Christopher Ernesto Aguilar Guzman
Expediente 2105/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2105/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Christopher Ernesto Aguilar Guzman
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio registrado con folio 9358, signado por la Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y además en términos del artículo 66, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, queda el contenido del oficio en mención y su anexo, en la secretaría de este juzgado, a la vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que manifieste o no, lo que a su interés convenga, bajo el apercibimiento que de no desahogar la vista respectiva, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el juicio de amparo en que se actúa y los datos aportados por la autoridad responsable. Por último, se hace del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/211/2018, de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó la reubicación del Juez Benito Eliseo García Zamudio, a este juzgado de Distrito, a partir del uno de abril de dos mil dieciocho; lo anterior, para los efectos legales consiguientes.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, a través del cual informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Al respecto, se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Miguel Ángel Rojas Araos, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior, y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la justicia de la unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a Dulce María de Guadalupe Saavedra Bahena, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento al fallo protector, esto es: Provea lo necesario en relación a las pruebas ofrecidas por las partes, dentro de los términos que la ley de la materia establece para ello, dentro del juicio laboral 01/104/17-II. No obstante lo anterior, se apercibe a Dulce María de Guadalupe Saavedra Bahena, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que de incumplir con la ejecutoria de amparo en el plazo otorgado, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable para que le ordene cumplir con la ejecutoria de mérito, puesto que al tratarse de un organismo jurisdiccional autónomo en el ámbito jurídico, no tiene superior jerárquico a quien requerirle que la conmine. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 2ª./J.36/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 2000099, del rubro y texto siguientes: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Miguel Ángel Rojas Araos, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, abierta la audiencia pública el licenciado Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, asistido de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, procede a dar inició a la audiencia constitucional del juicio de amparo número 2105/2017, promovido por Christopher Ernesto Aguilar Guzmán, por su propio derecho; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado rendido por la autoridad responsable; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al el secretario en funciones de juez, acuerda: Se tiene por hecha la relación Secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, en período probatorio. Abierto el mismo, con fundamento en el artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza la presuncional y la instrumental de actuaciones que ofreció la justiciable, así como la documentales que remitió la autoridad responsable como anexo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de algunas consta constancias derivadas del juicio laboral 01/104/17-II. Enseguida, se declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo se hace constar que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó pedimento, consecuentemente, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se concluye la presente audiencia, por lo que se procede a dictar la siguiente resolución. Doy fe. V I S T O S para resolver, los autos del juicio de amparo número 2105/2017, promovido Christopher Ernesto Aguilar Guzmán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, Christopher Ernesto Aguilar Guzmán, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó el acto siguiente: "LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: Consiste en la omisión por parte de la responsable, H Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el junio natural 01/104/17-II, por no pronunciarse respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas conducentes y con un retardo notorio del procedimiento.". Actos que el quejoso consideró lesivos de sus derechos fundamentales, contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos numerales de instrumentos internacionales. SEGUNDO. Por auto de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de garantías, registrándose con el número 2105/2017, solicitando los informes conducentes, en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes, que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 118, la sentencia que se dicte en este juicio se hará con el testado de los datos sensibles, o con palabras genéricas para no ocultar la información que pueda ser divulgada. En ese tenor, una vez que las partes se notificaron de lo anterior, no hicieron manifestación alguna. Asimismo, se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, en la que se ordenó dictar la sentencia definitiva que se emite en los términos siguientes; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, 15/2013 y 32/2014 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en materia laboral sobre un procedimiento seguido en forma de juicio llevado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en el Estado, y residencia en esta ciudad, dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. La fijación clara y precisa del acto que se reclama a la autoridad responsable, se encuentra determinada en el resultando primero de esta sentencia, a la vez que la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlo o no por demostrado se destacará en los apartados subsecuentes, con lo cual se cumple con la exigencia que toda sentencia debe tener en todo juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, que es del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." El acto de molestia se hace consistir en: "la omisión de las responsables de admitir las pruebas ofrecidas por la partes, en el expediente laboral número 01/104/17-II, dentro los plazos y en los términos y condiciones que establece la Ley Federal de Trabajo". TERCERO. La Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, a través de su Presidenta, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, refirió que era cierto el acto reclamado, pero que la tardanza se debía a la falta de personal y el cúmulo de trabajo. Por tanto, es cierto el acto que reclama la parte quejosa, por así haberlo manifestado las autoridades responsables; por ende, se tiene plenamente acreditado al tenor de la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. En virtud de que ninguna de las partes hace valer alguna causa de improcedencia, y como este juzgador tampoco advierte que se actualice alguna de ellas, lo procedente es entrar al estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. Se considera innecesaria la trascripción de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, sin que ello implique que se viole alguna disposición de la Ley de Amparo, además de que bajo esta circunstancia no se le deja en estado de indefensión, pues el hecho de que no se realice la trascripción de los mismos, no significa que el juez de amparo esté impedido para el estudio integral de ellos. Sirve de apoyo la jurisprudencia número VI.2O. J/129, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a fojas 599, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." QUINTO. Son esencialmente fundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, suplidos en su deficiencia conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, como en seguida se verá: En principio cabe indicar que de la demanda de garantías se advierte que la impetrante de garantías se duele de la omisión en que incurre la Junta responsable al no actuar dentro de los términos y plazos fijados en el Código Obrero y como consecuencia no pronunciarse respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en conflicto dentro del procedimiento laboral. Ahora, de las constancias que anexó la junta responsable a su informe justificado relativas juicio laboral 01/104/17-II, de su índice, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma; se advierte lo siguiente: Que el veinte de abril de dos mil diecisiete, la Junta responsable tuvo por celebrada la audiencia conducente y una vez que las partes refirieron sus pruebas, las tuvo por ofrecidas (fojas 18 a 19), sin que al efecto dictara acuerdo alguno respecto a la admisión o desechamiento de las mismas, ya que sólo determinó que se reservaba para mejor proveer respecto de los medios de convicción ofrecidos por las partes. Con vista a lo anterior, le asiste razón a la quejosa en el sentido de que la responsable fue omisa en respetar los plazos y términos que establece la Ley Federal del Trabajo; porque dejó de proveer respecto de la admisión o desechamiento de pruebas en la audiencia de veinte de abril de dos mil diecisiete, sin que hasta la fecha en que rindió su informe justificado hubiere proveído al respecto, dentro del juicio laboral 01/104/17-II, por lo que es claro que la responsable no respeta los términos y plazos previstos por la Ley Federal del Trabajo para sustanciar el procedimiento natural, génesis del acto reclamado. Para una mejor comprensión de ilegal proceder de la responsable, se estima necesario destacar el contenido del artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que establece: "Artículo 17. ..... "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". De la trascripción anterior se advierte que la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 17 constitucional se traduce en que las autoridades judiciales no pueden retardar indefinidamente su función de administrar justicia, debido a que deben impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que tienen la obligación de resolver los juicios que se ventilen ante ellas en los términos que establece la legislación aplicable. En relación al tema que nos ocupa, los artículos 685 y 771 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. "Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley.". "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario.". De la primera disposición legal se desprende que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo; el artículo 771 reitera el criterio prevaleciente en la materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea rápida y expedita y que los juicios no queden inactivos. Asimismo, de una interpretación adecuada de los preceptos jurídicos trascritos en líneas que anteceden, conviene establecer que en cualquier procedimiento que se ventile ante un órgano jurisdiccional, administrativo o del trabajo, se deben observar estrictamente las formalidades establecidas para el mismo, incluyendo los términos previstos en la ley de la materia de que se trate, ya que la necesidad de una justicia pronta es tan evidente que la propia Constitución Federal remite a la ley respectiva, en relación a los plazos y términos en que los tribunales deben impartir justicia. De esta guisa el legislador no estableció plazos arbitrarios, sino que éstos son razonables, en función del necesario equilibrio que debe haber entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y el juzgador realicen las actividades y actuaciones procesales que le correspondan. Por tanto, al advertirse de autos que la Junta responsable dejó de proveer respecto de la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes contendientes desde el veinte de abril de dos mil diecisiete, sin que hasta el momento obre constancia dentro del procedimiento de amparo, en el sentido de que se hubieran admitido o en su caso desechado las pruebas ofrecidas por las partes, o se haya dictado acuerdo alguno que impulse el procedimiento, lo que sin duda implica falta de cuidado al desatender lo establecido por la ley de la materia en los preceptos antes transcritos, así como de los diversos 880 y 883 del código obrero, que prevén los términos en que habrá pronunciarse la responsable respecto de los medios de convicción que ofrezcan las partes, lo cual no ha acontecido, de ahí, resulta evidente que la omisión de la responsable incumple con la obligación de administrar una justicia de manera pronta y expedita en el artículo 17 de la Carta Magna, al no ajustarse al plazo previsto en la Ley Federal del Trabajo para acordar respecto de las pruebas ofrecidas por las partes, lo que se traduce en una violación a la garantía constitucional de una justicia pronta y expedita consagrada en el referido numeral 17 de la Carta Magna. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 209, tomo XXVI, octubre de 2007 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.". Toda vez, que del contenido del artículo 17 de la Constitución Federal se desprende que los Tribunales estarán expeditos para administrar Justicia, lo que deberá ser en las formas y términos que fija la ley que rige el procedimiento correspondiente, máxime que el artículo 771 de la ley laboral, impone la obligación a los Presidentes de las Juntas de cuidar, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios no queden inactivos y provean lo que conforme a derecho proceda. Bajo este orden de ideas, es patente que la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, ha infringido la garantía de expedites en la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 constitucional, por lo que es procedente conceder el amparo solicitado por la parte quejosa Christopher Ernesto Aguilar Guzmán a efecto de que dentro del término de veinticuatro horas, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, provea lo necesario en relación a las pruebas ofrecidas por las partes, dentro de los términos que la ley de la materia establece para ello, dentro del juicio laboral 01/104/17-II. Sin que los alcances de la ejecutoria puedan llegar al extremo de obligar a la junta responsable a que continúe con el juicio hasta el desahogo total de las pruebas, como pretende el justiciable, pues como ya lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la protección constitucional debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Por su contenido, es aplicable al caso, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro número 2005150, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página732, materia común, del texto literal que reza: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción I, 73, 74, 75, 76, 77, 119 y 217 de la Ley de Amparo vigente, así como en los numerales 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Christopher Ernesto Aguilar Guzmán, contra el acto y autoridad señalados en el resultando primero de la presente resolución y por las razones expuestas en el considerando quinto de la misma. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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