Christopher Joseph Timana Montenegro

Expediente 1485/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1485/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
11/09/2023

Partes del expediente

  • Christopher Joseph Timana Montenegro

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, once de septiembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio 22661/2023, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual, transcribe el proveído de ocho de agosto del año que transcurre, del que se advierte que se avocó al conocimiento del juicio de amparo 1485/2023-II, con motivo de la legal incompetencia planteada por este Juzgado de Distrito, quedando registrado bajo el número 946/2023-H, de su índice. En razón de lo anterior, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado en sesión plenaria de diez de mayo de dos mil veintitrés y publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio siguiente, se ordena: DESTRUIR el presente cuaderno de antecedentes, ya que encuadra en la hipótesis del artículo 19, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General Conjunto, al ser expediente auxiliar, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurrido seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal y como lo dispone el párrafo tercero del citado artículo. Lo anterior, toda vez que en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que son considerados como expedientes auxiliares, entre otros, los cuadernos de antecedentes; y que respecto a las incompetencias y returnos, una vez que el órgano jurisdiccional comunique que aceptó la competencia se procederá a su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Devolución de exhorto. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 376/2023 (orden 696/2023). Anótese su llegada en el libro respectivo y dese de baja. En ese sentido, de las razones actuariales realizadas el veintiuno y veintidós de julio de dos mil veintitrés, por la fedataria adscrita Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, se advierte lo siguiente: 1. Hizo entrega de los oficios dirigidos a las diversas autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; así también la imposibilidad que contó para notificar al directo quejoso Christopher Joseph Timana Montenegro, dado que el peticionario de garantías no se encontraban en la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California. 2. Asimismo, de la razón actuarial realizada el veintidós de julio de dos mil veintitrés, se advierte que el directo quejoso no se encontraba en las instalaciones, pero que sí estuvo en alojado, sin embargo se le había dado salida, así también el fedatario asentó que advirtió el nombre del directo quejoso en la bitácora de registro de dicha estación migratoria. Incompetencia. En razón de lo anterior y de las constancias que obran en autos, se logra advertir que la ejecución del acto reclamado se llevó a cabo en Tijuana, Baja California, pues de la documental mencionada en párrafos que preceden, se tiene que el directo quejoso Christopher Joseph Timana Montenegro, estuvo en la Estación Migratoria de esa ciudad, el veintidós de julio de dos mil veintitrés; y, por ende, al no tener ejecución material en esta entidad el acto reclamado, este órgano jurisdiccional es incompetente para conocer del mismo, como se expondrá enseguida. A fin de sustentar dicha afirmación resulta pertinente reproducir el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé las hipótesis que se deben tomar en consideración para fijar la competencia en materia de amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, al tenor siguiente: 1) La primera hipótesis que se encuentra contenida en el numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora; 2) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del dispositivo legal antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto; por tanto, una vez establecidas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede analizar a continuación la naturaleza del acto reclamado por la quejosa, para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Ahora, en el caso, el acto reclamado requiere de una ejecución material; por tanto, resulta preponderante citar que el directo quejoso se encontraba en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, el veintidós de julio de dos mil veintitrés, lo que se encuentra acreditado con base en la de la diligencia efectuada por la Actuaria adscrita al Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, quien asentó en su diligencia que el directo quejoso Christopher Joseph Timana Montenegro, si bien no se encontraba en las instalaciones, fue informado que sí estuvo en alojado, que se le había dado salida, así también el fedatario asentó que advirtió el nombre del directo quejoso en la bitácora de registro de la Estación Migratoria con sede Tijuana, Baja California, (foja 8). En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno. Se cita como sustento a la anterior determinación, la tesis de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Sétima Parte, página 88, Materia Común, que al tenor dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase el presente asunto vía mensajería acelerada (ESTAFETA) al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, a fin de que conozca del presente asunto, dada la competencia que se le plantea, solicitándole atentamente informe si acepta la competencia declinada; por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, instrúyase a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite los permisos necesarios para dar acceso al expediente electrónico respectivo, a efecto de que las constancias que obran en el mismo puedan ser tomadas en consideración por el Juzgado de Distrito respectivo.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido el oficio signado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, con el que pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés; sin embargo, a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de acordar lo conducente a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 52 Bis, fracción III del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, requiérase a la citada autoridad a efecto de que dentro del plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que quede notificada de este proveído, remita nuevamente su informe de cuenta, pero con firma electrónica, o bien, bajo protesta de decir verdad, exponga las razones por las cuales se encuentre imposibilitada para hacerlo, supuesto en el que podrá enviarlo físicamente. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo requerido, se le impondrá una medida de apremio consistente en MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, se instrúyase al actuario de la adscripción, comunique lo anterior, con el oficio que de este proveído se genere, a dicha autoridad, por medio del correo electrónico parodriguez@inami.gob.mx, solicitando el acuse de recibo y hecho que sea, realice la constancia de envío respectiva. Al margen de lo anterior, se toma nota de lo informado por la autoridad en el sentido de que el directo quejoso ".no se encuentra alojado, no se cuenta con algún procedimiento administrativo migratorio iniciado en su contra, ni información sobre su alojamiento o presentación en las instalaciones de la estancia provisional de esa Ciudad."

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco; veintiuno de julio de dos mil veintitrés. En atención a lo informado en la cuenta que antecede, agréguese a los autos la demanda de amparo promovida por *****************, contra actos del Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de la Delegación Federal en Baja California, con sede en Tijuana y otras autoridades. ASPECTOS GENERALES. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 1485/2023 II. Fórmese tanto el expediente electrónico, así como el impreso únicamente para agregar los documentos que se exhiban de manera física. Sin que sea procedente aperturar el incidente de suspensión respecto de los actos reclamados que no son considerados de los previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, esto en razón que la demanda no fue promovida por el directo quejoso y no ha sido ratificada. OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN. En ese tenor, con copia de la demanda de amparo infórmese la presente determinación a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, a fin de equilibrar las cargas de trabajo. FALTA DE FIRMA No pasa desapercibido que la demanda que se provee no contiene firma autógrafa, ni electrónica; sin embargo, atendiendo a que en la misma se combaten algunos de los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 3 del citado ordenamiento legal, no es necesario que se cumpla con dicha formalidad debido a la urgencia de los actos. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. Por otro lado, toda vez que de la demanda de derechos fundamentales se desprende que la parte quejosa reclama la privación de la libertad fuera de procedimiento con fines de deportación, de la que son objeto los quejosos por parte de las autoridades migratorias; con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano del referido acto reclamado para los efectos siguientes: En caso de que se hubiese iniciado el procedimiento administrativo migratorio correspondiente, se decrete la inmediata libertad del quejoso bajo las siguientes condiciones: La autoridad responsable del Instituto Nacional de Migración: 1. Dicte las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que asegure que el impetrante del amparo no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, para que en caso de que hubiese iniciado procedimiento administrativo se pueda lograr su continuación de no existir impedimento legal o material alguno. 2. Se le requiera para que proporcione tanto a esa autoridad administrativa como a este juzgador el domicilio donde pueda ser localizado, así como el cambio que del mismo pudiera acontecer. 3. Se indique al quejoso que no deberá abandonar la demarcación geográfica de la ciudad en que se esté llevando a cabo el trámite migratorio respectivo, o sus áreas conurbadas, sin previa autorización de la autoridad. 4. Se requiera al quejoso para que presente solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147, de la Ley de Amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual se podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En el caso particular, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, es menester traer a colación el amparo en revisión 388/2022, publicado en la página electrónica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que, la Primera Sala del referido máximo órgano, en lo que interesa, precisó: a) En primer lugar, se puso de relieve que se analizó, por un lado, la privación de la libertad de personas por razones migratorias, por otro, la duración del plazo para la privación de la libertad de personas por razones migratorias; y, así como, la constitucionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración. b) En ese sentido, analizó la razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de la detención por razones migratorias; y, al efecto subrayó que tratándose de sanciones administrativas el artículo 21 Constitucional dispone que estas únicamente consistirán en multa, o en su caso, en un arresto por treinta y seis horas. c) Posteriormente, señaló que el numeral 111 de la Ley de Migración que establece que la duración máxima de una detención por razones migratorias es de quince a sesenta días, a partir de la presentación del extranjero, contraviene la temporalidad prevista en la constitución federal para legitimar la privación de la libertad de una persona por razones de naturaleza administrativa; y, d) Finalmente, subrayó que el límite establecido en el texto constitucional para una detención administrativa - arresto-, no puede tener una temporalidad superior a las treinta y seis horas; y, por tanto, concluyó que el artículo 111 de la Ley de Migración, es inconstitucional en cuanto a los plazos que prevé; pues, ello es violatorio de los artículos 17 y 21 de la Constitución Federal, así como los diversos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De lo antes expuesto, conforme a los artículos 215, 216, 217 y 223 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia se constituye por precedentes obligatorios, reiteración o por contradicción; y, respecto a los primeros precedentes obligatorios estos serán obligatorios cuando las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus sentencias esgriman razones que justifiquen sus decisiones por mayoría de cuatro votos. Ahora, en el caso, del análisis de la página electrónica del Máximo Tribunal: ********************; se advierte que las razones contenidas en el amparo en revisión 388/2022, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración, constituye un procedente obligatorio; pues, dicho criterio se sustentó por mayoría de cuatro votos. Por tanto, podemos concluir que lo resuelto en el amparo en revisión antes señalado, constituye un precedente obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas; es decir, en todo procedimiento migratorio el plazo máximo de detención y alojamiento debe ser de treinta y seis horas; pues, los plazos contemplados en la Ley de migración contravienen la temporalidad prevista en el artículo 21 Constitucional; esto es, treinta y seis horas; motivo por el cual, las personas que se encuentren sujetas a un proceso de esa índole, habrán de continuarlo en libertad, una vez que rebasen el plazo antes señalado. En ese orden de consideración, para el caso particular de que en la detención del quejoso, haya transcurrido el plazo de treinta y seis horas de referencia, contadas desde el momento en que fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias señalas como responsables, invariablemente éstas deberán dejarlo en inmediata libertad, conforme a lo previsto en el numeral 21, cuarto párrafo constitucional. "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO." MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. Atendiendo a la naturaleza de la medida cautelar, esta surte efectos de inmediato, y continuará haciéndolo siempre y cuando, se cumplan los lineamientos y medidas de seguridad, siguientes: a) Dentro del término de tres días siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, el quejoso deberá presentarse ante las autoridades responsables para la continuación del procedimiento correspondiente, por ser éste insuspendible como lo establece el artículo 150 de la Ley de Amparo, y cuantas veces sea requerido para ello. b) Adicionalmente, deberá presentarse ante la responsable los días lunes de cada quince días, o el siguiente hábil si aquel no lo fuera, motivo por el cual, se instruye a las autoridades responsables a efecto de que establezcan un sistema de registro, a fin de que se certifiquen las comparecencias del quejoso con la finalidad de dar cumplimiento a la presente medida de aseguramiento. Requiriéndose a las autoridades responsables, para que una vez que el quejoso realice la primera de dichas presentaciones, informen de inmediato a este Órgano Jurisdiccional la fecha en que se efectuó, o bien haga del conocimiento que no se cumplió con esa o cualquier posterior. c) En la misma tesitura, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, deberá proporcionar tanto a las autoridades responsables como a este Juzgado de Distrito sus domicilios en donde residirá en esa ciudad, a efecto de que se le pueda practicar las citaciones respectivas. En el entendido, de que el quejoso no podrá ausentarse de dicho lugar, sin previa autorización de este órgano de control constitucional. La medida cautelar aquí decretada, surtirá efectos de inmediato sin requisito de garantía alguna. En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo que provengan de: 1) La comisión de un delito y se le hubiera sorprendido en su ejecución flagrante, si infringen el bando de policía y gobierno; 2) En cumplimiento a una orden de detención y/o aprehensión librada por diversa autoridad; o 3) Tenga sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. INCOMUNICACIÓN y MALOS TRATOS. En atención a lo anterior, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que de manera inmediata cese cualquier tipo de incomunicación y malos tratos de los que pueda estar siendo objeto el directo quejoso, o cualquier otro de los actos contemplados por el artículo 22 de la Constitución Federal; y, se les permita la libre comunicación con sus abogados. En la inteligencia de que la seguridad y la salud de los quejosos, queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentren, quien deberá tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA DEPORTACIÓN, Y/O EXPULSIÓN. Por otro lado, de conformidad con los artículos 15 y 160 ambos de la Ley de Amparo, se concede a su vez la suspensión de plano para que no se ejecute ORDEN DE DEPORTACIÓN o como quiera que se le denomine al acto que implique la salida del país de los quejosos; sin embargo, la medida cautelar decretada no impide que las autoridades responsables, continúen con el procedimiento administrativo respectivo y, en su caso, lo resuelvan, lo cual deberán informar de manera inmediata a este Juzgado de Distrito, ya que éste es de orden público y no puede suspenderse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 80/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, registro digital 170578, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN." ORDEN DE TRASLADO En ese contexto, la suspensión de plano decretada además tiene como efecto que las autoridades responsables se abstengan de trasladar al quejoso a diversa instalación de la misma institución y/o dependencia, siempre que no se haya ejecutado; con excepción de que el traslado atienda a cuestiones de atención médica o cualquiera que implique salvaguardar la integridad y la vida del peticionario de amparo, lo cual deberá informar y justificar de manera inmediata ante este Juzgado de Distrito. De igual forma, se requiere a las autoridades responsables para que permitan el acceso al actuario que se designará para localizar al quejoso a las instalaciones de la Estación Migratoria, correspondiente, así como el acceso a la bitácora que se lleve en dicha centro y todos los lugares o documentos que el fedatario considere necesarios, incluso al lugar donde se alojan los migrantes, a fin de lograr la notificación del presente proveído y del cercioramiento del quejoso. Se apercibe a las autoridades de mérito, que de no dar cumplimiento al requerimiento anterior, se les impondrá multa de cincuenta a mil Unidades de Medidas y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo, así como con apoyo el numeral 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión concedida, comuníquese desde luego a las autoridades responsables, la presente suspensión de plano; y para que en el TÉRMINO DE VEINTICUATRO HORAS informen por oficio a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que hayan dado a la misma, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Oficio que deberán remitir a este Juzgado de Distrito de manera electrónica, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Se hace saber a las responsables que el informe de suspensión de plano deberá contener firma electrónica y; solo para el caso de que no se cuente con la misma o bien, exista imposibilidad para remitir el informe y las constancias de manera electrónica, podrán hacerlo físicamente. MEDIDA DE ASEGURAMIENTO La medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente, no impedirá la detención del quejoso si se le pretende privar de su libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se les haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. SE GIRA EXHORTO. Por otra parte, toda vez que los promoventes del amparo refieren que el directo quejoso podría estar a disposición de autoridades migratorias residentes en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, gírese exhorto a través del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, residente en Tijuana, en turno. Para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, y mediante el personal a su cargo que goce de fe pública, realicen las siguientes encomiendas: 1. El actuario de su adscripción, se constituya en las instalaciones de las autoridades responsables señaladas en el escrito de demanda, así como, en las instalaciones que ocupan las Estaciones Migratorias y las de los Aeropuertos Internacionales, ubicados dentro del territorio de su competencia, respectivamente; para que procedan a la búsqueda y localización del directo quejoso *********************, debiendo revisar la bitácora de ingresos o egresos de esas estaciones entrar a la misma y vocear al quejoso para que una vez en su presencia, le notifique personalmente el contenido de este proveído. En ese sentido, deberán cerciorarse de que aquel hable o entienda el idioma español; en caso contrario, se comunique con el haciendo uso de un traductor en alguna aplicación móvil o bien, en caso de no contar con alguna, lo realice por conducto de algún traductor. 2. El actuario deberá proceder a dar fe, a través de lo que logre percibir a través de sus sentidos; es decir, cuál es su estado físico y el lugar donde se encuentra, así como la condición de éste. 3. Luego tomando en consideración que de la demanda se advierte que el directo quejoso es extranjero, deberá hacerle saber el derecho a la asistencia consular a la que tiene derecho por encontrarse en territorio nacional Mexicano; y si desea que este juzgado intervenga para lograr dicha comunicación, lo deberá hacer del conocimiento para estar en condiciones de proveer lo conducente. 4. Haga entrega de los oficios dirigidos a las autoridades responsables en con sede en Tijuana, Baja California, a fin de que tengan conocimiento de la suspensión de plano decretada en el presente proveído, en el entendido que al momento de hacer entrega de las misivas sea informado de la denominación correcta de las autoridades responsables, queda facultado a testar la denominación con la que fueron señaladas y asiente su denominación correcta. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. De igual manera se comisiona al actuario para que, en el acto de la diligencia requiera al directo quejoso para que en el momento de la notificación o por escrito, en el plazo de tres días, ratifique la demanda promovida a su favor por *******************; apercibido que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del numeral 15 de la ley de la materia. En ese mismo sentido, requiérase al justiciable para que al momento de la notificación o por escrito, en el plazo de tres días, manifiesten si es su deseo señalar a los promoventes*******************, como sus autorizados. De igual manera, señale un domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Lo anterior, en el entendido que de ser así, por lo que hace a sus autorizados, deberán acreditar que se encuentren facultados legalmente para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada; de lo contrario, se le tendrá por autorizada en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos. Ello, dado que la intervención de quien promueve la demanda, sólo descansa en la presentación de la misma a favor de otro, dada la imposibilidad con que cuenta para hacerlo en forma personal en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, sin ulterior acuerdo se dejará de reconocer calidad alguna a dicha persona con relación al presente juicio de amparo y en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las notificaciones se realizaran por lista que se fije en los estrados de este juzgado. Por otra parte, al actualizarse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito para que realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente cuaderno, entregue y dirija los oficios que del mismo deriven, para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. RESERVA RESPECTO DE LOS AUTORIZADOS, USUARIO Y NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se reserva proveer respecto de los autorizados señalados en el escrito de cuenta, correo electrónico y número de teléfono, hasta en tanto los directos quejosos ratifiquen la demanda que nos ocupa. CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE DETERMINACIÓN AL PROMOVENTE Y REQUERIMIENTO. A fin de que los promoventes tengan conocimiento de la presente determinación se ordena al fedatario de la adscripción notificar el presente proveído a través de cualquier medio de contacto que proporcionaron en su escrito de demanda para tal efecto, hasta en tanto el directo quejoso ratifique el presente escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a los promoventes de la demanda que nos ocupa, para que dentro del término de tres días hábiles que se empezarán a computar al día siguiente al en que surta efectos su notificación informen si cuentan con algún dato donde pueda ser localizado el directo quejoso. Con el apercibimiento que en caso de no desahogar el requerimiento anterior y que del resultado de la comunicación oficial enviada no se adviertan datos respecto del domicilio del quejoso, se notificará el presente auto, por medio de lista de estrados, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se instruye al actuario de la adscripción para que notifique el presente proveído a **************************, por cualquiera de los medios de contacto proporcionados en el escrito inicial de demanda. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL PERSONAL DEL JUZGADO. Se autoriza a los secretarios y actuarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal Notifíquese

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