Cindy Liliana Salas Luna
Expediente 821/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 821/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Cindy Liliana Salas Luna
Actuaciones
- Principal
Agréguese únicamente los informes que remite la Directora General Jurídica de la Secretaria de Seguridad Publica en el Estado de Durango toda vez que en proveído de trece de junio de dos veintitrés, al no ratificar su demanda de amparo se tuvo por no presentada y se envió al archivo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y su anexo que remite la delegada autorizada de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas con residencia en esta ciudad, con el que informa las gestiones que está realizando para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, en favor de ***, contra actos del Fiscal General del Estado y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 821/2023. Sin que por el momento haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, en virtud que los actos reclamados de los que se aduce es objeto la directa agraviada, serán materia de la suspensión de plano que se provea en el presente acuerdo. III. Suspensión de plano. En ese tenor, toda vez que los actos reclamados se hacen consistir en la incomunicación de la que es objeto la directa quejosa ***, con apoyo en los numerales 125 y 126 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, se decreta de plano la suspensión de dichos actos, así como de cualquier otro de los prohibidos por el referido artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, de que es objeto el agraviado, para el efecto de que cesen de inmediato. Por cuanto al acto consistente en la orden privativa de libertad fuera de procedimiento, en el supuesto de que la detención de la parte quejosa haya sido ordenada y ejecutada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión para el efecto de que sin demora cese la detención y se ponga en inmediata libertad a la parte quejosa, o bien, a disposición del Ministerio Público. Asimismo, si la detención de la parte quejosa no es con motivo de la comisión de un delito, se concede la suspensión para el efecto de que la agraviada sea puesta inmediatamente en libertad. Lo cual deberán informar dichas autoridades en el TÉRMINO DE VEINTICUATRO HORAS, con precisión de la fecha y hora exacta de la detención y puesta en libertad o su disposición ante el Ministerio Público. En el supuesto de que el acto reclamado emane de algún agente del Ministerio Público por cumplimiento de una orden de detención, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, si se trata de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. En el caso de que la quejosa ***, se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia, dicho plazo se contará a partir de que fue puesto a su disposición. En la hipótesis de que la detención no esté ordenada por autoridad judicial, ni se trate de flagrancia o urgencia, el agente del Ministerio Público, deberá ordenar la inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Ahora bien, si la detención es con motivo de una orden de aprehensión librada por una autoridad judicial, el efecto es para que de inmediato se ponga a disposición de la misma, en el centro de reclusión correspondiente al ordenado en el mandamiento de captura. IV. Informe en relación con la suspensión de plano. Hágase saber a las responsables que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, deberán informar el cumplimiento dado a esta suspensión; apercibidas de que de no cumplir lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización al momento de realizarse la conducta sancionada, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el sexto párrafo, apartado b, del artículo 26 de la Constitución vigente. Además, la medida cautelar que se decreta en el presente proveído deberá ser acatada por las autoridades responsables, bajo apercibimiento de que en caso de desobediencia, se procederá conforme al artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo y se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado con su desacato. Se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que el artículo 262, fracciones I y III, de la Ley Reglamentaria, establece lo siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". V. Comisiona actuario. Se comisiona al actuario judicial adscrito, para que se constituya en los separos de la Fiscalía General del Estado de Durango y en la Dirección de Seguridad Pública Municipal en el área de detenidos o en cualquier otro lugar donde se pueda localizar a la directa quejosa y en el acto de la notificación del presente auto, la requiera para que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada a su favor, o bien, lo haga en el término de tres día; apercibida que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata y, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, quedarán sin efecto las providencias dictadas. Además, el referido fedatario adscrito deberá pormenorizar en qué instalaciones se encuentra recluida la directa quejosa y, de ser el caso, si se encuentra acompañada o custodiada por personal de la dependencia. De igual manera, se faculta al funcionario judicial adscrito para que se constituya en cualquier lugar en donde se le informe que haya sido trasladada la directa quejosa y, de no localizarla, se ordenará el trámite a que se refiere el citado numeral. Asimismo, en caso de que las autoridades nieguen que la quejosa se encuentra detenida en los lugares que se refieren en el escrito de demanda, se faculta al actuario judicial para que revise dichas oficinas y demás sitios donde estime pueda encontrarse y aperciba a las autoridades donde deba practicarse dicha diligencia, para que le faciliten el acceso. En el entendido de que de no hacerlo así, se procederá de acuerdo a lo establecido en el referido artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, con lo que se dará nueva cuenta. De igual forma, el referido funcionario deberá dar fe en dicha diligencia, del estado físico exterior que presente el directo quejoso, levantando acta pormenorizada al respecto. VI. Reserva. En atención a lo anterior, resérvese acordar lo conducente sobre la admisión de la demanda una vez que ésta sea ratificada. VII. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que se indica en el escrito de demanda. Digitalización e incorporación de constancias físicas al expediente electrónico. En términos del artículo 263, fracciones II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los documentos recibidos físicamente deberán ser digitalizados e incorporados al expediente electrónico mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por la persona funcionaria pública a la que sea encomendada esa labor; en el entendido que las constancias físicas deberán coincidir con las integradas al expediente electrónico. IX. Firma del presente acuerdo. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese.
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta se desprende que la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, no pudo llevar a cabo la notificación personal a la directa quejosa ***, toda vez que no la encontró en los lugares ordenados para ello por los motivos que expone, no obstante que se constituyó en diversas instancias a fin de localizarla. Por su parte, derivado de la llamada telefónica recibida por el secretario encargado de la guardia, en donde se hizo del conocimiento que *** se encuentra en el domicilio localizado en calle *** número *** del fraccionamiento *** de esta ciudad, se comisiona a la actuario judicial adscrita para que se constituya en ese lugar y requiera a la directa quejosa para que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada a su favor, o bien, lo haga en el término de tres días; apercibida que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata y, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, quedarán sin efecto las providencias dictadas. De igual forma, el referido funcionario deberá dar fe en dicha diligencia, del estado físico que presente la directa quejosa, levantando acta pormenorizada al respecto. Notifíquese.
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