Cindy Esther Castillo Quintal

Expediente 519/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
519/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Cindy Esther Castillo Quintal

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el ocho de abril del año en curso, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, agréguense a los mismos los oficios 832/2022 signados por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, y anexo que acompaña el primero de ellos. Sin que sea el caso ponerlos a la vista de las partes, toda vez que este juzgador oficiosamente advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En el caso, la parte quejosa reclamó de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, la omisión de resolver el incidente de personalidad planteado por la parte actora en autos del juicio reclamatorio laboral 967/2018 de su índice. Sin embargo, de las constancias que anexó la Presidente de la Junta responsable al oficio de cuenta, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierte que el día treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, la Junta responsable resolvió el incidente de personalidad planteado en contra de la parte demandada en autos del juicio laboral de origen 967-2018. Siendo que los días cuatro y nueve de marzo de dos mil veintidós, el actuario responsable se constituyó en los domicilios de las partes actora y demandada y procedió a notificarles por medio de cédula de notificación el acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintiuno y la resolución del incidente de falta de personalidad de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada Ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea el caso dar vista a la parte quejosa con lo informado por las referidas autoridades responsables, a fin de que estuviese en aptitud de ampliar su demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado deriva de un procedimiento jurisdiccional seguido en forma de juicio, por lo que se ubica en el supuesto de una violación al artículo 17 Constitucional, esto es al derecho humano de seguridad jurídica, y no propiamente de una violación al derecho de petición previsto en el artículo 8º Constitucional. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 8/15 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia(s): Administrativa, página: 478 y registro 2008883, que es del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada.". Por tal motivo, a criterio del suscrito Juez de Distrito, en el caso no resulta aplicable la Jurisprudencia 136/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 801, del Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 160116, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con nueve minutos del once de mayo de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que de los mismos se advierte que las autoridades responsables Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, no rindieron su informe justificado en el presente asunto, no obstante haber sido notificadas oportunamente según se advierte de las constancias de notificación correspondientes a los oficios 7602/2022-V-B y 7603/2022-V-B, que obran agregadas en autos; por lo que es dable presumir ciertos los actos que les fueron atribuidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las referidas autoridades responsables, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, remitan a este Juzgado Federal copia certificada de las constancias que acrediten la existencia de los actos reclamados, así como también de cualquier otra que guarde relación con el mismo, a efecto de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda en el presente asunto. Apercibidas que de no hacerlo dentro del término fijado, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el 259, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos, con cero centavos, moneda nacional). Finalmente, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las once horas con nueve minutos del once de mayo de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    ELECT.Mérida, Yucatán, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, se advierte que hasta la presente fecha no han rendido su informe justificado las autoridades siguientes: PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR. CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN COVID-19 "OPERATIVO CORRECAMINOS" CAPITÁN CARLOS GÓMEZ MONTES DE OCA. YUCALPETÉN, YUCATÁN. Ni obran en autos las tarjetas de acuse de recibo correspondientes a los oficios en los que se les solicitó a las primeras tres nombradas. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día y se señalan las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nuevas hora y fecha para su celebración. Lo anterior, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que dichas autoridades responsables tienen sus domicilios fuera del lugar de residencia de este Juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Por otra parte, considerando que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, y amplió la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, constituye un hecho notorio que en diversos juicios de amparo tramitados en este órgano jurisdiccional sobre el mismo tema, en cumplimiento a las medidas cautelares dictadas, ya se han aplicado dichas vacunas a los menores ahí quejosos. En ese sentido, el cumplimiento a la referida medida cautelar pudiera actualizar una causal de improcedencia, por cesar los efectos del acto reclamado, al verse restablecidas las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada, como si se hubiera concedido la protección y amparo de la Justicia Federal. Por ello, toda vez que la actualización de las causales de improcedencia son una cuestión de orden público y deben analizarse de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo; y, que en términos del diverso ordinal 64 de dicha normatividad, las partes se encuentran obligadas a informar a este Juzgado Federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, se provee: Se previene al representante legal de la menor aquí quejosa, para que dentro del término de tres días hábiles, computados a partir de su notificación, señale bajo protesta de decir verdad, si a la presente fecha ya le fue aplicada a la menor de edad CAROLINA IRAIS VERA ESCALANTE, la vacuna correspondiente a su edad, y, en caso afirmativo, especifique si ya le fueron aplicadas las dos dosis o si ha sido citada para ello. En el entendido que, de ser posible, deberá exhibir el documento que acredite fehacientemente dicha circunstancia. De igual manera, se previene a la parte promovente que, para el supuesto de que no le hayan sido aplicadas a la menor quejosa las dos dosis de la vacuna correspondiente, TAN PRONTO LE SEAN APLICADAS, lo comunique a este Juzgado bajo protesta de decir verdad. Apercibida que de incumplir los requerimientos, se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 251 de la citada ley, la cual equivale a $2,886.00 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional). Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa, y cúmplase.

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