Cindy Jannete Escobar Fernández
Expediente 1050/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1050/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Cindy Jannete Escobar Fernández
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo el artículo 97, fracción I, inciso "a", en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso "b," del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el quince de noviembre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese, y háganse las anotaciones correspondientes.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, mediante el cual manifiesta haber dado cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se le requirió lo siguiente: ".copia certificada de los oficios que haya girado a las autoridades que les solicitó apoyo para el desahogo de la diligencia de restitución del inmueble de que se trata, y de los que se adviertan los acuses de recibo correspondientes; así como en su caso, la respuesta que dichas autoridades hayan emitido al respecto." Sin embargo, en acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintidós, se le volvió a requerir a dicha autoridad para que remitiera copia certificada del acuse de recibo, del que se advierta que el secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, fue debidamente notificado, de requerir apoyo para el desahogo de la diligencia de restitución del inmueble de que se trata, y en su caso la respuesta que dichas autoridades hayan emitido al respecto; del cual no existe constancia de que ya haya sido notificada la autoridad responsable Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, sobre dicho requerimiento, por lo que en consecuencia deberá esperarse a la notificación del auto en comento para estar en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 15/11/2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B... Boca del Río, Veracruz, quince de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1050/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO En la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por Cindy Jannete escobar Fernández, por propio derecho, señaló como acto reclamado: "De las autoridades responsables, Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Titular de la Administración Central de Servicios Tributarios al Contribuyente, Titular de la Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos, y Titular de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Veracruz "2", se reclama la violación al derecho fundamental de petición tutelado por el artículo 8 Constitucional, en virtud de que, si bien a través del acuse de respuesta de fecha 20 de octubre de 2022, pretende dar atención a la solicitud de aclaración con número de folio AC202267604720, presentado en fecha 17 de octubre de 2022, fueron omisas en dar respuesta congruente a la solicitud de cancelación de los Comprobantes Fiscales indicados en dicha solicitud; pues a la fecha no se tiene notifica de que las autoridades señaladas como responsables, hayan emitido y notificado algún acto de autoridad en el cual de manera fundada y motivada, así como congruente, se pronuncien respecto de la procedencia o improcedencia a mi solicitud de cancelación de Comprobantes Fiscales." Sin embargo, de la lectura integral de la demanda de protección de derechos fundamentales, se evidencia que el acto reclamado es la respuesta a la solicitud de cancelación de comprobantes fiscales, aun cuando, realice el planteamiento como un derecho de petición, en cuanto a indebida fundamentación y motivación; por lo que se patentiza que acude a juicio netamente por cuestiones de legalidad. Asimismo, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación que tiene el juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Entonces, se analizan las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. Este juzgado de distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no agotó el recurso ordinario de defensa en sede jurisdiccional administrativa para combatir los actos impugnados. Para demostrar tal aserto, es pertinente destacar que el precepto normativo invocado establece lo siguiente: "Artículo 61.El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". El artículo antes transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad cuya legalidad puede ser objeto de examen, ya sea de oficio, por la propia autoridad que lo emite o su superior jerárquico, o bien, a instancia de parte, a través de la interposición de algún medio de defensa o la promoción de un juicio. Dicha disposición no implica otra cosa, que la tutela al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a través del cual se pretende que éste sea el último medio de defensa al alcance de los gobernados, esto es, que se acuda a la vía constitucional cuando ya no exista otro instrumento jurídico a través del cual se puedan reparar las violaciones cometidas en contra de los particulares, de ahí que la inobservancia de este principio se sanciona con la improcedencia del amparo. Conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para determinar si se surte la causa de improcedencia, es necesario que: a) El acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; b) Que éste deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; c) Que a través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; d) Que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado; y d) Para conceder la suspensión definitiva no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo". Sobre esa base, resulta pertinente destacar lo establecido en el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual refiere lo siguiente: "ARTÍCULO 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Luego, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en sus artículos 1 y 3, fracción II, señala: "Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena. (.) De la competencia del Tribunal y los Conflictos de Intereses Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;". (Lo subrayado es propio de este juzgado). De dichos preceptos normativos, se advierte: Que el juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Que es competencia de dicho Tribunal conocer del juicio contencioso administrativo federal, contra los actos administrativos, entre ellos, los dictados por autoridades fiscales federales, dentro de las que se comprende al Servicio de Administración Tributaria, al ser un órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre obligaciones fiscales, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. Ahora, en este asunto se reclama al Servicio de Administración Tributaria, la respuesta que como autoridad administrativa dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, dio a la aclaración con folio AC202267604720, respecto a la cancelación de comprobantes fiscales. Acto que es emitido por una autoridad fiscal federal sobre una obligación fiscal y que en contestación a una solicitud del particular; esto, dado que en su contra procede el juicio contencioso administrativo, porque de acuerdo a su origen -una solicitud de particular- y su naturaleza, constituye un acto de la autoridad respecto de la cuestión que se le planteó. Resulta orientadora, por las consideraciones que contiene, la tesis aislada 2a. X/2003, publicada el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,Tomo XVII, Febrero de 2003, página 336 que dice: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan "resoluciones definitivas", y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de "resoluciones definitivas" las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados. De ahí que la respuesta reclamada, dirigida a la quejosa en su carácter de contribuyente, se trata de un acto emitido por una autoridad fiscal federal que, de conformidad con el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, representa la voluntad de la autoridad. Por lo tanto, es evidente que encuadra en el supuesto previsto el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los artículos 1 y 3, fracción II, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el sentido de que es un acto administrativo impugnable a través del juicio contencioso administrativo, competencia del citado Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y mediante el cual puede obtener su modificación o nulidad. Por lo tanto, la quejosa esta constreñida a acudir a ese juicio a impugnar el acto reclamado, a fin de cumplir con el principio de definitividad y, en caso de no obtener sentencia favorable, promover en su contra amparo directo. Pero lo relevante es que el acto reclamado en este juicio de amparo, atendiendo al principio de definitividad, no es impugnable vía amparo indirecto pues, como ese explicó, en su contra procede un medio ordinario de defensa a través del cual la quejosa puede obtener su modificación, revocación o anulación, el cual debió agotar previo a ejercer la acción constitucional. Lo anterior, en la inteligencia de que no se actualiza alguna hipótesis de excepción a ese principio que haga procedente la vía constitucional como se demostrará a continuación: 1. La parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraña, pues como lo refiere en la demanda, ha tenido parte en el procedimiento de origen. 2. El inconforme, si bien reclama la incongruencia del acuse de respuesta emitida por las autoridades responsables en violación al artículo 8 Constitucional; lo cierto es que dicha resolución dio contestación a su solicitud de derecho de petición al indicársele al quejoso que sólo el emisor de las facturas es quien puede realizar la cancelación de las mismas, y que los CFDI global emitidos por las personas físicas que tributen en el régimen de Simplificado de Confianza sólo podrán cancelarse en el mes que se hayan emitido, de conformidad con el artículo 113-G, fracción V, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; siendo así que la respuesta proporcionada por la autoridad hacendaria es la que debe ser recurrida en la vía ordinaria y no esta vía constitucional; de tal suerte que no puede considerarse como una excepción al principio de definitividad. 3. El juicio contencioso administrativo federal se prevé en una ley formal y materialmente considerada y no en un reglamento. 4. En la substanciación de ese juicio puede solicitarse y, de ser el caso, obtenerse la suspensión de los efectos de los actos reclamados, sin que la ley que lo regula establezca mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para su otorgamiento, pues del estudio comparativo entre el artículo 128 de la legislación de la materia y el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se obtiene que los requisitos para su procedencia, tanto en el juicio contencioso administrativo como en vía constitucional, resultan ser esencialmente iguales. En particular, es importante destacar que existe criterio definido respecto a que la ley que regula el citado medio ordinario de defensa -juicio contencioso administrativo- no exige mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva conforme a lo previsto en la fracción XX del artículo 61 de este último ordenamiento legal. Por tanto, previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar el juicio contencioso administrativo, pues a través de ese medio de defensa, puede obtener la insubsistencia del acto reclamado. Sirve a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: Época: Décima Época Registro: 2008807 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo I Tesis: 2a./J. 19/2015 (10a.) Página: 783 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." En lo conducente y por ilustrativa, también se cita la jurisprudencia siguiente: Jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II Página 1377 INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial. Sin que con esta determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Asimismo, téngase como domicilio de la parte promovente el que refiere en su escrito de demanda ubicado en Calle Independencia, Número 823, esquina Constitución, Centro de Veracruz, Veracruz. Y como autorizados en términos amplios a Mario Herrera Téllez y Juan Carlos Valenzuela Cornelio, por estar debidamente registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y los restantes autorizados, únicamente para oír y recibir notificaciones al no contar con ese registro. Sin que en el caso, sea dable ordenar la realización de notificaciones electrónicas que pide la parte quejosa, puesto que no proporcionó usuario para tal fin. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente...
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