Cindy Delgadillo Márquez
Expediente 1219/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1219/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/10/2023
Partes del expediente
- Cindy Delgadillo Márquez
- Sergio Arturo Mercado Soriano
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. I. Declaración de días inhábiles. Según se advierte de la certificación de cuenta, de conformidad con la Circular 28/2023, emitida por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, derivado de las manifestaciones realizadas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, se declaró como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés; asimismo, de manera retroactiva, se declararon inhábiles los días dieciséis, diecisiete y dieciocho del citado mes y año, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistirá su validez. De lo que se toma conocimiento para efectos legales a que haya lugar. II. Estado de autos. Según se advierte del estado procesal que guardan los autos, se fijaron las trece horas y veinte minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, existió imposibilidad jurídica y material para el verificativo de aquélla, con motivo de la suspensión de labores derivada de las manifestaciones realizadas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos. III. Se fija fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, para estar en aptitud de proseguir con el trámite del presente juicio, se señalan las TRECE HORAS Y DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de octubre de dos mil veintitrés. I. Pruebas. Agréguese a los autos el escrito de ********************, autorizado en términos amplios de la parte quejosa; visto su contenido, se le tiene como medios de convicción las documentales que exhibe, sin perjuicio de la relación que de éstas se haga al celebrarse la audiencia constitucional. II. Quejoso informa datos bancarios. De igual modo, visto el ocurso de cuenta, se tiene a la parte quejosa por proporcionados los datos bancarios que indicada, para la realización del pago que, en su caso, se ordene en el presente juicio; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. III. Pedimento ministerial. Por otra parte, intégrese a los presentes autos el pedimento ..., suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este Juzgado Federal, el cual, en su caso, será tomado en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Como lo solicita, en su oportunidad, expídase copia de la sentencia que se emita en los presentes autos, con fundamento en el artículo 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. IV. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio mediante el que se tiene por rendido informe justificado a la autoridad responsable siguiente: ( Gobernador del Estado de Querétaro. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes, para los efectos legales conducentes. V. Delegados y domicilio. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que refiere en su informe, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. VI. Datos de localización. Asimismo, se tienen por proporcionados los medios de contacto que señala, de los que se toma nota para los efectos conducentes. VII. Acceso al expediente electrónico (consulta). Finalmente, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la autoridad indicada la consulta del expediente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el usuario "********************". En ese sentido, dígase a la promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Hágase del conocimiento lo anterior a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. VIII. Alegatos. Igualmente, súmese a los autos el oficio suscrito por el delegado del Gobernador del Estado de Querétaro; visto su contenido, se le tiene por formuladas manifestaciones a manera de alegatos, entre las que hace valer diversas causas de improcedencia, las que serán analizadas en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de que se haga relación de éstas al celebrarse la audiencia constitucional. IX. Pruebas. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas los medios de convicción que indica, sin perjuicio de la relación que de éstos se haga al celebrarse la audiencia constitucional. X. Diferimiento. Para dar oportunidad a que la parte quejosa se imponga del informe justificado rendido por el Gobernador del Estado de Querétaro, así como para no vulnerar las las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las TRECE HORAS Y VEINTE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. otifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida en el Portal de Servicios en Línea por ********************, por propio derecho, contra actos de la Legislatura, Gobernador y Secretario de Finanzas, todos del Estado de Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1219/2023. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. Representante común. Con fundamento en el numeral 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a ********************, sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio señalen a diversa persona para tal efecto. V. Desechamiento parcial. Previo a proveer lo que en derecho corresponda, respecto la admisión de la demanda de amparo, es menester precisar del análisis integral de la misma, a que este órgano jurisdiccional está obligado, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: ( Legislatura del Estado de Querétaro. ( Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro. ( Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Asimismo, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: ( El proceso legislativo origen de los preceptos legales encargados de regular la inscripción de derechos registrales. ( La aplicación de dichos ordenamientos legales, materializados en la retención de los gastos derivados de la protocolización de la escritura pública de origen. Fijado lo anterior, cabe precisar que el artículo 113 de la Ley de que rige el Juicio Constitucional, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De igual manera, se destaca el contenido de los numerales 61, fracción XXIII, así como el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que son de la literalidad siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." En tal virtud, debe decirse que por lo que hace a los actos reclamados al Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, consistentes en el cobro de las contribuciones cuya constitucionalidad se impugna, el presente controvertido deviene improcedente. Ello es así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, del que se advierte que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria para los Juzgados de Distrito, por lo que de existir jurisprudencia que prevea la improcedencia del juicio de amparo, ésta resulta de carácter obligatorio para este órgano jurisdiccional. En el caso, existe jurisprudencia que establece que la autoliquidación de contribuciones no es imputable a las autoridades exactoras, tal como se advierte de la Jurisprudencia 2a./J. 153/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 367 del tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Así como la Jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, página 1224, que establece: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Por ende, al actualizarse una causa de improcedencia derivada de la existencia de jurisprudencia obligatoria, en términos del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento, se desecha la demanda de amparo por lo que atañe a los actos atribuidos al Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Además, debe destacarse que esta decisión no causa agravio jurídico alguno a la autoridad ejecutora, toda vez que no se afecta acto alguno que hayan emitido y en términos del artículo 87 de la Ley Reglamentaria, tratándose de juicios de amparo contra leyes, sólo las autoridades encargadas de la promulgación de la norma están facultadas para defender su constitucionalidad, ya que la autoridad recaudadora sólo está facultada para interponer el recurso de revisión cuando controvierta el efecto dado al fallo protector que la vincula, tal como se desprende de la jurisprudencia de rubro "REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR QUE LA VINCULA." (2a./J. 11/2014 (10a.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Materia Común, página 1243); ya que tampoco tiene legitimación cuando aduzca causales de improcedencia, como deriva del diverso criterio del Tribunal Pleno, de rubro "REVISIÓN. AUTORIDADES EJECUTORAS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN AMPARO CONTRA LEYES, AUN CUANDO SOLO INVOQUEN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA." (Tesis: 2517, Séptima Época, Apéndice 2000, Tomo I, Const., P.R. SCJN, Materia Constitucional, página 1750). De ahí que si no se le reconoce legitimación a la autoridad recaudadora en todos los casos para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva, tratándose de proveídos de trámite impugnables en queja, no se materializa acto alguno que le cause un perjuicio actual y cierto en su esfera jurídica. Por tanto, la eventual afectación al erario con el dictado de la sentencia concesoria, es un acto futuro e incierto, razón por la cual es innecesario tenerlas en este juicio como autoridades responsables, pues no se les ocasiona agravio jurídico alguno hasta este momento. Sin que se inadvierta el contenido de la jurisprudencia de rubro "AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS NO HUBIEREN APLICADO LA NORMA COMBATIDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE SE LES IMPUTEN." (2a./J. 128/2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 235), así como la de diversa de epígrafe "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA TRATÁNDOSE DE AUTOLIQUIDACIONES FISCALES EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." (2a./J. 11/2008, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 659); sin embargo, la primera se emitió con anterioridad a la expedición de la jurisprudencia citada en párrafos precedentes; en tanto que la segunda de las invocadas, se refiere al supuesto en que no se reclame la norma por vicios propios sino sólo el acto de aplicación, caso en el que debe llamarse a la ejecutora para que haga valer lo que a su interés convenga, esto es, también para combatir los efectos del fallo de amparo, supuesto que no es el de la especie pues sí se controvirtió la constitucionalidad de las normas impugnadas, y se está en el supuesto de la afectación futura e incierta, no inminente. VI. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata, sólo respecto de los actos reclamados a la Legislatura, y Gobernador, ambos del Estado de Querétaro. Se precisa que en el presente juicio de amparo se tramitará bajo las reglas previstas en el artículo 118 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados provienen de normas declaradas inconstitucionales mediante jurisprudencia número P./J. 95/2009, con registro digital 166971, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. VII. Audiencia Constitucional. Se fijan las TRECE HORAS Y DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. VIII. Incidente de suspensión. No se está en el caso de formar incidente de suspensión, al no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. IX. Tercero interesado. Dada la naturaleza del acto de autoridad que se reclama, en el caso, no hay persona a la que asista el carácter de tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III de la Ley de la Materia. X. Intervención al Agente del Ministerio Público. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda; lo anterior, mediante oficio que derive del presente proveído, pues para el presente asunto así lo prevé el ordinal 26, fracción II, inciso c), de la referida ley. XI. Informe justificado. Con fundamento en los artículos 116 y 118 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para rindan informe justificado dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación que de este proveído se le haga; en el entendido que, deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, asimismo, deberán acompañar, en su caso, copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, las cuales tendrán que ser completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, haciéndole saber que de no rendir el informe en el tiempo y forma establecidos, se presumirán ciertos los actos que se le atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto por el ordinal 117 de la referida ley. XII. Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. XIII. Recepción de informes provenientes de las autoridades responsables. Con el propósito de privilegiar el juicio en línea, se pone a disposición ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES el correo electrónico institucional 5jdo22ctomacatjf@cjf.gob.mx, para que haga llegar -debidamente escaneados y firmados- los informes o constancias que sean solicitadas o que se estimen necesarios para la resolución de este asunto, en el entendido de que el Secretario que corresponda deberá verificar la documentación que reciba de acuerdo a los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 27/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Al respecto, se puntualiza a las autoridades responsables que, en el caso de recibir confirmación de recepción proveniente de correo electrónico oficial que se proporciona, SE ABSTENGAN DE REENVIAR LA INFORMACIÓN EN FORMA FÍSICA, pues no debe olvidarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de las normativas indicadas con antelación, ha insistido en privilegiar el uso de firma y medios electrónicos como medio de comunicación, así como de las medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general. XIV. Obligación de recibir oficios. Se hace saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso. Por tanto, en caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no se encuentre señalada correctamente, se comisiona al Actuario Judicial a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta obligada a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. En el entendido que, de negarse a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, el Actuario deberá informar a las autoridades, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, por lo que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga. XV. Requerimiento por constancias sobre la actualización de causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 64, de la ley del juicio constitucional, se requiere a las partes, para que comuniquen de inmediato ya sea física o vía correo electrónico a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento y sobre todo, informen si es de su conocimiento que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo, y en su caso, informen el estado procesal del respectivo juicio de amparo. XVI. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la atención presencial en las instalaciones que ocupa el órgano jurisdiccional, así como la presentación de promociones en formato físico, deberá verificarse conforme a las disposiciones establecidas en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. XVII. Autorizado. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho. XVIII. Acceso al expediente electrónico (consulta y notificaciones). Con fundamento en los artículos 21, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicil de la Federación, mediante los usuarios "********************" y "********************". De igual modo, se autoriza la práctica de notificaciones a través de la plataforma indicada, mediante el usuario "********************"; en la inteligencia que, la citada autorización comprende sólo aquellas notificaciones que deban verificarse de manera personal. De igual modo, dígase al promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Hágase del conocimiento lo anterior a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para los efectos legales conducentes. XIX. Pruebas. Con apoyo en lo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la parte quejosa las que refiere y anexa en su demanda de amparo, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. XX. Se hace del conocimiento. Hágase saber a la parte quejosa que, en caso de obtener sentencia favorable en el presente asunto, y con miras a lograr la simplificación y eficacia en el trámite de ejecución de este expediente, desde este momento, se encuentra en aptitud de solicitar ante este órgano jurisdiccional que el reintegro de la cantidad que pudiera serle devuelta, sea a través de una transferencia electrónica bancaria, en cuyo caso, deberá por escrito y bajo protesta de decir verdad elevar expresamente su petición, proporcionando los siguientes datos; razón social o nombre del beneficiario y título de la cuenta, Registro Federal de Contribuyentes, Entidad Federativa, Municipio, ciudad, colonia, calle, número exterior, interior y letra, código postal, teléfono, fax, correo electrónico, banco, número de cuenta y clabe interbancaria (dieciocho dígitos), la cual tendrá que corresponder forzosamente a la parte quejosa, acompañando además el documento que lo avale; a efecto de que la autoridad exactora se encuentre en posibilidad de realizar el depósito correspondiente. En el entendido de que la anterior determinación atiende al elevado cúmulo de expedientes que ante este órgano jurisdiccional se tramita en etapa de ejecución de sentencia, donde el uso de la tecnología disminuye significativamente el empleo de recursos materiales y humanos; lo cual, va acorde con el espíritu de la Ley de Amparo, en la que se contemplan figuras como la notificación y firma electrónica, cuyo fin precisamente es la sistematización en el trámite de los juicios. Asimismo, se aclara a la autoridad responsable que sólo en el caso de que este juzgado le proporcione dicha información, podrá proceder a realizar el reintegro por la vía anotada, pues previo a ello, debe verificarse la veracidad de la información proporcionada y así constatar que sea efectivamente la parte quejosa quien reciba la cantidad requerida. XXI. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XXII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XXIII. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos.
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