Cid Rodrigo Fortanell Martínez

Expediente 587/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
587/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
24/08/2017

Partes del expediente

  • Cid Rodrigo Fortanell Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexos provenientes del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro; en atención a su contenido, tómese en cuenta lo comunicado por dicha autoridad al momento de proveer respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otro lado, visto el estado de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído de catorce de agosto de dos mil diecisiete, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento al fallo protector; por tanto, resulta procedente que este Juzgado Federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para lo cual conviene hacer una relatoría de los efectos para los que se concedió el amparo y las acciones de la autoridad para el cumplimiento de éste. Mediante sentencia emitida el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al ahora quejoso, para el efecto de que el Juez Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, realizara lo siguiente: "1.- Dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario civil *****, a partir del acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil once, en el que se ordenó emplazar por edictos al aquí quejoso, incluyendo los actos de ejecución de sentencia, regresando las cosas al estado que guardaban antes de la violación ya citada. 2.- Realice los actos necesarios para emplazar al aquí quejoso, toda vez que la búsqueda de los domicilios que realizó no fueron suficientes de conformidad con lo establecido en el artículo 122, del Código de Procedimientos Civiles vigente en la época de los hechos para el Estado de Querétaro. Efectos extensivos del amparo con motivo de litisconsorcio pasivo necesario a favor de ******." En satisfacción a lo anterior, mediante oficio agregado en proveído de catorce de agosto de dos mil diecisiete, la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia remitió copia certificada del proveído de nueve de agosto del año en curso, emitido en los autos del juicio natural, así como las constancias de notificación de éste, de dichas documentales se evidencia lo siguiente: Tocante al ahora quejoso *******, dejó sin efectos e insubsistente todo lo actuado a partir del acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil once, en el que dicha autoridad ordenó su emplazamiento por edictos, así como todas las actuaciones posteriores, entre las cuales se incluyen la sentencia de catorce de febrero de dos mil trece y su correspondiente proceso de ejecución. De igual forma, a fin de emplazar a juicio al demandado aquí quejoso, el Juez de la causa, con fundamento en el artículo 122, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, vigente en la época de los hechos, ordenó girar oficios a diversas dependencias, entre las cuales se encuentra el otrora Instituto Federal Electoral, para que informaran si dentro de sus archivos o estadísticas cuentan con registro de algún domicilio de dicha parte procesal; circunstancia que en data catorce del mes y año en curso aconteció, por lo cual el precitado Juzgador ordenó su emplazamiento en la dirección proporcionada para tal efecto, sin que dicha diligencia se haya efectuado, por las razones expuestas en la razón actuarial de diecisiete del mes y año que transcurre, haciendo de conocimiento de la parte actora que dicha autoridad se encuentra en condiciones de atender la solicitud de emplazamiento por edictos de su contraparte, previa petición que al respecto se realice; como se aprecia de las constancias glosadas en esta fecha y el dieciséis de los actuales. En relación con el codemandado en el juicio de origen******, la autoridad responsable dejó sin efectos todo lo actuado desde la sentencia definitiva de catorce de febrero de dos mil trece, así como su respectivo proceso de ejecución; quedando intocadas y subsistentes las actuaciones atinentes a su emplazamiento. A los documentos reseñados se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, toda vez que fueron emitidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las constancias allegadas se advierte que la Juez responsable dio cumplimiento a la sentencia. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 192174, de rubro y contenido siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. De tal modo, ateniendo a que en párrafos anteriores declaró cumplida la ejecutoria del amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otro lado, al haberse concedido la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, se determina que queda sin efecto legal lo resuelto en él; asimismo, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, el original del cuaderno correspondiente es susceptible de depuración en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas al otorgamiento o violación, haciendo la anotación correspondiente en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. Glósese al principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General; dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. DEVOLUCIÓN DE BILLETE. En relación con el billete de depósito número ******expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., por la suma de $****** moneda nacional), exhibido por la parte quejosa con el objeto de que surtiera efecto la suspensión definitiva, hágase del conocimiento que dicho certificado de depósito queda a su disposición. Con el apercibimiento que de no recogerlo en el término de dos años, se hará efectivo en favor del erario público, tal como lo prevé el artículo 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, en el entendido que dicho término se computará a partir de que surta efectos la notificación de este proveído. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Por otro lado, devuélvase a la autoridad responsable Juez Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro en el Estado de Querétaro, las constancias que allegó al presente asunto, previo glose que se haga de las carátulas de los cuadernos que con ellas se formaron. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal o incidental, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexos enviados por el Juez Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro; a través del cual informa que ordenó el emplazamiento del aquí quejoso, en el domicilio proporcionado por el Vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral; en atención a su contenido, tómese en cuenta dicha circunstancia al momento de proveer respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades precisadas en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de diez días hábiles, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumplan con lo ahí establecido, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese.

  4. Incidental

    Agréguese a los presentes autos el escrito que suscribe la autorizada en términos amplios de la parte quejosa, al través del cual solicita la devolución del billete de depósito número ****, mediante proveído de once de mayo de dos mil diecisiete para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados, concedida al agraviado mediante interlocutoria de ocho de mayo de dos mil diecisiete; en consecuencia, dígase al promovente que no es dable acordar favorable su solicitud toda vez que la sentencia dictada en el cuaderno principal no ha quedado firme. Notifíquese.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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