Cindy Rodríguez Moctezuma

Expediente 1070/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1070/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
27/05/2021

Partes del expediente

  • Cindy Rodríguez Moctezuma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Agréguese el oficio de la Secretaria del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en el recurso de queja Q.A. 43/2021 en el que se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja." Acúsese recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Actuaria del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que comunica el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. En éste, el Presidente de dicho Tribunal tuvo por recibido vía electrónica el escrito de agravios, relativo al recurso de queja interpuestos por la parte quejosa, en contra del acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno; lo registró con el toca Q.A. 43/2021 de su índice y lo admitió a trámite. Se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Consideraciones previas. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal adoptó medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, así como acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo. Así, el Pleno del Consejo emitió los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020 y 18/2020, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En dichos acuerdos se decretó, en lo que interesa, la suspensión de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en su totalidad del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte y, como consecuencia de ello, se decretó que no transcurrirían plazos y términos procesales, no se celebrarían audiencias y tampoco se llevarían a cabo sesiones de los Plenos de Circuito. Posteriormente, el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. En el artículo 2° del referido Acuerdo General, se ordenó el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Sin embargo, en atención al incremento en los contagios por virus COVID-19, mediante sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad COVID-19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México", por el que adoptó medidas del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que fue extendiéndose a través de las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, hasta el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Dichas medidas, consistieron en regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1°, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; sin que se actualizara alguna de las hipótesis a las que se hizo referencia por cuanto a este juicio de amparo. Escrito de cuenta. Agréguese el escrito de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictado en el expediente en que se actúa. Con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 99 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el recurso de que se trata, ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja en el sentido de que es cierto que este juzgado emitió el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Para el efecto, se remite el escrito original de agravios y las constancias relativas al presente juicio de amparo, vía interconexión, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a fin de que la Superioridad esté en posibilidad de emitir la resolución correspondiente. Se informa al Tribunal que el acuerdo impugnado es localizable en el portal de intranet. Finalmente se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID19), continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, en términos de lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de junio de dos mil veinte. Notifíquese.

  4. Principal

    En esta fecha se publica por lista de acuerdos a la parte quejosa, el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, que dice: Agréguese el ********************de la parte quejosa, a través del cual desahoga la prevención realizada en acuerdo de diez de noviembre de dos mil veinte y manifiesta: "I. Respecto a que a que (sic) si a la fecha de la presentación de mi demanda promoví diverso recurso o instancia en contra de los resolutivos segundo y tercero de la resolución administrativa dictada en el expediente administrativo ********************, con motivo del procedimiento administrativo instaurado en mi contra, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no he promovido en específico instancia de defensa en contra de dichos resolutivos, siendo que lo que sí interpuse fue juicio de nulidad en contra de la resolución administrativa de referencia, pero respecto al fondo del asunto, es decir, en cuanto a la investigación realizada, la aplicación retroactiva de la ley en mi perjuicio y la decisión tomada por la autoridad que me instruyó el procedimiento administrativo para determinar mi responsabilidad e imponerme las sanciones respectivas, y no así para impugnar la orden dada al Titular de la Entidad donde presto mis servicios, para que ejecutara de manera inmediata las sanciones que me fueron impuestas, ni la inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como tampoco el registro de dichas sanciones, y aun cuando en dicha demanda se haga referencia al segundo punto resolutivo, ello sólo es en razón de la sanción impuesta y no respecto a su ejecución; siendo, en consecuencia, distintos los actos materia del juicio de nulidad y los reclamados en el presente juicio (.) A fin de corroborar lo anterior, le hago saber que el juicio de nulidad promovido se encuentra radicado en la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, registrado bajo el número de expediente ********************, siendo que a la fecha se estado procesal es el siguiente: SE TIENE POR ADMITIDA LA DEMANDA DE NULIDAD." Sentido de la determinación. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo en cuestión, ya que -como se explicará más adelante- se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Acto reclamado. ********************reclama los actos siguientes: " (.) los Puntos Resolutivos segundo y tercero de la resolución administrativa dictada en el expediente administrativo ********************, con motivo del procedimiento de responsabilidad administrativa instruido en mi contra, en el que ordena al Tribunal de la entidad en la que actualmente me encuentro desempeñando como persona servidora pública, la ejecución de las sanciones de destitución e inhabilitación hasta por diez años para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, que me fueron impuestas, de acuerdo con el considerando octavo de la resolución administrativa aludida qué hace referencia al artículo ******************** en el que se establece que la ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de inmediato'. (.) de las autoridades legislativas señaladas, la creación y promulgación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, específicamente el artículo 30 de la referida Ley, dada su inconstitucionalidad. De las responsables ejecutoras, reclamó la ejecución de la orden dada por la responsable ordenadora, consistente en la ejecución de las sanciones que fueron impuestas y el registro de dichas sanciones." Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.". Razones de la improcedencia. En el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, se establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos cuando previamente se haya tramitado ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa y que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Ahora bien, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo transcrito, se requiere que se den los siguientes elementos:a) Que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal.b) Que ese medio de defensa haya sido propuesto por el quejoso.c) Que dicho medio de defensa pueda tener por efecto, modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de rubro: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO". En el caso que nos ocupa, se dan esos tres elementos, ya que como se aprecia de la narrativa de antecedentes en contra del acto reclamado consistente en la resolución dictada en el expediente administrativo ********************, con motivo del procedimiento de responsabilidad, la aquí quejosa********************promovió juicio de nulidad, el cual encuentra substanciado ante la Novena Sala Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el expediente ********************.Asunto con el cual se puede obtener la modificación, revocación o nulificación de los actos reclamados, puesto que los mismos fueron impugnados en ese juicio de nulidad y en el momento en que sea resuelto tendría como consecuencia necesaria que se modifiquen, revoquen o nulifiquen los actos combatidos en el presente asunto. En otras palabras, con la promoción de ese juicio de nulidad, en el momento en que sea resuelto en definitiva, la quejosa puede obtener la insubsistencia legal de los actos reclamados, el cual se trata de un medio de defensa idóneo y correcto con base en el artículo 2° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que para su mejor apreciación se transcribe: "2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley.". Ahora bien, si bien la quejosa refiere que se trata de dos actos distintos los reclamados tanto ante la Novena Sala Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como en este juzgado, siendo que ante la referida autoridad impugna el fondo del asunto y aquí su ejecución, lo cierto es que respecto a la suspensión de la ejecución de la orden contenida en dicha resolución, ésta puede ser solicitada ante la misma Sala, de conformidad con el artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. (.) III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en ********************diverso presentado anta la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado Instructor resolverá lo que corresponda dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superviniente que lo justifique. (.)." El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cumple con dichas condiciones, como se explica a continuación: 1) Prevé el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado, tal y como se advierte del artículo 28 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo. 2) Dicha medida cautelar tiene los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo, pues mientras el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que atento a la naturaleza del acto reclamado, se ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible se restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce de su derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, por su parte el artículo 28, fracción II, inciso c) de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece que se concederá determinando la situación e que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncia sentencia firme. Lo anterior implica que la suspensión en el medio ordinario de defensa constituye una medida cautelar con efectos restitutorios, que incluso tiene por objeto detener la ejecución de algún acto a fin de que la parte interesada siga disfrutando del derecho que estima vulnerado. Además, el artículo 28, fracción III, inciso a), de la ley citada prevé que el Magistrado instructor podrá acordar la suspensión del acto impugnado con efectos restitutorios en cualquiera de las fases del procedimiento, mientras no se falle en definitiva. 3) La medida cautelar contemplada en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. Al respecto resulta aplicable, por analogía y por no oponerse a las disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en vigor, la jurisprudencia 2ª./J.125/2011, establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL" 4) Finalmente, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo prevé un plazo equivalente al de la Ley de Amparo, para conseguir la suspensión provisional, ya que según su artículo 28, fracción III, inciso c), dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue turnada, el Magistrado que corresponda concederá o negará la suspensión en caso de haber sido solicitada. Situación que se homologa a lo previsto para el juicio de amparo, pues conforme al artículo 112 de la ley de la materia, el Juez de Distrito cuenta con un plazo de veinticuatro horas para que, de ser el caso, se admita la demanda de amparo y, de haber sido solicitada, se provea sobre la suspensión. Por tanto, es válido concluir que el juicio contencioso federal previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no prevé mayores plazos, no exige más requisitos ni establece menores alcances que los contemplados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual cumple con las condiciones establecidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. El sentido de la presente resolución guarda relación con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece que previamente a la promoción del juicio de amparo es necesario agotar los medios ordinarios de defensa siempre que conforme a las leyes que los rijan, se suspendan los efectos de los actos reclamados (i) con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo; (ii) sin exigir mayores requisitos que los establecidos para conceder la suspensión definitiva; y, (iii) sin establecer un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. En relación con el plazo, la Segunda Sala de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el propósito de esa prescripción es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos. Ahora bien, al interpretar la Ley de Amparo vigente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los requisitos para que sea decretada la suspensión son los siguientes: (i) la certeza de los actos reclamados; (ii) que su naturaleza permita su paralización; y, (iii) que se reúnan los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Lo anterior se advierte de la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA". Lo mismo ha hecho la Primera Sala del Alto Tribunal, pues en la jurisprudencia 1a./J. 53/2017 (10a.), estableció que los requisitos para conceder la suspensión definitiva son: (i) que la solicite el quejoso; (ii) que los actos reclamados cuya paralización se solicita sean ciertos; (iii) Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión; y, (iv) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese sentido, la etapa procesal del juicio en la que se puede solicitar la suspensión es una mera modalidad mas no un requisito para la concesión de la suspensión definitiva. No pasa inadvertido que la parte quejosa reclama en este juicio de amparo únicamente la aplicación de una norma general con motivo de la ejecución de la resolución impugnada; sin embargo, la causa de improcedencia mencionada debe hacerse extensiva a ella en virtud que como se precisó, únicamente la reclama con motivo de la ejecución de dicha resolución, pues el fondo del asunto se encuentra impugnándolo ante la Novena Sala Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo medio de defensa tiene por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que no tendría razón de ser este procedimiento si la paralización de la ejecución podría lograrlo a través de la solicitud de la suspensión ante el Tribunal de origen. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una norma general con motivo de un acto de aplicación, no debe desvincularse el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, es decir, se debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente por lo que hace al acto de aplicación y de no ser así, la improcedencia debe hacerse extensiva a la norma general reclamada. Bajo ese orden de ideas, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe hacerse extensiva al artículo ******************** que también se reclama, pues su acto de aplicación no puede estimarse como de imposible reparación dentro del procedimiento administrativo de origen. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 78/2007, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo y ********************que la aclara son claros; (ii) encuentra sustento en las documentales exhibidas por la parte quejosa, [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos; (iii) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Conclusión Por lo tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XX y 113, ambos de la Ley de Amparo, y por los motivos expuestos en este auto, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por ********************Háganse las anotaciones necesarias en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese

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