Cilia Annet Telles Swanson

Expediente 1131/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1131/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
19/12/2022

Partes del expediente

  • Cilia Annet Telles Swanson

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. I. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa en acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintidós, para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a analizar si está fue acatada en sus términos por las autoridades responsables. II. Efectos de la concesión del amparo. Consta en autos que se dictó la resolución constitucional el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós; en lo que interesa se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para los efectos siguientes: "El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, tome las medidas que esté a su alcance para que el actuario notificador de su adscripción cumpla con sus determinaciones y realice la notificación correspondiente a las partes del juicio, para que comparezcan al desahogo de la prueba de inspección admitida a la parte actora aquí quejosa, dentro del juicio del Servicio Civil 1037/2015; ello en términos del artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que se lleve a cabo el desahogo de la citada probanza." III. Causa ejecutoria y vista por el cumplimiento al fallo constitucional. Por auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se ordenó dar vista a la parte quejosa con la cumplimentadora de amparo. IV. Actuaciones exhibidas por la responsable. Mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el diez de octubre del año en curso, las responsables remitieron copia certificada de las diligencias de notificación practicada a la parte demandada. V. Vista cumplimiento. En consecuencia, mediante proveído de veinte de octubre de la presente anualidad, se ordenó dar vista a la parte quejosa, quien fue notificada el veinticinco de octubre del año en curso, sin haber realizado manifestación al respecto. VI. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. De lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. VII. Háganse las anotaciones correspondientes. VIII. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido; en el entendido que el expediente es depurable una vez transcurridos tres años. Notifíquese, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de octubre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. Del estado de autos se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que concedió el amparo. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Vista cumplimiento. En razón de lo anterior, y visto el oficio y anexo presentados por la autoridad responsable el diez de octubre anterior, a través de los cuales informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo este Órgano Jurisdiccional se pronunciara sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente y datos aportados por las autoridades. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, trece de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo proveniente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y en atención a su contenido, tómese en consideración una vez que adquiera firmeza la sentencia dictada en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

  4. Principal

    Audiencia y sentencia constitucional. En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cuarenta y un minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Ricardo Froylán Yépiz Rosas, Secretario con quien actúa y da fe declaró abierta la presente audiencia sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, el informe rendido por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, por conducto del Secretario de Acuerdos y Proyectos adscrito a la Segunda Ponencia de dicho tribunal; y por el actuario notificador; y, con las constancias de notificación de la totalidad de las partes - quejosa, autoridades responsables y fiscal federal adscrito-. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con la documental allegada por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, por conducto del Secretario de Acuerdos y Proyectos adscrito a la Segunda Ponencia de dicho tribunal; y el actuario notificador de su adscripción. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1131/2022 L-III, promovido por el Cilia Annet Telles Swanson, contra el acto atribuido al presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y actuario notificador adscrito a dicho tribunal; y, Resultando. Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, y remitido a este juzgado por razón de turno al día siguiente hábil, Cilia Annet Telles Swanson, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto reclamado que más adelante se puntualizará. 2. Trámite del juicio de amparo. El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto registró la demanda bajo el expediente 1131/2022 L-III; la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención conducente a l agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, qa representación social de la adscripción, quien no formuló pedimento, y fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, de conformidad con los siguientes: Considerandos I. Competencia. 3. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como a la creación de este órgano jurisdiccional. II. Precisión del acto reclamado. 4. Del estudio integral del expediente, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: "El incumplimiento de las autoridades responsables de realizar la notificación para el desahogo de la prueba de inspección, dentro del Juicio del Servicio Civil 1037/2015." 5. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de este, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. 6. Esta situación es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que el o los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. III. Existencia del acto reclamado. 7. Es cierto el acto reclamado al presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y actuario adscrito, no obstante que no lo manifestaran al rendir el informe justificado, pues del contenido del mismo se evidencia su certeza. 8. Además, se corrobora con las pruebas documentales que remitió el secretario de acuerdos y proyectos adscrito a la Segunda Ponencia del Tribunal de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y acuario notificador, adjuntas a su informe de ley, relativas al expediente del Juicio del Servicio Civil 1037/2015, constancias a las que se confiere valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. IV. Consideraciones jurídicas 9. Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se configure alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. 10. La parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional, dado que las responsables no se ha ajustado a los plazos y términos que indica la Ley Federal del Trabajo. 11. El concepto de violación es fundado, toda vez que el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados el derecho de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla los subderechos o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. 12. En razón de lo anterior, y por cuanto hace al atributo de justicia pronta, basta que exista retardo u omisión, esto es, un no actuar que se prolongue más allá de los términos y plazos legales previstos para la tramitación y solución del juicio o procedimientos respectivos, para así actualizar la violación al derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual afecta a todo el procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada para la consecución del resultado: que se emita la sentencia o resolución definitiva a través de la cual los derechos de las partes encuentren definición. 13. De este modo, aún y cuando el retraso u omisión se concreten respecto de etapas previas o específicas ello trasciende a todo el procedimiento o juicio, porque es evidente que una vez que salió de sus cauces legales, ya no podrá desarrollarse dentro de los plazos y términos antes previstos, pues, dada la necesaria conexión de los actos procesales, el que éstos se efectúen tardíamente o no se realicen, desfasa el ámbito temporal en que los subsecuentes actos deben desplegarse y, por tanto, los tiempos en que la controversia debe quedar resuelta. 14. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209, Novena Época, con número de registro electrónico 171257, cuyo rubro y texto literalmente dicen: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." 15. De ahí que deba considerarse que el derecho humano consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en uno de sus aspectos, se traduce en que las autoridades que realizan una función jurisdiccional no pueden retardar indefinidamente su deber de ministrar justicia, debido a que deben impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que tienen la obligación de resolver los juicios que se ventilen ante ellas en los términos que establece la legislación aplicable al caso concreto. 16. En términos de lo anterior, es pertinente transcribir lo dispuesto en los artículos 685 y 771 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil, conforme a lo dispuesto en su artículo 10, que establecen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario." 17. De los dispositivos aludidos, se advierte, entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los términos que en él se señalan, para llevar a cabo los distintos actos procesales; que los presidentes de las juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. 18. Por su parte, el diverso artículo 750 del código obrero de referencia, dispone: "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario." 19. Numeral ante transcrito del que se advierte impone la obligación de que las notificaciones, citaciones o emplazamientos, se realicen dentro de los cinco días siguientes a que se ordene. 20. En ese tenor de ideas, la autoridad responsable Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, no demostró haber tomado las medidas necesarias para cumplir con los principios establecidos en el artículo 17 de la Constitución Federal, específicamente en lo que respecta a la celeridad en la impartición de justicia en el procedimiento de origen. 21. Lo anterior, virtud a que en la especie, el actuario responsable no acreditó la realización de la notificación a las partes del juicio, para que comparezcan al desahogo de la prueba de inspección, ofrecida por la parte actora, aquí quejosa, en el juicio de origen, dentro del término de cinco días a que hace referencia el diverso numeral 750 del citado código obrero. 22. Ello es así, toda vez que de las constancias remitidas por las autoridades responsables, no se advierte que el actuario responsable haya efectuado las citadas notificaciones en el juicio de origen, dentro del plazo de cinco días a que hace referencia el numeral 750 de la Ley Federal del Trabajo. 23. Por tanto, si el proveído en el cual se ordenó la notificación de las partes en el juicio laboral de origen, fue dictado el diez de agosto de dos mil veintiuno -a petición de la parte actora aquí quejosa, mediante escrito de once de agosto de dos mil veintiuno- y las autoridades responsables encargadas de realizarlas no acreditaron tal circunstancia en los términos legales establecidos para ello, es evidente que la omisión reprochada es existente y vulnera el derecho humano de la quejosa contenido en el artículo 17 de la Carta Magna. 24. En tal tenor de ideas y de hechos, es evidente la existencia de dilaciones que exceden de los plazos que la ley establece para tales efectos, lo que incide en la duración del procedimiento de manera injustificada; circunstancia evidente de las constancias obrantes en el presente expediente. 25. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 113/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, página 5, Novena Época, con número de registro electrónico 188804, que establece: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídicade la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." 26. Precisado lo anterior, es fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, puesto que queda manifiesta la omisión de las autoridades responsables de notificar a las partes del juicio, para que comparezcan al desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora aquí quejosa, dentro del juicio del Servicio Civil 1037/2015; actuar que implica una violación al derecho humano de la quejosa consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, en los términos antes apuntados. V. Decisión 27. Dado que en el presente juicio quedó evidenciada la violación de derechos humanos que se produce en perjuicio de la quejosa, se impone conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado, de conformidad con el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, para el efecto de que: El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, tome las medidas que esté a su alcance para que el actuario notificador de su adscripción cumpla con sus determinaciones y realice la notificación correspondiente a las partes del juicio, para que comparezcan al desahogo de la prueba de inspección admitida a la parte actora aquí quejosa, dentro del juicio del Servicio Civil 1037/2015; ello en términos del artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que se lleve a cabo el desahogo de la citada probanza. 28. Respecto de los alcances de la protección federal, se destaca que se limitan a los actos reclamados y a la etapa procesal en la que se sitúan dentro del procedimiento laboral. 29. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve: 30. Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Cilia Annet Telles Swanson, respecto del acto reclamado precisado en el apartado II, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados IV y V de este fallo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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