Cinthia Alejandra Navarro Espejo
Expediente 72/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 23 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 72/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 25/04/2023
Partes del expediente
- Cinthia Alejandra Navarro Espejo
- Manuel Félix Yépis
- Juana Elsa López Cota
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Amparo en revisión
Para los efectos legales correspondientes, agréguese el oficio 9180/2023 que remite el actuario judicial adscrito al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso, con el que este tribunal le remitió tanto la copia autorizada del testimonio de la ejecutoria dictada en el presente asunto, como los autos originales y demás constancias que sirvieron como antecedente para dictar el fallo respectivo. En consecuencia, previa anotación en el libro de registro correspondiente, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.
- Amparo en revisión
REVOCA SENTENCIA Y SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO
- Amparo en revisión
Para los efectos legales correspondientes, agréguese el dictamen que formula la titular de la ponencia "A" de este órgano jurisdiccional, magistrada María del Rosario Parada Ruiz, al que acompaña el amparo en revisión 72/2022, en el que expuso lo siguiente: Por escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno el tres siguiente al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, ----, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se señalan: "III.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- Se señala al H. Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con domicilio en Calle Comonfort y Tehuantepec, primer piso, lugar que ocupa el edificio del Poder Judicial del Estado de Sonora, de esta ciudad de Hermosillo, Sonora. IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye la sentencia interlocutoria de fecha 07 de enero del 2022, dictada por el H. Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, Sonora, dentro del toca civil No. ----, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto de mi parte en contra de la sentencia interlocutoria de primera instancia de fecha 14 de junio del 2021, dictada en el expediente No. ----, relativo al juicio especial en arrendamiento inmobiliario promovido por ----, en contra de ----, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil Especializado en Arrendamiento Inmobiliario y Extinción de Dominio del Distrito Judicial de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, acto reclamado este por virtud del cual la autoridad responsable confirma la sentencia interlocutoria de 14 de junio del 2021, ya mencionada; así también, reclamo todas las consecuencias y efectos derivados y que pudieran derivar del acto que se reclama en el presente juicio de amparo." Denunció como garantías individuales violadas las que se consagran en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; expresó los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. Por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veintidós, el Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, admitió la demanda y la registró con el número ********************; seguido el juicio por sus demás trámites, concluyó con sentencia de ocho de marzo de dos mil veintidós, cuyo punto resolutivo dice: "ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ********************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en esta determinación. Notifíquese." Inconforme con dicho fallo, la quejosa, ********************, por conducto de su autorizado legal, licenciado ********************, interpuso recurso de revisión, el cual se recibió en el buzón judicial de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el dieciocho de marzo de dos mil veintidós y enviado al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, el veintidós del citado mes; depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, el cinco de abril del mismo año, remitido a la mencionada oficina en la misma fecha; y turnado a este tribunal el seis siguiente, donde la presidencia lo admitió por acuerdo de siete del aludido mes y año, registrando el toca respectivo con el número 72/2022. La fiscal federal adscrita, notificada en términos de ley, no formuló pedimento. Por auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, se turnó el expediente al magistrado Mario Pedroza Carbajal para formular el proyecto de resolución respectivo; y por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se returnó a la licenciada Raquel Nieblas Germán, secretaria de tribunal en funciones de magistrada para el mismo efecto, según el oficio CCJ/4187/2022, emitido por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Por acuerdo de dieciséis de noviembre del año en curso, se returnó a la magistrada María del Rosario Parada Ruiz, para el propio fin, en virtud de que en sesión extraordinaria celebrada el tres de noviembre del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó su cambio de adscripción a este órgano jurisdiccional. Mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, con fundamento en los artículos 29 y 184 de la Ley de Amparo y 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se fijó lista en los estrados, donde se señaló para la audiencia de este asunto el diecisiete del mismo mes y año (foja 35). En esta misma fecha con apoyo en los artículos 184 y 185 de la Ley de Amparo, se hizo constar que se dio cuenta con el asunto y que, por unanimidad de votos de los integrantes de este cuerpo colegiado, se acordó retirarlo para su mejor estudio. Este órgano jurisdiccional advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, cuyo análisis es de estudio oficioso en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo. Lo anterior obedece a que según la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son dos las condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Dicha jurisprudencia, se emitió con motivo de la contradicción de tesis 377/2013 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, libro siete, junio de dos mil catorce, tomo I, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. El referido criterio es aplicable al caso, porque como se evidencia de la demanda de derechos, el acto reclamado consiste en la resolución de siete de enero de dos mil veintidós, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en los autos del toca civil ********************, relativo al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, hoy quejosa y recurrente, en la que confirmó la sentencia interlocutoria de catorce de junio de dos mil veintiuno, emitida por el Juez de Primera Instancia de lo Civil Especializado en Arrendamiento Inmobiliario y Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, en el expediente ********************, que declaró infundada la excepción de litispendencia. Así, el referido acto no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues existe la posibilidad de que la afectación que se señala por la quejosa, hoy recurrente, desaparezca en caso de que obtenga resolución favorable a sus intereses en el juicio natural; de ahí que se extinguiría sin originar afectación alguna a sus derechos fundamentales. Por tanto, si la afectación de derechos que pudiera irrogarse a la impetrante, depende de que llegue o no a trascender al resultado del fallo que se dicte en el juicio natural, pues se reitera, dichas cuestiones podrán quedar reparadas con el dictado de una sentencia favorable a sus intereses, y en caso de no ser así, pueden impugnarse mediante el juicio de amparo directo que se promueva contra dicha sentencia; en esa tesitura, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, este interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. La jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) de mérito, por su importancia, se reproduce enseguida: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". También es aplicable por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 12/94, emitida por el Pleno del más alto tribunal del país al resolver la Contradicción de tesis 19/93, que dice: "CONEXIDAD. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCION QUE CONFIRMA EL DESECHAMIENTO DE TAL EXCEPCION. La resolución que confirma el desechamiento de la excepción de conexidad, es decir, de la petición formulada por la parte demandada para que el juicio promovido por el actor se acumule a otro juicio (diverso de aquél pero conexo) con el objeto de que ambos juicios sean resueltos en una sola sentencia, no es impugnable en amparo indirecto, pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no produce de manera inmediata y directa la afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino sólo la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, que pueden ser reparados si el afectado obtiene sentencia favorable en cuanto al fondo del asunto. La conclusión precedente no significa que, por exclusión, sea procedente el amparo directo contra tal violación procedimental, pues tanto el amparo directo como el indirecto tienen sus propias reglas de procedencia, de manera tal que la improcedencia de una vía no puede determinar, por exclusión, la procedencia de la otra, máxime si se toma en consideración que no todas las violaciones procedimentales son impugnables en amparo, ya sea directo o indirecto, sino sólo aquellas que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que ejemplificativamente enumeran los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo (amparo directo), o bien que tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio (amparo indirecto)" (lo destacado es de este órgano jurisdiccional). No es óbice a lo antes expuesto, el criterio que cita la quejosa, hoy recurrente, en el apartado denominado "PROCEDENCIA DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO" en la demanda de derechos: "LITISPENDENCIA. LA INTERLOCUTORIA QUE DECLARA IMPROCEDENTE DICHA EXCEPCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO", pues se trata de un criterio aislado de un Tribunal Colegiado de diverso circuito que no es de aplicación obligatoria para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y además se emitió conforme a la Ley de Amparo anterior, en la cual era posible equiparar la imposible reparación con actos que fueran de "grado predominante o superior", situación que ya no es así conforme al nuevo texto de la ley; aspecto que ya fue analizado en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), transcrita en los párrafos previos de esta ejecutoria. En el anterior contexto, en virtud que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER el presente juicio de derechos, de conformidad con el artículo 63, fracción V de dicha legislación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de estar en condiciones de resolver el presente recurso de revisión civil, se ordena dar vista a la quejosa, hoy recurrente, para que manifieste lo que a su derecho convenga. En virtud de las manifestaciones vertidas en el mismo, con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, por el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que exponga lo que a su interés convenga en relación con la causal de improcedencia que puede materializarse en el presente asunto; con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal resolverá lo que en derecho corresponda. En el caso, no ha lugar a efectuar la notificación personal del presente proveído a la parte quejosa, en atención a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que derivó de la Contradicción de tesis 325/2014, en la que estableció que es suficiente con la notificación por lista de la determinación que adopte el tribunal colegiado de Circuito, en el sentido de dar vista a la parte quejosa con la posible causa de improcedencia, atendiendo al principio de la justicia pronta establecido en el párrafo segundo del artículo 176 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo previsto en los artículos 26, fracción I y 184 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que en el referido artículo 26, fracción I, no se prevé como supuesto expreso de notificación personal, la determinación que adopta un tribunal colegiado de Circuito en cuanto a dar vista a la parte quejosa con una causa de improcedencia que pudiera advertirse de oficio, por lo que, si la parte quejosa puede dar seguimiento pleno al trámite del asunto de su interés, resulta innecesario que le sea notificado personalmente lo determinado en la sesión en la que el tribunal colegiado, al discutir un asunto estime de oficio la posible actualización de alguna causa de improcedencia que no fue alegada por las partes, ni analizada por el órgano inferior, siendo suficiente, en el marco del sistema proteccionista ampliado a la luz del derecho de audiencia, llevar a cabo la referida notificación por lista en los estrados del órgano correspondiente, en cuya síntesis se precise la finalidad de dicha notificación. Por tanto, debe considerarse la importancia de que la vista a la que se refiere el artículo 64 de la Ley de Amparo, no provoque una dilación injustificada en el dictado de la sentencia respectiva, lo que podría acontecer con la notificación personal de la determinación que se ordene. Además, para efectos estadísticos considérese el presente asunto como egreso de la ponencia "A" y como ingreso a la secretaría de acuerdos, hasta en tanto no se returne el expediente en cuestión.
- Juicio de Amparo Directo
EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL SUSCRITO ACTUARIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO, HAGO CONSTAR QUE CON ESTA MISMA FECHA, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MEDIANTE EL CUAL En esas condiciones, este órgano jurisdiccional concluye que la autoridad responsable, sí dio cumplimiento a la ejecutoria de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia protectora. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, vigente a partir del siete de julio de dos mil veintidós, previa anotación en el libro de registro correspondiente, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. LO QUE SE PUBLICA EL DÍA DE HOY POR MEDIO DE LISTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. DOY FE
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