Cinthia Fabiola Galicia Martínez

Expediente 734/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
734/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
04/07/2018

Partes del expediente

  • Cinthia Fabiola Galicia Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    I.- Con fundamento en lo establecido en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su precepto legal 2°, se tiene por hecha la certificación precedente para conocimiento de las partes. Ahora bien, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra la determinación de once de junio de dos mil dieciocho por la que se sobreseyó en el presente asunto fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que la misma ha causado estado. En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. Así las cosas, en términos de lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; once de junio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, del Estado de México con residencia en Toluca, por si y en representación de la Junta y anexo. Se estima aplicable por analogía, la tesis aislada XXI.2o.16 K, con número de registro 189948, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1081 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Ahora, en el presente juicio la quejosa Cinthia Fabiola Galicia Martínez, reclaman omisión de señalar día y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral J.29/522/2018 de su índice estadístico; sin embargo, de la constancia remitida por la responsable se advierte que el veinticinco de mayo del presente año, se acordó lo relativo a la fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. A las constancias remitidas por las autoridades responsables se les otorga valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Justifica lo anterior, la jurisprudencia 226, con número de registro 394182, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja a los peticionarios tendrá por objeto restituirlos en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. En ese sentido, si en el presente juicio de amparo, el quejoso aduce que la autoridad responsable han sido omisa en señalar día y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral J.29/522/2018; sin embargo, de manera posterior la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de veinticinco de mayo del año que transcurre, en el juicio laboral referido, en el que acordó la petición hecha por la quejosa. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la autoridad responsable, el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, acordó lo correspondiente a lo solicitado por la parte aquí quejosa; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía el acto de molestia del que se duele la promovente de este juicio, éste ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, se pronunciara respecto de señalar día y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral J.29/522/2018, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a los solicitantes del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, con número de registro 193758, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98, con número de registro 196820, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis P.CL/97, con número de registro 197367, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, Novena Época, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En ese sentido, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, con número de registro 184572, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las once horas con veinticinco minutos del quince de junio de dos mil dieciocho, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma, Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Dulcinea Judith González Gómez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Se hace efectivo apercibimiento contenido en aviso de doce de junio del año en curso,, y se notifica por lista a la parte quejosa acuerdo de once de junio del año en curso, que dice: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, del Estado de México con residencia en Toluca, por si y en representación de la Junta y anexo. A las constancias remitidas por las autoridades responsables se les otorga valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. En ese sentido, si en el presente juicio de amparo, el quejoso aduce que la autoridad responsable han sido omisa en señalar día y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral J.29/522/2018; sin embargo, de manera posterior la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de veinticinco de mayo del año que transcurre, en el juicio laboral referido, en el que acordó la petición hecha por la quejosa. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la autoridad responsable, el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, acordó lo correspondiente a lo solicitado por la parte aquí quejosa; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía el acto de molestia del que se duele la promovente de este juicio, éste ha cesado. En ese sentido, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las once horas con veinticinco minutos del quince de junio de dos mil dieciocho, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente.

  4. Principal

    Toluca, México; seis de junio de dos mil dieciocho. El estado procesal del juicio evidencia que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días otorgados por auto de veintiuno de mayo del año en curso, con la finalidad de que la autoridad responsable la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México, rinda su informe justificado, tal como se aprecia del acuse que obra glosado a foja diez. En tales condiciones, para dar margen a que se cumpla lo anterior, la audiencia constitucional prevista para esta fecha, con fundamento en el artículo 115 de la ley de la materia, se difiere; y, en su lugar se fijan las once horas con veinticinco minutos del quince de junio de dos mil dieciocho, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Dulcinea Judith González Gómez, que autoriza y da fe. Doy fe.

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