Cinthia Kareli Polanco Lucero y Otros.
Expediente 685/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 685/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 24/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Cinthia Kareli Polanco Lucero y Otros.
- Cinthia Kareli Polanco Lucero
- Jorge Obed Ochoa Díaz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y toda vez que de la misma se advierte, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó por auto el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 354, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo causó estado, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que respecto de la(s) responsable(s) y ministerio público no se haya realizado cómputo del plazo que establece el ordinal 86 de la ley de la materia, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la ciada ley, esta solo podrá interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que se le haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído en el juicio de amparo. Archivo y anotaciones. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el expediente como asunto totalmente concluido, sin necesidad de pronunciarse respecto del destino de los cuadernos incidentales, toda vez que en la suspensión definitiva se hizo la valoración respectiva de los mismos. Destino del expediente. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su artículo 21, inciso a), una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo que antecede, procédase a la destrucción de este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos contenidos en el numeral 15 del Acuerdo General en consulta, este expediente no se considera de relevancia documental. IV. Resolución de disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en el presente juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. V. Destino de los cuadernos incidentales. Sin que haya lugar a proveer el destino de los cuadernos incidentales, virtud que el mismo fue acordado mediante interlocutoria dictada en fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dentro del incidente de suspensión derivado del presente asunto.
- Incidental
Acorde a lo narrado, este Juzgado Federal considera que en el presente caso, está cumplida la ejecutoria de amparo, conclusión a la que se arriba de la confrontación entre el efecto para el cual se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional y la actuación realizada por la autoridad responsable en cumplimiento de la misma, según las constancias que se allegaron a los presentes autos. Por tales motivos, una vez que cause estado este proveído, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo en vigor, se ordenará el archivo definitivo del presente asunto.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, y dado que en el presente juicio es parte un ejido, el órgano jurisdiccional; puede recabar de oficio las pruebas que puedan beneficiarlo y acordarse las diligencias necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. Ello, con independencia de que si las partes quejosa y tercero perjudicada estén constituidas por ejidatarios, dado que la finalidad primordial de la tutela es la de resolver, con conocimiento pleno la controversia, y no únicamente colocarlos en una situación de igualdad procesal durante la tramitación del juicio de garantías. De tal manera que en los casos en que dos ejidatarios tengan el carácter de quejoso y de tercero perjudicado respectivamente, deberá suplirse la deficiencia de la queja, sin que ello implique una asesoría técnico-jurídica en favor de una parte y en detrimento de otra. Ahora bien, dado que de autos se advierte que el quejoso *********, promovió juicio ante el Tribunal Unitario Agrario, con residencia en esta ciudad, en contra ******, mismo que quedó registrado con el número *****, para estar en posibilidad de resolver el presente asunto. En consecuencia, gírese oficio al Tribunal Unitario Agrario, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que quede notificado de este proveído, remita copia certificada de la demanda entablada por *******- así como el auto de radicación de la misma. Apercíbasele que de incumplir con lo anterior, se le aplicará una multa equivalente al valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo y los artículos 1o, 2o y 3o, transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del decreto publicado el 27 de enero de 2016, en el Diario Oficial de la Federación. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las diez horas con veinte minutos del catorce de julio de dos mil veintiuno.
- Principal
Chihuahua, Chihuahua, primero de junio de dos mil veintiuno. En primer término, con fundamento en los artículos 61, 62 y 219, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°., agréguese a los el oficio de cuenta enviado por la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial Arteaga, con sede en Cuauhtémoc, Chihuahua, mediante el cual remite el disco óptico que contiene la audiencia de catorce de mayo de dos mil veintiuno, realizada dentro de la causa penal 8/2021, de su índice. Discos ópticos con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como documentales públicas a virtud que se trata de una resolución pronunciada por funcionarios públicos en ejercicio o con motivo de sus atribuciones, donde se observa además, la existencia de sellos, rúbricas, membretes y firmas que para el caso exige la ley. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), Décima Época, Registro: 2004362, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común, Página: 703, de contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por tanto, visto su contenido, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Al respecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De conformidad con lo dispuesto por dicho numeral, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De ahí que si durante la tramitación del presente juicio, concurren los anteriores requisitos el juicio de amparo resultará improcedente y por lo tanto deberá sobreseerse en el juicio respectivo. Ahora, es pertinente recordar que los actos reclamados en el presente juicio, consisten en la orden de aprehensión librada en contra de los quejosos, así como su ejecución. Sin embargo, de la constancia que mediante oficio número 6444/2021, remitió el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial Arteaga, con sede en Cuauhtémoc, Chihuahua, consistente en un disco óptico, mismo que ya fue debidamente valorado, se advierte que el catorce de mayo de dos mil veintiuno, llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación a los quejosos *************z, por el delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de la menor víctima de iniciales ********. asimismo, en dicha audiencia los imputados, aquí quejosos renunciaron al término constitucional, por lo que se les resolvió sus situación jurídica, donde se reclasificó el delito y se dictó en su contra auto de vinculación a proceso por los delitos de lesiones calificadas, privación de la libertad agravada. Asimismo, informa que se les impuso la medida cautelar prevista por la fracción I, del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por un periodo de doce meses. Por ende, de lo anterior, se desprende que ha operado un cambio de situación jurídica, pues: a) Los actos reclamados emanan de un procedimiento penal como lo es la causa penal 8/2021. b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (catorce de mayo de dos mil veintiuno), se pronunció una determinación (auto de vinculación a proceso), que cambió la situación jurídica en que se encontraban los quejosos ***************, pues en esa misma data se formuló imputación en su contra y se resolvió sobre su situación jurídica, para vincularlos a proceso por los delitos ya citados. c) Por tanto, no puede decidirse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión librada en su contra, sin afectar la nueva situación jurídica del accionante. d) Existe autonomía entre los actos que se reclamaron en el juicio de amparo y la nueva determinación judicial dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede subsistir con independencia de que los actos materia del amparo resulten o no inconstitucionales. Lo anterior, trae como consecuencia, que en relación a la situación jurídica de los quejosos, haya operado un cambio que ocasiona que los actos reclamados hayan sido consumados de manera irreparable, pues al desahogarse la audiencia de vinculación a proceso y decretarse auto de vinculación a proceso en su contra, trae como consecuencia que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad de los mismos, sin afectar la nueva situación jurídica de los impetrantes de tutela constitucional, lo que ocasiona que se consideren consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas en el presente juicio de amparo; por ello, se sostiene que concurre en el presente caso la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; siendo procedente en consecuencia, sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, del citado Ordenamiento Legal. Apoya lo expuesto en lo conducente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, correspondiente al mes de diciembre del año de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, página 219, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." También apoya lo considerado, la Jurisprudencia 1ª./J. 17/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, alusiva al mes de junio de dos mil ocho, Materia (s): Penal, Novena Época, página 270 de la voz: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Y la jurisprudencia IX.1°. J/11, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, Materia (s): Penal, Novena Época, página 1454 que a la letra dice: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SU PRONUNCIAMIENTO DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN RESPECTIVA, PRODUCE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN AQUÉL. La reforma a la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, estableció que solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el juicio de garantías, cuando se trate de las consignadas en los artículos 19 y 20 constitucionales, pero suprimió las contempladas en el artículo 16 de la propia Carta Magna; por lo que a partir de esa fecha, si la autoridad responsable dicta el auto de formal prisión correspondiente, durante la sustanciación del juicio de amparo promovido contra la orden de aprehensión que le dio origen, se produce un cambio de situación jurídica, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo citado, por lo que las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas y, en consecuencia, debe sobreseerse en el juicio constitucional." Finalmente, al respecto se cita la jurisprudencia XVII.1°.P.A. J/18 (10ª.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, del mes de agosto de dos mil dieciocho, Tomo III, Materia (s): Común, Penal, Décima Época, página 2482, bajo el epígrafe: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." En consecuencia, dado el sobreseimiento decretado en párrafos precedentes, se deja sin efectos la audiencia señalada para las once horas con veinte minutos del dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis II.3o.P.6 K (10a.), Décima Época, publicada el veintiséis de septiembre de dos mil catorce, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "VISTA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SI EL JUEZ DE DISTRITO, DE OFICIO O A PETICIÓN DE ALGUNA DE LAS PARTES, TUVO POR ACTUALIZADA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA Y, COMO CONSECUENCIA, DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO, SIN OTORGAR AQUÉLLA A LA PARTE AFECTADA, ESA CIRCUNSTANCIA NO LA DEJA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN, EN TANTO QUE PUEDE IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVISIÓN. El artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en un plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Por su parte, el numeral 93, fracciones I a III, de esa ley dispone: "al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida.-Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada; II. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará, en primer término, los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento; si son fundados se revocará la resolución recurrida; III. Para los efectos de las fracciones I y II, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia.". Ahora bien, de la interpretación sistemática de esos preceptos se advierte que ambos coinciden en cuanto a las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, es decir, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, esto es, el Juez de Distrito; por tanto, si éste -de oficio o a petición de alguna de las partes-, tuvo por actualizada una causal de improcedencia y, como consecuencia, sobreseyó en el juicio de amparo, la parte afectada tiene oportunidad de impugnar dicha resolución mediante el recurso de revisión, para que el Tribunal Colegiado de Circuito examine, a la luz de los agravios correspondientes, los razonamientos en que se basó el a quo para sobreseer en el juicio, por lo que el recurrente no queda en estado de indefensión, pues si el sobreseimiento fue correcto tendrá que confirmarse la sentencia recurrida o, de lo contrario, se dejará insubsistente para proceder con el estudio de fondo." Finalmente, virtud a lo anterior, agréguense únicamente para que obren como corresponda los informes justificados que rinden las autoridades responsables, Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Distrito Occidente Adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Titular de la Agencia Estatal de Investigación con Residencia en el Municipio de Cuauhtémoc.
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