Cinthya Daniela Espino García

Expediente 811/2014 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
811/2014
Año
2014
Actuaciones
6
Última actuación
26/07/2019

Partes del expediente

  • Cinthya Daniela Espino García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el seis de noviembre de dos mil catorce, por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió a la quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal. Inconforme con dicha sentencia, las autoridades responsables Rector y Tesorero y Presidente del H. Consejo Universitario, todos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad, interpusieron recurso de revisión. Por resolución de veintidós de abril de dos mil quince, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad (órgano colegiado al cual le correspondió conocer de la revisión interpuesta), solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ejerciera su facultad de atracción; sin embargo, en resolución de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional, se determinó que ya existían precedentes emitidos por la citada Sala, sobre el derecho a la educación en los niveles medio superior y en los centros públicos de enseñanza y ordenó devolver los autos al Tribunal Colegiado solicitante. Así, mediante ejecutoria con fecha de engrose de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en la materia de revisión, confirmó la sentencia recurrida, y puntualizando que los efectos de la concesión del amparo implicaban que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "Para el Gobernador del Estado, transferir a la Universidad Michoacana los recursos necesarios para garantizar la gratuidad de la educación que reciba el quejoso, hasta el nivel licenciatura, lo que incluye, al menos, los recursos necesarios para cubrir las cuotas de inscripción. En el entendido de que deberá cubrir las cuotas de inscripción del quejoso, con cargo a los recursos estatales del presupuesto del Estado de Michoacán. Para la Universidad Michoacana y sus autoridades, abstenerse de vulnerar la gratuidad de la educación superior que reciba la parte quejosa, esto es, como mínimo, evitar cobrarle las cuotas de inscripción durante su educación superior". Trámites para cumplir con el fallo protector En auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se ordenó requerir a las responsables para que acataran el fallo protector. Luego, mediante oficio presentado el dos de julio del año en curso, el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en representación del Gobernador del Estado, con sede en esta ciudad, exhibió ejemplares del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, donde se contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, correspondiente a los ejercicios fiscales de los años dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, a fin de acreditar que desde el año en que la quejosa presentó su demanda de amparo a la fecha, le han sido transferidos recursos económicos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para garantizar no sólo la educación de la parte quejosa sino para garantizar la educación de la comunidad estudiantil que integra esa casa de estudios. Por su parte, en diverso oficio presentado el propio dos de julio en curso, el delegado del Rector y Presidente del Consejo Universitario, así como del Tesorero y del Director de Control Escolar, todos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad, acompañó el oficio girado al Director General de Tecnología de la Información y Comunicaciones, dependencia encargada de operar el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), donde se le instruye para que cancele los adeudos generados por inscripción y la desincorporación de la obligación de pagar cuotas de inscripción a la quejosa; motivo por el cual, en auto de tres del mes y año en curso, se requirió al Rector de dicha universidad, para que remitiera la constancia de cancelación de adeudo respectiva. En respuesta a lo anterior, por oficio presentado el diez de julio del año en curso, el delegado de las autoridades universitarias, allegó la comunicación suscrita por el Director General de Tecnologías de la Información y Comunicación, por la que informó al abogado general de esa casa de estudios, que quedaron cancelados los adeudos que por inscripción fueron generados por la quejosa, y que podrá llevara a cabo las inscripciones en lo sucesivo sin tener problema alguno por ese concepto en esa institución educativa. Situación con la que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Declaración de ejecutoria cumplida De lo anteriormente narrado, se desprende que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, virtud a que el Ejecutivo del Estado, en los ejercicios fiscales correspondientes, destinó presupuesto a la Universidad Michoacana, para que se garantice la gratuidad en la educación al quejoso; mientras que, las autoridades responsables universitarias, cancelaron los adeudos de inscripción generados por la quejosa, y emitieron la orden para que se le desincorporara de la obligación de pagar cuotas de inscripción en los subsecuentes ciclos del nivel licenciatura que curse en esa institución educativa la aquí impetrante. Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, con lo que se considera se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva); y por tanto, de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran más de cinco años a partir de esta fecha, previa generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo en mención, debiéndose conservar todas las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el seis de noviembre de dos mil catorce, por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió a la quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal. Inconforme con dicha sentencia, las autoridades responsables Rector y Tesorero y Presidente del H. Consejo Universitario, todos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad, interpusieron recurso de revisión. Por resolución de veintidós de abril de dos mil quince, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad (órgano colegiado al cual le correspondió conocer de la revisión interpuesta), solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ejerciera su facultad de atracción; sin embargo, en resolución de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional, se determinó que ya existían precedentes emitidos por la citada Sala, sobre el derecho a la educación en los niveles medio superior y en los centros públicos de enseñanza y ordenó devolver los autos al Tribunal Colegiado solicitante. Así, mediante ejecutoria con fecha de engrose de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en la materia de revisión, confirmó la sentencia recurrida, y puntualizando que los efectos de la concesión del amparo implicaban que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "Para el Gobernador del Estado, transferir a la Universidad Michoacana los recursos necesarios para garantizar la gratuidad de la educación que reciba el quejoso, hasta el nivel licenciatura, lo que incluye, al menos, los recursos necesarios para cubrir las cuotas de inscripción. En el entendido de que deberá cubrir las cuotas de inscripción del quejoso, con cargo a los recursos estatales del presupuesto del Estado de Michoacán. Para la Universidad Michoacana y sus autoridades, abstenerse de vulnerar la gratuidad de la educación superior que reciba la parte quejosa, esto es, como mínimo, evitar cobrarle las cuotas de inscripción durante su educación superior". Trámites para cumplir con el fallo protector En auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se ordenó requerir a las responsables para que acataran el fallo protector. Luego, mediante oficio presentado el dos de julio del año en curso, el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en representación del Gobernador del Estado, con sede en esta ciudad, exhibió ejemplares del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, donde se contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, correspondiente a los ejercicios fiscales de los años dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, a fin de acreditar que desde el año en que la quejosa presentó su demanda de amparo a la fecha, le han sido transferidos recursos económicos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para garantizar no sólo la educación de la parte quejosa sino para garantizar la educación de la comunidad estudiantil que integra esa casa de estudios. Por su parte, en diverso oficio presentado el propio dos de julio en curso, el delegado del Rector y Presidente del Consejo Universitario, así como del Tesorero y del Director de Control Escolar, todos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad, acompañó el oficio girado al Director General de Tecnología de la Información y Comunicaciones, dependencia encargada de operar el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), donde se le instruye para que cancele los adeudos generados por inscripción y la desincorporación de la obligación de pagar cuotas de inscripción a la quejosa; motivo por el cual, en auto de tres del mes y año en curso, se requirió al Rector de dicha universidad, para que remitiera la constancia de cancelación de adeudo respectiva. En respuesta a lo anterior, por oficio presentado el diez de julio del año en curso, el delegado de las autoridades universitarias, allegó la comunicación suscrita por el Director General de Tecnologías de la Información y Comunicación, por la que informó al abogado general de esa casa de estudios, que quedaron cancelados los adeudos que por inscripción fueron generados por la quejosa, y que podrá llevara a cabo las inscripciones en lo sucesivo sin tener problema alguno por ese concepto en esa institución educativa. Situación con la que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Declaración de ejecutoria cumplida De lo anteriormente narrado, se desprende que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, virtud a que el Ejecutivo del Estado, en los ejercicios fiscales correspondientes, destinó presupuesto a la Universidad Michoacana, para que se garantice la gratuidad en la educación al quejoso; mientras que, las autoridades responsables universitarias, cancelaron los adeudos de inscripción generados por la quejosa, y emitieron la orden para que se le desincorporara de la obligación de pagar cuotas de inscripción en los subsecuentes ciclos del nivel licenciatura que curse en esa institución educativa la aquí impetrante. Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, con lo que se considera se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva); y por tanto, de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran más de cinco años a partir de esta fecha, previa generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo en mención, debiéndose conservar todas las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil diecinueve. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el delegado del Rector y Presidente del Honorable Consejo Universitario, Director de Control escolar y del Tesorero, todos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia autógrafa, de la comunicación suscrita por el Director General de Tecnologías de la Información y Comunicación de dicha universidad, donde informa que quedaron cancelados los adeudos que por inscripción fueron generados por la quejosa y que podrá llevar a cabo las inscripciones en lo sucesivo sin tener problema alguno por ese concepto. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil diecinueve. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el delegado del Rector y Presidente del Honorable Consejo Universitario, Director de Control escolar y del Tesorero, todos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia autógrafa, de la comunicación suscrita por el Director General de Tecnologías de la Información y Comunicación de dicha universidad, donde informa que quedaron cancelados los adeudos que por inscripción fueron generados por la quejosa y que podrá llevar a cabo las inscripciones en lo sucesivo sin tener problema alguno por ese concepto. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente.

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