Cindy Marisol Burgos Gamboa
Expediente 182/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 23 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 182/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 11/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Cindy Marisol Burgos Gamboa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Incidental
Mérida, Yucatán, once de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos, para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido vía interconexión signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que comunica que ha precluído el derecho de las partes para impugnar el acuerdo de dos de agosto de dos mil veintitrés, en el que se declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto por José Luis Rodríguez Soberanis autorizado en términos amplios de la quejosa Cindy Marisol Burgos Gamboa, en contra de la interlocutoria de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 182/2023, al que le correspondió el número de toca 336/2023. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, siete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos, para que obre como legalmente corresponda el oficio vía interconexión signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que comunica que se declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto por José Luis Rodríguez Soberanis autorizado en términos amplios de la quejosa Cindy Marisol Burgos Gamboa, en contra de la interlocutoria de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 182/2023, al que le correspondió el número de toca 336/2023. Visto el presente asunto y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívese el presente cuaderno de suspensión. Ahora bien, de conformidad con el artículo 20, fracción III del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de destrucción toda vez que por resolución de veintisiete de marzo del presente año, se declaró sin materia la suspensión definitiva solicitada. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/1003/2023, de trece de marzo de dos mil veintitrés, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el siete de julio de dos mil veintitrés, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la aludida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 20 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Ahora bien, en atención a lo antes señalado, se ordena se provea en su oportunidad lo conducente en el incidente de suspensión derivado de este juicio, con relación al archivo del mismo. Finalmente, comuníquese el presente acuerdo al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con la finalidad que acuerde lo que corresponda en el recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución interlocutoria de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictado en los autos incidentales derivados del presente juicio de amparo, el cual fue registrado con el número de toca 336/2023 de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizado mediante oficio CCJ/ST/1003/2023 de trece de mayo de dos mil veintitrés, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver el juicio de amparo 182/2023, promovido por ******************** contra actos que atribuyó al Gobernador del Estado y otras autoridades, que estimó violatorios de los derechos fundamentales establecidos en los artículos 1, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el tres de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, recibido el siete de febrero del mismo año en este Juzgado, compareció Cindy Marisol Burgos Gamboa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso del Estado de Yucatán, Gobernador del Estado, Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado e Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad. Segundo. Admisión de la demanda. Previa su aclaración, por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y, entre otras cosas, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional del juicio, la que previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta levantada. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 61, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En este orden de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: "A. Del H. Congreso del Estado de Yucatán: A1. La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. A2. La consecuente abrogación de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, sus municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 10 de septiembre de 1976. B. Del Gobernador del Estado de Yucatán se reclaman: B1. La promulgación y orden de expedición de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán; B2. La abrogación de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, sus municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 10 de septiembre de 1976. C. Del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. C1. La aplicación de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán: C2. La falta de aplicación de la Ley que corresponde a la suscrita de acuerdo con sus derechos adquiridos, es decir, la omisión en la aplicación de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, sus municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 10 de septiembre de 1976. D. Del H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. D1. Como patronal, la ilegal retención de un monto mayor la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, sus municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de carácter Estatal publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 10 de septiembre de 1976, en perjuicio de la quejosa." Tercero. Existencia de los actos reclamados. La Directora Jurídica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, Consejero Jurídico, en su carácter de representante del Gobernador del Estado de Yucatán y Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, autoridades señaladas como responsables en el presente asunto, al rendir sus informes justificados admitieron los actos reclamados dentro de sus competencias, por lo que se tienen por ciertos los mismos. La Apoderada del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, autoridad señalada como responsable, en su informe justificado, manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, sin embargo del contenido de las manifestaciones hechas en el propio informe se advierte la certeza del acto reclamado, por lo que debe tenerse por existente para todos los efectos legales Cuarto. Causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso este Juzgado advierte de oficio la actualización la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; De los preceptos legales transcritos se desprende que, por regla general, la improcedencia del juicio de amparo por cosa juzgada se actualiza cuando existan dos juicios en los que se advierta identidad de: i) quejosos; ii) autoridades responsables; y iii) actos reclamados, aunque los conceptos de violación sean distintos. Cuando se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos, se genera la cosa juzgada cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analiza la constitucionalidad de las normas generales, sin que pueda actualizarse respecto de los actos de aplicación si fueron impugnados por vicios propios. Como se ve, la cosa juzgada exige dos juicios de amparo o más, en los que exista una identidad de quejosos, actos reclamados y autoridades responsables, ya que su consecuencia es el sobreseimiento en el segundo juicio o ulteriores, a fin de que sólo se emita un pronunciamiento sobre el fondo y evitar posibles resoluciones contradictorias. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se observa que la quejosa reconoció que promovió el diverso juicio de amparo con número 2024/2022-V del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán. De la consulta en el Sistema de Seguimiento de Expedientes se observa que la demanda de amparo que dio origen a dicho juicio de amparo fue promovida por la misma quejosa en contra del Congreso del Estado de Yucatán, del Gobernador del Estado de Yucatán y del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, a quienes les reclama los mismos actos reclamados en este asunto; adicionalmente señaló al Director del Diario Oficial del Estado. Cierto, de la consulta del expediente electrónico se evidencia que la quejosa reclamó en el juicio de amparo 2024/2022 del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán se observa que la aquí también quejosa reclamó: En este punto es relevante hacer notar que de la revisión de la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 2024/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán se advierte que la parte quejosa hizo valer cuatro conceptos de violación; entre los cuales destaca el primero de esos conceptos, en el que impugnó los artículos 3, fracción XIX y 20 de la Ley de Seguridad Social de Trabajadores del Estado de Yucatán, como también lo hace en el único concepto de violación expuesto en la demanda que dio origen a este asunto, y que en esencia constituye una reproducción de aquél. Del referido expediente electrónico también se observa que el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerreo, en auxilio del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, dictó sentencia constitucional el treinta de marzo de dos mil veintitrés. En dicha sentencia el resolutor fijó los actos reclamados de la siguiente manera: "1. Del Congreso del Estado de Yucatán, la discusión, aprobación y expedición. 2. Del gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, la promulgación y orden de expedición. 3. Del director del Diario Oficial del Estado de Yucatán, la publicación. 4. Del Instituto de Seguridad de los Trabajadores del Estado de Yucatán, la aplicación, así como la omisión de la aplicación de la ley abrogada. Todos esos actos relacionados con el decreto 532/2022, por el que se emite la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, en específico los artículos 3, fracciones XIX, XXI, 20, 21, 22, 63, 110, 111, 112 y 113, así como los transitorios primero, segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, decimoprimero, decimosegundo, decimotercero y decimocuarto. En ese sentido, en el considerando cuarto sobreseyó en el juicio respecto del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán -de quien se reclamó la aplicación de la norma general reclamada y la omisión de aplicar la abrogada-; en el considerando sexto sobreseyó respecto de los actos reclamados al Gobernador del Estado de Yucatán y Director del Diario Oficial -de quienes se reclamó la promulgación, orden de expedición y publicación de la norma general reclamada-; en el propio considerando sexto sobreseyó respecto de los artículos 3, fracción XXI, 63, 110, 111, 112 y 113, así como los transitorios cuarto, quinto, sexto, décimo, decimoprimero, decimosegundo, decimotercero y decimocuarto de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán -impugnados en los conceptos de violación segundo, tercero y cuarto-; y en el considerando octavo, una vez que analizó la constitucionalidad de los artículos 3, fracción XIX, 20, 21 y 22, así como transitorios primero, segundo, tercero, séptimo, octavo y noveno, resolvió negar el amparo por dichas normas generales. Posteriormente, la Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán por auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés declaró que causó ejecutoria el referido fallo constitucional dictado en el juicio de amparo 2024/2022 de su índice. En este asunto, la parte quejosa reclamó la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, en específico sus artículos 3, fracción XIX y 20; como se advierte del único concepto de violación y que cabe aclarar en esencia constituye una reproducción del primer concepto de violación que hizo valer en el aludido juicio de amparo 2024/2022 del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado y que fue materia de estudio de fondo en ese juicio. Entonces, como se anticipó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia de cosa juzgada prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, toda vez que en ambos juicios de amparo 2024/2022 -del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán- y 182/2023 -de este Juzgado- el quejoso es ******************** por lo que se cumple el primero de los requisitos señalados. De igual forma, la norma general se reclama de las mismas autoridades como ordenadoras -Congreso y Gobernador del Estado de Yucatán- incluso en ambos se señaló al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán -como autoridad ejecutora-, motivo por el cual se surte la segunda de las exigencias; y si bien en este asunto se señaló como autoridad al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, ello fue como autoridad ejecutora -por la retención como patrón de la quejosa-, sin que se advierta que reclame por vicios propios algún acto de aplicación. Asimismo, el tercero de dichas condiciones también se cumple, pues la norma general reclamada en el juicio de amparo 2024/2022 del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, lo es la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, en específico los artículos 3, fracciones XIX, XXI, 20, 21, 22, 63, 110, 111, 112 y 113, así como los transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, decimoprimero, decimosegundo, decimotercero y decimocuarto. En tanto que en este juicio de amparo 182/2023, la norma general que se reclama la constituye la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, en específico los artículos 3, fracciones XIX, y 20 de dicha legislación; incluso se advierte que el único concepto de violación hecho valer en la demanda que dio origen a este juicio, fue analizado en la referid sentencia ejecutoriada. Advirtiéndose que en el juicio de amparo 2024/2022 del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, por sentencia firme se analizó la constitucionalidad de los artículos 3, fracción XIX, 20, 21 y 22, así como transitorios primero, segundo, tercero, séptimo, octavo y noveno de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, por cuanto que en términos del considerando octavo se negó el amparo respecto de las referidas normas generales impugnadas. No pasa por alto que en el referido juicio de amparo se reclamaron dichas normas generales como autoaplictivas y en este asunto se reclaman los artículos 3, fracción XIX y 20 de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán con motivo de su primer acto de aplicación; pues lo que trasciende es que se haya analizado en sentencia ejecutoria la constitucionalidad de la norma general, como aconteció en el caso. Por tal motivo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; por lo tanto, lo que procede es sobreseer en el juicio, en términos del ordinal 63, fracción V, del ordenamiento legal citado. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán; autoridades que fueron señaladas como autoridades ejecutoras, por no haberse reclamado por vicios propios. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78 y 79, de la Ley de Amparo aplicable, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************** contra actos del Congreso, Gobernador, Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores y Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de Yucatán. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. (...)
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