Christopher Edgar Vázquez Alvarado
Expediente 1327/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1327/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/10/2019
Partes del expediente
- Christopher Edgar Vázquez Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Téngase por recibido el oficio IJCF/44812/2019/12CE/CG/011 signado por el Director de Dictaminación Pericial del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, mediante el cual informa que en relación con el comunicado 47161/2019 enviado por este órgano jurisdiccional, se encuentra imposibilitado para proporcionar un especialista en materia de recursos naturales, por los motivos expuestos en el comunicado de cuenta; por lo anterior, se ordena agregar al expediente en que se actúa para que obre como corresponda, quedando a la espera de que el Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República en el Estado de Jalisco, dé contestación a lo solicitado en acuerdo de veintisiete de septiembre del año en curso. Notifíquese.
- Principal
Por este conducto se notifica al quejoso el auto de 23 de agosto de 2019, el cual dice: LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. POR TANTO, UNA VEZ QUE TRANSCURRA EL TÉRMINO DE 15 DÍAS PARA INTERPONER RECURSO DE INCONFORMIDAD EN CONTRA DEL PRESENTE PROVEÍDO, SE PROVEERÁ LO RELATIVO AL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL QUEJOSO, EL AUTO DICTADO EL 30 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: i. Actualización de causa de improcedencia. En principio, resulta pertinente destacar que del análisis integral de los autos, en específico, de la demanda de protección de derechos fundamentales, se advierte que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes: III-.AUTORIDADES RESPONSABLES: 1-. La Decimo Segunda Junta Local De Conciliación y Arbitraje Del Estado De Jalisco. 2-. El Actuario Notificador Adscrito A La Decimo Segunda Junta Local De Conciliación Y Arbitraje Del Estado De Jalisco. IV-. ACTO RECLAMADO: la abstención y falta de notificación personal a la demandada dentro del juicio laboral numero 1196/2018/12-E, llevado a cabo en la Decimo Segunda Junta Local De Conciliación Y Arbitraje Del Estado De Jalisco y generando como consecuencia la imposibilidad de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, prevista en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, así como la continuación de la secuela del procedimiento laboral en los términos establecidos en la ley antes señalada. [.] (sic). De lo acabado de copiar se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, y Actuario Notificador adscrito a esa Junta: La omisión de emplazar a la parte demandada dentro del juicio número 1196/2018/12-E, de su índice. En relación con lo anterior, se impone precisar que de las constancias certificadas remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, se advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio que contempla el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. De la interpretación gramatical de la porción legal invocada se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Tal hipótesis ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. La interpretación que de la disposición legal en estudio ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. El término cesar, en su sentido etimológico y gramatical, significa suspender o acabarse una cosa; o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo. Asimismo, la acepción efecto, significa lo que sigue en virtud de una cosa, o el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo, o bien, cuando se revoca o deroga por alguna razón. Así pues, se insiste en que para que sea aplicable esta causal de improcedencia es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados. En consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se requiere la aparición de una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiere nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, así como los efectos legales y materiales que hubiere producido. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual infringida, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora bien, en el particular, el peticionario de amparo reclama de las autoridades responsables, la abstención de llamar a su contraparte al juicio número 1196/2018/12-E, de su índice. En ese orden de ideas, de las constancias que remitieron dichas autoridades al rendir su informe justificado, se desprende que el ocho de julio pasado se emplazó a la parte demandada al juicio laboral de origen, constancias que gozan de plena eficacia probatoria, en términos del ordinal 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión de su arábigo 2o., párrafo segundo. Entonces, es evidente que han quedado destruidos los efectos del acto presuntamente violatorio de garantías de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental violado, de manera tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto se invoca la jurisprudencia 198, que previene: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También es útil en este tema la jurisprudencia que es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Igualmente resulta aplicable el criterio contenido en la tesis cuyo rubro y texto son: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. ii. Se sobresee en el juicio fuera de audiencia. En el relatado contexto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, pues, como se ha visto, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que si bien es cierto que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se había emplazado a la parte demandada al juicio número 1196/2018/12-E, del índice de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, no lo es menos que el ocho de julio pasado se llevó a cabo tal diligencia. Resulta aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia cuyo rubro y texto son: SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ..., no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". iii. Se deja sin efectos señalamiento de fecha para la audiencia constitucional. En ese sentido, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con diez minutos del nueve de septiembre de dos mil diecinueve.
- Principal
Estado procesal de autos. En principio, resulta pertinente destacar que del análisis integral de las presentes actuaciones se advierte que a la fecha la autoridad responsable, Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, no ha demostrado haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se formula nuevo requerimiento. En ese sentido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad referida, para que, dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente proveído, cumpla íntegramente con el fallo protector, es decir, en específico, deberá: Acreditar con las constancias certificadas correspondientes que emitió el pronunciamiento relativo en torno a los medios de prueba anunciados por las partes en la audiencia de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, al margen de que las mismas hubieran o no formulado las objeciones correspondientes. En el entendido de que este Juzgado Federal no pasa por alto que en audiencia incidental de veintiocho de junio pasado, se celebró la audiencia de reposición de actuaciones y se declararon repuestas diversas constancias, empero, no se advierte del acta correspondiente que se hubiese resuelto lo conducente en relación con la admisión o inadmisión de las pruebas aludidas. Con relación a lo anterior, resulta pertinente aclarar que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad responsable a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos trazados en el fallo protector. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad requerida que de no cumplir con lo anterior en el lapso indicado, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello, se le impondrá una multa por el equivalente a doscientas veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización; así como a la sustanciación del incidente de inejecución correspondiente, que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo.
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