Cindy Janeth Alemán Tinajero
Expediente 269/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 269/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cindy Janeth Alemán Tinajero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Efectos del fallo protector. De autos se aprecia que se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Auditor Superior del Estado de Michoacán de Ocampo, realizara lo siguiente: "Deje sin efectos única y exclusivamente la porción de la resolución administrativa de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del procedimiento administrativo para la determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Sanciones número AMF-105/2018, únicamente en la parte en la que impuso la multa a Cindy Janeth Alemán Tinajero (aquí quejosa); y, Emita otra, con libertad de jurisdicción, en la que de manera fundada y motivada, individualice la sanción correspondiente a la quejosa en virtud de los parámetros establecidos en el artículo 48 de la de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán de Ocampo." 2. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. La citada autoridad realizó lo siguiente: Mediante resolución administrativa de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dejó sin efectos única y exclusivamente la porción de la resolución administrativa de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del procedimiento administrativo para la determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Sanciones número AMF-105/2018, únicamente en la parte en la que impuso la multa a la quejosa Cindy Janeth Alemán Tinajero. Emitió otra resolución, con libertad de jurisdicción, ahora determinó imponer a la quejosa la sanción de amonestación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de que no reincida en su proceder, toda vez que resultó responsable solidaria dentro del pliego de responsabilidades número ASM/AEFM/DSAM/DSAFM/069/020/2015. 4. Manifestaciones. Toda vez que se dio vista a la quejosa, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestara lo que a su interés conviniera, sin que lo haya hecho; atento a ello se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos, y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. 5. Conclusión. En ese contexto, se concluye que se han restituido los derechos fundamentales de la quejosa, por cuya infracción se concedió el amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA ya que en ello no existe exceso ni defecto. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 7. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 8. Incidente de suspensión. Virtud a que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio y el cuaderno original del incidente, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 8.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 8.2. Constancia. Toda vez que no se glosarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente.
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En veintitrés de junio de dos mil veintidós, el Secretario certifica: Que el plazo de que disponían las partes para recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio transcurrió de la siguiente manera:********************Para la parte quejosa, del dos al quince de junio de dos mil veintidós, en virtud a que fue notificada en treinta y uno de mayo de la presente anualidad;********************Para el Auditor Superior del Estado de Michoacán de Ocampo, del uno al catorce de junio del año en curso, toda vez que fue notificado en treinta y uno de mayo de dos mil veintidós; y,********************Para la Tesorería Municipal de Tepalcatepec, Michoacán de Ocampo, del nueve al veintidós de junio del año que transcurre, pues fue notificada en ocho del mismo mes y anualidad.******************** Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe.Con lo anterior y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de junio de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente:1. Ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que feneció el plazo legal de que disponían las partes a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA.2. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que, dentro del plazo de TRES DÍAS, computado legalmente, cumplan con la sentencia dictada en el presente juicio, de la cual se les remitió copia oportunamente, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente:********************".la autoridad responsable Auditor Superior del Estado de Michoacán: Deje sin efectos única y exclusivamente la porción de la resolución administrativa de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del procedimiento administrativo para la determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Sanciones número ********************, únicamente en la parte en la que impuso la multa a ******************** (aquí quejosa); y,********************- Emita otra, con libertad de jurisdicción, en la que de manera fundada y motivada, individualice la sanción correspondiente a la quejosa en virtud de los parámetros establecidos en el artículo 48 de la de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán de Ocampo.Dicha concesión se hace extensiva a los actos de ejecución de la Tesorería Municipal de Tepalcatepec, Michoacán, al no reclamarse por vicios propios, sino derivado de un acto declarado inconstitucional.3. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta en lo individual, una multa de doscientas unidades de medida y actualización equivalente a ********************, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación del cargo y consignación ante la autoridad competente.Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación
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En treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con un oficio y anexos, registrado bajo el folio 7375. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente:********************Se recibe el oficio proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, al que acompaña los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ******************** de su estadística. Acúsese el recibo de estilo.********************Realícese el cambio de carátulas correspondiente al número de expediente del juicio en que se actúa.********************Cúmplase
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SENTENCIA Uruapan, Michoacán de Ocampo, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 269/2022, promovido por Christian Omar Segura Alanís, en cuanto apoderado de Cindy Janeth Alemán Tinajero; contra actos del Auditor Superior de Michoacán; y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Christian Omar Segura Alanís, en cuanto apoderado de Cindy Janeth Alemán Tinajero, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de las siguientes autoridades: "III. AUTRIDADES RESPONSABLES. Señalo como ordenadora y ejecutora a las siguientes: A).- AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN, en cuanto autoridad ordenadora. B).- LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPALCATEPEC, MICHOACÁN, en cuanto autoridad ejecutora. IV.- ACTOS RECLAMADOS: PRIMERO: DEL AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN, se reclama: La resolución administrativa de fecha 03 tres de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, mediante la cual la Autoridad responsable impone indebidamente a mi poderdante multa que se fija en 50 cincuenta días de salario mínimo general vigente en el año 2015, siendo 66.45 sesenta y seis pesos diarios 45/100 M.N., esto es la cantidad de $3,322.50 (TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 50/100 MONEDA nacional). SEGUNDO: DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPALCATEPEC, MICHACÁN, se reclama: Todos los actos tendientes a la cumplimentación de la ejecución de la citada resolución". El promovente precisó que se violaron los derechos humanos de su representada contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ANTE EL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON RESIDENCIA EN MORELIA. La demanda de amparo fue turnada al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, el trece de diciembre de dos mil veintiuno; y en auto de quince del mismo mes y año (fojas 24 a 29), el titular, la registró como amparo indirecto número 1153/2021, la admitió a trámite, pidió el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación; y, señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. En proveído de once de febrero de dos mil veintidós (foja 77), se reconoció el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento de Tepalcatepec, Michoacán de Ocampo, por lo que, ordenó su emplazamiento, el cual tuvo verificativo el quince de febrero siguiente. A las nueve horas con cincuenta minutos de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes ni de representante legítimo; se abrió la etapa probatoria, en la que se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de las partes; una vez concluida tal etapa, se abrió la de alegatos, en la que se hizo constar que las partes no formularon alegatos, con lo que se cerró dicho periodo. Posteriormente, dictó resolución en la que, determinó que era legalmente incompetente por razón de territorio en términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, para conocer de este juicio, toda vez que la resolución reclamada en la que se impuso a la quejosa una sanción económica, se ordenó girar oficio al Ayuntamiento de Tepalcatepec, Michoacán, a efecto de que se cumplimentara mediante el procedimiento administrativo de ejecución, por lo que, estimó que la competencia se surtía en favor del Juez donde tuviera ejecución el acto reclamado, en el caso, en Uruapan, Michoacán, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, reformado y adicionado por el diverso 28/2016, del Pleno de la Judicatura Federal, relativo al número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En esas condiciones, remitió las constancias a la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, para que lo turnara al juzgado que por razón de turno correspondiera conocer (fojas 85 a 90). TERCERO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ANTE ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado Sexto de Distrito en Estado de Michoacán de Ocampo, el diez de mayo de dos mil veintidós (foja 1); y en auto de esa misma data (fojas 108 a 112), se ordenó registrarla con el expediente 269/2022; se advirtió que no se acompañaron los cuadernos de los incidentes de suspensión, por lo que, se solicitó al Juez declinante, remitiera los cuadernos en comento. Asimismo, se aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio; sin que hubiere lugar a solicitar el informe justificado toda vez que obraban en autos; tampoco se pronunció respecto de la medida suspensión solicitada en el escrito de demanda; pues el Juez declinante se ocupó al respecto; se ordenó notificar al tercero interesado de la radicación del presente juicio; y se advirtió que se encontraba integrado, pues la audiencia constitucional inició a las nueve horas con cincuenta minutos de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, y sólo estaba pendiente de dictarse sentencia; por tanto, quedaron vistos los autos para pronunciar la resolución correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 57 fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama la resolución administrativa por medio de la cual, se le impuso una multa, con ejecución en Tepalcatepec, Michoacán de Ocampo, lugar en el cual este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. De la lectura íntegra de la demanda y de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa Christian Omar Segura Alanís, en cuanto apoderado de Cindy Janeth Alemán Tinajero, reclama: Del Auditor Superior de Michoacán: La resolución administrativa de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del procedimiento administrativo para la determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Sanciones número AMF-105/2018, instruido por la Auditoria Superior de Michoacán de Ocampo, del Congreso del Estado, entre otros, contra Cindy Janeth Alemán Tinajero (aquí quejosa), y que que impuso a ésta una multa consistente en cincuenta días de salario mínimo general vigente en el dos mil quince, equivalente a tres mil trescientos veintidós pesos 50/100, moneda nacional. De la Tesorería Municipal de Tepalcatepec, Michoacán: La ejecución de la multa impuesta a la quejosa. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Auditoria Superior de Michoacán, al rendir el informe justificado (fojas 38 a 54), en representación del Auditor responsable, aceptó la existencia de la resolución reclamada, y por ende, de la multa impuesta a la aquí quejosa. Por su parte, la Tesorera Municipal de Tepalcatepec, Michoacán, al rendir el informe justificado (foja 74), negó el acto de ejecución reclamado. Al respecto, expuso que si bien existía la resolución por parte del Auditor Superior de Michoacán, sin embargo, lo cierto era que de una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no encontró evidencia de que esa tesorería hubiera realizado actos tendentes a dar cumplimiento a la resolución reclamada. Empero, la negativa informada por la citada autoridad responsable se desvirtúa. Lo anterior es así, pues de las constancias que integran el presente juicio, destacan la resolución administrativa de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del procedimiento administrativo para la determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Sanciones número AMF-105/2018, instruido por la Auditoria Superior de Michoacán de Ocampo, del Congreso del Estado, entre otros, contra Cindy Janeth Alemán Tinajero (aquí quejosa), de cuyo punto resolutivo cuarto, se ordena girar oficio con copia certificada de esa resolución a la autoridad fiscal municipal del Ayuntamiento de Tepalcatepec, Michoacán de Ocampo, a efecto que cumplimentara mediante el procedimiento administrativo de ejecución lo determinado, para efecto de hacer efectivos los créditos fiscales resultantes y sanciones económicas, las cuales deberían ser depositadas en las cuentas del fondo de fortalecimiento de la fiscalización superior en la institución bancaria denominada Afirme, Sociedad Anónima, en la cuenta número 000167113885, a nombre de la Auditoria Superior de Michoacán. En esas condiciones, si la autoridad ordenadora aceptó la existencia del acuerdo mediante el cual se impuso una multa a la quejosa, por lo que al tener ejecución el acto aludido, la referida Tesorería se encuentra constreñida a dar cumplimiento a lo acordado. En el tercer concepto de violación, la quejosa aduce que se transgrede en su perjuicio el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, toda vez que la autoridad responsable es omisa en citar los preceptos legales que sustentan su competencia para actuar y resolver el acto reclamado. Indica que, si bien la autoridad pertenece al poder legislativo, los actos que ejecuta, son materialmente administrativos, a cuyo efecto, le aplican las reglas del derecho administrativo, en cuyo caso es deber de la autoridad citar con precisión las normas legales que lo facultan para emitir el acto de molestia. Es infundado el concepto de violación. El artículo 16 de la Constitución Federal, primer párrafo, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De acuerdo con el citado dispositivo, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, la garantía de legalidad (fundamentación y motivación), comprendida en el artículo 16 de la Carta Magna, se traduce en la obligación de citar los preceptos legales, sustantivos o adjetivos en que se apoye toda determinación, así como los razonamientos lógico-jurídicos del por qué el caso concreto se ajusta a esas hipótesis normativas. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó, que para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, se ajusta a los presupuestos de la norma que invoca. Para que un acto se considere fundado y motivado, es necesario que en éste se expresen los preceptos jurídicos que establezcan la hipótesis a la cual son aplicados, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En síntesis, debe expresarse el precepto que se considere aplicable al caso, la razón por la cual se estima de esa manera y que exista una relación lógica entre esos dos razonamientos. Lo anterior tiene como finalidad que el gobernado conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que sea evidente y claro para las partes poder controvertir, en su caso, la decisión tomada. Luego, no basta que los actos de autoridad contengan una motivación meramente formal, sino que se requiere además, para cumplir con la finalidad mencionada, que dichos actos sean congruentes, suficientes y precisos; exponiéndose, se reitera, los hechos relevantes, citando la norma aplicable y expresando un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la subsunción realizada. Es ilustrativa, la jurisprudencia 1ª./J.139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Así como, la jurisprudencia I.4º.A.J/43, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". La contravención al mandato constitucional que exige la expresión de la fundamentación y motivación en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia por reiteración I.3o.C. J/47, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, bajo el rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo". Así, la garantía de legalidad tienen el alcance de exigir que todo acto de autoridad, deba emitirse por quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el propio acto, como formalidad esencial que le de eficacia jurídica, el o los dispositivos que legitimen la competencia de quien lo emita y el carácter con que este último actúe. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 10/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecué exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria". En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 114/2005, determinó que en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, las autoridades administrativas, al emitir una orden que redundara en un acto de molestia, estaban obligadas en cualquier caso a fundar correctamente su competencia. Asimismo, determinó que si bien una correcta técnica legislativa implicaba que tanto las leyes como los reglamentos, acuerdos o decretos, para su mejor comprensión debían contener apartados, fracción o fracciones, incisos o subincisos, debido a que hace más fácil su lectura y manejo, así como la ubicación de los supuestos o hipótesis en ella contemplados; también era cierto que la omisión de tal circunstancia no hacía nugatoria la obligación de la autoridad para señalar con toda precisión y exactitud, su competencia, ya sea por razón de materia, grado o territorio. De dicho criterio derivó la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, que establece: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio". Por otro lado, la Segunda Sala del Alto Tribunal, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2008, señaló que la formalidad de fundar en el acto de molestia la competencia de la autoridad que lo suscribe constituía un requisito esencial, toda vez que la eficacia o validez de dicho acto dependería de que haya sido emitido por el órgano de la administración dentro del respectivo ámbito de sus atribuciones, regidas por una norma legal que le autorizara ejecutarlas. Precisó que la fundamentación a que se refería la garantía de legalidad debía comprender tanto la competencia como la causa legal del proceder de la autoridad y no sólo esta última, ya que cuando la primera parte del artículo 16 constitucional refería que fundara y motivara la causa legal del procedimiento, no sólo era en cuanto a ésta. Estimó que era así, pues debía existir la concurrencia indispensable de la fundamentación, tanto de la competencia de la causa legal del proceder, como de la motivación en la causa legal del procedimiento, ya que no bastaba que existiera una ley que autorizara el acto autoritario de perturbación, sino que era preciso que en él se invocaran los preceptos y fracciones en los cuales fundara su proceder la autoridad. Explicó que en materia administrativa, para poder considerar un acto de autoridad como correctamente fundado, era necesario que en él se citaran: a) Los cuerpos legales y preceptos aplicados al caso concreto, que establecieran los supuestos normativos en que se encuadraba la conducta del gobernado, que señalándolos con toda exactitud, y precisándose los incisos, subincisos, fracciones, párrafos y preceptos aplicables; y, b) Los cuerpos legales y preceptos que otorgaban competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado. Expuso que la competencia del órgano administrativo era el conjunto de atribuciones o facultades que le incumbía, las cuales se encontraban establecidas en disposiciones legales que delimitaban su campo de acción y generaban certeza a los gobernados sobre los órganos del Estado que podían, válidamente, afectar su esfera jurídica. Afirmó que no era posible considerar que para cumplir con los fines del derecho fundamental garantizado en el artículo 16 constitucional, bastara la cita del ordenamiento legal que le otorgara competencia, ya que la organización de la Administración Pública estaba encaminada a distribuir las funciones de los órganos que la integraban por razón de materia, grado, territorio y cuantía, a fin de satisfacer los intereses de la colectividad de una manera eficiente. Indicó que si bien era cierto que en una ley, reglamento, decreto o acuerdo, era en donde, por regla general, se señalaba la división de estas atribuciones, no menos cierto era que aquéllos estaban compuestos por diversos numerales, en los que se especificaban con claridad y precisión las facultades que a cada autoridad le correspondían. Aseveró que para respetar el principio de seguridad jurídica tutelado por el citado precepto constitucional, era necesario que en el mandamiento escrito que contuviera el respectivo acto de autoridad se mencionaran con puntualidad las disposiciones legales específicas que incorporaran al ámbito competencial del órgano emisor la atribución que le permitía afectar la esfera jurídica del gobernado, atendiendo a los diversos criterios de atribuciones. Señaló que la competencia de las autoridades administrativas se fijaba con base en criterios por razón de materia, grado, territorio y cuantía. En cuanto a la competencia por razón de territorio, la Segunda Sala expresó que ésta hacía alusión a las circunscripciones administrativas. Explicó que el Estado, por la extensión de territorio y complejidad de las funciones que realizaba, tenía que dividir su actividad entre órganos situados en distintas partes del territorio, cada uno de los cuales tenía un campo de acción limitado localmente; por tanto, consideró que dos órganos que tuvieran idéntica competencia en cuanto a la materia, se podían distinguir por razón de territorio. En el caso, de la resolución reclamada, se observa que la autoridad responsable funda y motiva su competencia, en los siguientes términos: ". CONSIDERANDO PRIMERO.- Esta Auditoria Superior de Michoacán, es competente para conocer y resolver el presente expediente, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de 1917; y reformada el día 20 de diciembre de 2019; 104, 105, 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el 07 de febrero de 1918 y reformada el 20 de enero de 2020; 105, fracción IV y 114 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, publica en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el 15 de junio de 2011 y reformada el 6 de agosto de 2019; 1°, 2°, 4°, 5°, fracción IV, inciso a), 6°, 7°, fracción XII, 8°, fracción XII, 21 fracciones IV, V, VI, 22, fracciones I, II, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de Michoacán, el 19 de abril de 2010; en relación con el artículo 4° transitorio del Reglamento Interior de Auditoria Superior de Michoacán, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, con fecha 29 veintinueve de mayo de 2019; 1°, 2°, primer párrafo, 6°, fracciones I, VI, XII y XIV, 8°, 14 fracciones I, XIII y XVI, 16, 33, 41, 42, 43, 46, 47, 48 y 49 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 24 de enero de 2012; y con el cuarto transitorio de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 24 de enero del 2012; y con el cuarto transitorio de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán, 1°, 2°, 4°, 5°, fracción I y IV, 6°, 7°, fracciones XII y XVII, 9, fracción I, párrafo segundo, 21 y 22 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de Michoacán, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional Michoacán de Ocampo, con fecha 29 veintinueve de marzo de 2019 dos mil diecinueve." De la exegesis anterior, se advierte que la autoridad responsable funda su competencia en: Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformada el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, que disponen: Artículo. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Artículo. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.). En los numerales 104, 105, 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, reformada el veinte de enero de dos mil veinte, que dicen: Artículo 104.- Se consideran servidores públicos a los representantes de elección popular, a los funcionarios, empleados y; en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier índole en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sean de naturaleza centralizada o paraestatal, así como a los servidores públicos de los ayuntamientos y entidades paramunicipales y de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones y por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de conflicto de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley. Artículo 105.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo dispuesto en este Título y a lo siguiente: I. Se aplicarán las sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones y, en su caso, a los particulares que participen en faltas administrativas que la ley califique como graves. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones; II. La ley determinará los casos de procedencia de la responsabilidad civil de los servidores públicos y patrimoniales del Estado por actos u omisiones atribuibles a los primeros. La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes; y, III. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado, Auditoría Superior de Michoacán o los órganos de control respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo. La ley establecerá los mecanismos para incentivar la denuncia pública y su salvaguarda. Artículo 133.- La Auditoría Superior de Michoacán, como entidad de fiscalización dependiente del Congreso del Estado, tendrá autonomía técnica, de gestión y capacidad para que en el ejercicio de sus atribuciones decida sobre su organización interna, ejercicio de su presupuesto, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la Ley. La Auditoría Superior de Michoacán revisará, fiscalizará y evaluará la gestión de los poderes del Estado, de los ayuntamientos y de todas las demás entidades públicas estatales y municipales que manejan fondos públicos, y de aquellos organismos que por disposición de ley se consideren autónomos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes, bajo los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, en forma simultánea, anual, posterior, externa, independiente y autónoma. Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoría Superior de Michoacán podrá solicitar y revisar de manera casuística y concreta, la información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago, diversos ejercicios fiscales, o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas. Las observaciones y recomendaciones que respectivamente la Auditoría Superior de Michoacán emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior de Michoacán, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de Michoacán rendirá un informe específico al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes. Artículo 134.- La Auditoría Superior de Michoacán tendrá a su cargo: I. Fiscalizar los ingresos, egresos, patrimonio, deuda y el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de las entidades a que se refiere el artículo anterior, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, subprogramas, obras y acciones; II. Realizar auditorías, visitas, inspecciones, y revisiones de ingresos y gastos de las entidades señaladas en el artículo 133, a partir de la revisión de los informes que se rindan y, en el curso de un ejercicio; III. Fiscalizar los fondos y valores públicos que ejerzan los particulares; IV.- De conformidad con lo que disponga el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, suscribir convenios con la Auditoría Superior de la Federación para la fiscalización de recursos federales, que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, recursos, fondos y mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades; V.- Entregar al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, el informe general ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del Pleno del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. El Informe General Ejecutivo será de carácter público y tendrán el contenido que determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones de la Auditoría Superior de Michoacán, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas. Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General Ejecutivo, se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan. Lo anterior, no aplicará a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley. La Auditoría Superior de Michoacán deberá pronunciarse en un plazo de ciento veinte días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrá por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas. En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría Superior de Michoacán las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia. La Auditoría Superior de Michoacán deberá entregar al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, los días uno de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes. Dicho informe tendrá carácter público e incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. VI. Investigar los actos u omisiones que pudieran implicar irregularidades o conductas ilícitas en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos públicos, y efectuar visitas domiciliarias para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones; VII. Imponer los medios de apremio que establezca la ley; y derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos; VIII. Presentar al Congreso del Estado el proyecto de plan anual de fiscalización; IX. Emitir los lineamientos y procedimientos técnicos, que deberán observar las entidades fiscalizables, conforme a las leyes y normas que expida el Congreso; y, X. Determinar los montos, recibir, registrar y custodiar las fianzas que deban presentar los empleados que manejen fondos públicos. La Auditoría Superior de Michoacán, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de Michoacán y el Congreso del Estado, deberán guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta la presentación del Informe General Ejecutivo; o en su caso, en los términos del artículo 8° de esta Constitución, la ley fijará las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición. El Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos aplicarán el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias. El Congreso del Estado designará al Titular de la Auditoría Superior de Michoacán con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes. El Congreso del Estado emitirá convocatoria pública, a efecto de recibir propuestas de aspirantes a ocupar este cargo. El Auditor Superior del Estado de Michoacán, durará en su encargo siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. Artículo 135.- Toda cuenta de fondos públicos quedará fiscalizada y dictaminada a más tardar un año después de su presentación. La Auditoría expedirá en la forma que la ley prevenga el finiquito de las cuentas que fiscalice, y rendirá cada tres meses al Congreso, por conducto de la Comisión de Vigilancia, un informe de las operaciones que haya practicado y el seguimiento de los informes de resultados de cada ejercicio. La falta de cumplimiento de este precepto, será causal de responsabilidad del Auditor Superior y de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de Michoacán. La intromisión de cualquier persona en relación a las funciones de la Auditoría, para entorpecer o influir en el desempeño de la misma, será sancionada conforme a la Ley Reglamentaria. Los poderes del Estado y demás sujetos de fiscalización facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior para el ejercicio de sus funciones. Los arábigos 105, fracción IV y 114 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, reformada el seis de agosto de dos mil diecinueve, que disponen: DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONGRESO Artículo 105. El Congreso, para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de sus atribuciones, y la atención eficiente de sus necesidades administrativas y financieras, tiene como órganos técnicos y administrativos a: (.) IV. La Auditoría Superior de Michoacán; DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACAN Artículo 114. Para el cumplimiento de la función de control y vigilancia que le confiere la Constitución, el Congreso cuenta con un órgano técnico encargado de la fiscalización de las cuentas públicas, cuyo funcionamiento e integración estará a lo dispuesto por la Constitución Federal, la propia del Estado y la Ley de Fiscalización Superior de Michoacán. Del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de Michoacán, reformada el diecinueve de abril de dos mil diez, los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, fracción IV, inciso a), 6°, 7°, fracción XII, 8°, fracción XII, 21 fracción IV, V, VI, 22, fracciones I, III, que dice: Artículo 1º. El presente Reglamento tiene por objeto, precisar las disposiciones contenidas en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán, así como determinar la estructura orgánica necesaria para el cumplimiento de las funciones de la Auditoría Superior de Michoacán. Artículo 2º. Las facultades establecidas en este Reglamento para las áreas de la Auditoría Superior, Auditorías Especiales y demás Unidades, hasta el nivel de Dirección de Área, se entenderán delegables para todos los efectos legales a que haya lugar, previo acuerdo autorizado por el Auditor Superior. Las funciones de aquellas unidades administrativas de apoyo que no se establezcan en este Reglamento, deberán señalarse en la normatividad administrativa correspondiente. Artículo 4º. La Auditoría Superior, como Órgano Técnico del Congreso y con fundamento en el Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Artículo 2° de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán, tendrá plena autonomía administrativa, técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna y funcionamiento. Artículo 5º. Para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, al frente de la Auditoría Superior, estará el Auditor Superior, quien de conformidad con la Ley, contará con tres Auditores Especiales y con las unidades administrativas siguientes: IV. Unidad General de Asuntos Jurídicos: a) Dirección de Responsabilidades; y, Artículo 6º. Al Auditor Superior, como Titular del Órgano Técnico del Congreso, le corresponde originalmente el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, quien para una mejor distribución y desarrollo de los trabajos podrá delegar sólo las facultades que la ley le permita en forma general o particular, sin perjuicio de poder ejercitarlas directamente cuando así lo considere pertinente. Artículo 7º. El Auditor Superior, tendrá las siguientes atribuciones no delegables: (.) XII. Resolver el procedimiento, mediante la cual se determinen las responsabilidades y el fincamiento de sanciones por las irregularidades detectadas y por el daño causado a las entidades; Artículo 8º. El Auditor Superior tendrá las siguientes atribuciones que podrán ser delegables: XII. Coadyuvar en la instauración de los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades y el fincamiento de sanciones por las irregularidades detectadas y por el daño causado a la Hacienda Estatal y/o Municipal, al patrimonio de organismos autónomos, descentralizados estatales y/o municipales, a empresas de participación estatal y municipal; así como a los capitales aportados para la constitución de fideicomisos públicos; y, Artículo 21. Al Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos le corresponde: (.) IV. Instaurar los procedimientos administrativos de responsabilidades en los términos de la normatividad aplicable; V. Supervisar que se instauren los procedimientos administrativos de responsabilidades y de fincamiento de sanciones en los términos de la Ley; VI. Someter al acuerdo del Auditor Superior, el proyecto de documento mediante el cual se promueva el fincamiento de la sanción que en relación con el monto de los daños determinados se impondrá a los responsables en términos de la Ley; Artículo 22. La Dirección de Responsabilidades estará adscrita a la Unidad General de Asuntos Jurídicos y tendrá el ejercicio de las siguientes atribuciones: I. Instaurar los procedimientos administrativos de responsabilidades en los términos de la Ley; III. Determinar y cuantificar los daños y perjuicios ocasionados a las Haciendas Públicas y la indemnización correspondiente; Así como el Cuarto transitorio del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de Michoacán, publicada el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, disponen: ARTÍCULO CUARTO, Para el seguimiento de los asuntos en trámite que le compete a las áreas de la Auditoría Superior, relacionados con las cuentas públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 dos mil diecisiete y anteriores, seguirán contando con las atribuciones establecidas en el Reglamento que se abroga, hasta la conclusión total de los referidos asuntos. Lo correspondiente a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018 dos mil dieciocho, se aplicará el presente ordenamiento legal. Los numerales 1°, 2°, primer párrafo, 6°, fracciones I, VI, XII y XIV, 8°, 14 fracciones I, XIII y XVI, 16, 33, 41, 42, 43, 46, 47, 48 y 49 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo publicada en el Periódico Oficial del Estado el veinticuatro de enero de dos mil doce, disponen: Artículo 1°. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Michoacán; tiene por objeto reglamentar los artículos 44 fracciones VIII, X, XI, XII, XIII y XV, 133, 134, 135 y 136 y el Título Cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; regula la fiscalización superior de las entidades, así como la organización y funcionamiento de la Auditoría Superior de Michoacán. El desarrollo de las actividades de la Auditoría Superior se regirá bajo los principios de legalidad, celeridad, eficiencia, eficacia, calidad en el servicio, vigilancia, fiscalización técnica oportuna, imparcialidad, confiabilidad, definitividad, en forma simultánea, anual, posterior, externa, independiente y autónoma; así como la promoción y aplicación de las sanciones que resulten. Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoría Superior podrá solicitar y revisar de manera particular y concreta, la información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago, diversos ejercicios fiscales, o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión. Asimismo, sin perjuicio del principio de simultaneidad, en las situaciones excepcionales que determine la Ley, derivado de la naturaleza, quejas y denuncias, podrá requerir a las entidades que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados, así como la rendición de un informe. Artículo 2. La Auditoría Superior, como Órgano Técnico del Congreso del Estado; contará con plena autonomía técnica, financiera y de gestión, en el ejercicio de sus atribuciones, en los términos que disponga la Ley. La organización interna se rige por el Reglamento Interior que al efecto apruebe el Congreso. Artículo 6. La Auditoría Superior, en uso de las facultades y obligaciones que le establezca tanto la Constitución como la demás normatividad aplicable, tendrá las atribuciones siguientes: I. La revisión y fiscalización con criterio uniforme y profesional de la cuenta pública, verificar el cumplimiento de los planes y programas de las entidades que administren recursos públicos, así como requerir la documentación necesaria y pertinente a dichas entidades; VI. Determinar, mediante los procedimientos respectivos que contemple su Reglamento y la normatividad secundaria, las responsabilidades derivadas de las irregularidades observadas con motivo de su actuar; XIII. Determinar en su caso los actos u omisiones que pudieran configurar alguna irregularidad o conducta ilícita en el manejo, custodia y aplicación de recursos públicos de las entidades, así como las derivadas del incumplimiento de obligaciones legales, precisando la responsabilidad que resulte imputable al servidor público; XIV Ordenar y practicar visitas domiciliarias para la revisión, confrontación y compulsa, requiriendo la exhibición de libros, papeles de trabajo, comprobantes y demás documentos indispensables para la realización de sus funciones, en observancia de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (.). Artículo 8. Al frente de la Auditoría Superior habrá un Auditor Superior, quien será auxiliado en sus funciones por los auditores especiales, designados conforme al procedimiento previsto en esta Ley; el primero, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes; los segundos, por mayoría simple de los mismos. De acuerdo a las necesidades y a su presupuesto, la Auditoría Superior contará con el personal que se determine en la Ley o en su normatividad secundaria. Los Auditores Especiales son de: I. Normatividad y Control de Calidad; II. Fiscalización Estatal; y, III. Fiscalización Municipal. Artículo 14. Son atribuciones del Auditor Superior las siguientes: I. Representar legalmente a la Auditoría Superior e intervenir ante toda clase de autoridades en que éste sea parte; XIII. Determinar para los efectos de la fracción anterior, directamente a los responsables las sanciones administrativas, indemnizaciones y sanciones pecuniarias mediante el procedimiento legal que corresponda por las irregularidades detectadas; XVI. Promover las acciones y la responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de la Constitución y la Ley de la materia; Artículo 16. Corresponde al Auditor Superior, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor y mayor organización y eficiencia del trabajo podrá delegar en Auditores Especiales, servidores públicos y subalternos, cualquiera de sus atribuciones, excepto aquellas que le resulten propias e indelegables por su naturaleza. Artículo 33. La Auditoría Superior podrá requerir a los órganos internos de control, los informes de sus revisiones así como los datos, libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y gasto público. Artículo 41. Una vez concluido el termino establecido en el artículo anterior, la Auditoría Superior valorará las pruebas y argumentos presentados por los auditados, el resultado de la valoración efectuada, se dará a conocer a los servidores públicos fiscalizados mediante Acta Circunstanciada. En el caso de las observaciones que no sean solventadas, se procederá a turnar a la Unidad General de Asuntos Jurídicos, el pliego de presuntas responsabilidades, para el inicio del procedimiento administrativo respectivo. CAPÍTULO DÉCIMO DE LAS RESPONSABILIDADES Artículo 42. Incurren en responsabilidad: I. Los servidores públicos, los particulares o en general cualquier persona física o moral que en razón de su empleo, cargo, encargo o comisión, incumplan sus obligaciones de salvaguardar la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus atribuciones y funciones, por actos u omisiones que causen daño o perjuicio contra las entidades; II. Los servidores públicos, personas físicas y morales de las entidades, que no rindan sus informes en tiempo y forma, que tiendan a solventar los pliegos de observaciones formulados y remitidos por la Auditoría Superior; III. Los servidores públicos que intencionalmente o por imprudencia, incumplan o no observen las disposiciones jurídicas vigentes en el Estado, en relación con la materia de ingreso, gasto público, de obra pública, de adquisiciones, enajenaciones, patrimonio o de otras materias relacionadas con aspectos presupuestales de justificación del gasto; IV. Los servidores públicos y particulares que impidan u obstaculicen de cualquier forma, las funciones de fiscalización, control, vigilancia y evaluación, a cargo de la Auditoría Superior, o incumplan con alguna obligación derivada de la presente Ley; V. Los servidores públicos y particulares que no observen las normas administrativas, procedimientos, métodos y sistemas en materia de contabilidad y auditoría gubernamental, establecidas por las autoridades competentes de las Entidades, en uso de su facultad reglamentaria; VI. Los servidores públicos de la Auditoría Superior, que con motivo de la revisión y fiscalización superior de las entidades, no formulen íntegramente u omitan observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten o reciban directa o por interpósita persona bienes, servicios o dinero; y, VII. Los servidores públicos de la Auditoría Superior que directamente o por interpósita persona fomenten, auspicien, o presten a las entidades fiscalizables, en cualquier tiempo, servicios de asesoría o consultoría que obtengan algún beneficio personal, o que distraigan al personal a su cargo para realizar actividades ajenas a sus funciones. No se entenderá por prestación de servicios, la orientación institucional que en cumplimiento de sus funciones brinde como servidor público de la Auditoría Superior, a los entes o personas fiscalizadas. Las acciones a que se refiere la fracción VI del presente artículo, serán causales de destitución, sin perjuicio de la denuncia correspondiente que ante las autoridades respectivas deberá presentar el Auditor Superior o el Auditor Especial en cuya área se encuentre adscrito. Artículo 43. La Auditoría Superior, determinará a los responsables y las sanciones correspondientes, a fin de resarcir a las entidades, el monto de los daños y perjuicios cuantificables en dinero que se hubieren causado; asimismo, determinará las sanciones por las faltas derivadas del incumplimiento de la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con base en las responsabilidades que resulten y conforme al procedimiento previsto en esta Ley y demás leyes aplicables. Las indemnizaciones establecidas, se fincarán independientemente de aquellas que resulten de la aplicación de otras leyes y de las sanciones pecuniarias correspondientes. Una vez determinadas las afectaciones al erario público y la correspondiente indemnización, la Auditoría Superior dará cuenta a la autoridad fiscal correspondiente, para que proceda legalmente al cobro inmediato mediante el procedimiento administrativo de ejecución. La autoridad fiscal correspondiente rendirá a la Auditoría Superior, un informe trimestral sobre el avance en el procedimiento administrativo de ejecución, iniciado con motivo de las responsabilidades determinadas. De no instaurar el procedimiento o notarse negligencia en el mismo, se incurrirá en responsabilidad, haciéndose acreedora a los medios de apremio correspondientes. Los montos que de acuerdo al artículo 48 correspondan al Fondo, deberán ser transferidos a la Auditoría Superior a más tardar el tercer día hábil siguiente al término del procedimiento administrativo de ejecución correspondiente. Artículo 46. Las sanciones así como los resarcimientos se fincarán, en primer término, a los servidores públicos o personas físicas y morales que directamente hayan ejecutado los actos, hechos o incurrido en las omisiones que las hubieren originado y, subsidiariamente, en orden jerárquico, al servidor público que por sus funciones y atribuciones, hubiese omitido la revisión, realización o autorizado tales actos y hechos, por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia. Serán responsables indirectos, los servidores públicos y los particulares, que hayan sido partícipes en los actos, hechos u omisiones que en ellos se determine, sin que esto los exima de la indemnización que les corresponda. CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE RESPONSABILIDADES Artículo 47. Una vez fenecido el plazo que señala el artículo 40, se dictará auto de inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades y el fincamiento de sanciones, notificando al obligado y a la entidad para conocimiento, el cual deberá contener: I. Nombre y cargo del o los servidores públicos observados; II. Número y monto de las observaciones de resultados y periodo auditado; y, III. Día y hora para la celebración de la audiencia señalada en el artículo siguiente. Artículo 48. La determinación y aplicación de sanciones se sujetará al procedimiento siguiente: I. Se citará personalmente al presunto o presuntos responsables mediante oficio, señalando día y hora en que tendrá verificativo la audiencia en la que podrán ofrecer pruebas y formular alegatos, por sí o a través de representante común; con el apercibimiento, que de no comparecer sin justa causa, se tendrá por precluido su derecho y como ciertos los hechos imputados, por lo que se resolverá con los elementos que obren en el expediente respectivo. Las notificaciones posteriores, se harán por estrados. Los alegatos deberán formularse de manera ordenada y concatenada, en congruencia a los pliegos de presuntas responsabilidades, y en su caso en medios electrónicos en que consten. En la audiencia el o los presuntos responsables podrán ser asistidos por un profesional en la materia. Después de celebrada la audiencia, la Auditoría Superior podrá allegarse los medios de convicción que juzgue necesarios para mejor proveer. Si en la audiencia la autoridad correspondiente advierte nuevas responsabilidades administrativas a cargo de presunto responsable o de otros servidores públicos o personas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar a otra audiencia. A la audiencia podrá asistir el titular o un representante del Órgano Interno de Control correspondiente al que pertenezcan el o los presuntos responsables. Entre la fecha de citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de diez días hábiles, ni mayor de quince; y, II. Celebrada la audiencia y desahogados todos los medios de convicción ofrecidos, se emitirá resolución dentro de los sesenta días hábiles siguientes, pudiendo prorrogarse por causa debidamente fundada y motivada, en la que se determinará la existencia o inexistencia de responsabilidad; en su caso, se fincarán las sanciones correspondientes al o los sujetos obligados, notificándoles personalmente dicha resolución. Transcurrido el término de quince días hábiles, deberá declararse firme la resolución, remitir copia certificada de la misma a la autoridad fiscal que corresponda, para que sea satisfecho o garantizado el interés fiscal en términos de Ley, o en su caso se haga efectivo el procedimiento administrativo de ejecución. Las sanciones deberán ser determinadas de manera suficiente para garantizar los daños y perjuicios causados, y se actualizará para efectos de su pago, en la forma y términos que establecen las disposiciones fiscales, en tratándose de contribuciones. La sanción pecuniaria consistirá en una multa del diez por ciento al setenta por ciento del monto de los daños y perjuicios causados, que deberá ser determinada en proporción a la gravedad de la falta, al menoscabo patrimonial de la entidad correspondiente, a la capacidad económica y antecedentes del obligado. Artículo 49. Los resarcimientos a las Entidades a que se refiere la presente Ley y las sanciones económicas, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, que se harán efectivos conforme al procedimiento administrativo de ejecución que establece el Código Fiscal aplicable. Los bienes recuperados en los términos de esta Ley, quedarán a disponibilidad de las entidades que sufrieron el daño o perjuicio, y sólo podrán ser ejercidos de conformidad con lo establecido en el presupuesto autorizado. El importe de las sanciones y los derechos se destinarán al Fondo, a través del Comité de Dirección, el que se ejercerá según lo dispuesto en el Reglamento correspondiente. Por su parte, el Cuarto Transitorio de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán, publicado el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dispone: CUARTO. Los procesos de fiscalización, de responsabilidades o trámites en los que la Auditoría Superior de Michoacán forme parte y que se encuentren en curso a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, se sustanciarán y resolverán conforme a la normatividad que les era aplicable al momento de realización del acto materia de la fiscalización de que se trate. De los numerales recién transcritos, se pone en evidencia que la Auditoría Superior de Michoacán de Ocampo, tiene facultades para revisar, fiscalizar y evaluar la gestión de los poderes del Estado, de los ayuntamientos y de todas las demás entidades públicas estatales y municipales que manejan fondos públicos, y de aquellos organismos que por disposición de ley se consideren autónomos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes. En esas condiciones, contrario a lo sostenido por la peticionaria de amparo, la cita de los preceptos legales en comento resultan suficientes para considerar debidamente fundada y motivada la competencia de la autoridad responsable, toda vez que como se observa, los numerales citados otorgan facultades a la Auditoría Superior del Estado de Michoacán de Ocampo, como Órgano Técnico del Congreso de esta entidad federativa, quien cuenta con autonomía técnica, de gestión y capacidad para que en el ejercicio de sus atribuciones realice auditorías, visitas, inspecciones, y revisiones de ingresos y gastos de las entidades señaladas en el artículo 133, a partir de la revisión de los informes que se rindan y, en el curso de un ejercicio fiscal; así como para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes y determinar la existencia de responsabilidades y posibles sanciones a los infractores. De ahí que se estime infundado el concepto de violación en análisis. En el cuarto concepto de violación, la parte quejosa expone que la resolución reclamada trasgrede la garantía de seguridad jurídica tutelada en los numerales 14 y 16 constitucionales, en relación con el 86 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo. Refiere que, dentro del procedimiento administrativo de origen, operaba la figura de caducidad de las facultades de la autoridad administrativa para sancionarla, ya que de la lectura de las constancias que conforman el acto reclamado se puede apreciar que transcurrió en exceso el plazo con que contaba la autoridad emisora del acto para resolver el procedimiento administrativo de origen. Es infundado el concepto de violación. Lo anterior es así, pues el artículo 86 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, a que alude la parte quejosa no es aplicable al presente caso. En efecto, la referida ley fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve; esto es, un año después de iniciado el procedimiento administrativo de origen. Además, del artículo cuarto transitorio de dicho cuerpo legal, se advierte que los procesos de fiscalización, de responsabilidades o trámites en los que la Auditoría Superior de Michoacán forme parte y que se encuentren en curso a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, se sustanciarán y resolverán conforme a la normatividad que les era aplicable al momento de realización del acto materia de la fiscalización de que se trate. Ahora, de las constancias que integran el procedimiento administrativo de origen, se advierte que los hechos materia de la investigación que origino el inicio del procedimiento sucedieron en el ejercicio fiscal dos mil quince. Luego, es evidente que la legislación aplicable al caso concreto es la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo publicada en el Periódico Oficial del Estado el veinticuatro de enero de dos mil doce, cuerpo legal que no prevé las figuras de caducidad y prescripción a que hace referencia el artículo 86 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo. Aunando a lo anterior, del análisis de las constancias que integran el procedimiento de origen, no se advierte que Cindy Janeth Alemán Tinajero, haya hecho valer la caducidad en el procedimiento administrativo; en esas condiciones, la autoridad responsable no se encontraba obligada a analizar dicha figura; y menos lo puede realizar este órgano de control constitucional, pues para poder hacerlo es necesario que existiera un agravio expreso en el que se controvierta la omisión del Auditor responsable de pronunciarse no obstante habérsele solicitado. Sirve de fundamento, la jurisprudencia PC.III.A. J/43 A (10a), del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que dice: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL PLENO DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO NO ESTÁ FACULTADO PARA REALIZAR OFICIOSAMENTE EL ANÁLISIS DE DICHA FIGURA PROCESAL, AL RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN, PUES ESTÁ CONDICIONADO A QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS, Y LIMITADO POR EL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS. Conforme a los artículos 96 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como 29 bis, 430, 443, 444 y 457 del Código de Procedimientos Civiles local, de aplicación supletoria a aquella ley, el Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, al resolver un recurso de apelación, por la falta de reenvío, con independencia de los agravios o de su suplencia, está obligado a subsanar, con plenitud de jurisdicción, las omisiones en que haya incurrido la Sala de primera instancia; sin embargo, en esos supuestos no se incluye el de realizar la declaratoria judicial respecto de la caducidad de la instancia; de ahí que no se encuentra legalmente facultado para analizar oficiosamente, sin mediar agravio, si en el juicio de nulidad se actualizó esa figura jurídica. Por tanto, dicho estudio está condicionado a que se haga valer en los agravios, y por el principio non reformatio in peius, locución latina que puede traducirse al español como "no reformar en peor" o "no reformar en perjuicio", utilizada en el ámbito del derecho procesal. Además, de acuerdo con la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 153/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDE DECRETARLA SI SE ACTUALIZÓ EN PRIMERA INSTANCIA Y SE HACE VALER EN VÍA DE AGRAVIOS, AUN CUANDO EL JUEZ NO LA HAYA DECLARADO DE OFICIO NI LA PARTE INTERESADA LO HUBIERE SOLICITADO.", la caducidad de la instancia no tiene las características de los presupuestos procesales y, por ende, su tratamiento no debe ser igual al que se otorga a éstos, pues de este modo la caducidad de la instancia es una forma excepcional de extinción de la relación jurídico-procesal, es decir, constituye una modalidad de terminación del procedimiento seguido ante los órganos jurisdiccionales, por medio de la cual, cesa la obligación de éstos para resolver la contienda a través del pronunciamiento de una sentencia." En el primer concepto de violación, la parte quejosa aduce que la resolución reclamada transgrede lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constituciones, toda vez se le impuso una multa por la falta de evidencia documental, de la que no es obligada directa a presentar. Refiere que, no es atribuible a ella que no se tenga la evidencia documental de la integración y funcionamiento del Comité de Planeación Desarrollo Municipal COPLADEMUN, toda vez que no es una atribución de la labor que desempeñaba como regidor. Aduce que, no se aplicó proporcionalmente el numeral de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, toda vez que se debió tomar en cuenta que no tenía atribuciones al convocar a sesiones para designar a los integrantes del Comité, ejecutar acuerdos y decisiones que se tomaron en cabildo y mucho menos resguardar la información que de las mismas se desprende, ya que dicha atribución no es inherente a su cargo. Es inoperante por novedoso el concepto de violación. Se estima que cuando los argumentos que se plantean en los conceptos de violación no se plantearon ante la responsable que dictó la sentencia o resolución reclamada, los mismos resultan inoperantes, ya que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad del acto combatido a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la autoridad responsable no tuvo la oportunidad legal de analizar ni de pronunciarse sobre ellas. Lo anterior, encuentra sustento, por identidad jurídica en la jurisprudencia 2º.A. J/7, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas." De conformidad con lo expuesto, los argumentos vertidos por la quejosa en el motivo de disenso que se analiza resultan inoperantes por novedosos, en virtud que de la lectura íntegra de las manifestaciones realizadas por Cindy Janeth Alemán Tinajero, al momento que compareció ante la responsable en audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, no se advierte que planteara algún argumento en ese sentido. De las constancias que integran el juicio de origen, se advierte que a las diez horas del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, tuvo lugar la audiencia de pruebas y alegatos del procedimiento administrativo de responsables, en la que se asentó la comparecencia de Cindy Janeth Alemán Tinajero (ex regidor), quien manifestó: ".COMPAREZCO A ESTA AUDIENCIA CON EL CARÁCTER QUE TENGO RECONOCIDO EN AUTO DEL PRSENTE PROCEDIMINTO ADMINISTRATIVO DE RESONSABILIDADES, EN ESTA ACTO PRESENTO ESCRITO DE ALEGATOS, EL CUAL CONSTA DE 02 DOS PÁGINAS ESCRITO POR UNA SOLA CARA, EL CUAL RATIFICÓ EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, Y AL MISMO SE ANEXAN 6 SEIS FOJAS QUE PRESENTÓ EN VÍA DE PRUEBA PARA LA JUSTIFICACIÓN COMO DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIICACIONES PERSONALES EN EL UBICADO EN CALLE MARIANA GARDUÑO, NÚMERO 29, DE LA COLONIA FUENTES DE VALLADOLID DE ESTA CIUDAD CAPITAL; SIN MAS POR MANIFESTAR.". En lo conducente, en el escrito a que hace referencia, únicamente expuso que comparecía a solventar las irregularidades emitidas por la Auditoria Superior de Michoacán, refirió que en el único pliego de presuntas responsabilidades en la que se le menciona como probable responsable es en el número ASM/AEFM/DSAM/DSAFM/020/2015, de tipo Administrativa ".Falta de evidencia documental de funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN); así como su reglamento". Por incumplir en los términos el artículo 52, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, y transcribió el citado numeral. Empero, en dicho escrito en ningún momento cuestionó que de conformidad a las atribuciones conferidas por la ley en ese entonces en cuanto servidora pública, la quejosa no contaba con la obligación de actuar en la forma señalada por la Auditoria responsable. Y, de los anexos exhibidos como pruebas en seis hojas, se observa que se trata de impresiones de notas periodísticas. Por tanto, al no hacer valer el argumento que aquí se analiza ante la Auditoria Superior de Michoacán, ésta no estuvo en posibilidad de pronunciarse al respecto y menos puede hacerlo este órgano de control constitucional por tratarse de argumentos novedosos que no formaron parte de la litis, atendiendo a la técnica del juicio de amparo. De ahí que se estime inoperante por novedoso el concepto de violación en análisis. Finalmente, en el segundo concepto de violación, la parte quejosa, alega que la resolución reclamada transgrede lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, toda vez que la autoridad responsable le impuso una multa; sin embargo, en ninguna parte de la determinación combatida se desprende el parámetro utilizado por la responsable para imponerle la multa, por lo que, concluye que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación. Es esencialmente fundado el concepto de violación. En la resolución administrativa de tres de noviembre de dos mil veintiuno, en la parte que atañe a la aquí quejosa, se observa: ".En el siguiente pliego; ASM/AEFM/DSAMFM/069/020/2015. Resulta responsable de manera directa los ciudadanos: Sergio Rodríguez Mora, Presidente Municipal; Laura Patricia Lezama Maus; Sindico, Cindy Janeth Alemán Tinajero; Alfonso Estrada Medina; Crisanto Licea Álvarez; Homero Madriz Vargas; Martha Vega Ortiz; Víctor Manuel Rodríguez López y Robert Mendoza Ramos, Regidores, por ser parte del Ayuntamiento y corresponderles la integración del funcionamiento del Comité de Planeación para el desarrollo Municipal, en términos del artículo 32, inciso b), fracciones I. III y IV y 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, siendo responsable solidario el ciudadano Pablo Tomas Méndez Cisneros, Contralor, por el periodo del 01 primero de septiembre al 31 de diciembre de 2015 dos mil quince, por omitir la vigilancia del ejercicio adecuado de la administración pública municipal, así como el debido cumplimiento de la normatividad aplicable, faltando con su omisión a los normativos aplicables al caso en particular, relativos a los artículos 14, fracciones I, III y IV, 49, fracciones I, II, III, IV, X y XVII, 51 fracción III y V, 55, fracción V, 56 fracción II, 59, fracciones IV, V, XIV, XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. DÉCIMO TERCERO.- De lo expuesto se tiene que la auditoria y revisión practicada por este órgano técnico a la administración Pública Municipal, ejercicio fiscal 2015 dos mil quince del Ayuntamiento de Tepalcatepec, Michoacán, fue con la finalidad de precisar los alcances de ingreso y egreso del gasto público, para valorar la correcta administración y control de los activos y pasivos que conforman el erario público de la entidad auditada, comprobar que la cuenta pública se haya estructurado de acuerdo a la normatividad correspondiente y comprobado de su debida integración y calidad apropiada, para verificar si los servidores públicos que lo representan, actuaron de conformidad a las leyes de la materia, en congruencia con sus planes, proyectos y programas, sustentados por su presupuesto de egresos aprobado, anterior revisión y correspondientes razonamientos que se realizaron con apego a las normas del procedimiento y a los principios técnicos y jurídicos determinados, arrojándolos resultados que ya quedaron descritos, y que se dan por reproducidos en obvio de repeticiones inútiles y atendiendo al principio de la economía procesal; por lo que, del estudio y análisis efectuado, las responsabilidades económicas y administrativas atribuidas a los ciudadanos: Durante el periodo del 01 primero de enero al 31 treinta y un de agosto del 2015; Sergio Rodríguez Mora, Presidente Municipal; Laura Patricia Lezama Maus; Sindico, Cindy Janeth Alemán Tinajero; Alfonso Estrada Medina; Crisanto Licea Álvarez; Homero Madriz Vargas; Martha Vega Ortiz; Víctor Manuel Rodríguez López y Robert Mendoza Ramos, Regidores. (.) Para los efectos de estar en condiciones de aplicar una sanción, es indudable precisar que la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 42, 43, 46 y 48, último párrafo establecen las bases solidarias para sancionar a quienes, teniendo ese carácter, hayan incurrido en responsabilidades por actos y omisiones que afecten a la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, situación que quedó totalmente de manifiesto al momento de no haber justificado dentro del procedimiento derivado de los pliegos de responsabilidades anteriormente analizados e identificados como no solventados, por lo tanto, y como del contenido de esta resolución se desprende, se comprueba la falta de vigilancia, así como una conducta inadecuada, por ende una omisión, al existir un mal manejo del control interno administrativo y contable, al que se encontraban obligados a conocer y cumplir cada uno de los observados con todas y cada uno de las disposiciones normativas aplicables a la gestión municipal. Por lo tanto del contenido del presente expediente, se desprende que, como se resuelve, con su conducta ocasionaron un daño administrativo al erario público, así como un perjuicio, en razón de no aportar la evidencia documental para el total desvanecimiento de las observaciones fincadas cobrando con evidente negligencia administrativa, dada la importancia que guarda la hacienda municipal, concretamente a través de los servicios públicos que la representan. Por lo que esta autoridad considera congruente imponer en base a la competencia y facultades otorga por las leyes mencionadas en el primer considerando de esta resolución, la sanción prevista en los artículos 43, 46 y 48 último párrafo Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, determinando las sanciones por las faltas derivadas del incumplimiento anteriormente analizado, consistentes en sanción económica por las faltas económicas y administrativas ya señaladas de la siguiente manera: (.) A los ciudadanos Cindy Janeth Alemán Tinajero; Alfonso Estrada Medina; Crisanto Licea Álvarez; Homero Madriz Vargas; Martha Vega Ortiz; Víctor Manuel Rodríguez López y Robert Mendoza Ramos, Regidores, por el periodo de 1 uno de enero al 31 treinta y uno de agosto de 2015, María Gloria Valencia Sánchez, sindico J. Jesús Buenrostro Torres, Contralor, por el periodo del 01 primero de septiembre al 31 de diciembre del 2015 dos mil quince, la cantidad de $3,322.50 tres mil trescientos veintidós pesos 50/100 M.N., en forma individual, equivalente a 50 cincuenta días de salario mínimo vigente en el año 2015 dos mil quince, siendo $66.45 sesenta y seis pesos 45/100 M.N.". De la recién transcripción, se advierte que la autoridad responsable impuso una multa, entre a otros, a la quejosa Cindy Janeth Alemán Tinajero, toda vez que en el periodo del uno de septiembre al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en su carácter de regidora del Ayuntamiento de Tepalcatepec, Michoacán de Ocampo, omitió la vigilancia del ejercicio adecuado de la administración pública municipal, así como el debido cumplimiento de la normatividad aplicable, faltando con su omisión a los normativos aplicables al caso en particular, relativos a los artículos 14, fracciones I, III y IV, 49, fracciones I, II, III, IV, X y XVII, 51 fracción III y V, 55, fracción V, 56 fracción II, 59, fracciones IV, V, XIV, XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. En virtud de lo anterior, la autoridad responsable fijo una multa a cargo de la aquí quejosa, por la cantidad de tres mil trescientos veintidós pesos 50/100 moneda nacional, en forma individual, equivalente a 50 cincuenta días de salario mínimo vigente en el año dos mil quince. La citada sanción se impuso en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 48 de la de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán, el cual dispone: "Artículo 48. La determinación y aplicación de sanciones se sujetará al procedimiento siguiente: (.) La sanción pecuniaria consistirá en una multa del diez por ciento al setenta por ciento del monto de los daños y perjuicios causados, que deberá ser determinada en proporción a la gravedad de la falta, al menoscabo patrimonial de la entidad correspondiente, a la capacidad económica y antecedentes del obligado". El numeral recién transcrito dispone que la sanción pecuniaria consistirá en una multa del diez por ciento al setenta por ciento del monto de los daños y perjuicios causados, que deberá ser determinada en proporción a la gravedad de la falta, al menoscabo patrimonial de la entidad correspondiente, a la capacidad económica y antecedentes del obligado. En esas condiciones, en la individualización de las sanciones impuestas por la responsable era preciso que la autoridad impusiera la multa correspondiente del diez al setenta por ciento del monto del daño causado al erario afectado; lo que fijaría tomando en consideración: La gravedad de la falta; El menoscabo patrimonial a la entidad correspondiente; La capacidad económica del infractor; y, Los antecedentes del obligado. Sin embargo, en la especie, se fijó la cantidad de tres mil trescientos veintidós pesos 50/100 moneda nacional, en forma individual, equivalente a 50 cincuenta días de salario mínimo vigente en el año dos mil quince, por concepto de multa; sin que la autoridad justificara porque utilizó días de salario; en lugar del porcentaje a que alude el numeral 48 citado. Tampoco se advierte que haya expuesto argumentos en los que justificara porque el monto impuesto era el adecuado; pues no se aprecia evidencia que indique que haya estimado que dicho monto por concepto de multa era proporcional a la gravedad de la falta cometida por la aquí quejosa, así como al menoscabo económico originado. Asimismo, la responsable soslayó ponderar elementos como la capacidad económica y los antecedentes del infractor, para así estar en condiciones de imponer la sanción pecuniaria correspondiente en términos de lo dispuesto en el numeral citado. De tal manera que al no haberlo hecho así, la resolución reclamada carece de la fundamentación y motivación exigida en el artículo 16 constitucional. Se estima así, pues a fin de cumplir con los requisitos formales de la debida fundamentación y motivación que para su legalidad exigen el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la resolución por la que se imponga una sanción con base en el numeral 48 de la de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán de Ocampo, la autoridad debe citar, además del referido artículo, las razones particulares por las cuales estimó proporcional la sanción (multa), con base a los parámetros establecidos en dicho numeral, porque sólo de esta manera el infractor podrá tener certeza respecto a la forma en que se obtuvo el monto de la multa impuesta. De ahí que se estime esencialmente fundado el concepto de violación analizado, lo que genera que se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, contra el acto y autoridad precisados al principio de esta resolución. OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión del amparo a la quejosa Cindy Janeth Alemán Tinajero, es a efecto que la autoridad responsable Auditor Superior del Estado de Michoacán: Deje sin efectos única y exclusivamente la porción de la resolución administrativa de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del procedimiento administrativo para la determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Sanciones número AMF-105/2018, únicamente en la parte en la que impuso la multa a Cindy Janeth Alemán Tinajero (aquí quejosa); y, Emita otra, con libertad de jurisdicción, en la que de manera fundada y motivada, individualice la sanción correspondiente a la quejosa en virtud de los parámetros establecidos en el artículo 48 de la de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán de Ocampo. Dicha concesión se hace extensiva a los actos de ejecución de la Tesorería Municipal de Tepalcatepec, Michoacán, al no reclamarse por vicios propios, sino derivado de un acto declarado inconstitucional. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 70, que establece: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman especialmente vicios de ésta". NOVENO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Cindy Janeth Alemán Tinajero, contra los actos que reclaman de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en la parte final del diverso séptimo y para los efectos precisados en el correlativo octavo de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando noveno de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Abel Jonapa García, hasta el día de hoy treinta de mayo de dos mil veintidós, que lo permitieron las labores del juzgado, quien da fe.
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