Cinthya Bahena Guerrero

Expediente 1395/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1395/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
07/12/2017

Partes del expediente

  • Ayuntamiento de Jojutla, Morelos
  • Cinthya Bahena Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca Morelos siete de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1395/2017-I-B, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo y terminada de engrosar el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1395/2017-I-B, promovido por Elías Román Salgado como apoderado legal de Cinthya Bahena Guerrero, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, su presidente ejecutor y el actuario adscrito; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, turnada y recibida ese día, Elías Román Salgado como apoderado legal de Cinthya Bahena Guerrero, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, su presidente ejecutor y el actuario adscrito. SEGUNDO. Trámite. La demanda fue prevenida por auto de uno de septiembre actual; pero con independencia de ello se solicitó a la autoridad el envío de la constancia que acreditara la calidad ostentada por Elías Román Salgado. En auto de once de septiembre actual, fue reconocido a Elías Román Salgado el carácter de apoderado legal de la quejosa. Subsanada la demanda, fue admitida a trámite por auto de diecinueve de septiembre del año en curso; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el tercero interesado. Luego, por auto de treinta de octubre de este año se fijaron las diez horas con treinta y un minutos del diez de noviembre siguiente, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a las que se atribuyen los actos reclamado, carentes de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. La parte quejosa reclamó la omisión de las autoridades responsables de ejecutar y cumplir el laudo dictado en el juicio burocrático, la falta de acuerdo del escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil diecisiete y la consecuente falta de notificación de la resolución, así como la negativa u omisión de decretar como medida de apremio para la ejecución del laudo, la destitución de la autoridad. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda se desprende que tanto la omisión de ejecutar y cumplir el laudo, como de decretar como medida de apremio para la ejecución del laudo, la destitución de la autoridad, derivan de la falta de acuerdo de la promoción presentada el veinticinco de abril de dos mil diecisiete; pues sin perjuicio de lo que más adelante se diga, a través de ese escrito la parte actora solicitó de la autoridad laboral, requerir el cumplimiento del laudo con apercibimiento de la aplicación de la sanción prevista por el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio del Estado de Morelos, a saber, la destitución del infractor (foja 49). Cabe mencionar que si bien en el apartado de acto reclamado, la parte quejosa señaló que en el escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, solicitó la aplicación de la medida de apremio consistente en la destitución del infractor; en el capítulo de hechos indicó que en dicho escrito pidió la aplicación de la medida consistente en multa y con nuevo requerimiento de cumplimiento de laudo con apercibimiento de destitución; antes, la solicitud de destitución fue planteada en escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete (foja 70), ajeno a la litis. Y en lo que se refiere al actuario adscrito al tribunal, el acto que se le reclama es la falta de notificación del acuerdo de la promoción presentada el veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Así, conforme a la lectura integral de la demanda de amparo, este es el acto reclamado: La falta de acuerdo de la promoción presentada el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, con registro 004289, dirigida al juicio 01/737/10. Se precisa que el acto reclamado se examinará de forma conjunta por cuanto al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su presidente. Lo anterior en virtud de que el presidente rindió el informe justificado y, por ende, quedó en aptitud de defender la constitucionalidad del acto reclamado, tanto por sí como en representación del Tribunal, pues en él recae la representación legal de éste ante cualquier autoridad, en términos de la fracción XIII del citado artículo 12 de su Reglamento Interior. Lo considerado se sustenta, por analogía, en la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 57/95 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 200702 1 de 1 Segunda Sala Tomo II, Octubre de 1995 Pag. 226 Jurisprudencia(Laboral, Común) JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. Asimismo, se precisa que la omisión del actuario adscrito al tribunal, no se examinará de forma destacada, ya que la parte quejosa reclamó esa omisión en función de la falta de notificación de un acuerdo inexistente y no con base en la omisión del actuario de notificar un acuerdo existente a la presentación de la demanda de amparo; por tanto, la conducta del actuario queda subsumida en la del Tribunal, que es la que será sometida a estudio constitucional; máxime que no le fue reclamado acto alguno por vicios propios. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado y sobreseimiento. Al rendir el informe justificado, el presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, negó el acto reclamado, con el argumento que el escrito sobre el que versa el acto reclamado, fue acordado y el auto notificado a la parte quejosa y no solo eso, sino además, que la autoridad resolvió favorable la petición de la quejosa y le notificó su decisión, todo antes de la presentación de la demanda de amparo (fojas 45 a 47). El acto reclamado ciertamente es inexistente, por las razones que se darán a continuación. El acto reclamado consiste en la falta de acuerdo de la promoción presentada el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, con registro 004289, dirigida al juicio 01/737/10, por el que la parte actora solicitó a la autoridad laboral, requerir el cumplimiento del laudo con apercibimiento de la aplicación de la sanción prevista por el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, a saber, la destitución del infractor. El Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, exhibió copia certificada de diversas constancias del expediente 01/737/10 (fojas 49 a 77); las que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De las constancias aportadas por la autoridad, se desprenden las siguientes actuaciones. El veinticinco de abril de dos mil diecisiete, la autoridad responsable recibió la promoción 004289 (foja 49). En auto de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, el Tribunal acordó la promoción 004289 y, al respecto, ordenó dar vista a los integrantes del Tribunal para resolver sobre la procedencia de la sanción prevista por el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, esto es, multa de hasta quince salarios mínimos (foja 50). El referido auto de cuatro de mayo fue notificado a las partes en la misma fecha, mediante boletín laboral (reverso de la foja 50). El mismo cuatro de mayo de dos mil diecisiete, el pleno del Tribunal resolvió aplicar al presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, la multa prevista por el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; además, en la propia resolución exhortó al cumplimiento del laudo, so pena de proceder conforme a la fracción II del citado artículo 124, que prevé la destitución del infractor ante la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (fojas 51 a 54). El Tribunal ordenó la notificación personal de la resolución. La resolución fue notificada a la actora, a través de su apoderado legal, el trece de junio del año en curso (foja 55). Debe precisarse que no se examina la legalidad o ilegalidad ni del acuerdo de cuatro de mayo del año en curso ni de la resolución de la misma fecha, ni de actuación diversa de la autoridad desprendida de las constancias que aportó con su informe justificado, porque ello no forma parte de la litis. Lo anterior no constituye inobservancia a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consignada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el órgano de amparo, como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), no puede ocuparse de examinar un acto distinto del señalado como reclamado, pues de hacerlo, modificaría la litis constitucional y afectaría los principios que rigen el juicio de amparo, entre éstos, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos, como son los afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. El rubro y texto de la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), se citan a continuación: Tesis: P./J. 5/2016 (10ª.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2012228 1 de 1 Pleno Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I Pag. 11 Jurisprudencia(Constitucional, Común) DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos. Ahora bien, la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que originan la queja. Tal consideración se funda en estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tesis: 1a./J. 36/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196072 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 5 Jurisprudencia(Común, Penal) ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. La parte quejosa presentó la demanda de amparo el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Conforme a lo expuesto, antes de la instauración del juicio de amparo, la promoción presentada el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, con registro 004289, dirigida al juicio 01/737/10, por el que la parte actora solicitó a la autoridad laboral, requerir el cumplimiento del laudo con apercibimiento de la aplicación de la sanción prevista por el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, a saber, la destitución del infractor, ya había sido acordada y de hecho, la autoridad resolvió de manera favorable a su interés. Cierto. La promoción 004289, fue acordada en auto de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, el cual fue notificado a la quejosa por boletín laboral en la misma fecha y, el propio cuatro de mayo de este año, el Tribunal resolvió aplicar al presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, la multa prevista por el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y exhortó al cumplimiento del laudo, so pena de proceder conforme a la fracción II del citado artículo 124, que prevé la destitución del infractor ante la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; resolución notificada a la quejosa a través de su apoderado legal, el trece de junio actual. Luego, el acto reclamado es inexistente, porque antes de la instauración del juicio de amparo, el Tribunal burocrático satisfizo las pretensiones de la quejosa, esto es, la resolución sobre lo pedido y la notificación de su decisión. Entonces, procede decretar el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; máxime que la violación al derecho debe ser actual, esto es, debe existir a la presentación de la demanda de amparo, lo que guarda relación con lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, por cuanto a que el amparo protege a las personas contras normas generales, actos u omisiones de la autoridad, que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica y el concepto de "actual", se determina en función de la fecha en que se ejerce la acción de amparo. El sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado cuando éste no existe a la presentación de la demanda de amparo, encuentra apoyo en las jurisprudencias 2a./J.3/94 y 1a./J.36/98, ya citadas. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento decretado, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y las manifestaciones planteadas en torno al acto reclamado, aun cuando estén encaminadas a demostrar la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior porque el sobreseimiento no permite entrar al estudio de cuestiones de fondo y resulta irrelevante determinar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido de este fallo. Los referidos efectos del sobreseimiento, se sustentan en las siguientes jurisprudencias: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Cinthya Bahena Guerrero, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de este fallo, por las razones indicadas en el considerando tercero. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe, hoy catorce de noviembre de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado que rinde: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto y como domicilio el que indica por tratarse de su residencia oficial. En relación con las pruebas documentales, que ofrece, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las mismas, y serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE...

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