Christopher Martín Grimmett Nowell

Expediente 1457/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1457/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Christopher Martín Grimmett Nowell

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por el secretario del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual devuelve los autos del juicio de amparo citado al rubro y copia autorizada de la resolución dictada en el recurso de queja *********, cuyo resolutivo dice: "(.) ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja (.)." Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Agréguese al expediente el cuaderno de antecedentes, que se formó con motivo del recurso, empero solo las constancias que obran en original, toda vez que las demás resultan innecesarias dado que ya obran en este expediente el oficio y testimonio de la ejecutoria. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es "destruible", al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con artículo 20 del citado Acuerdo General. De conformidad con el artículo 34 del referido Acuerdo General, la secretaria deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Destruible", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, transcribe el proveído de cuatro de enero del año en curso, del que se desprende que se admitió el recurso de queja interpuesto en autos, el cual se registró con el número estadístico 7/2023. Cúmplase.

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por el cual el quejoso ******, interpone recurso de queja contra el auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a); 100; y, 101, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito en el que se formulan los agravios correspondientes, así como el expediente original del presente juicio. Haciéndole saber que en el expediente únicamente obra la demanda, constancia de notificación del acuerdo impugnado y demás promociones presentadas por la parte quejosa, mientras que las demás actuaciones se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico formado por este juzgado, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, en el que se establece que a partir del uno de diciembre del año en curso, los expedientes físicos deberán contener solamente aquellos documentos presentados por esa vía, así como las notificaciones, por lo que desde este momento queda vinculado el expediente electrónico para su consulta. Por otra parte, respecto al escrito registrado con el número de control 17278, que no ha lugar a proveer su petición, en virtud de que en el presente juicio no tiene reconocida la personalidad con la que comparece, por lo que una vez que acredite con documento idóneo dicha circunstancia y reiterada que sea su petición, se proveerá lo que en derecho corresponda.

  4. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por******************** contra actos del Juez Segundo Mixto Civil y Familiar de Manzanillo, Colima, y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, párrafos II y III, 4°, 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Con la demanda se ordena su registro en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 1457/2022-VI. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama en el presente juicio amparo el auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio de controversia de orden familiar, pensión alimenticia número ********************en el que se le requiere por el pago y embargo de la cantidad fijada por pago de pensiones no pagadas a favor de su menor hijo. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Así, la parte quejosa señala como acto reclamado en el presente juicio de amparo, el auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio de controversia de orden familiar, pensión alimenticia número ********************en el que se le requiere por el pago y embargo de la cantidad fijada por pago de pensiones no pagadas a favor de su menor hijo. Una vez examinado el acto reclamado se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que no se observó el principio de definitividad previamente a la interposición de este juicio constitucional, precepto que establece: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicado, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto transcrito, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de garantías, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa así previsto dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Por su parte, los artículos 686, 687, fracción III, inciso i) y 950 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, establecen lo siguiente: "Artículo 686.- A través del recurso de apelación el Tribunal de Alzada podrá revocar, modificar el auto o la sentencia recurridos o confirmar la resolución apelada, ello a solicitud de la parte agraviada, con excepción de lo dispuesto en el artículo 715 de este Código. Artículo 687.- El Recurso de Apelación procede: (.) III.- Contra los autos definitivos o los que independientemente de que tengan ese carácter: i) Causen un gravamen que no pueda repararse en la sentencia definitiva Artículo 950.- Salvo los casos previstos por el artículo 699 de este Código, en los que el recurso de apelación procede en ambos efectos, en los demás casos solo se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin el otorgamiento de fianza. Del primer artículo transcrito se desprende que el recurso de apelación, tiene por efecto revocar o modificar el auto o sentencia recurrida o confirmar la resolución impugnada ante el Tribunal de Alzada, el cual se promoverá por regla general a instancia de parte agraviada, pues establece la revisión oficiosa por el Tribunal revisor en la sentencias recaídas sobre la nulidad de relación conyugal. Por su parte, del segundo precepto citado se desprenden las hipótesis en las cuales procederá el recurso de apelación, entre las que se encuentra los autos definitivos o lo que independientemente de que tengan ese carácter causen un gravamen que no pueda repararse en la sentencia definitiva o interlocutoria, pues a partir de su ejecución afectan derechos sustantivos protegidos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es parte. Ahora, el último precepto dispone que en las controversias del orden familiar salvo los casos previstos por el artículo 699 de este Código, en los que el recurso de apelación procede en ambos efectos, en los demás casos solo se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin el otorgamiento de fianza. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 265/2013 analizó si en el juicio de amparo indirecto la irreparabilidad del acto constituye por sí misma una excepción al principio de definitividad cuando en la contienda jurídica esté involucrado un menor de edad, para lo cual expuso las siguientes consideraciones: Así, la Sala del Alto del Tribunal estimó que las excepciones al principio de definitividad no solamente se presentan en el juicio de amparo directo, respecto de las violaciones al procedimiento como lo prescribe el artículo 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo reproduce la Ley de Amparo; antes bien, tales excepciones se presenta también en amparo indirecto, en casos específicos en donde los derechos de una persona menor están involucrados en la contienda judicial y existen razones justificadas para liberar al quejoso de la carga de interponer los recursos ordinarios. Asimismo, expuso que no siempre que se aleguen violaciones de imposible reparación en perjuicio de una persona menor de edad, se actualiza una excepción al principio de definitividad, pues la irreparabilidad del acto no es, por sí misma, una causa que justifique el no agotamiento del recurso ordinario previsto en la ley, a pesar de que los derechos de una persona menor se encuentren involucrados en un litigio, cuando el recurso ordinario es apto para cumplir con los objetivos de los que se han hablado en párrafos precedentes. En relación a esto precisó que la irreparabilidad del acto reclamado, por un lado, y el principio de definitividad, por otro, son dos presupuestos distintos y autónomos que deben ser observados para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que una persona menor de edad se encuentre involucrada. Así, mencionó que el primero de esos requisitos, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera en la esfera jurídica del quejoso, con hincapié en los derechos sustantivos, a la trascendencia de la afectación y a su no reparación aunque se llegue a dictar una sentencia definitiva favorable a los intereses del peticionario del amparo, y que obliga a la autoridad de control constitucional a intervenir de inmediato, sin esperar a que se llegue a promover el juicio de amparo directo (que no reparará la afectación sufrida) pero siempre que se encuentren satisfechos los restantes presupuestos de procedencia prescritos en la ley. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Es decir, la citada regla existe con relación a la naturaleza de los recursos ordinarios. Tal distinción constituye el tema de la jurisprudencia 44/2012, emitida por la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 277/2011 y cuyo rubro es: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL". En esas circunstancias, en los supuestos que aquí se analizan sobre juicios en que intervienen menores o ven afectada su esfera jurídica, el primer supuesto de procedencia que debe verificar el juez de control constitucional cuando se reclaman actos dentro del juicio es que éstos tengan una ejecución irreparable, pues solo entontes estará en aptitud de analizar si se ha cumplido con el principio de definitividad o si en el caso que examina, se justifica su inobservancia, sin que el hecho de que se trate de actos de imposible reparación genere, per se, la excepción a la regla, máxime si se considera que la norma constitucional es clara. En ese sentido, la Primera Sala no comparte el criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", en la parte que explica que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Entonces, la Sala argumentó que es inconcuso que no es la irreparabilidad del acto reclamado el elemento fundamental para decidir cuándo es el caso de exentar al quejoso de interponer el recurso ordinario prescrito en la ley, cuando los derechos de una persona menor de edad estén involucrados en una contienda judicial, pues ha de considerarse que, siempre que se trate de actos dentro del juicio reclamables en amparo indirecto, éstos son de ejecución irreparable (de lo contrario, su reclamo debe verificarse hasta que se llegue a promover el juicio de amparo directo); de ahí que lo trascendente es analizar, desde la perspectiva del interés superior de la niñez, si el recurso ordinario previsto en la ley es existente, idóneo, efectivo, oportuno, adecuado y eficaz para prevenir y reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a los derechos sustantivos cometidas en el acto o resolución impugnada en perjuicio de la persona menor de edad, ya que la regla de la definitividad está referida, fundamentalmente, al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, cuya irreparabilidad, como ya se dijo, se debe dar por sentada cuando se reclaman actos dentro del juicio, de manera que el argumento relativo a la observancia del interés superior del menor no constituye un argumento válido para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Por lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que si bien en el juicio de amparo indirecto existen casos de excepción a la regla de definitividad, éstos no se identifican con la mera circunstancia de que el acto tenga una ejecución de imposible reparación para el menor, pues según lo que hasta ahora ha resuelto esta Primera Sala, esas excepciones a la regla se dan en supuestos específicos. Consideraciones de las cuales dimanó la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 1, Diciembre de 2013 Tomo I, Décima Época, Página: 350, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Ahora, en la contradicción de tesis 139/2020 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que no existe disposición constitucional o legal expresa que excluya a los menores de edad, por ser menores de edad, de la carga de agotar los recursos ordinarios, salvo lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de Amparo, pero esto, solamente en el supuesto relativo a la preparación a las violaciones cometidas durante el proceso, esto es, en materia de amparo directo, en el entendido de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que no es posible hacerlas extensivas al juicio de amparo indirecto, según el contenido de la jurisprudencia 1ª./J.41/2001, con el rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES". Ahora, la Sala estimó que el criterio de que se trata y que entonces emitió la Primera Sala fue anterior a la reforma al artículo 1° constitucional, vigente a partir de octubre de dos mil once, cuyo contenido vigente permite reformular el problema y obtener una solución a partir de una interpretación sistemática y teleológica en el que se incluya el nuevo paradigma que trajo la citada reforma y cuyo análisis se realiza tomando como punto de convergencia, entre el derecho nacional y la normativa internacional, al artículo 4° de la propia Carta Magna. Así, mencionó que sobre la base de las anteriores consideraciones, fundamentalmente a partir de las premisas de que el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida; de que, en términos del artículo 1° constitucional, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación, de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y de que, particularmente, los derechos de la infancia merecen una especial protección por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hayan, Por ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que en términos del artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, será posible dejar de observar la regla de la definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrada una persona menor de edad (desde la perspectiva de su interés superior), cuando el recurso ordinario que deba ser agotado no admita suspensión y, por ende, no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre y cuyo riesgo, para el caso de ejecutarse la resolución impugnada, sea alegado por cualquiera de las partes. En este sentido, señaló que en un supuesto así, en que se excepcione a la persona menor de edad de agotar el recurso o medio de impugnación procedente, la promoción del amparo y la eventual petición de la suspensión no garantiza que la medida provisional será otorgada, pero sí, que habrá un órgano jurisdiccional que valorará las circunstancias del caso y que decidirá lo que estime pertinente, no solamente para evitar un perjuicio al menor sino para lograr su mayor beneficio al estar en condiciones de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, máxime si se considera que la presente contradicción de tesis se presenta respecto de amparos tramitados en la vía indirecta, en donde se tramita el incidente de suspensión por cuerda separada y las partes están en aptitud de ofrecer pruebas para la resolución de la suspensión definitiva. Asimismo, argumentó que al margen de que operan para el menor las mismas excepciones que de manera general prevé la Constitución y la Ley de Amparo, esto es, será posible dejar de observar la regla del agotamiento de los recursos ordinarios, cuándo se esté en el caso de que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Norma Fundamental o éstos no existan en la legislación ordinaria o no se le haya permitido a la persona menor de edad agotar dichos recursos o haya un retraso injustificado por parte de las autoridades ordinarias para producir una decisión definitiva. Consideraciones de las cuales dimanó la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, Décima Época, página: 990, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada. Ahora bien, en el presente juicio de amparo******************** y no así en representación de su menor hijo, señala como acto reclamado en el presente juicio de amparo, el auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio de controversia de orden familiar, pensión alimenticia número ********************en el que se le requiere por el pago y embargo de la cantidad fijada por pago de pensiones no pagadas a favor de su menor hijo. En este sentido, el directo quejoso******************** se encuentra constreñido previamente a promover el presente juicio de amparo el medio de impugnación ordinario ?apelación? que tenga por efecto revocar o modificar el proveído controvertido, pues no se actualiza una excepción al principio de definitividad, ya que el presente juicio no se promovió en representación de su menor hijo, que permita que sus intereses actualicen la excepción al principio de definitividad, aunque sus derechos se encuentren involucrados con el acto reclamado, pues bajo el principio de instancia de parte agraviada corresponde sus legítimos representantes promover el juicio de amparo en su representación, pues los intereses de los padres en la determinación reclamada son independientes a los de los menores involucrados al analizar por este órgano de control constitucional el acto reclamado. Así, el artículo 8º de la Ley de Amparo, dispone que el menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo; por lo que, la propia legislación establece que los menores deben comparecer al juicio constitucional por conducto de sus legítimos representantes, salvo que se actualice algunas de las excepciones establecidas en el precepto señalado, las cuales no se advierte se perfeccionen en el presente juicio de amparo. Por ello, existe un impedimento formal que permita dilucidar sí existe una injerencia directa a los derechos sustantivos de los menores involucrados en el presente juicio, pues quien instó la instancia constitucional es su progenitora en defensa de sus propios intereses por conducto de su apoderada, y no así en representación de sus menores hijos. En tal tesitura, la afectación reclamada en un juicio en el que se encuentran involucrados derechos de menores de edad deben apreciarse de forma independiente a los derechos reclamados por los progenitores, pues los intereses son distintos y autónomos, observando directamente si se causa un acto de imposible reparación al menor involucrado o sólo a los derechos de los padres quejosos. Es aplicable, la jurisprudencia I.5o.C. J/15, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, Página: 2188, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU RELACIÓN CON LOS ADULTOS. El concepto interés superior del menor, cuya salvaguarda es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, permite delimitar con precisión y claridad los derechos y obligaciones que corresponden a las personas adultas en relación con los niños, para lo cual se privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles para ellos, como un imperativo de la sociedad; de manera que su protección se ubica incluso por encima de la que debe darse a los derechos de los adultos, con lo cual se cumple una trascendente función social de orden público e interés social. Por lo que, no siempre al reclamarse un acto derivado en un juicio donde se encuentra involucrado un menor de edad se actualizará una excepción al principio de definitividad, sino que debe existir por los legítimos representantes de los menores la promoción del juicio de amparo en su representación, para el efecto de delimitar los derechos afectados con el auto o resolución reclamada, y determinar la afectación a los derechos sustantivos del niño, niña o adolescente, que es independiente al de los progenitores. En ese sentido, el acto reclamado -auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Segundo Mixto Civil y Familiar de Manzanillo, Colima, en el juicio de controversia de orden familiar, pensión alimenticia número ********************en el que se le requiere por el pago y embargo de la cantidad fijada por pago de pensiones no pagadas a favor de su menor hijo- es un auto que, de conformidad con el artículo 687, fracción III, inciso i) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, es impugnable a través del recurso de apelación por la parte quejosa******************** pues aunque no es un acto definitivo dentro del juicio causa un gravamen que no puede repararse en sentencia definitiva o interlocutoria pues afecta los derechos sustantivos de dicha quejosa, y al no existir instancia de parte agraviada de su menor hijo, no es posible generar un efecto irradiado para eximir a la parte quejosa de agotar el principio de definitividad previo a la promoción del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, tomo I, décima época, junio de dos mil dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Cabe señalar que en el presente caso, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que prevén los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado, no importa peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Aunado a lo anterior, la parte quejosa no es tercera extraña a juicio en estricto sentido, ya que es parte en el juicio de controversia de orden familiar, pensión alimenticia número ********************del índice del Juzgado Segundo Mixto Civil y Familiar de Manzanillo, Colima. En efecto, estimar lo contrario equivaldría a considerar que en contra de cualquier acto dictado en un procedimiento civil o familiar, procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, toda vez que el juicio de amparo no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de los actos de las autoridades. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J 44/2012(10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, del mes de julio de dos mil doce, Tomo 1, página 729, cuyo epígrafe y sinopsis textuales son las siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. En efecto, no es dable brincar la barrera de la procedencia por encontrarse involucrados derechos del menor hijo del quejoso, pues ha quedado demostrado en párrafos precedentes que el presente juicio de amparo se promovió por******************** en defensa de los intereses del directo quejoso, y no así en representación del menor involucrado en el contradictorio de origen, pues contrario a ello, el auto reclamado le beneficia al menor al tratarse del requerimiento de pago de su pensión alimenticia . Por otra parte, aun si se tratara de esa clase de actos de -imposible reparación-, el juicio de amparo indirecto sólo procede, previo a que se agote el principio de definitividad. Esto es así, en atención a que la parte quejosa al tener el carácter de parte en el juicio de origen, tiene la posibilidad de agotar los recursos ordinarios procedentes en defensa de sus derechos. En mérito de lo anteriormente expuesto, debe decirse que el acto reclamado -auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Segundo Mixto Civil y Familiar de Manzanillo, Colima, en el juicio de controversia de orden familiar, pensión alimenticia número ********************en el que se le requiere por el pago y embargo de la cantidad fijada por pago de pensiones no pagadas a favor de su menor hijo- por la parte quejosa, en modo alguno puede ser nulificado en esta vía constitucional intentada, ya que en tratándose de actos como el que en la especie se analiza, debe cumplirse con el principio de definitividad que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que, tal ilegalidad puede impugnarse dentro del procedimiento judicial de donde se hace derivar el acto, a través del recurso de apelación. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado en el presente juicio constitucional, al no haber agotado previamente a la promoción del presente juicio de amparo el medio de impugnación ordinario ?apelación?, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Acceso a expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte quejosa que así lo solicita quedara sujeta a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica. Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario "********************". Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese en términos de ley.

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