Christopher Armando Ramírez Cruz

Expediente 1828/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1828/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Christopher Armando Ramírez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por el que hace del conocimiento la determinación emitida el veintitrés de noviembre de la presente anualidad, en los autos del recurso de revisión ********************, de su índice estadístico, por medio del cual solicita se remita firmado el oficio 29242/2023. En consecuencia, remítase de manera inmediata firmada la misiva 29242/2023 al Tribunal oficiante, a fin de que se encuentre en aptitud de proveer lo conducente. Notifíquese.

  2. Incidental

    Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Se tiene por recibido el oficio signado electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual hace del conocimiento la determinación emitida el veintiocho de noviembre del año en curso, en el recurso de revisión 405/2023, de su índice estadístico, en el que entre otras cosas, admitió a trámite dicho medio de impugnación y acusa de recibo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales correspondientes, este juzgado está en espera de la determinación que al respecto emita el tribunal de alzada que conoce del medio de impugnación referido. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de constancia de notificación. Se tiene por recibida la constancia de notificación practicada por la actuaria de la adscripción, de la que se advierte que el quejoso ratifica la demanda de amparo interpuesta en su nombre. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil federal, dichas diligencias tienen valor probatorio pleno, pues al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 563, con número de registro 392690, publicada en la página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo IV, de rubro: "NOTIFICACION. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS." En ese sentido, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos la constancia de notificación de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Desechamiento respecto del acto reclamado consistente en el traslado a otra celda o dormitorio. Es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. ... En ese tenor, acorde con los antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad, se puede advertir únicamente que se han llevado a cabo diversos traslados por autoridades administrativas penitenciarias quienes puede iniciar el procedimiento que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal respecto al traslado involuntario por caso urgente o excepcional previsto por el artículo 52 de la Ley de Ejecución Penal, pues del ocurso de amparo, se desprende que el posible traslado reclamado puede ser ejecutado por la autoridad administrativa, aunado a que hasta el momento no se desprende que la autoridad judicial competente se haya pronunciado al respecto. En tal virtud, toda vez que de la demanda de amparo no se advierte que la autoridad judicial competente haya realizado pronunciamiento al respecto y que el quejoso manifiesta que se transgredieron sus derechos fundamentales con la orden del traslado combatida, previo acudir al amparo, debe agotar la controversia judicial ante el Juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado a fin de que se analice su legalidad y en su caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con los artículos 52, 116, fracción I, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el cual, constituye un medio de defensa ordinario eficaz para combatir el traslado y que prevén la suspensión del acto combatido. Así, es claro que si el acto reclamado consiste en la orden de traslado del quejoso Christopher Armando Ramírez Cruz del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, a diverso Centro de reclusión y su ejecución, atribuida a cinco autoridades administrativas, es inconcuso que existe el medio ordinario de defensa -controversia judicial ante el Juez de Ejecución prevista por la Ley Nacional de Ejecución Penal-, el cual debe agotar previo a la promoción del juicio de amparo. Luego, si con motivo de la controversia judicial ante el Juzgado de Ejecución, se puede analizar la legalidad del traslado en cuestión, indefectiblemente ese proceder puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama. Además, debe precisarse que la suspensión del acto, prevista en los artículos 122 y 124 de la citada ley, no exige mayores requisitos para decretarla, ya que únicamente contemplan que el acto sea considerado urgente, y que la misma sea solicitada por el interno o se advierta de oficio por el juzgador, para que éste se pronuncie y mantenga su vigencia hasta el momento en que resuelva. No obstante lo anterior, del análisis de la demanda de amparo se desprende que el quejoso acudió directamente a promover la presente instancia constitucional sin que previamente haya interpuesto algún medio de impugnación de los previstos en la Ley Nacional de Ejecución en contra del traslado reclamado. De lo que se sigue que si el quejoso acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, a diverso Centro de reclusión; y su ejecución, atribuido a autoridades administrativas, pero no agotó la controversia judicial ante el Juez de Ejecución Penal, que de conformidad con el artículo 52 en relación con los numerales 116, fracción IV, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, constituye el medio de defensa judicializado, eficaz e idóneo para analizar la legalidad del traslado reclamado a autoridades administrativas, es evidente que el acto aquí reclamado no es definitivo. En consecuencia, al no haberse agotado la controversia judicial ante el Juez de Ejecución Penal contra el citado acto reclamado, es inconcuso que se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conlleva que se actualice la causal de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por tal motivo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Aunado a que el traslado del quejoso a diverso centro de reclusión, no se encuentra en ninguna de las causas de excepción al principio de definitividad, como sería si se tratase de un acto que atenta contra la libertad personal fuera de procedimiento -dado que el procedimiento del traslado se encuentra previsto y regulado en el capítulo V de la Ley Nacional de Ejecución Penal-; que el peticionario de derechos acuda como persona extraña al juicio, como lo dispone la fracción VII, del ordinal 107 constitucional; y en los casos previstos en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que esa medida no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la ley fundamental, específicamente, penas de mutilación e infamia, azotes, marcas, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. De igual forma, es aplicable al caso concreto la Jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), con registro 2023736, emitida a por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II , página 1513, que establece: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. HECHOS: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario este será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. CRITERIO JURÍDICO: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. JUSTIFICACIÓN: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el juez de control o de ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el juez de control o de ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." Lo anterior es acorde, con la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del tenor: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Por tanto, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. No se soslaya que en cuanto al derecho humano relativo al acceso a la justicia y efectividad de los recursos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estableció que el derecho de que se habla no se agota con la simple existencia de tribunales así como de procedimientos ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que dichos recursos judiciales tengan efectividad, esto es, brinden a los justiciables la posibilidad real de interponerlos. Empero, tampoco pasa inadvertido para este Juzgado que inclusive la Corte Interamericana estableció que la existencia y aplicación de presupuestos de admisibilidad de los recursos, resultaba compatible con la propia Convención Americana y que sólo al satisfacerse dichos requisitos, entonces el órgano jurisdiccional ya se encontraba obligado a evaluar las pretensiones hechas valer. Aunado a lo anterior, cabe precisar que el derecho a un recurso efectivo, no implica que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto sin que previamente verifique el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad previstos en las leyes nacionales para su interposición, pues las formalidades procesales son la vía posible para arribar a una adecuada resolución y por ende es indispensable cumplirlas. Sustenta lo aducido, la tesis 1a. LXXXIV/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XVIII, marzo de 2013, tomo 1, página 890, que dispone: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Así como la tesis VII.2o.C.14 C (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito que es compartida por este órgano jurisdiccional, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XII, septiembre de 2012, tomo 3, página 1495, de rubro y texto siguientes: ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que el acceso a la justicia no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales." Y también la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito que también se comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XVII, febrero de 2013, tomo 2, página 1241, que señala: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES. El principio pro homine y el control de convencionalidad se encuentran tutelados por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la entrada en vigor de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. El principio pro homine es aplicable en dos vertientes, a saber, el de preferencia de normas y de preferencia interpretativa, ello implica que el juzgador deberá privilegiar la norma y la interpretación que favorezca en mayor medida la protección de las personas. Por su parte, el "control de convencionalidad" dispone la obligación de los juzgadores de interpretar las normas relativas a los derechos humanos, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo la protección más amplia a las personas. Sin embargo, su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, pues para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, el Estado puede y debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no pueden ser superados, por regla general, con la mera invocación de estos principios rectores de aplicación e interpretación de normas." De lo anterior se colige que, la existencia de causales de admisibilidad en algún recurso o medio ordinario de defensa, no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia y a un recurso efectivo a que aluden los preceptos 17 constitucional y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ya que dichos presupuestos permiten generar seguridad jurídica a los gobernados y una vez satisfechos, el órgano competente está obligado a abordar el análisis de sus pretensiones y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, protegiendo sus derechos humanos y remediando su violación en caso de que así se demostrara. Sin que tampoco sea la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que sea desfavorable a la pretensión del promovente, dado que ya se explicaron los motivos del por qué no procede el juicio de amparo, aunado a que se expuso cuáles son los medios de defensa ordinarios que tiene a su alcance. En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia número VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, julio de dos mil seis, página 921, cuyos rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." En tales condiciones, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por Christopher Armando Ramírez Cruz, contra actos del Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y otras autoridades. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda. Fijación del acto reclamado. Se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia lo constituye: La orden de traslado. Incidente de suspensión. Con fundamento en el numeral 128 de la Ley de Amparo, fórmese el incidente de suspensión por lo que respecta a las autoridades jurisdiccionales que refiere el quejoso en su escrito de demanda, las cuales son: Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, con jurisdicción territorial en toda la República Mexicana, Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, con jurisdicción territorial en toda La República Mexicana, Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, con jurisdicción territorial en toda la República Mexicana, Juez Cuarto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, con jurisdicción territorial en toda la República Mexicana, Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, con jurisdicción territorial en toda la República Mexicana, Director del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Almoloya, Director de Seguridad y Operaciones de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México y el Jefe de Vigilancia del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Almoloya. Intervención al agente del ministerio público adscrito. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde y, en atención a la fracción III, del artículo 26 de la ley de la materia, notifíquese por medio de lista de publicación que se fija, para los fines legales a que haya lugar. Señalamiento de la audiencia. Se fijan las diez horas con cuarenta minutos del nueve de enero de dos mil veinticuatro, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento De Informe Justificado. Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 236, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Requerimiento especial. Sin perjuicio de lo anterior, se requiere a la responsable, para que en un plazo de tres días, contado a partir del momento en que se haya notificado este proveído, informe a este Juzgado si dentro del juicio de origen se ha promovido amparo indirecto con anterioridad al presente, de ser el caso, proporcionen el número de expediente del último juicio y la denominación del órgano de control constitucional que conoció del mismo; lo anterior, a fin de determinar qué Juzgado de Distrito debe conocer del asunto, conforme lo establece el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En el entendido que las autoridades responsables deberán privilegiar de ser posible el uso de los medios electrónicos y tecnológicos para el envío de su informe justificado así como de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye, al correo oficial 2jdo2ctoac@correo.cjf.gob.mx o en su caso a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Causas De Improcedencia. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a las responsables para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento, lo haga saber así a este juzgado, apercibida que en caso de ser omisas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización. Autoridades Inexistentes. En diverso aspecto, se previene a la agraviada para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda, no existan, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se tendrá como inexistente y por ende no se le dirigirá comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Notificación De Autoridades Responsables. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." se hace del conocimiento de las responsables que las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales, se harán por oficio el cual podrá enviarse mediante correo electrónico, fax o cualquier otra vía que determine el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a fin de privilegiar el trabajo a distancia, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se publica en el sitio oficial de la página del Consejo de la Judicatura Federal. Defensor Público Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", a fin de preservar el derecho a la asistencia de un abogado en una condición de efectividad en el juicio de amparo, porque permite que el quejoso pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; por tanto, con copia de la demanda de amparo remítase oficio al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de México, para que en el plazo establecido en el numeral 297, fracción II de la legislación procesal civil citada; es decir, tres días computados legalmente, en auxilio de la Justicia Federal, proponga una persona que funja con tal carácter; en el entendido que la aceptación y protesta del cargo del defensor que se designe podrá ser mediante escrito dirigido a éste órgano jurisdiccional al que se anexe el original o copia certificada del documento que lo acredite como tal. Se apercibe al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de México que de ser omiso o no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en relación con lo establecido en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se le informa que la naturaleza jurídica sobre la que versa el presente asunto es en materia penal; ello a fin de que este en aptitud de designar defensor público. Sirve de apoyo a la presente determinación, la tesis de jurisprudencia 43/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, cuyo rubro y texto son: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Domicilio. De conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones solo las de carácter personal, en el lugar en donde se encuentra recluido, ello hasta en tanto se tenga por aceptado y protestado el cargo del defensor que para el caso se designe. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Coincidencia del expediente físico con el electrónico. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en los diversos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al Secretario a cargo de este expediente para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, sin que pueda archivarse definitivamente el presente expediente sin cumplir con esta formalidad. Recepción de oficios. Se tiene por recibido los oficios suscrito por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México y el Director de Seguridad y Operaciones de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México, a través del cual rinden informe de cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano otorgado al quejoso. Vista con informe. Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de la materia, dese vista al quejoso con los informes de cuenta, para que manifieste lo que a su interés convenga. Notifíquese. Así lo acordó y firma Diana Abraján Peña, Jueza Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro que autoriza, firma y da fe.

  4. Incidental

    ... Audiencia Incidental. Se fijan las nueve horas con treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia lo constituye: La orden de traslado del quejoso Christopher Armando Ramírez Cruz del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, a diverso Centro Penitenciario de la República Mexicana, y/o su convalidación, así como su ejecución. Procedencia de la suspensión. Ahora, antes de entrar al estudio de la procedencia de la suspensión del acto reclamado, es necesario señalar que los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 131 y 139 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgado debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario del amparo debe reunir para que sea procedente la suspensión del acto reclamado, los cuales son: - La naturaleza de la violación alegada; - La dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el quejoso con su ejecución; - Los que la suspensión origine a los terceros interesados; - Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y - Que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el impetrante del amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. Así, al interpretar la fracción I del numeral 128 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el juzgado de Distrito, sólo puede pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, siempre y cuando la parte agraviada precise cuál es el acto y los efectos que pretende se paralicen. Se estima aplicable la jurisprudencia publicada con el número P./J. 4/2019 (10a.), en la página 14, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Número de Registro 2019200, cuyo rubro y texto es: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." CONCESIÓN DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en el artículo 128 y 131 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que dichos juzgadores verifiquen que las autoridades penitenciarias que tiene a disposición al quejoso, no lo trasladen a diverso centro de donde se encuentra actualmente; con motivo de la orden de traslado dada por el Juez de Distrito. La suspensión aquí otorgada no surte efectos si previo a la presente determinación está acreditado, y atendiendo en lo conducente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que el traslado tiene origen en: 1. Una inicial solicitud voluntaria de traslado por parte del quejoso; 2. Exigencias procesales, como puede ser el hecho de que exista sentencia firme que la avale, o que la orden provenga de autoridad jurisdiccional, o bien, en los supuestos motivados por las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso; 3. Riesgo objetivo de la salud o la integridad del recluso quejoso; 4. Peligro para los internos; 5. Seguridad del propio quejoso; 6. Seguridad o gobernabilidad del Centro Carcelario; y, 7. Tratándose de Delincuencia Organizada y por medidas especiales de seguridad. Pero además, la suspensión concedida por lo que hace al traslado tampoco surtirá efectos respecto de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridades diversas a las señaladas como responsables o si el acto reclamado es materia de otro juicio de amparo en el que se haya concedido la suspensión de los actos que ahora impugna; o bien, si dicha medida obedece a cuestiones de seguridad del centro penitenciario en que se encuentra recluido el quejoso o son tendentes a salvaguardar su integridad o, la de la demás población penitenciaria. Autoridades Inexistentes. En diverso aspecto, se previene a la agraviada para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda, no existan, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se tendrá como inexistente y por ende no se le dirigirá comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Notificación De Autoridades Responsables. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." se hace del conocimiento de las responsables que las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales, se harán por oficio el cual podrá enviarse mediante correo electrónico, fax o cualquier otra vía que determine el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a fin de privilegiar el trabajo a distancia, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se publica en el sitio oficial de la página del Consejo de la Judicatura Federal. Domicilio. De conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones solo las de carácter personal, en el lugar en donde se encuentra recluido, ello hasta en tanto se tenga por aceptado y protestado el cargo defensor que para el caso se designe. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. ...

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano