Christopher González Martínez
Expediente 937/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 937/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Christopher González Martínez
Actuaciones
- Principal
PRAL.937/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose que por acuerdo de fecha doce de agosto de dos mil veintidós se desechó la demanda de amparo promovida por Christopher González Martínez, contra actos del policía vial número 297 (sic) y de otras autoridades, del que quedó notificado el dieciséis de agosto siguiente, por lo cual, el plazo conferido para hacer valer en su contra el recurso de queja a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del dieciocho al veinticuatro de agosto del año en curso, sin que hubiere interpuesto dicho medio de impugnación. 2. Causa estado determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino (destruible). Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, dado el sentido de la resolución que puso fin al juicio de amparo (desechamiento de demanda de amparo) y no existe acuerdo por el que se hubiere concedido la suspensión de oficio y de plano, se considera que este expediente es DESTRUIBLE; así, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Devolución de documentos. Como en este expediente la parte quejosa exhibió con su demanda de amparo la documental consistente en 1) acta de infracción de fecha cinco de febrero de dos mil veintidós, copia certificada por el secretario municipal del ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, copia de la 2) la factura de compraventa de una motocicleta a nombre del quejoso y de 3) la tarjeta de circulación expedida al promovente de amparo, se le requiere para que, en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger dicha documentación; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, los mismos serán destruidos junto con el expediente, que es destruible. En el entendido que su comparecencia deberá realizarla en términos de lo previsto en el artículo 3 del referido acuerdo general 21/2020; es decir, previa cita que genere en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación 7. Instrucción sobre certificación. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que tiene a su cargo el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 8. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.937/2022. MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de agosto de dos mil veintidós. I. Cumple prevención. Agréguese el escrito del quejoso Christopher González Martínez, por el que cumple con la prevención formulada por acuerdo de ocho de agosto del año en curso y aclara la demanda de amparo que dio origen a este juicio 937/2022, en el que se continuará actuando. II. Desechamiento de la demanda de amparo. Antecedentes del asunto. De lo expuesto por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, corroborado con la documental que exhibió, se advierte que: a. El uno de agosto de dos mil veintidós elementos de la Policía Vial del Estado de Oaxaca, se llevaron una motocicleta que dice es de su propiedad, y que se encontraba estacionada en una de las calles de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. b. En la oficina de Tránsito, en esa misma ciudad, le notificaron el acta de infracción con número de folio 401716, porque le dijeron que había estado en lugar prohibido, en el que aparece debe pagar cien umas (sic) al valor actual, además de los cobros por concepto de arrastre de grúa y encierro particular, para que le entreguen la unidad vehicular. Actos reclamados. Así, el quejoso reclama: a) La orden para emitir el acta de infracción con folio 401716, de uno de agosto de dos mil veintidós. b) La orden de retención de la motocicleta marca Vento, color naranja, con número de serie LXYVHFBD6L1213789, placas de circulación 94EPP4 del Estado de Oaxaca. c) La orden del cobro de recargos, arrastre de grúa y encierro particular, a cambio de obtener la devolución de la unidad de motor. d) Ejecución de esos actos, emitidos el uno de agosto de dos mil veintidós, porque se: - Levantó el acta de infracción de que se trata. - Retuvo la motocicleta y fue remitida al encierro respectivo. - Debe pagar la infracción, recargos, arrastre de grúa y encierro particular, a fin de que le sea devuelta esa motocicleta. Que atribuye a las autoridades responsables: I. Policía Vial número 297, adscrito a la Delegación de Tránsito del Estado, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. II. Delegado Regional de Tránsito de Valles Centrales, de la Dirección de Tránsito del Estado de Oaxaca. III. Delegado de Tránsito de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. IV. Comisario Calificador de la Dirección de Tránsito del Estado de Oaxaca. Causa de improcedencia. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo procede analizar la promoción inicial constitucional y escrito aclaratorio, de los que se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia". En el acta de infracción, que exhibió el quejoso en original, se advierte que se aplicó el artículo 94 de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca, que dice: "Artículo 94. Son agravantes de la infracción a esta Ley: IV. Estacionarse en las zonas reservadas para personas con discapacidad, y no se tenga la autorización respectiva. . Tratándose de estas infracciones se podrán aplicar conjuntamente dos o más sanciones señaladas en esta Ley". Entonces, de acuerdo con esa legislación que regula el acto reclamado, contra los actos reclamados procede un medio ordinario de defensa. En efecto, el numeral 101 de la legislación invocada señala: "SECCIÓN TERCERA DEL RECURSO ADMINISTRATIVO Artículo 101. Los actos y resoluciones dictadas conforme a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás aplicables, podrán recurrirse en términos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca". Por su parte, los artículos 1, 98, 120, fracción IV, 133, fracción I y 153, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca establecen: "Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen la Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública-Estatal; cuando estas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de estos y por sus Entidades Paramunicipales. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y la impartición de la Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. Artículo 98.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o intentar las vías judiciales-administrativas correspondientes ante el Tribunal. Para poder acudir al Juicio de Amparo, será necesario agotar los medios de impugnación previstos en esta ley. Artículo 120.- El Tribunal tiene competencia para resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten: (.) IV. Entre los particulares y la administración pública Municipal. Artículo 133.- Las Salas Unitarias del Tribunal son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de: I. Los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 17 de ésta ley". Artículo 153.- Cuando las leyes y reglamentos que rijan el acto impugnado establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o promover el juicio ante el Tribunal; ejercitada la acción ante éste último, precluye el derecho para ocurrir a otro medio ordinario de defensa". Así, antes de intentar la acción de amparo la parte quejosa tiene la obligación de agotar el juicio de nulidad previsto en la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en atención a que esa ley ordinaria contempla un medio de defensa tendente a modificar el acto que estima contrario a derecho. Además, esa ley no exige mayores requisitos para la suspensión, ni prevé mayor plazo en el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional que prevé la Ley de Amparo, debido a que a partir de la presentación de la demanda de nulidad, existe la posibilidad de que veinticuatro horas después se ordene la paralización de los actos impugnados, como se advierte de los numerales 215 y 218, que establecen: "Artículo 215.- El actor podrá solicitar la suspensión del acto impugnado, en la demanda o en cualquier momento del juicio, hasta antes de citación para sentencia; tal medida cautelar tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncia la sentencia definitiva; el Tribunal deberá resolver lo conducente, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento. Se deberá analizar la apariencia del buen derecho y peligro en la demora al momento de decidir los efectos de la suspensión. Se concederá la suspensión siempre que: Se conserve la materia del juicio; No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. ." "Artículo 218.- Para el otorgamiento de la suspensión deberá satisfacerse los siguientes requisitos: I. Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: a). Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante; y b). Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. II. En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause; si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este artículo quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, sin finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. III. En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado o quien lo supla. IV. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme; b) Se tramitará por cuerda separada; c) El Magistrado deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud; d) El Magistrado requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. V. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique; y VI. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad". Además, del acta de infracción reclamada se advierte que se citaron diversos preceptos legales, lo que evidencia que en el acto atribuido contiene la fundamentación, con independencia de que los preceptos ahí señalados sean o no aplicables al caso, porque la falta de fundamentación, como supuesto de excepción para hacer procedente el juicio de amparo, debe ser absoluta y no indebida o insuficiente. Es aplicable al respecto la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2012670 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: PC.IV.A. J/28 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo II, página 895 Tipo: Jurisprudencia BOLETA DE INFRACCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA POR TRANSGREDIR ALGUNA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA MUNICIPAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO, LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN EN AQUÉLLA DEBE SER ABSOLUTA. De conformidad con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales las leyes prevean medios de impugnación por los que sea posible anularlos, revocarlos o modificarlos. Sin embargo, en la tesis aislada 2a. LVI/2000, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció diversas excepciones a esa regla, entre otras, la relativa a que el juicio de amparo procede sin tener que agotar el juicio o recurso ordinario si el acto reclamado carece de fundamentación. Sin embargo, la falta de fundamentación debe ser absoluta y no indebida o insuficiente, pues en este supuesto, aun y cuando el acto reclamado carezca en parte de tales requisitos o hechos inadecuados para fundar el acto, exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se reconozca la aplicación del orden jurídico y existan datos suficientes para conocer el recurso ordinario que debe interponerse, debe exigírsele al gobernado que agote los medios de defensa correspondientes. Lo que no acontece cuando en la boleta de infracción que impone una multa por transgredir alguna disposición reglamentaria exista una ausencia total de preceptos, pues tener actualizado ese supuesto, significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esa carencia (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impediría hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de sus motivos y fundamentos no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario". Por tanto, no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad para hacer procedente el juicio de amparo contra los actos reclamados. Entonces, como el quejoso debe agotar el juicio de nulidad contra el acta de infracción y su calificación, así como contra los actos que derivaron de esa infracción, a saber, a) la obligación de cubrir el monto por la infracción que dijo fue cometida por el quejoso, b) por la retención de la motocicleta y c) por el arrastre de la misma al encierro respectivo; con fundamento, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO que promovió Christopher González Martínez. Se invoca en apoyo la jurisprudencia que dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2022713 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: PC.XVII. J/32 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 83, Febrero de 2021, Tomo II, página 1098 Tipo: Jurisprudencia BOLETA DE INFRACCIÓN A LA LEY DE VIALIDAD Y TRÁNSITO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA. AL NO SER UN ACTO DEFINITIVO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA SU EMISIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos en relación con la emisión de la boleta de infracción de tránsito en términos de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, esto es, si procede el juicio de amparo indirecto en su contra, o bien, se actualiza una causal de improcedencia. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito establece que conforme al artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, contra la emisión de la boleta de infracción de tránsito no procede el juicio de amparo indirecto, por no tratarse de un acto definitivo. Justificación: Lo anterior es así, dado que se trata de una notificación, mediante la cual se hace saber al particular la infracción a la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua que cometió, según el oficial de tránsito, así como las posibles sanciones aplicables, con la finalidad de que acuda a defender sus derechos ante el oficial calificador, quien resolverá en definitiva, de conformidad con los artículos 92 y 99, párrafo primero, de dicho ordenamiento; de ahí que es la determinación de este último, en cuanto a la sanción a imponer, la que puede causarle perjuicio, no así la notificación de la infracción por parte del oficial de tránsito, materializada en la boleta correspondiente; por tanto, en contra de la determinación administrativa que impone sanciones, procede el juicio de amparo, siempre y cuando se observe el principio de definitividad, pues si bien no hay obligación de agotar el recurso en sede administrativa, indiscutiblemente deberá promoverse el juicio contencioso previsto en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Chihuahua, al no exigir mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para la suspensión, regulada por la Ley de Amparo". Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- PRAL.937/2022. MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de agosto de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Por recibida la demanda de amparo promovida por Christopher González Martínez, por propio derecho, contra actos de del policía Vial con número 297 (sic), y de otras autoridades, presentada el cinco de agosto del año en curso, en el buzón judicial de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito y turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 937/2022. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Prevención. De la lectura íntegra a la demanda de amparo se advierten irregularidades y omisiones en su planteamiento, por lo siguiente: Señala como actos reclamados los siguientes: a) El acta de infracción con folio 401716, de uno de agosto de dos mil veintidós. b) La retención de la motocicleta marca Vento, color naranja, con número de serie LXYVHFBD6L1213789, placas de circulación 94EPP4 del Estado de Oaxaca. c) Cobro de multas, recargos, arrastre de grúa y encierro particular, que lo están obligando a pagar a cambio de obtener la devolución de la unidad de motor. Que atribuye a las autoridades responsables: I. Policía Vial número 297. II. Delegado Regional de Tránsito de Valles Centrales, de la Dirección de Tránsito del Estado de Oaxaca. III. Delegado de Tránsito de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Y también señala al: IV. Comisario Calificador de la Dirección de Tránsito del Estado de Oaxaca, que calificó la infracción número 401716, de uno de agosto de dos mil veintidós. Ahora, de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados manifiesta que: a. El uno de agosto de dos mil veintidós se llevaron una motocicleta que dice es de su propiedad, por elementos de la Policía Vial del Estado de Oaxaca, y que se encontraba estacionada en una de las calles de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. b. En la oficina de Tránsito, en esa misma ciudad, le notificaron el acta de infracción con número de folio 401716, porque se había estacionado en lugar prohibido, en el que aparece que por ello debe pagar cien umas (sic) al valor actual, además de los cobros por concepto de arrastre de grúa y encierro particular, para que le entreguen la unidad vehicular. Ello hace irregular la demanda de amparo porque no señala, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados al: ? Delegado Regional de Tránsito de Valles Centrales, de la Dirección de Tránsito del Estado de Oaxaca. ? Delegado de Tránsito de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. En efecto, no especifica en qué forma intervinieron esas autoridades en los actos que se les reclaman, pues únicamente expresa que le fue levantada un acta de infracción por el policía Vial con número 297, no por todas las autoridades a las que señala como responsables, además de que no expresa cómo es que esas autoridades retienen la motocicleta, y si ordenaron o ejecutan el cobro de multas, recargos, arrastre de grúa y encierro particular. Por otra parte, el quejoso señala como responsable al comisario Calificador de la Dirección de Tránsito del Estado de Oaxaca, que dice calificó la infracción número 401716, de uno de agosto de dos mil veintidós, pero omite manifestar, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos y abstenciones que constituyen el antecedente de ese acto reclamado. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, por escrito, y con las copias respectivas que formarán parte integrante de la demanda de amparo, la aclare y: 1º Diga si el policía Vial con número 297, se encuentra adscrito a la Delegación de Tránsito de Miahuatlán, dependiente de la Dirección General de la Policía Vial Estatal, como se advierte del sello que aparece en el acta de infracción 401716, cuyo original exhibió con la demanda de amparo. 2º Bajo protesta de decir verdad, manifieste cuáles son los hechos y abstenciones que constituyen antecedentes del acto reclamado relativo al: ? Acta de infracción con folio 401716, de uno de agosto de dos mil veintidós. Que atribuye a cada una de las autoridades responsables: ? Delegado Regional de Tránsito de Valles Centrales, de la Dirección de Tránsito del Estado de Oaxaca. ? Delegado de Tránsito de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 3º Bajo protesta de decir verdad, precise cuáles son los hechos y abstenciones que constituyen antecedentes del acto reclamado relativo a: ? La retención de la motocicleta marca Vento, color naranja, con número de serie LXYVHFBD6L1213789, placas de circulación 94EPP4 del Estado de Oaxaca. Que reclama del: ? Delegado Regional de Tránsito de Valles Centrales, de la Dirección de Tránsito del Estado de Oaxaca. ? Delegado de Tránsito de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 4º Bajo protesta de decir verdad, diga cuáles son los hechos y abstenciones que constituyen antecedentes del acto reclamado relativo al: ? Cobro de multas, recargos, arrastre de grúa y encierro particular, que lo están obligando a pagar a cambio de obtener la devolución de la unidad de motor. Que le atribuye al: ? Delegado Regional de Tránsito de Valles Centrales, de la Dirección de Tránsito del Estado de Oaxaca. ? Delegado de Tránsito de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 5º Bajo protesta de decir verdad, mencione cuáles son los hechos y abstenciones que constituyen el antecedente de la calificación de la infracción número 401716, de uno de agosto de dos mil veintidós, que le atribuye al comisario Calificador de la Dirección de Tránsito del Estado de Oaxaca. Se invoca en apoyo la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 393 tomo CVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". Y por tratar sobre el tema, la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE". Exhibición de una copia. En otro aspecto, el artículo 114 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente para que aclare el escrito de demanda a) cuando haya alguna irregularidad en la misma, b) cuando se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de dicha ley, c) no se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente, d) no se haya expresado con precisión el acto reclamado, o e) no se hubieran exhibido las copias necesarias de la demanda. En relación con lo anterior, el artículo 110 de la Ley de Amparo establece la carga procesal de la parte quejosa de exhibir con su demanda copias suficientes de ésta para el traslado a cada una de las partes, dentro de las cuales indefectiblemente se encuentra el agente del Ministerio Público Federal, en términos del artículo 5, fracción IV, de dicha ley; exceptuándose de esa carga cuando se presenta vía electrónica o en los supuestos que prevé el segundo párrafo del citado artículo 110. En el caso, no se aprecia que dichas excepciones se actualicen, y la parte quejosa únicamente exhibió seis copias de la demanda para el traslado, siendo necesarias, siete para el trámite correspondiente (cuatro para las autoridades responsables, una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y dos para el incidente de suspensión). En tales condiciones, con fundamento en los artículos 110 y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, también se previene a la parte quejosa a fin de que, dentro del mismo plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído: Exhiba una copia más de la demanda de amparo; o, en su defecto, precise si se ubica en alguno de los supuestos de excepción para ello. Es aplicable la jurisprudencia 66/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE ÉSTA PARA EL TRASLADO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, NO CONSTITUYE UN FORMALISMO SIN SENTIDO O UN OBSTÁCULO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA". 4. Apercibimiento. De no cumplir con la aclaración de la demanda de amparo y exhibición de copia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. 5. Acceso de expediente electrónico. Con apoyo en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 36 y 39 del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico 937/2022 a través del usuario torreselorza, que no implica notificar por esa vía las determinaciones que deriven de este juicio, por no haber sido solicitado de esa forma. 6. Domicilio y autorizados. a) Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en la demanda de amparo. b) Autorizados. Téngase como autorizada para recibir notificaciones por parte del quejoso, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a Nancy Noemí Torres Elorza, por no haberse encontrado registro de su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales; aunado a que en la demanda de amparo tampoco se señalaron datos con los que acredite su profesión de licenciada en derecho o abogada. 7. Canales de comunicación. Como lo establece el párrafo segundo de la fracción I del artículo 23 del acuerdo general 21/2020 invocado, se requiere a la parte quejosa proporcione un correo electrónico y/o número telefónico, a fin de que el (la) actuario (a) de la adscripción, la contacte a través de ese medio, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia relativa. 8. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la resolución que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 9. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 10. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 11. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 12. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de once de julio de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria Técnica de la Comisión Permanente mediante oficio número CCJ/ST/2918/2022, de la misma fecha, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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