Cinthya Cabrera Olmos

Expediente 51/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
51/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
15/02/2016

Partes del expediente

  • Cinthya Cabrera Olmos

Actuaciones

  1. Principal

    mesa 2 a pral. 51/2016-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de febrero de dos mil dieciséis. Como se advierte de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese interpuesto recurso de revisión, en contra del proveído dictado el veintidós de enero de dos mil dieciséis (fojas 28-29); mediante el cual se sobreseyó en el juicio, fuera de audiencia; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que esa determinación, ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, este proveído de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas1, considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución 1 Tesis P. II/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 274, tomo I, materia constitucional, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, registro IUS 2005522, de rubro: "PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD". requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación del acuerdo relativo con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal2. Finalmente, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: 2 Criterio 1/2011 (fecha de resolución 27/01/2011). "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA 1 INC. 53/2016-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciocho de enero de dos mil dieciséis. Como está ordenado en auto de esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias de la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad el quince de este mes, y turnada a este órgano jurisdiccional, en la misma fecha; fórmese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 53/2016, promovido por Jenaro Carmelo Hernández López o Carmelo Hernanez López, contra actos juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, y otras autoridades. Como la parte quejosa solicita la suspensión provisional respecto de la orden de aprehensión dictada en su contra por el juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, y otras autoridades, y su ejecución. En esas condiciones, con fundamento en los artículos primero, segundo y décimo transitorios de la nueva Ley de Amparo y en observancia a la tesis jurisprudencial 32/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. EL TRÁMITE Y LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO EN LOS CASOS EN DONDE NO HAYA ENTRADO EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, DEBERÁN REGIRSE CONFORME A LA LEY DE AMPARO ABROGADA"1, hágase del conocimiento de las partes que el trámite y resolución de este incidente de suspensión en materia penal, se regirá conforme a la Ley de Amparo abrogada, toda vez que en ese distrito judicial aún no entra en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, a que se refiere el decreto número 308 por el que se creó el Código Procesal Penal del Estado de Oaxaca. Así, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo abrogada, el incidente de suspensión se tramitará por duplicado, por lo que las partes deberán formular sus promociones también por duplicado. Con apoyo en los artículos 122, 124, 124 bis, 130, 131, 136 y 142, de la ley de la materia abrogada, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendirlo dentro del término de veinticuatro horas; con el apercibimiento que de no cumplir, se les impondrá multa por la cantidad de quinientos pesos conforme a lo previsto por el numeral 132, de la Ley de Amparo SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. EL TRÁMITE Y LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO EN LOS CASOS EN DONDE NO HAYA ENTRADO EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, DEBERÁN REGIRSE CONFORME A LA LEY DE AMPARO ABROGADA. De la interpretación sistemática y teleológica de los artículos primero, segundo y décimo transitorios de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, tratándose del trámite y la resolución de un incidente de suspensión en materia penal, en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por disposición expresa del párrafo segundo del artículo décimo transitorio citado, deben aplicarse las disposiciones previstas en la Ley de Amparo abrogada (no así en la vigente), en todo lo concerniente a la tramitación y resolución de dicha medida cautelar, pues ésta debe entenderse como una institución unitaria; sin que sea válido establecer que la "parte general" será regulada por la nueva Ley de Amparo, y la relativa específicamente a la "suspensión en materia penal" por la abrogada, ya que la aplicación simultánea de ambas legislaciones en un caso concreto, derivaría en la generación de inseguridad jurídica para las partes. Lo anterior, en aras de garantizarles un principio de seguridad jurídica, derivado de la existencia de sendas diferencias entre los sistemas de enjuiciamiento mixto y acusatorio que actualmente coexisten. invocada, en relación con la fracción I, del precepto 59, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Se solicita a las responsables que al rendir su informe previo acompañen copia certificada del mandamiento privativo de libertad reclamado, y en el informe precisen cuáles son los delitos, incluyendo sus modalidades, que se imputan a la parte quejosa, la penalidad legal aplicable y la cuantía de los daños causados, o el beneficio económico obtenido, en caso de que se trate de ilícito de carácter patrimonial, o el monto estimado de la reparación del daño, para los efectos precisados en el normativo 124 bis, del citado ordenamiento legal; además, precisarán si se trata de un delito calificado como grave o no por la legislación de la materia. Se señalan las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ahora bien, respecto de la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, se provee en los términos siguientes: 1º Para el caso de que la naturaleza del antijurídico por el que se siga proceso a la parte quejosa, permita el beneficio de la libertad provisional bajo caución conforme a lo establecido en el inciso A, fracción I, del numeral 20, de la Constitución Federal, cuya calificación queda bajo la responsabilidad de la autoridad judicial, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, se concede la suspensión provisional para el efecto de que no se ejecute la orden de aprehensión dictada hasta el momento en que fue presentada la demanda de amparo, trece horas con veintitrés minutos del quince de enero de dos mil dieciséis, por la autoridad judicial señalada como responsable, sin perjuicio de la continuación del procedimiento penal de donde emana; medida precautoria que surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si no se cumple con los siguientes requisitos de eficacia: a) Que exhiba a favor de este Juzgado, dentro del término cinco días, garantía económica por la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos cero centavos, moneda nacional); en billete de depósito o en cualquiera de las diversas formas establecidas por la ley; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la ley de la materia de que se trata. Una vez que exhiba la garantía solicitada, comuníquese a las responsables si se cumplió con ese requisito. b) Obligadamente comparezca ante el juez de la causa, dentro del plazo de tres días, para la continuación del procedimiento penal, conforme a lo dispuesto en el precepto 138 de la Ley de Amparo invocada; asimismo, dentro de los otros tres días subsecuentes, deberá acreditar ante este Juzgado que compareció ante el juez del conocimiento; y, c) En lo posterior, el quejoso queda sujeto a comparecer ante el juez de su causa cada siete días, lo cual acreditará ante este órgano jurisdiccional dentro del plazo antes citado. En el entendido de que estas dos últimas medidas de aseguramiento (comparecencia ante el juez responsable), sólo serán exigibles hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 149/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 371, del Tomo XXVII, enero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 170432, con el siguiente rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER CUANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ". Con apercibimiento que de no realizar esas presentaciones, o no acreditarlas aquí, en su caso, se hará efectiva la garantía pecuniaria a favor del Erario Federal; medidas de aseguramiento del peticionario de amparo que se implementa a efecto de que pueda ser devuelta a la autoridad responsable ordenadora, en caso de no concedérsele la protección de la Justicia Federal. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia número 16/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 33/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, página 226, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL". En tanto que si no efectúa esa exhibición o de no llevarse a cabo la comparecencia y presentación personal ante la autoridad judicial responsable, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y quedarán expeditas las facultades de las responsables para ejecutar la orden reclamada. 2°. Por otra parte, si el delito por el que se instruye el proceso a la parte quejosa no permite el beneficio de la libertad provisional bajo caución conforme a la fracción I, del precepto 20 constitucional citado, la suspensión provisional sólo se concede para el efecto de que una vez ejecutada tal orden de aprehensión quede a disposición de este Juzgado de Distrito, por lo que respecta a su libertad personal, en el lugar donde sea internado, así como a disposición del juez de su causa por lo que atañe a la continuación del procedimiento penal. Es aplicable al caso, en lo conducente, por identidad jurídica substancial, la jurisprudencia número 53/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/2003, publicada en la página noventa y nueve, del tomo XVIII, del mes de noviembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EFECTOS CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE REAPREHENSIÓN RESPECTO DE DELITO GRAVE". Esta medida cautelar, en contra de la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, no incide ni afecta la orden de detención para el caso de que el quejoso sea sorprendido en flagrancia, cuasiflagrancia o presunción de flagrancia de delito; ni en caso de urgencia a que se refiere el párrafo quinto del artículo 16, de la Constitución Federal, en que el Ministerio Público puede ordenar la detención; ni restringe las facultades de las autoridades en la práctica de diligencias en investigación del delito, lo cual es actividad procesal penal insuspendible, por ser de interés social. Dicha suspensión durará en sus efectos hasta que se notifique a las responsables la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva que se emita en la audiencia incidental. Como lo solicita, expídase a la parte quejosa copia certificada de esta determinación, teniéndose por autorizados para recibirla a las personas que menciona, previa razón que de su entrega se deje en autos. De igual forma, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 116, fracción III, de la Ley de Amparo (que establece entre las obligaciones de la parte peticionaria de amparo, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo), se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o señalamiento corregido; tomando en consideración que le corresponde a dicha parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Con fundamento en el numeral 27 de la ley invocada, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calzada Cuauhtémoc número ciento tres letra A y B, del Barrio Trinidad de las Huertas, centro, Oaxaca, y de conformidad con el artículo 12, de dicha ley, por autorizados a las personas que menciona, por haberlo solicitado así la parte quejosa en su demanda de amparo. Finalmente, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J.176/2012 (10a), de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS"23, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceras interesadas que en este juicio sólo le serán notificadas mediante oficio, en su residencia oficial, las determinaciones que, por su importancia, deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Notifíquese.

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