Cindy Galarza Pizaño

Expediente 407/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
407/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
05/01/2021

Partes del expediente

  • Cindy Galarza Pizaño

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a seis de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de once de diciembre de dos mil veinte, se giró el oficio 12315/2020 dirigido a la autoridad responsable Catastro Municipal de Tampacán, San Luis Potosí, a efecto de que rinda su informe previo respecto de la ampliación de demanda promovida por el quejoso; sin que obre la constancia que demuestre que dicha autoridad haya recibido aquella comunicación oficial. En ese sentido, se ordena requerir vi´a correo ordinario y/o electrónico, a la autoridad de referencia, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente provei´do, se sirva informar si ha recibido o no el oficio 12315/2020; en la inteligencia de que le subsiste el apercibimiento ordenado en el referido auto de once de diciembre del año pasado; esto es, se le podrá imponer una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; ello conforme al artículo 260 fracción I, en relación con el diverso 238, ambos de la Ley de Amparo. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su desahogo. ...Notifíquese mediante lista de acuerdos, una vez que se reanuden las labores en este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de noviembre de dos mil veinte. Demanda de amparo. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos que reclama del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidas en los artículos 1, 5 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 407/2020. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. Dicho artículo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo y, de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Lo anterior, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte de forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza en párrafos siguientes se efectúa en términos de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, con número de registro 192097, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y que debe interpretarse en su integridad, por lo que, si la parte quejosa señala de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el juez de distrito lo corrija, a fin de que el promovente no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. En esta tesitura, del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado, los siguientes: Autoridades responsables. Ordenadoras: Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisión Nacional Mixta de Bolsa de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ejecutoras: Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en San Luis Potosí. Representantes de la Subcomisión Mixta de la Bolsa de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí. Director del Hospital General Subzona con Medicina Familiar, Número 4, con sede en Ciudad del Naranjo, San Luis Potosí. Actos reclamados: La omisión de notificación y emplazamiento al procedimiento de impugnación de la nominación de la plaza de base e definitiva en la categoría de "Químico Clínico" en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar Número 4, con sede en Ciudad del Naranjo, San Luis Potosí -así como la probable ejecución de la orden de dejar sin efecto dicha base definitiva- que la quejosa afirma ostentar. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, éstos últimos interpretados en sentido contrario, los que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.] Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables." Del contenido de los preceptos transcritos se advierte que es indispensable que los actos reclamados, para efectos del juicio de amparo, se atribuyan a una autoridad, teniendo tal carácter las que, por disposición legal, se encuentran en un plano de supra a subordinación en relación con el gobernado, y que al emitir un acto de forma unilateral, es decir, sin la voluntad del particular, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de éste. En ese orden de ideas, para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por los que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, de la confrontación de lo anterior, con el acto que se le atribuye a las autoridades señaladas como responsables, se advierte que la omisión de la que se duele Cindy Galarza Pizaño no es susceptible de ser reclamada en la vía de amparo, en razón a que, dicho acto deriva de una relación laboral preexistente entre la inconforme en su carácter de trabajadora y las responsables que fungen como su patrón. Ello en tanto que se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las de coordinación, corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre órganos del propio Estado; en este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso la quejosa reclama de las autoridades de la administración pública -en su carácter de organismo público descentralizado- la omisión de notificación y emplazamiento al procedimiento de impugnación de la nominación de la plaza de base e definitiva en la categoría de "Químico Clínico" en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar Número 4, con sede en Ciudad del Naranjo, San Luis Potosí -así como la probable ejecución de la orden de dejar sin efecto dicha base definitiva- que la quejosa afirma ostentar, es incuestionable que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por la quejosa no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Lo anterior, sumado al hecho de que ni siquiera la probable ejecución de la orden de dejar sin efecto su nombramiento de base, pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque los nombramientos de trabajo se encuentran íntimamente vinculados con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre la quejosa y su patrón, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del juicio de amparo. Conforme a lo expuesto, queda evidenciado que el acto aquí reclamado, no contiene las características distintivas para ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues como quedó precisado en líneas anteriores, éste deriva de una relación de trabajador-patrón, que existe entre la quejosa y las que señala como autoridades responsables como su patrón; por lo que no puede ser materia de análisis constitucional. Aunado a lo anterior, resulta importante destacar lo establecido en los artículos 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 154, 156, 527, fracción II, inciso 1, de la Ley Federal del Trabajo y 5 de la Ley del Seguro Social, que al efecto establecen: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: X. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia." "Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical. Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida. Artículo 156.- De no existir contrato colectivo o no contener el celebrado la cláusula de admisión, serán aplicables las disposiciones contenidas en el primer párrafo del artículo 154, a los trabajadores que habitualmente, sin tener el carácter de trabajadores de planta, prestan servicios en una empresa o establecimiento, supliendo las vacantes transitorias o temporales y a los que desempeñen trabajos extraordinarios o para obra determinada, que no constituyan una actividad normal o permanente de la empresa. Artículo 157.- El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 154 y 156 da derecho al trabajador para solicitar ante el Tribunal, a su elección, que se le otorgue el puesto correspondiente o se le indemnice con el importe de tres meses de salario. Tendrá además derecho a que se le paguen los salarios e intereses, en su caso, a que se refiere el párrafo segundo del artículo 48. Artículo 527.- La aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades federales, cuando se trate de: II. Empresas: 1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; "Artículo 5. La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados en esta Ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo." Preceptos, de los que se sigue que la resolución de los conflictos suscitados con motivo de la aplicación de las normas de trabajo -como lo son aquéllas relativas a la preferencia de derechos, escalafón y antigüedad de los trabajadores-, en los caso de entidades descentralizadas del gobierno federal, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social, corresponde a los Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación. De igual manera, corrobora lo anterior, el que conforme a lo establecido en el artículo 392 de la Ley Federal del Trabajo, la organización de comisiones mixtas establecidas en los contratos colectivos de trabajo tienen como fin el cumplimiento de determinadas funciones sociales y económicas, de lo que se sigue que la determinación emitida en relación a dejar sin efectos la asignación del nombramiento de base de la promovente de amparo, por la Comisión Nacional Mixta señalada como responsable, es un acto que requiere necesariamente ser validado por el patrón, en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de quien cuente con las facultades necesarias para dejar sin efectos dicho nombramiento. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5º, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por numeral 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por la quejosa. Domicilio. Asimismo, se tiene al demandante de amparo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard México Laredo, sur, número 1024-B, altos, entre las avenidas Fray Andrés de Olmos y Primera, Fraccionamiento Lomas Poniente, en esta ciudad. Autorizados. Por otro lado, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que cuentan con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciados en derecho, según se deduce de la consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, fuente que constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Reproducción electrónica.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA QUEJOSA QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de noviembre de dos mil veinte. Demanda de amparo. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos que reclama del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidas en los artículos 1, 5 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 407/2020. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. Dicho artículo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo y, de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Lo anterior, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte de forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza en párrafos siguientes se efectúa en términos de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, con número de registro 192097, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y que debe interpretarse en su integridad, por lo que, si la parte quejosa señala de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el juez de distrito lo corrija, a fin de que el promovente no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. En esta tesitura, del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado, los siguientes: Autoridades responsables. Ordenadoras: Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisión Nacional Mixta de Bolsa de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ejecutoras: Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en San Luis Potosí. Representantes de la Subcomisión Mixta de la Bolsa de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí. Director del Hospital General Subzona con Medicina Familiar, Número 4, con sede en Ciudad del Naranjo, San Luis Potosí. Actos reclamados: La omisión de notificación y emplazamiento al procedimiento de impugnación de la nominación de la plaza de base e definitiva en la categoría de "Químico Clínico" en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar Número 4, con sede en Ciudad del Naranjo, San Luis Potosí -así como la probable ejecución de la orden de dejar sin efecto dicha base definitiva- que la quejosa afirma ostentar. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, éstos últimos interpretados en sentido contrario, los que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.] Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables." Del contenido de los preceptos transcritos se advierte que es indispensable que los actos reclamados, para efectos del juicio de amparo, se atribuyan a una autoridad, teniendo tal carácter las que, por disposición legal, se encuentran en un plano de supra a subordinación en relación con el gobernado, y que al emitir un acto de forma unilateral, es decir, sin la voluntad del particular, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de éste. En ese orden de ideas, para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por los que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, de la confrontación de lo anterior, con el acto que se le atribuye a las autoridades señaladas como responsables, se advierte que la omisión de la que se duele Cindy Galarza Pizaño no es susceptible de ser reclamada en la vía de amparo, en razón a que, dicho acto deriva de una relación laboral preexistente entre la inconforme en su carácter de trabajadora y las responsables que fungen como su patrón. Ello en tanto que se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las de coordinación, corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre órganos del propio Estado; en este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso la quejosa reclama de las autoridades de la administración pública -en su carácter de organismo público descentralizado- la omisión de notificación y emplazamiento al procedimiento de impugnación de la nominación de la plaza de base e definitiva en la categoría de "Químico Clínico" en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar Número 4, con sede en Ciudad del Naranjo, San Luis Potosí -así como la probable ejecución de la orden de dejar sin efecto dicha base definitiva- que la quejosa afirma ostentar, es incuestionable que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por la quejosa no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Lo anterior, sumado al hecho de que ni siquiera la probable ejecución de la orden de dejar sin efecto su nombramiento de base, pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque los nombramientos de trabajo se encuentran íntimamente vinculados con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre la quejosa y su patrón, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del juicio de amparo. Conforme a lo expuesto, queda evidenciado que el acto aquí reclamado, no contiene las características distintivas para ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues como quedó precisado en líneas anteriores, éste deriva de una relación de trabajador-patrón, que existe entre la quejosa y las que señala como autoridades responsables como su patrón; por lo que no puede ser materia de análisis constitucional. Aunado a lo anterior, resulta importante destacar lo establecido en los artículos 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 154, 156, 527, fracción II, inciso 1, de la Ley Federal del Trabajo y 5 de la Ley del Seguro Social, que al efecto establecen: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: X. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia." "Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical. Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida. Artículo 156.- De no existir contrato colectivo o no contener el celebrado la cláusula de admisión, serán aplicables las disposiciones contenidas en el primer párrafo del artículo 154, a los trabajadores que habitualmente, sin tener el carácter de trabajadores de planta, prestan servicios en una empresa o establecimiento, supliendo las vacantes transitorias o temporales y a los que desempeñen trabajos extraordinarios o para obra determinada, que no constituyan una actividad normal o permanente de la empresa. Artículo 157.- El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 154 y 156 da derecho al trabajador para solicitar ante el Tribunal, a su elección, que se le otorgue el puesto correspondiente o se le indemnice con el importe de tres meses de salario. Tendrá además derecho a que se le paguen los salarios e intereses, en su caso, a que se refiere el párrafo segundo del artículo 48. Artículo 527.- La aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades federales, cuando se trate de: II. Empresas: 1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; "Artículo 5. La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados en esta Ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo." Preceptos, de los que se sigue que la resolución de los conflictos suscitados con motivo de la aplicación de las normas de trabajo -como lo son aquéllas relativas a la preferencia de derechos, escalafón y antigüedad de los trabajadores-, en los caso de entidades descentralizadas del gobierno federal, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social, corresponde a los Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación. De igual manera, corrobora lo anterior, el que conforme a lo establecido en el artículo 392 de la Ley Federal del Trabajo, la organización de comisiones mixtas establecidas en los contratos colectivos de trabajo tienen como fin el cumplimiento de determinadas funciones sociales y económicas, de lo que se sigue que la determinación emitida en relación a dejar sin efectos la asignación del nombramiento de base de la promovente de amparo, por la Comisión Nacional Mixta señalada como responsable, es un acto que requiere necesariamente ser validado por el patrón, en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de quien cuente con las facultades necesarias para dejar sin efectos dicho nombramiento. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5º, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por numeral 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por la quejosa. Domicilio. Asimismo, se tiene al demandante de amparo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard México Laredo, sur, número 1024-B, altos, entre las avenidas Fray Andrés de Olmos y Primera, Fraccionamiento Lomas Poniente, en esta ciudad. Autorizados. Por otro lado, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que cuentan con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciados en derecho, según se deduce de la consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, fuente que constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Reproducción electrónica.

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