Christopher Iván Ruvalcaba Rubio

Expediente 1682/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1682/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
08/10/2019

Partes del expediente

  • Christopher Iván Ruvalcaba Rubio

Actuaciones

  1. Principal

    VISTO EL ESTADO DE AUTOS, SE DESPRENDE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE SE HUBIESE INTERPUESTO RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, POR LA QUE SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. SE DECLARA QUE LA MISMA HA CAUSADO EJECUTORIA. REALÍCENSE ANOTACIONES Y, ARCHÍVESE EL PRESENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    V I S T O, para resolver el juicio de amparo indirecto 1682/2019, promovido por Christopher Iván Ruvalcaba Rubio, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra un acto del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por considerarlo violatorio de las garantías y derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el treinta de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el aludido quejoso, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra un acto de la autoridad señalada como responsable en el proemio de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite del juicio. Turnada que fue la demanda a este Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, se le asignó el registro 1682/2019; se admitió en proveído de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve; la autoridad señalada como responsable rindió su informe justificado; se dio intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, quien se abstuvo de formular pedimento. Seguido el juicio por todos sus trámites legales, el diez de septiembre actual, tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional en los términos a que se contrae el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer del presente juicio, conforme a los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107 fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los acuerdos generales 3/2013, 36/2016 y 41/2018, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto de una autoridad laboral, con ejecución en la circunscripción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprende que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado esencialmente en: El señalamiento de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, fuera del plazo de quince días previsto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, dentro del juicio laboral 3285/2018-A2, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, al rendir su informe justificado a través del secretario General de su adscripción, manifestó que es cierto el acto reclamado; lo cual constituye una confesión expresa que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia del juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Atento a lo anterior, este Juzgador se avoca al estudio oficioso de la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso arábigo 77, ambos de la Ley de la Materia, por existir imposibilidad para cumplir con la ejecutoria. Previo al análisis de dicha causal, resulta importante señalar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende en lo que interesa, los siguientes antecedentes: En acuerdo de quince de julio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 3285/2018-A2, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, señalado como responsable, determinó suspender la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, prevista por el artículo 128 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual señaló como nueva fecha para su reanudación, las catorce horas con treinta minutos del ocho de octubre de dos mil diecinueve. El anterior proveído es el que se expresa como acto reclamado, ya que la parte quejosa aduce que la fecha señalada para la reanudación de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, no se señaló dentro del plazo de quince días hábiles que fija el artículo artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el numeral 128 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Como se afirmó, en el presente caso, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso arábigo 77, de la Ley de Amparo. El artículo 61 fracciones XXIII de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Aquí, conviene citar el artículo Sexto Transitorio de la Ley de la Materia, que dice: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." En relación con la fracción XVIII, del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar al numeral 61, fracción XXIII transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que esa disposición debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues también pueden derivar de otros preceptos de los cuerpos de normas indicados. Dicha consideración puede verificarse en la tesis 2a. LXXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 373, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." Por su parte, el diverso artículo 77 de la citada Ley Reglamentaria, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Esta última disposición normativa, establece que la sentencia que se dicte en un juicio de amparo tendrá por objeto: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Bajo esas premisas, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, se advierte que los efectos de la concesión provocarían la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces, la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque tal resolución llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo. Es ilustrativa al respecto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1059, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar." Ahora bien, del escrito inicial de demanda se observa que en el caso concreto, la parte quejosa se duele substancialmente de que la autoridad responsable, transgredió en su perjuicio la garantía que a su favor tutela el artículo 17 de la Constitución Federal, en tanto que dicho numeral establece que los tribunales impartirán justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, al emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En relación con lo alegado, cabe señalar que el artículo 128 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, textualmente dispone: "Artículo 128. El procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la Oficialía de Partes, quien la turnará al secretario o al auxiliar de instrucción a más tardar al siguiente día hábil. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón dictará acuerdo admitiendo la demanda si procediere conforme a derecho, o la desechará de plano cuando sea notoriamente frívola o improcedente. En el acuerdo de admisión se señalara día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; ordenándose se notifique el acuerdo personalmente a las partes y se entregue copia certificada de la demanda a la parte demandada para que produzca contestación en un término de diez días contados a partir del día siguiente de su notificación, con el apercibimiento que de no contestar, se le tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo." A su vez, el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, estatuye lo siguiente: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso.". Por su parte, el arábigo 873 del invocado texto legal, establece lo siguiente: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley.--- Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor.". De lo anterior se advierte que como una obligación de las autoridades del trabajo, corresponde el adoptar medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Ahora, en congruencia con la aludida garantía, debe indicarse que acorde los preceptos legales secundarios transcritos, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia a que hace referencia el arábigo 128 de la ley burocrática estatal; y, el diverso 873 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que dicha audiencia deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda; finalmente, que dicho acuerdo debe ser notificado por lo menos con diez días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la audiencia en comento. Por otra parte, de las constancias que allegó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, consistentes en copias certificadas del juicio laboral 3285/2018-A2, se desprende que dicho tribunal fijó como fecha para la reanudación de la audiencia prevista en el artículo 128 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, las catorce horas con treinta minutos del ocho de octubre de dos mil diecinueve; de lo que se observa que no se encuentra tramitando el procedimiento laboral acorde a lo establecido en los plazos y términos que prevé la ley secundaria en comento; esto es, dicha circunstancia pone de manifiesto que tal audiencia no se ha desahogado dentro del término de quince días siguientes a la que el tribunal responsable, determinó suspender la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Ahora bien, en relación con lo expuesto, conviene señalar que el juicio de garantías siempre debe tener una finalidad práctica, pues de otro modo no podría materializarse lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo; por lo que en ese orden de ideas, no es factible atender la petición de la parte quejosa, en el sentido de que se le conceda la protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que el tribunal responsable señale una fecha más cercana para el desahogo de la referida audiencia, dada la proximidad de la fecha fijada para ello, con la fecha en que habrá de causar firmeza la presente resolución. Lo anterior es así, si se tiene en consideración que según la data en que se pronuncia esta resolución (diecinueve de septiembre actual), la misma será notificada de manera personal a más tardar dentro de los tres días siguientes, acorde lo establecido en el numeral 24 de la Ley de Amparo (notificación que surtiría efectos para el quejoso, al día siguiente, conforme a lo previsto por el arábigo 31, fracción II de la invocada ley de la materia); luego, conforme con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, que dispone que "El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida", la resolución que ahora se pronuncia adquiriría firmeza procesal, tentativamente, atendiendo a la fecha en que esta resolución sea notificada a la parte quejosa, el nueve de octubre del presente año, esto es, con posterioridad a la fecha señalada para el desahogo de la audiencia a que se alude. Bajo el anterior contexto, se advierte que resultaría ocioso conceder el amparo solicitado, pues como se evidenció, la fecha de la audiencia en cita (la cual tendrá verificativo el ocho de octubre próximo), al momento en que se requiera por el cumplimiento del fallo protector, la misma ya se encontraría desahogada. En efecto, conforme lo relatado, se advierte que a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección impetrada para el efecto de que se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía contemplada en el artículo 17 Constitucional, esto es, que señale una nueva fecha en la que se ciña a lo previsto por el numeral 873 del invocado texto legal, en virtud de que causaría mayor perjuicio a la parte quejosa otorgar la protección constitucional para los efectos que solicita; luego, al resultar más benéfico para dicho impetrante que subsista la fecha señalada por la autoridad responsable para el desahogo de la audiencia relativa, esto es, el ocho de octubre de dos mil diecinueve, se arriba al convencimiento de que a ningún efecto práctico conllevaría conceder el amparo solicitado para ese efecto. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia de estudio que resulta al relacionar el artículo 77, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal, en su interpretación a contrario imperio, con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el arábigo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Cobra aplicación sobre el particular, la jurisprudencia número P./J 90/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de mil novecientos noventa y siete, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.". En ese orden de ideas, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no se entrará al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la impetrante del amparo, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, Enero de 1992, visible en la página 115, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73 al 77, 123, 124, 217; y, demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1682/2019, promovido por Christopher Iván Ruvalcaba Rubio, por su propio derecho, contra el acto que reclamó del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Carlos Martín Hernández Carlos, juez Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en unión de la licenciada María Aracely de la Parra Pérez, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en que se terminó de engrosar la presente resolución. APP/ La secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, certifico: Que la presente actuación se encuentra incorporada al expediente electrónico respectivo, en términos del artículo 3°, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Doy fe. María Aracely de la Parra Pérez. diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve

  3. Principal

    TODA VEZ QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA SERGIO ANTONIO HERRADA AGUIRRE, POR CONDUCTO DE SU ABOGADO PATRONO MARTHA PATRICIA SÁNCHEZ RAMÍREZ, NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO, RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN DE SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUIENTES AL QUE SE LE DEJÓ EL AVISO RELATIVO, COMO ASÍ SE LE PREVINO EN EL MISMO, EL CUAL SE LE DEJO EN SU DOMICILIO PROCESAL; POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO Y CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA DICHA RESOLUCIÓN QUE EN SÍNTESIS DICE: JUEZ NOVENO DE LO CIVIL DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEMUESTRA QUE DEJÓ INSUBSISTENTE EL ACUERDO DE DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO Y, EN SU LUGAR, DICTÓ OTRO EN EL QUE DECLARÓ FUNDADO EL RECURSO DE REVOCACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO NATURAL CONTRA EL DIVERSO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. SE DA VISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA CON EL OFICIO DE CUENTA, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS CONTADO A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA Y, UNA VEZ TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, CON DESAHOGO DE LA VISTA O SIN ELLA ESTE JUZGADO REALIZARÁ LA CALIFICACIÓN QUE EN DERECHO CORRESPONDA, EN LA CUAL SE DETERMINARÁ LO CONDUCENTE EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA DE AMPARO.

  4. Principal

    SE ADMITE DEMANDA, REQUIÉRASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RINDA EL INFORME JUSTIFICADO, SE RESERVA PROVEER LO CORRESPONDIENTE A LOS TERCEROS INTERESADOS, NO SE FORMA INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SE SEÑALAN LAS NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. INDÍQUESELE A LAS PARTES EL DERECHO QUE TIENEN DE MANIFESTAR HASTA ANTES DE QUE SE DICTE EL FALLO CONSTITUCIONAL SU VOLUNTAD DE QUE SUS DATOS PERSONALES NO SE INCLUYAN EN LA PUBLICACIÓN. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS HÁBILES PARA LA PRACTICA DE NOTIFICACIONES QUE SE ORDENEN EN ESTE EXPEDIENTE. PARTE QUEJOSA SEÑALA DOMICILIO PROCESAL ASÍ COMO AUTORIZADOS.

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