Cinthya Livier Urrutia Camacho
Expediente 1533/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 1 actuación registrada, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1533/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Cinthya Livier Urrutia Camacho
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta y anexos, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, así como en el libro de gobierno como juicio de amparo 1533-2023-VII. No se decreta suspensión de plano. Ahora bien, la parte quejosa señala como acto reclamado la confiscación de su casa con violencia realizada el diez de noviembre del dos mil veintitrés; sin embargo, se niega decretar la suspensión de plano, por las siguientes consideraciones. En principio, es necesario establecer que conforme el artículo 125 de la Ley de Amparo, puede concederse la suspensión en el juicio de amparo como medida cautelar de oficio o a petición de parte, cuando los actos reclamados encuadren en los supuestos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o con el precepto 126 de la Ley de Amparo. Sin embargo, para decretar la suspensión de plano no basta que la parte quejosa aduzca que en su contra se emitió un acto prohibido por los artículos antes señalados, sino que además debe acreditar contar con un derecho subjetivo que deba preservarse, dado que la naturaleza de la suspensión no es otorgar derechos con los que no contaba la parte quejosa antes de la presentación de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XVI.1º.A.35 K 10ª, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Decimosexto Circuito, que se cita a continuación: SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL AMPARO. SU OTORGAMIENTO ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE LA MATERIA. La suspensión en el amparo es una medida cautelar de naturaleza provisional que tiende a preservar la materia del juicio. Conforme al artículo 125 de la Ley de Amparo, puede concederse de oficio o a petición de parte. Procede de oficio y de plano, en aquellos casos en que los actos reclamados recaigan en alguno de los supuestos previstos por los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o 126 de la Ley de Amparo; sin embargo, esa facultad de los juzgadores no es irrestricta, porque en su ejercicio no pueden desconocer los requisitos previstos en el numeral 128 de la propia ley, como que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior, porque a raíz de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011 y de la expedición de la Ley de Amparo vigente, en cuanto a la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto, se generó un sistema equilibrado, orientado a darle mayor eficacia a la preservación de la materia del juicio, pero a la vez dotado de mayores elementos de control para evitar el abuso de la medida y que su otorgamiento lesione el interés social, entendido éste como el conjunto de principios o bienes jurídicos relevantes, objeto de tutela, cuya preservación es prioritaria para el orden público, en función de los cuales, se acotan las decisiones sobre la suspensión del acto reclamado y que, además, es irreductible ante las pretensiones e intereses individuales. Es decir, el hecho de que la suspensión proceda de oficio no justifica que conlleve efectos adversos para la colectividad, o que sirva de salvoconducto para que las autoridades dejen de observar la normativa que rija el desempeño de sus actividades, o bien, se autorice la ejecución de medidas que pongan en riesgo de afectación a otras prerrogativas de los propios quejosos o de diversas personas que puedan verse directa o indirectamente afectadas, pues ello desnaturalizaría el propósito de la suspensión y convalidaría conductas irregulares o perjudiciales para la sociedad. En el caso concreto el acto reclamado consiste en la confiscación de la casa que la quejosa dice es suya, y si bien el artículo 22 constitucional prohíbe, entre otros actos, la confiscación; sin embargo, de la lectura integral a la demanda de amparo se desprende que la quejosa manifiesta que fue desalojada de su casa; que el diez de noviembre de dos mil veintitrés un actuario y "la fuerza pública" se introdujeron de manera violenta diciendo que tenían una orden de desalojo, sacando sus cosas a la calle, junto con las pertenencias de sus familiares, circunstancias que evidencian que no se trata propiamente de confiscación, aunque así lo haya denominado la accionante del amparo, de ahí que no se de el supuesto que prevé el artículo 126 de la ley de la materia para conceder la suspensión de plano. Aunado a ello, a mayor abundamiento, se tiene que la promovente no acreditó ser titular de un derecho respecto del bien inmueble a que alude, pues el único elemento probatorio que acompaño, fue el siguiente: Copia simple de una demanda de prescripción positiva respecto del inmueble ubicado en ********************, presentada por ******************** en contra de ******************** y Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana. Por lo que se considera insuficiente para tener por acreditado, por lo menos indiciaria o presuntivamente, que la quejosa cuenta con un derecho sobre el bien raíz que defiende, al tratarse únicamente de una copia simple, la cual no cuenta con valor convictivo por su fácil confección. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con número de registro electrónico 172557, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1759, Tomo XXV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que se cita a continuación: COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. Aunado a que del contenido de dicho documento no se desprende que tenga reconocido algún derecho sobre el bien inmueble. Prevención. Ahora, en atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones IV y V y 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, legalmente computado, por escrito: 1. Aclare el acto que reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables, dado que del señalamiento de las responsables en su doble carácter (ordenadoras y ejecutoras) no se aprecia cual es su participación en cada uno de los actos que señala como reclamados. Justificación. Lo anterior, toda vez que en el capítulo de actos reclamados, señala lo siguiente: A). - De la autoridad responsable se reclama, LA CONFISCACIÓN DE MI CASA REALIZADA CON VIOLENCIA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, B). - De la autoridad responsable se reclama EL NEGARNOS EL DERECHO A ENTREGARNOS COPIA SIMPLE DEL AUTO DE EJECUCION DE DESALOJO EN FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, mediante el cual se actualiza LA CONFISCACIÓN DE BIENES DE MI PROPIEDAD, pues dicho acto de autoridad, no encuadra en ninguna de las hipótesis del artículo 22 Constitucional en las que se le permite a la autoridad judicial la confiscación de bienes. De lo anteriormente transcrito, no se tiene certeza los actos que se reclaman a cada una de las autoridades responsables, toda vez que no lo especifica. Precise si es su intención señalar como acto reclamado la orden de desalojo y su ejecución, y de ser el caso, especifique a que autoridad se lo atribuye. Ello toda vez que en el capítulo de antecedentes refiere que un actuario y "fuerza pública" le dijeron que tenían una orden de desalojo, la cual ejecutaron el diez de noviembre de dos mil veintitrés, sin que dicha orden y su ejecución fueran señalados como reclamados. Amplíe los antecedentes del acto reclamado para que precise el domicilio del que fue desalojada y que defiende en el presente juicio de amparo. Lo anterior, para que esta autoridad judicial, en caso de ser procedente, esté en aptitud jurídica de fijar la litis en el juicio y proveer respecto a la suspensión de los actos reclamados que se solicita. Sirve de apoyo la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna.". Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia J-18 9a., sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA. A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar por que se satisfaga tal extremo." En el entendido que el requerimiento señalado deberá ser aclarado directamente por la parte quejosa, por ser un acto personalísimo y que sólo a ella le corresponde. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), que dice lo siguiente "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Apercibimiento. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 fracción I de la legislación en consulta, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, dado que cuenta con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la constancia glosada en autos, y únicamente para oír y recibir notificaciones a ******************** y ********************, por no contar con dicho requisito. Consulta y notificaciones electrónicas. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo de dos mil veinte, se autoriza a la parte quejosa el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio, así como para recibir notificaciones. Ahora, dado que la parte quejosa, autoriza expresamente la vía electrónica para recibir notificaciones personales; en tal sentido; con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan a la parte quejosa de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte quejosa por ese medio. En el entendido de que las mismas se sujetarán a los términos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A (antes Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita), realice la autorización respectiva para la consulta y notificaciones del presente juicio a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "********************". Reproducción electrónica. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente, siempre y cuando no se trate de aquéllas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, dejando constancia en autos de la copia realizada. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica (juicio en línea), lo que significa que podrán imponerse del contenido de los autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, para lo cual deberán contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 del mencionado Acuerdo 12/2020, y realicen la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. Para efecto de lo anterior deberán proporcionar el nombre del usuario con el que se realizó el registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como la notificación electrónica de las resoluciones judiciales emitidas en este juicio, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo 12/2020. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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