Christopher Daniel James Barousse
Expediente 517/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 517/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Christopher Daniel James Barousse
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en la capital de esta entidad federativa, con el cual informa que el juicio de amparo 196/2021-VI, promovido por Cristopher Daniel James Barousse de su índice, se envió al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado, para que éste tenga conocimiento del mismo, ya que fue quien conoció primeramente del diverso juicio de amparo 69/2020, promovido por el mencionado; por ende esta autoridad queda enterada de lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
agréguese el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado, con sede en la capital de esta entidad federativa, con el cual acusa recibo del oficio con el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 517/20204-II, de igual manera, comunica que ese juzgado de Distrito aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del asunto. En consecuencia, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Con apoyo en los artículos 6, 12, 14 y 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena la destrucción del cuaderno auxiliar relativo a este juicio, una vez que transcurran seis meses posteriores al dictado de este acuerdo.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de noviembre de dos mil veinte Visto la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel de la Fuente Ponce como defensor particular de Cristopher Daniel James Barousse, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos y Director del Centro de Reinserción Social Estatal Uno, ambos en la capital de esta entidad federativa. Se ordena registrarla en el libro de gobierno respectivo con el consecutivo 517/2020-II. Ahora bien, de la demanda de amparo en estudio, se advierte que el promovente de dicha demanda acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que enseguida se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo son las siguientes: a.- Juez de Control del Distrito Judicial Morelos (con sede en Chihuahua, capital). b.- Director del Centro de Reinserción Social Estatal Uno (con residencia en la capital de esta entidad federativa). IV.- ACTO RECLAMADO: Es el siguiente: Auto de vinculación a proceso emitido por la Juez de Control en audiencia celebrada con fecha diez de noviembre del año en curso, contra el imputado Cristopher Daniel James Barousse, dentro de la carpeta judicial 2633/2020 por el delito innominado previsto en el artículo 15 de la Ley General en la Materia de Delitos Electorales en el Estado de Chihuahua, así como su ejecución". De lo anterior, es claro que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver de la demanda de amparo origen del presente asunto, en razón de las consideraciones siguientes: La competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De dicho numeral se advierten las reglas para fijar la competencia en amparo indirecto de los Jueces de Distrito, a saber: a) en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso en estudio, se advierte que el directo quejoso fue puesto a disposición de la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, por los hechos que la ley señala como delito innominado previsto en el artículo 15 de la Ley General en la Materia de Delitos Electorales en el Estado de Chihuahua y se dejó interno en el Centro de Reinserción Social Estatal Uno, ambos con sede en la capital de esta entidad federativa, dando origen a la causa penal 2633/2020, en la que el diez de noviembre del año en curso se emitió contra el amparista auto de vinculación a proceso `por dicho ilícito. Entonces, se concluye que los actos reclamados fueron dictados y se ejecutaron por autoridades con residencia en la capital de esta entidad federativa, por tanto es claro que tiene aplicación la primera de las reglas de competencia establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, resulta inconcuso que es a un Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la capital de esta entidad federativa, al que corresponde conocer del presente asunto. Sobre el particular, cabe citar las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros, textos y datos de identificación son los que siguen "COMPETENCIA EN AMPARO. Corresponde al Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que ejecuta, o pueda ejecutar, los actos que se reclaman, aunque la autoridad de quien emanen las órdenes, resida fuera de la jurisdicción de ese Juez." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXII. Página: 19.) "COMPETENCIA. LA TIENE EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE EJECUTA EL ACTO RECLAMADO. Al establecerse que la residencia de las autoridades ejecutoras queda dentro del ámbito territorial de un Juez de Distrito, queda conferida a éste la competencia para conocer del amparo con arreglo al artículo 36 de la Ley de Amparo, y en él debe ser radicada." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: CXXVIII, Tercera Parte. Página: 15.) Por lo anterior, no queda duda que este juzgado de Distrito, por razón de territorio, carece de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo que nos ocupa, justamente, porque los actos reclamados no tienen ejecución en el lugar en el que este tribunal ejerce jurisdicción territorial, en los términos del artículo 37 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, cabe invocar las tesis de jurisprudencia sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. (Instancia: Primera Sala. Fuente: Apéndice de 2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Primera Sección - Competencia para conocer del juicio de amparo. Tesis: 32. Página:39.) "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro: III, Diciembre de 2011, Tomo 3. Tesis: 1a./J. 118/2011 (9a.). Página: 2183.) Apoya igualmente a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 54/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, agosto de 2005, Novena Época, Materia Penal, visible en la página 58, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia en amparo de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en consideración que el reo, estando privado de su libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al solicitar el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada continuará privado de ella, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando la autoridad administrativa omite proveer sobre la mencionada solicitud, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario". Idéntico criterio sustentado en la jurisprudencia 1a./J. 48/2005, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, junio de 2005, Materia Penal, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario". En tal orden de ideas, previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia simple del escrito de demanda, remítase el original a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en la capital del Estado, para que a su vez lo haga llegar al Juez de Distrito en esta entidad federativa y que por razón de turno corresponda de su conocimiento, a efecto de que determine si acepta o no tal declinatoria, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que menciona en su escrito de demanda y como autorizados a las personas que indica en la misma con sede en aquélla localidad. Por otra parte, toda vez que el promotor de amparo proporciona el correo electrónico doctormafp@gmail.com y usuario "DRMIGUELDELAFUENTE" solicita se le notifique dentro del expediente electrónico; por tanto, se autoriza para que se le practique, por ese medio, cualquier tipo de notificación de carácter personal y consulta del expediente electrónico. En ese sentido, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice el registro y autorización correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los Actuarios deberán digitalizar todos aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el Secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente.
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