Cinthia Anilu Medina Dzib
Expediente 1088/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1088/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Cinthia Anilu Medina Dzib
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha, ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de treinta de junio del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el presente asunto se desechó de plano la demanda que dio origen al presente expediente, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de junio de dos mil veintiuno. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el escrito presentado por *****, mediante el cual, da cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno. En virtud de lo anterior, con la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se tiene a *****, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en: ACTOS RECLAMADOS: La resolución dictada el veinte de abril de dos mil veintiuno, en autos del toca 634/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por José Alberto Rosado Aguilar, en contra de la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, pronunciada en autos de las diligencias de jurisdicción voluntaria 16/2020 del índice del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, que la hoy ocursante promoviera a favor de su entonces menor hijo, con el objeto de que se le fijara una pensión alimenticia. DESECHAMIENTO Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de que la promovente CINTHIA ANILÚ MEDINA DZIB, no tiene interés jurídico para combatir la resolución reclamada. A fin de demostrar lo anterior, se estima necesario en primer término destacar el contenido del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, que dispone lo siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.;" De igual manera, cabe añadir el contenido de los artículos 1, fracción I, 5, fracción I; 6 y 61 fracción XII, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: (.) I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico": "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" El referido artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el quejoso es parte en el juicio de amparo; que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de dicho ordenamiento legal, y con ello, se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Es decir, que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos u omisiones de autoridad, y se sigue por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Por su parte, la causa de improcedencia prevista en la fracción Xll del artículo 61, hace referencia, en lo que interesa al caso, al interés jurídico que debe acreditar la parte quejosa para poder ejercitar la acción en el juicio de amparo. Así, el interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular. Por eso, se afirma que hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar; todo lo cual debe ser materia de prueba fehaciente en el juicio constitucional relativo. De ahí que la procedencia de la acción constitucional exige que esta última no sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquél que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es favorable o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera causarle perjuicio, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho del gobernado derivado de la ley a exigir determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Sirve de apoyo la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto, son: "Época: Octava Época Registro: 220965 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Diciembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: VI. 3o. J/26 Página: 117 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." En esa tesitura, la promovente del amparo reclama, en esencia, la resolución dictada por la Sala que señala como responsable, en la que se revocó la diversa pronunciada en las diligencias de jurisdicción voluntaria que promoviera en favor de su entonces hijo menor de edad, a fin de que se le otorgara una pensión alimenticia. Partiendo de lo anterior, para la procedencia del juicio de amparo, debe decirse que la ocursante no es titular de un derecho subjetivo -interés jurídico-, el cual le otorgue una facultad o potestad de exigencia oponible sobre la resolución reclamada. Ello, en base a las manifestaciones que realiza en el sentido de que dichas diligencias de jurisdicción voluntaria de las que deriva el acto que por esta vía reclama, fueron promovidas a favor de su entonces hijo menor de edad Ricardo Alberto Rosado Medina. No obstante ello, expresamente manifestó que la sentencia que constituye el acto reclamado, fue dictada posteriormente a que su hijo adquiriera la mayoría de edad. Por tanto, tomando en consideración que lo declarado por la ocursante fue en forma expresa y bajo la formal "protesta de decir verdad", y que por disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los hechos manifestados por el promovente constituyen una confesión expresa. De ahí que quede plenamente demostrado que la aquí promovente no tiene un interés jurídico en el presente juicio de amparo, al no existir un derecho subjetivo, vulnerado en su perjuicio, dado que es ajena a la controversia. Pues en forma alguna puede considerarse suficiente el hecho de que promoviera las diligencias de jurisdicción voluntaria 16/2020 del índice del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, pues como se determinó, únicamente lo hizo en representación de su entonces hijo menor de edad. De ahí que si éste alcanzó la mayoría de edad, deviene incuestionable que ha cesado la representación que la ocursante ostentaba sobre el mismo, antes de la presentación de esta demanda de amparo, por lo que se insiste, ésta dejó de ser parte de la controversia de donde derivan los actos que por esta vía reclama al dejar de contar con la legitimación procesal para representar al entonces menor. Apoya la anterior consideración, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, localizable en la página mil ochocientos veintisiete, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2004729, de rubro y texto: "MENOR DE EDAD. SU REPRESENTANTE LEGAL CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL CUANDO DURANTE EL JUICIO AQUÉL ADQUIERE SU MAYORÍA. La legitimación procesal es uno de los requisitos que dota de validez a un juicio. Tratándose de juicios donde se dilucidan derechos de menores, la legitimación procesal la tienen sus representantes legales. La representación legal cesa al llegar a la mayoría de edad. Así pues, cuando en un juicio un menor adquiere la mayoría de edad, es evidente que a partir de ese momento ya no puede seguir actuando a través de quien era su representante legal, sino es él quien ahora tiene la legitimación procesal para comparecer. Lo anterior no significa que lo antes actuado bajo la representación legal sea nulo por falta de legitimación procesal, toda vez que en ese momento dicho requisito fue correctamente cumplimentado, ya que sólo a través de su representante legal el menor podía comparecer a juicio. Concebirlo de forma contraria, haría inútil y sin beneficio alguno toda la tutela y salvaguarda que el Estado procuró en la minoría de edad, dado que se vería nulificado lo actuado con base en los beneficios procesales inherentes a la calidad de infante; lo cual conllevaría a que el ahora mayor de edad afrontara desfavorablemente los derechos y obligaciones que se adquirieron o ejercieron por quienes tenían su representación legal. Además, se trastocaría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concreto los principios de certeza jurídica y economía procesal, en cuanto se haría al ahora mayor de edad y al Estado invertir recursos humanos y materiales en la instauración de un nuevo juicio, en el cual ya no regiría el principio protector del interés superior del menor. Pues se insiste en que no cuenta con un interés juridico, pues la resolución que por esta vía reclama no cumple con los requisitos necesarios para su constitución, consistentes en la existencia de un perjuicio real y concreto en la esfera jurídica de la inconforme, esto es, el interés personal, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor de la ocursante. Ello, pues la revocación de la sentencia pronunciada en las diligencias de jurisdicción voluntaria de las que deriva el acto reclamado, únicamente incide en los derechos alimentarios que, en su momento, adquirió su hijo Ricardo Alberto Rosado Medina. En virtud de lo anterior, es evidente que la promovente no puede acudir al amparo en contra de la resolución que reclama, pues como quedó establecido, no cuenta con un interés jurídico, pues la resolución reclamada no se encuentra dirigida a su persona, ni mucho menos se podría estabecer que tuviera un interés legítimo, ya que dicha figura jurídica no se encuentra contemplada para los casos jurisdiccionales, como del que se trata en la que los derechos involucrados son exclusivos de las partes. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia en estudio, con apoyo en el artículo 113 de la invocada ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
QUEJOS POR LISTA DE ESTRADOS.Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de cuenta, se tiene a *******, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: ACTO RECLAMADO La resolución dictada el veinte de abril de dos mil veintiuno, en autos del toca 643/2021. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente, regístrese con el número 1088/2021-VI-A y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. PREVENCIÓN Ahora bien, a fin de estar en aptitud de acordar lo que legalmente corresponda en relación con el tratamiento que deberá darse a la demanda de amparo que se provee, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DIAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los siguientes términos: Señale todos y cada uno de los hechos y abstenciones que constituyan los antecedes del acto reclamado, en los que deberá incluir el carácter con el que promovió las diligencias de jurisdicción voluntaria 16/2020 del índice del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán; esto es, deberá precisar si lo hizo por propio derecho y en representación de su entonces menor hijo, o bien, si únicamente fueron promovidas a favor de aquél. Asimismo, deberá especificar el sentido en el que la Sala responsable, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el aquí tercero interesado JOSÉ ALBERTO ROSADO AGUILAR. Lo anterior encuentra apoyo en lo previsto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, el cual señala que corresponde a la parte quejosa proporcionar dichos antecedentes de manera cronológica, ya que sólo de esa manera este Juzgado puede estar en aptitud de proveer lo conducente sobre la demanda de amparo. Ello, en razón de que se trata de los únicos elementos con los que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conllevan a su admisión o desechamiento. Además, éstos a su vez, responsabilizan a quien los formula respecto de la falsedad o la omisión de los datos proporcionados. APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento efectuado, dentro del plazo otorgado (cinco días), se tendrá por no presentada la demanda de amparo, como lo dispone el penúltimo párrafo del invocado numeral 114, de la Ley de la materia. PRECISIÓN DE COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO. Asimismo, la parte quejosa deberá exhibir con su ocurso aclaratorio, las copias del mismo que sean necesarias para la adecuada tramitación del presente juicio, en su caso, CINCO copias, para correrle traslado a las partes, las cuales se distribuirán de la siguiente manera: una para correr traslado a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, una más para la autoridad responsable, otra para la parte tercera interesada; y dos más para el incidente de suspensión relativo. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 110 de la Ley de Amparo y con apoyo en la Tesis Jurisprudencial 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma que no se contrapone a las nuevas disposiciones de la actual legislación de la materia, cuyo rubro es del tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otro lado, toda vez que el domicilio que señala la parte quejosa para oír y recibir notificaciones se ubica fuera de la residencia de este Juzgado, en consecuencia, hágansele las notificaciones que correspondan, aun las de carácter personal, por lista de estrados que se fije en este Juzgado, con apoyo en lo dispuesto en la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos de lo previsto en el numeral 2° de la ley inicialmente citada Téngase como autorizadas de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, a las personas que señala en su escrito inicial de demanda, con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. EXHORTACIÓN A LAS PARTES DE LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Además, en atención a lo indicado en el considerando Noveno, artículos 28, 29 y 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, reformado por los similares 25/2020, 37/2020 y 1/2021, en relación al periodo de vigencia; se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; estando a su disposición el aplicativo de firma electrónica en los enlaces señalados en el Transitorio Décimo Primero, del referido Acuerdo General 21/2020, reformado por los similares 25/2020, 37/2020 y 1/2021, en relación al periodo de vigencia. Así como deberán proporcionar un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, en términos de lo dispuesto en el numeral 5, fracción I del multicitado Acuerdo General 21/2020, reformado por los similares 25/2020, 37/2020 y 1/2021, en relación al periodo de vigencia, para establecer comunicaciones no procesales. Lo anterior a fin de estar en la posibilidad de continuar en todo momento con el juicio de amparo, pues de no ser así podría llegarse al supuesto de excepción de no poder continuar con el trámite del mismo hasta su conclusión, pues de presentarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 19 del citado Acuerdo General 21/2020, reformado por los similares 25/2020, 37/2020 y 1/2021, en relación al periodo de vigencia, eventualmente, podría suspenderse el trámite del presente juicio de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
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