Cinthia Lizeth Baltazar Lopez

Expediente 638/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
638/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Cinthia Lizeth Baltazar Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    I-Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado analógica y supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en cumplimiento a la fracción IV, del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Para así estimarlo, se precisa que el presente no es de aquellos expedientes auxiliares que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni tampoco constituye un expediente judicial o auxiliar que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información; por lo anterior, se colma la exigencia para dicha clasificación, contenida en los artículos 19 y 20 del Acuerdo General que nos ocupa. De igual forma, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico, al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Cuarto, del citado acuerdo. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por tanto, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, vista la certificación de cuenta se advierte que se verificó la coincidencia e identidad del expediente físico con el electrónico de este asunto, en la inteligencia que las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación generadas de la misma manera, obran en el expediente electrónico correspondiente a este asunto, no así, las recibidas electrónicamente, pues la documentación recibida por esa vía [electrónica o generada electrónicamente] constará únicamente en el expediente electrónico. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista electrónica a la promovente.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista de estrados a la parte quejosa, el acuerdo dictado el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente dice: Agréguese el escrito de cuenta firmado por Cinthia Lizeth Baltazar López quien se ostenta endosataria en procuración de Tania del Carmen García Alpuche, mediante el cual, solicita por propio derecho el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la secretaria de estudio y cuenta de Sala, en funciones de juez Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial del Tribunal de Justicia del Poder Judicial de esta ciudad; y, actuaria de su adscripción. Formación del expediente Se ordena formar el expediente con motivo de la demanda de amparo recibida, en el entendido que todas las constancias y documentos que en su caso se reciban físicamente, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Asimismo, se hace la precisión que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico1 . Anotaciones y registro en el libro electrónico En términos de los artículos 99, 99 bis, 104, 105 y 107, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo2 , se ordena el registro en el Libro de Control Electrónico bajo el número 638/2023-I-B. Desechamiento El artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, establece que el órgano jurisdiccional de amparo examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado3 . Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En términos del numeral invocado con antelación, se estima que la demanda de amparo promovida es improcedente. Para arribar a esa conclusión, es importante citar que el acto motivo de reclamación la quejosa, es del tenor siguiente: "[.] De la autoridad señalada como ejecutora: Reclamo la omisión de realizar el emplazamiento al demandado de nombre FRANCISCO DANIEL PÉREZ CRUZ en el juicio ejecutivo mercantil ejercido en su contra. Dentro del expediente 417/2022 del Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo [.]" En efecto, este Juzgado Federal advierte de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, en razón de que Cinthia Lizeth Baltazar López, carece de legitimación procesal activa para instaurar el presente juicio de amparo. Los artículos citados disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." [.] "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley [.]". El primer numeral señala que el juicio de amparo es improcedente cuando se advierta de alguna disposición de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los numerales 5 y 6 refieren que para poder instaurar el juicio de amparo, se debe resentir una afectación personal y directa, más aun tratándose de resoluciones provenientes de tribunales judiciales, en donde se reclame un derecho subjetivo del que se estima es titular. En ese tenor, es pertinente destacar que la legitimación, en general, es la situación en que está una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta [facultad de poder actuar en el proceso]. Luego, debe distinguirse la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro; en cambio, la legitimación en la causa consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Así, la legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el objeto mismo, es decir, con la protección a los derechos y su consiguiente restitución; sin embargo, tal aspecto también se rige por otras normas y principios íntimamente relacionados con el tema, como son el principio de instancia de parte y el diverso principio de agravio personal y directo. Por lo que hace al principio de instancia de parte, debe señalarse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, esto es, se promueve por vía de acción. Lo anterior significa que el juicio de amparo sólo puede iniciarse, tramitarse y resolverse, en virtud de que la parte que se dice agraviada por un acto de autoridad, su apoderado o represente legal, lo acciona ante los tribunales competentes. Por tanto, los titulares de los derechos constitucionales y en su defecto su apoderado o representante legal, que consideran se ha violado en su perjuicio pueden hacer valer la acción de amparo. En cambio, de acuerdo con el principio de agravio personal y directo no sólo basta que el juicio de amparo se inicie a instancia de parte, sino que ésta tiene que haber resentido un agravio personal y directo; dicho principio se encuentra contenido en el artículo 6 de la Ley de Amparo, conforme al cual el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Por consiguiente, es dable sostener que de conformidad con lo establecido en los artículos 1° y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de amparo está reservada únicamente a quienes resientan un agravio [daño o perjuicio] actual o inminente de forma directa e inmediata, con motivo de un acto de autoridad, en sus derechos legítimamente tutelados por la Ley Fundamental. Para arribar a la causal de improcedencia expuesta es necesario destacar lo siguiente: - Que el veintiuno de junio de dos mil veintidós, Tania del Carmen García Alpuche por conducto de Cinthia Lizeth Baltazar López, en su carácter de endosataria en procuración presentó demanda de juicio ejecutivo mercantil en contra de Francisco Daniel Pérez Cruz. - Que dicha demanda se admitió el veintitrés de junio de dos mil veintidós, por el Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, bajo el expediente 417/2022, y en esa propia fecha se ordenó el emplazamiento del demandado del juicio natural. - Que después de diversos intentos, hasta en la actualidad la responsable no ha logrado materializar el emplazamiento del demandado. - Que en razón de lo anterior, la promovente insta el juicio de amparo por su propio y personal derecho como endosataria en procuración de Tania del Carmen García Alpuche. Como se aprecia de esta narrativa, Cinthia Lizeth Baltazar López, acude por propio derecho a la presente vía constitucional a combatir la omisión de la responsable de efectuar la diligencia de emplazamiento dirigida a Francisco Daniel Pérez Cruz, ordenada dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 417/2022. Sin embargo, de los antecedentes que expuso la promovente, los cuales efectuó, bajo protesta de decir verdad, se aprecia que Cinthia Lizeth Baltazar López, es endosataria en procuración de Tania del Carmen García Alpuche, y con ese carácter promovió el juicio ejecutivo mercantil de referencia; por lo que resulta inconcuso que quien es el titular del derecho ejercitado en ese sumario es Tania del Carmen García Alpuche y no la promovente. Esto, porque la peticionaria de amparo -a través del endoso en procuración- se le transmitió la potestad de cobro del título mercantil, pues no debe perderse de vista que de conformidad con el artículo 35 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito4 , el endoso en procuración es un mandato judicial, y dado su propósito ahí señalado, es de carácter especial; porque la representación concedida en ese documento es únicamente para obtener el cobro del crédito que contiene, lo que garantiza la facilidad y rapidez de la circulación de la riqueza. Luego, con el endoso se otorga la facultad al endosatario para presentar el documento a la aceptación y cobro judicial o extrajudicialmente; pero ello, en modo alguno implica la representación en gestiones judiciales diversas al cobro; o bien, en un procedimiento legal diverso, en donde se ventilen otros derechos distintos a los del cobro del crédito. Ello, en razón de que el citado endosatario en procuración no cuenta, por el solo hecho de serlo, con funciones de amplia representación en gestiones diversas a las del cobro judicial del crédito ante las instancias mercantiles o de derecho privado. Por ello, es evidente que el acto aquí reclamado no le irroga un agravio personal a la promovente, no obstante, de contar con el de carácter de endosatario en procuración, pues dicho carácter únicamente lo faculta al cobro del título de crédito y no así para promover el juicio de amparo por su propio derecho, en contra de un acto de naturaleza omisiva, porque el aquí quejoso no es titular del derecho consignado en el documento base de la acción que se controvierte en la instancia mercantil. De ahí la imposibilidad para instar la controversia constitucional por propio derecho, al no resultarle un derecho jurídicamente tutelado. Ello, pues no son sus derechos los que están en disputa en el juicio ejecutivo mercantil 417/2022, sino son los del tenedor y la endosante Tania del Carmen García Alpuche los que se dilucidan, y sobre los cuales, en todo caso, se verían afectados con la determinación que se emitiera en el sumario mercantil; por tanto, si bien esta en aptitud de acudir al juicio natural ante el Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, tal y como lo hizo, lo cierto es que en su carácter de endosatario en procuración no cuenta con las facultades para instar por propio y personal derecho defendiendo derechos ventilados en el juicio ejecutivo mercantil mencionado. Bajo esa línea, si el citado artículo 6 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual refleja que la legitimación procesal para ocurrir al amparo solo la tiene la persona o personas, directamente agraviadas por la ley o acto que estimen violatoria de derechos y, en el caso, esa circunstancia no se colma, entonces la parte quien acude carece de legitimidad para acudir a la presente vía. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio. Juicio en línea Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, del Poder Judicial Federal."

  3. Principal

    I-Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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