Cinthya Guadalupe González Rodríguez
Expediente 766/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 766/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Cinthya Guadalupe González Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se notifica por lista de estrados a la quejosa Cynthia Guadalupe González Rodríguez Culiacán, Sinaloa, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual da cumplimiento a la prevención de demanda hecha el veinticinco de septiembre del año en curso. I. Acto reclamado. Los acuerdos de treinta y uno de agosto y catorce de septiembre del año en curso dictados en el juicio laboral 12-2100/2015, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, en los que se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido por lo que hace únicamente a la demandada Área Metropolitana Corporativo, Sociedad Anónima de Capital Variable, continuando el procedimiento laboral por lo que hace a las diversas demandadas Operadora de Personal Técnico, Sociedad Anónima de Capital Variable (conocida comercialmente como Su Karne) y Alta Capacitación de Implementación BTL, Sociedad Anónima de Capital Variable. II. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] De la interpretación conjunta de las anteriores normas legales (la segunda de ellas en sentido contrario) lleva al conocimiento que el juicio de garantías es improcedente contra actos en juicio cuya ejecución no sea irreparable. El segundo de los preceptos es claro al establecer cuándo se está ante actos cuyos efectos son de imposible reparación, al disponer que por éstos se entiende aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo respecto el significado jurídico de imposible reparación desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en grado predominante o superior. Derivado de ese cambio legislativo, en los juicios de amparo debe prescindirse de este último concepto, puesto que no lleva a la afectación directa e inmediata de derechos sustantivos como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en juicio que no afecten derechos sustantivos, pues sólo la trasgresión a éstos es considerada de imposible reparación. De tal manera, el juicio de amparo biinstancial resulta improcedente contra actos que sólo involucren derechos procesales, pues con ello no se inmiscuyen derechos sustantivos, como pudiera ser la vida, propiedad, posesión, etcétera; sin que bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo sea válido acudir al concepto de violación procesal que produce afectación en grado predominante o superior, conforme la abrogada Ley de Amparo. En este contexto, resulta dable sostener que los acuerdos de treinta y uno de agosto y catorce de septiembre del año en curso dictados en el juicio laboral 12-2100/2015, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, en los que se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido por lo que hace únicamente a la demandada Área Metropolitana Corporativo, Sociedad Anónima de Capital Variable, no pueden considerarse actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo biinstancial ya que sus efectos son meramente procesales. Lo anterior, debido que la secuela procedimental laboral continúa por lo que respecta a las diversas demandadas Operadora de Personal Técnico, Sociedad Anónima de Capital Variable (conocida comercialmente como Su Karne) y Alta Capacitación de Implementación BTL, Sociedad Anónima de Capital Variable, a quienes reclamó las mismas prestaciones, como lo señaló la quejosa en su escrito de aclaración de demanda, consistente en la indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, vacaciones y prima vacacional, aguinaldo proporcional, gastos de ejecución, salarios devengados y prima dominical. Es así, toda vez que las pretensiones del promovente pueden quedar satisfechas si obtiene sentencia favorable a sus intereses, y en caso que dicha resolución definitiva le fuera adversa, es factible de impugnarse como violación a través de diverso medio de defensa, que en su caso pueda promover en contra de la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen. Por tanto, las resoluciones que se impugnan no son de aquellas que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues en su caso existe la posibilidad de que la parte promovente obtenga una resolución favorable a sus intereses y, en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama; luego, que el presente juicio de garantías resulta improcedente. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 117/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 190385, visible a página 159, Tomo XIII, Enero de 2001, Materia(s): Laboral, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE NIEGA SU ADMISIÓN RESPECTO DE UNO O VARIOS CODEMANDADOS A LOS QUE SE RECLAMAN IDÉNTICAS PRESTACIONES QUE A AQUEL POR EL QUE SE SIGUE EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, 114, fracción IV y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que las violaciones se cometan en las resoluciones motivo de impugnación, o se hubieran cometido durante el procedimiento correspondiente, a condición, en este último caso, de que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. También puede inferirse, en contraposición a esa regla general de procedencia del amparo uniinstancial, que el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, actualizándose ésta cuando el acto reclamado produzca violación a algún derecho sustantivo del quejoso. De lo anterior se concluye que el auto dictado por una Junta de Conciliación y Arbitraje que niega a tener como demandados a uno o varios de los que se señalan en una demanda laboral, a quienes se les reclaman las mismas prestaciones que a aquel por el que se sigue el juicio, constituye una violación a las leyes procesales que no puede considerarse de imposible reparación, en virtud de que las pretensiones del actor pueden quedar satisfechas si obtiene laudo en el que se condene al demandado por el que se siga el juicio, y en caso de que el laudo que se dicte en esas condiciones fuera adverso a los intereses del actor, con su emisión se patentiza la trascendencia de la violación procesal, máxime que la negativa acusada, al actualizarse, no contraviene algún derecho sustantivo del quejoso, lo que determina que no pueda calificarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que sus efectos son meramente procesales, por ello es evidente que resulta impugnable en términos de lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, a través del juicio de amparo directo. En las relacionadas condiciones, como la determinación reclamada que nos ocupa no constituye acto de imposible reparación para efectos del juicio de amparo indirecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano la demanda de amparo por manifiesta y notoria improcedencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Téngase presentada la demanda de amparo promovida por Cinthya Guadalupe González Rodríguez contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta localidad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 766/2018. De igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. Con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el diverso numeral 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que en el término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, aclare su demanda respecto de lo siguiente: Deberá precisar qué reclama en el juicio laboral 12-2100/2015, a cada una de las tercero interesadas Área Metropolitana Corporativo, Sociedad Anónima de Capital Variable; Operadora de Personal Técnico, Sociedad Anónima de Capital Variable (conocida comercialmente como Su Karne); y Alta Capacitación de Implementación BTL, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento en el plazo que se señala, se tendrá no presentada su demanda, con base en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. Con apoyo en el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. Se tiene como domicilio procesal y autorizados de la parte quejosa los que señala en su demanda de amparo. Por último, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del ordinal 21 de la Ley de Amparo, con el fin de dar celeridad al asunto y no contravenir lo señalado en el artículo 17 Constitucional, este órgano jurisdiccional habilita los días y horas inhábiles que sean necesarios, a efecto de practicar las notificaciones que se deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.
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