos de fondo. 2.1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. 2.2. El análisis anterior, debe realizarse respecto del hecho o hechos que fueron motivo de la imputación; sin embargo, se podrá otorgar una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público. 2.3. Para ello, se debe expresar el hecho que la ley señala como delito que se le reprocha al imputado, así como el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de éste. 2.4. Que se desprendan datos de la existencia de indicios razonables que permitan suponer que el imputado cometió o participó en su comisión de ese hecho que la ley señala como delito. 2.5. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Precisado lo anterior y en virtud de que los conceptos de violación formulados por el defensor del quejoso se encaminan a evidenciar que el juez de control soslayó ceñirse en su análisis a los señalados requisitos de fondo ?datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho señalado como delito? y, en su lugar, afirma que no existen datos con los que se corroboren las circunstancias del modo de ejecución del tipo penal de homicidio calificado; el análisis del acto reclamado se limitará a esos aspectos. Sobre el particular cabe precisar que el tipo penal en cuestión señala: "Artículo 128. Comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otra persona". Asimismo, se destaca que la normativa penal dispone como agravante: "Artículo 130. Al responsable de homicidio calificado, se le impondrán de veinte a setenta años de prisión y multa hasta de mil días de salario; si además en la comisión del homicidio se actualizan cuatro o más de las circunstancias agravantes señaladas en el artículo 144 de este Código, se le impondrán de treinta años a prisión vitalicia. Artículo 144. El homicidio y las lesiones tendrán el carácter de calificadas cuando se cometan: I. Con premeditación, alevosía, ventaja o traición;." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, los elementos estructurales del delito en cuestión, son los siguientes: a) La existencia previa de una vida humana; b) Que el sujeto activo prive de la vida al pasivo; y c) Que dicha privación de la vida haya sido con ventaja, esto es, que no haya corrido el riesgo de ser muerto ni lesionado por la víctima o el ofendido. Como se ve, el homicidio es un delito de resultado material, cuyo bien jurídico tutelado es la vida; asimismo, que no se precisa de una conducta o acción determinada, pues lo único que importa es que se produzca el resultado. En ese sentido, para el estudio del delito de homicidio, resulta relevante el nexo causal entre la acción [no determinada en el tipo penal] realizada por el sujeto activo y el resultado material, a saber: la muerte de la víctima. Así, resulta incuestionable que para la comprobación de la materialidad de dicho ilícito, la muerte o privación de la vida humana debe ser motivada por el empleo de medios físicos, de omisiones o de violencias morales, es decir, debe ser el resultado de una lesión inferida o imputable a otro ser humano, sobre la integridad física del sujeto pasivo del delito, para que exista una relación de causalidad entre la acción u omisión, de manera directa, inmediata y necesaria con el resultado material producido; entendiéndose por causa, la suma o el conjunto de condiciones positivas o negativas concurrentes en la producción de un resultado. SUBSUNCIÓN En ese orden de ideas, a juicio de este órgano de control constitucional, los referidos extremos no se soslayaron por el Juez de Control en su análisis legal, pues éstos fueron correctamente encuadrados en el tipo penal al tenor de los datos de prueba aportados por la representación social, consistentes en la denuncia de Balbina Reyes Hernández, los testimonios de José Luis Velasco Chagala y Florencio Velasco Bustamante, los dictámenes periciales en criminalística de campo y levantamiento de cadáver, la necropsia practicada al cuerpo de la víctima Alberto Velasco Bustamante, y diversos oficios de los elementos de la policía ministerial que atendieron la llamada de emergencia el día de los hechos, quienes acudieron al lugar de la comisión del delito y al nosocomio donde se internó al quejoso luego de la agresión, y realizaron actos de investigación; que valorados de conformidad con el artículo 259 del código procesal de la materia aplicable, son aptos para acreditar -para efectos del estándar probatorio del auto de vinculación a proceso- que aproximadamente a las veintiuna horas con veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en el terreno ubicado sobre la calle Aurelio Vallado, esquina Pascual Pelayo, en la localidad de Tulapan del municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, cuatro personas privaron de la vida a Alberto Velasco Bustamante, ya que lo agredieron conjuntamente, y uno de ellos le golpeó la cabeza con una piedra, y ello le produjo una fractura de cráneo secundaria a traumatismo craneoencefálico que le causó la muerte. Asimismo, fue legal que se considerara probable que el amparista cometió esa conducta, porque como acertadamente sostuvo el Juez natural, el estándar de prueba requerido en esta etapa procesal permite tener por acreditado, a título de probabilidad, que el hecho llevado a cabo por el imputada fue a título de autora material, dado que, acorde a las manifestaciones del testigo José Luis Velasco Chagala, él fue la persona que golpeó con una piedra en la cabeza al hoy occiso Alberto Velasco Bustamante. Lo anterior se corroboró, como bien sostuvo la responsable, con los testimonios de Florencio Velasco Bustamante y Balbina Reyes Hernández, pues si bien es verdad que no declararon haber preciado el exacto momento del golpe fatal, no menos cierto es que el primero de los atestes realiza un señalamiento directo que ubica al quejoso en el lugar y hora de los hechos delictivos, en concordancia a lo descrito por el testigo José Luis Velasco Chagala; y la denunciante Balbina Reyes Hernández, corrobora que los testigos ya se hallaban en el lugar de la comisión del ilícito antes de que ella arribara a reconocer el cuerpo de su finado esposo. Datos de pruebas que, como atinadamente consideró la responsable, son indicios que permiten inferir su probable involucramiento en los hechos delictivos, a más de que, no fueron desvirtuados por la defensa, la cual se limitó a alegar que el dictamen de necropsia no estableció correctamente la hora de muerte, y que los datos de prueba citados por la fiscalía no eran aptos, ya que el testimonio que Florencio Velasco Bustamante rindió ante la fiscalía era contradictorio con su entrevista con la policía, pero lo que señaló como una contradicción, en realidad no lo es, pues el testigo nunca declaró haber presenciado el acto que privó de la vida a la víctima, y el yerro en la redacción de la necropsia no varía la circunstancia de que la persona identificada como la víctima falleció a causa del hecho investigado e imputado al quejoso. Por tanto, adversamente a lo alegado, en el caso a examen, dichos datos de prueba se estiman idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para acreditar la existencia de los hechos que la ley señala como el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Alberto Velasco Bustamante, y la probable participación del quejoso en su comisión, al menos para proseguir con la investigación formalizada de los hechos, a fin de que las partes involucradas recaben medios de convicción que permitan determinar en la etapa intermedia, si lo obtenido es suficiente para que la autoridad ministerial formule o no acusación al imputado, aquí quejoso. En la inteligencia de que conforme al dispositivo 313 del citado Código Nacional, la solicitud de vinculación a proceso sólo exige, por parte de la fiscal, un ejercicio de motivación acerca de cómo es que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditan la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado hubiera intervenido en su comisión, sin exigir ese precepto o algún otro, el ofrecimiento de pruebas formalizadas. Así, se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, pues ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público -como sucede en el sistema mixto- con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. Ello encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos sesenta de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro cuarenta y cinco, agosto de dos mil diecisiete, tomo uno, Décima Época, con registro digital 2014800, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones 'comprobar' por 'establecer' y 'cuerpo del delito' por 'hecho que la ley señala como delito', las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de 'pruebas' ni se exige 'comprobar' que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado 'cuerpo del delito', entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". Así, pues no resulta necesario por el momento, la demostración plena de la forma de participación, en el caso la autoría intelectual y pues, se reitera, no son elementos necesarios para dictar un auto de vinculación. De esa manera, los efectos que genera la vinculación a proceso, se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental, es decir, a virtud de la vinculación a proceso, el imputado tiene oportunidad de desplegar acciones de defensa para contrarrestar los datos de prueba que ahora conoce, durante la investigación complementaria a fin de evitar la formulación de acusación. CONCLUSIÓN En mérito de lo anterior, al resultar infundados, los motivos de disenso sustentados por el defensor particular de Francisco Caporal Villegas, y al no advertirse deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección de la Justicia Constitucional solicitada. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Francisco Caporal Villegas, contra el auto de vinculación a proceso dictado en el proceso penal 288/2021 por el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Noveno Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, instruido al quejoso por el delito de homicidio calificado, conforme a los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta determinación. Notifíquese en términos de Ley.
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