Christopher Geovani Chora García
Expediente 190/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 190/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/05/2017
Partes del expediente
- Christopher Geovani Chora García
- Juez Cuadragésimo Primero Penal de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad de México, a tres de mayo de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto del acto reclamado, por tanto, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del anexo que envió la autoridad responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dicha autoridad que se estampe en la constancia respectiva.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 190/2017, promovido por Christopher Geovani Chora Garcia, contra acto del juez Cuadragésimo Primero Penal de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el tres de marzo de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló el concepto de violación que consideró pertinente y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 103 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Una vez desahogada la prevención formulada en autos, el ocho siguiente se admitió a trámite la demanda bajo el orden 190/2017; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita al juzgado responsable; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por reclamarse un acto después de concluido el juicio, que se atribuye a una autoridad con residencia en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado, tal criterio que es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se precisa que el acto reclamado consiste en la determinación de nueve de febrero pasado -y no de diez, como precisó el quejoso en la demanda, pues de las constancias se advierte que se emitió el acto en la fecha mencionada en primer término-, que recayó al incidente no especificado promovido por el quejoso en la causa penal 77/2007, reclamada del juez Cuadragésimo Primero Penal de esta ciudad. TERCERO. Es cierto el acto reclamado del juez responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se acredita con la copia certificada de la causa indicada, que remitió en apoyo a dicho informe; documental que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este juzgado advierte de oficio que se actualice alguna, procede analizar los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Materia Común, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Es infundado el concepto de violación hecho valer, sin que se advierta materia para suplirlo en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. Ahora, para sustentar el sentido de esta resolución, se considera conveniente hacer una breve reseña de los antecedentes del asunto, consistentes en que: 1. Por resolución de veintinueve de septiembre de dos mil ocho, se impuso al justiciable la pena de treinta y un años, diez meses, y quince días de prisión, por la comisión del ilícito de privación de la libertad personal en la modalidad de secuestro express, en pandilla. 2. Contra esa determinación se interpuso recurso de apelación, del que conoció la Tercera Sala Penal de esta ciudad, en el toca 1602/2008, y resolvió el nueve de marzo de dos mil nueve, en que modificó la resolución puesta a su consideración. 3. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, el justiciable promovió incidente no especificado en que solicitó se le aplicara la ley más favorable. 4. El veintisiete siguiente el juez responsable declaró parcialmente fundado dicho incidente, pues únicamente acordó lo relativo a aplicar la ley más favorable, esto es, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, por lo que modificó la pena impuesta inicialmente, quedando en veintiséis años, tres meses de prisión; en cuanto a las diversas solicitudes que planteó relativas a que se le considerara culpable únicamente por el delito de robo, y que se realizara una "retipificación", y se ordenara la reposición del procedimiento, las declaró infundadas al considerar que esas cuestiones ya habían sido dilucidadas en las sentencias de primera y segunda instancia, esto es, sustentó esto último en la figura de cosa juzgada. 5. Resolución incidental que fue apelada por el quejoso, la cual confirmó la sala mencionada, por determinación de veinte de junio de ese año. 6. Mediante escrito presentado en la oficialía de partes del juzgado responsable el siete de febrero del año en curso, el amparista promovió incidente no especificado en el cual solicitó se aplique ".el principio de exacta aplicación de la Ley que tutela el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dado que los hechos demostrados materia de la acusación que dio origen a la causa penal al rubro indicada NO ACTUALIZA EL DELITO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL EN SU MODALIDAD DE SECUESTRO EXPRESS". 7. Por resolución de nueve siguiente, el juez responsable resolvió de plano el citado incidente, al tratarse de una cuestión de obvia resolución, en lo que interesa en los siguientes términos: ".se puede concluir validamente que es improcedente el incidente planteado, puesto que esta cuestión fue dilucidada en diversa resolución incidental de fecha 27 veintisiete de febrero del año 2014 dos mil catorce, en la que se especificó que no era procedente considerarlo solo penalmente responsable del delito de robo; así como tampoco que se considerara que se actualizaba lo previsto en un diverso ordinal del Código Penal para la Ciudad de México o de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 Constitucional, así como tampoco realizar una retipificación (sic) del delito; resolución que fuera confirmada por ejecutoria de fecha 20 veinte de junio de 2014 dos mil catorce, emitida por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Aunado a que entrar al estudio de su petición contravendría el principio de cosa juzgada; ya que las ejecutorias emitidas por el Ad quem tanto al momento de resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva, así como del interpuesto en contra de la resolución incidental diversa, adquirieron firmeza al instituirse como COSA JUZGADA; ya que esa figura jurídica implica la inmutabilidad de las sentencias, tornándose en definitivas e inatacables al vincular a las partes para todo juicio futuro, lo que se traduce en la estabilidad de su efectos precisados, que ya no son susceptibles de discutirse por otro tribunal, en razón de interés político y público, una vez precluidos todos los medios de impugnación; por lo que además de ser inmutable la sentencia. Ya que el estudio del delito (la descripción típica por la que se le halló penalmente responsable), ya fue materia de primera y segunda instancia, por lo que adquirió firmeza la ejecutoria de 09 nueve de marzo del año 2009 dos mil nueve emitida por la Tercera Sala Penal de este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el día 13 trece de marzo del año 2009 dos mil nueve, en términos del artículo 443 fracción II del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (actualmente 'Ciudad de México'), lo que en la especie también aconteció con la resolución incidental de 27 veintisiete de febrero de 2014 dos mil catorce y la cual también fuera confirmada por la mencionada Sala Penal; por lo tanto son irrevocables y causaron ejecutoria, con lo que constituyen una verdad legal al ser cosa juzgada, razón por la cual el A quo, no se encuentra facultado para modificarlas." (sic). Siendo esta última resolución la que constituye el acto que por esta vía se reclama. Ahora, es menester destacar que la resolución reclamada constituye un acto de molestia, y como tal, está sujeto a las exigencias que prevé el párrafo primero del artículo 16 constitucional, que dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De la interpretación del párrafo primero del artículo anterior, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, a la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia que aparece publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Así, de la lectura integral del acto reclamado se advierte que está adecuadamente fundado y motivado, porque el juez responsable expuso las razones particulares que tuvo para arribar a la conclusión a la cual llegó, pues explicó los motivos por los que no era procedente analizar la cuestión planteada, ya que fue dilucidada en las resoluciones de primera y segunda instancia, así como en la diversa incidental de veintisiete de febrero de dos mil catorce, que confirmó la Tercera Sala Penal de esta ciudad, con lo cual adecuó la litis sujeta a su potestad con la hipótesis normativa que estimó aplicable, ajustando su decisión a las exigencias establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asentado lo anterior, es necesario establecer que fue correcta la forma en que la responsable resolvió, pues se basó en la figura de la "cosa juzgada", ya que no podía pronunciarse sobre cuestiones que ya fueron analizadas, tanto por el juez responsable y confirmadas por citada sala, en diversas resoluciones. En efecto, la figura de cosa juzgada se actualiza cuando una cuestión particular ya ha sido materia de pronunciamiento por una autoridad en una resolución que quedó firme, de modo que no resulta válido volver a discutirla. Aserto que encuentra apoyo en lo que determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 589 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVIII, septiembre de 2008, del rubro siguiente: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Ahora, si bien es cierto que el nuevo marco jurídico de nuestro país, privilegia los principios y derechos humanos previstos en la máxima normativa nacional, así como los inmersos en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México, también lo es que en la especie, dicha circunstancia se debe ponderar con la observancia estricta del principio de cosa juzgada; adicionalmente, no se debe soslayar que este último principio se encuentra indisoluble e inexorablemente vinculado con el diverso de seguridad jurídica, con lo que dicha figura de cosa juzgada, aunado al de seguridad jurídica, en la especie, constituyen el binomio preponderante, pues de considerar lo contrario significaría conculcar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que en el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada emerge en una sentencia obtenida del auténtico proceso judicial, en el que se hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento conforme al artículo 14, párrafo segundo, de la Carta Magna, lo que dota a las partes en litigio, de seguridad y certeza jurídica; asimismo, la figura procesal de referencia, también se encuentra prevista en el artículo 17, párrafo sexto, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la debida ejecución de sus resoluciones, porque esta ejecución íntegra únicamente se logra en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia previsto en el párrafo segundo del citado artículo 17 constitucional, pues dentro de esta prerrogativa, se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales diriman los conflictos, sino que también se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la institución de cosa juzgada protege los mecanismos de acceso a la justicia y de seguridad jurídica, para garantizar con certeza la correcta y funcional administración de justicia, así como la efectiva protección de los derechos de las personas, por lo resuelto en los juicios que hayan causado ejecutoria, así como en las diversas sentencias que cuenten con la misma hipótesis. Máxime que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de once de mayo de dos mil dieciséis, aprobó la tesis de jurisprudencia 1a./J 25/2016 (10a.) de epígrafe: "COSA JUZGADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN. LA INCORPORACIÓN DEL LLAMADO 'NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL' NO IMPLICA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDA REVISAR TEMAS DE LEGALIDAD RESUELTOS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN UNA SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO ANTERIOR". Ahora, debe destacarse que cuando mediante una tesis jurisprudencial, se supera, modifica o interrumpe alguna otra, dichos cambios de criterio son válidos para resolver exclusivamente casos aún no fallados, sin que puedan afectarse las situaciones concretas decididas en los precedentes, pues por seguridad jurídica de la cosa juzgada, el nuevo criterio no constituye el mecanismo legal para cambiar los casos ya resueltos. En cuanto al motivo de disenso relativo a que la autoridad responsable no dio trámite al incidente que planteó, es infundado, porque dicha autoridad resolvió de plano en términos del precepto 542 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, al advertir que se trataba de una cuestión de obvia resolución, por lo que no era necesario que resolviera conforme al diverso 543 del citado código. En esas condiciones, al resultar infundado el concepto de violación hecho valer, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, lo que procede es negar a Christopher Geovani Chora Garcia, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado contra el acto que reclamó del juez Cuadragésimo Primero Penal de esta ciudad, consistente en la determinación de nueve de febrero pasado -y no de diez, como precisó el quejoso en la demanda, pues de las constancias se advierte que se emitió el acto en la fecha mencionada en primer término-, que recayó al incidente no especificado promovido por el quejoso en la causa penal 77/2007. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Christopher Geovani Chora Garcia, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado contra el acto que reclamó del juez Cuadragésimo Primero Penal de esta ciudad, consistente en la determinación de nueve de febrero pasado -y no de diez, como precisó el quejoso en la demanda, pues de las constancias se advierte que se emitió el acto en la fecha mencionada en primer término-, que recayó al incidente no especificado promovido por el quejoso en la causa penal 77/2007.
- Incidental
se R E S U E L V E : ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Christopher Geovani Chora García, contra el acto reclamado de la autoridad señalada en el considerando único, por las razones ahí expuestas.
- Principal
Ciudad de México, a quince de marzo de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, provenientes del Juzgado Cuadragésimo Primero Penal de esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento a lo ordenado en autos, pues remite la constancia requerida, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con sustento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad signante, la documental que acompaña al comunicado que se provee, que se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional.
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