Christopher Antonio Escalona Oropesa
Expediente 1416/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1416/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Christopher Antonio Escalona Oropesa
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por medio del cual, inserta el auto de treinta de octubre del año en curso, del que se advierte que la titular de dicho órgano jurisdiccional, aceptó el conocimiento previo planteado por este juzgado y remitió el oficio 25713/2023 y el juicio de amparo 804/2023 del índice de este Juzgado a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito, con sede en esta ciudad, para que los registre, le genere la papeleta respectiva y lo turne a dicho órgano jurisdiccional. ARCHIVO. Ahora bien, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que existen billetes de depósito, resguardados en el seguro de este Juzgado, se reserva ordenar el archivo del presente asunto, hasta en tanto el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, informe el número de juicio de amparo que le tocó conocer por razón de turno, el sumario que se atiende. En consecuencia, solicítese a la titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas con sede en esta ciudad, que, de no existir impedimento legal alguno, se sirva informar el número con que se registre el juicio de amparo que motivó el cuaderno de antecedentes en que se actúa; lo anterior es así, a efecto de remitir debidamente requisitados los billetes de depósito referidos en la certificación secretarial de cuenta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de la Secretaria que autoriza, Jair José Luis Mejía Corona, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, decima época, página 18, con registro electrónico 2007918, del rubro y texto siguientes: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Ahora bien, de autos se aprecia que en proveído de cuatro de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio 1332, signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el que remitió la ejecutoria de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revisión 488/2022, del índice del citado Tribunal Colegiado, el cual resolvió en los siguientes términos: PRIMERO: Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO: La Justicia de la Unión ampara y protege de forma lisa y llana a ***, contra los actos que reclamó del Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, Tamaulipas; Secretario de la Defensa Nacional y Secretario de Marina y Armada de México, ambos con sede en la Ciudad de México; y, Director de Control de Procesos de la Procuraduría General del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, consistentes en ****, dictada en el expediente penal ***; así como su ejecución." De igual manera, al conceder el amparo a la parte quejosa, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fijó sus efectos de la siguiente forma: "1.- Deje insubsistente la *** reclamada de *** de dos mil veintiuno, dictada en contra del quejoso, en el expediente penal ***, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en **, Tamaulipas; 2.- En su lugar, emita otro, en el que reitere las consideraciones que no fueron materia de estudio relativas al aspecto del cuerpo del delito; y, 3.- En acatamiento a los lineamientos de esta ejecutoria, niegue la ***, en razón de que con las pruebas que obran en autos y que analizó la autoridad responsable no se justifica la probable responsabilidad del quejoso ***, en la comisión del delito de ***, ***; cometido en agravio de ***, así como de sesenta y un personas mas no identificadas; ello, únicamente respecto a lo que la causa penal de origen y este asunto se refiere; con la precisión de que ello no impedirá para que el fiscal pueda seguir investigando y que en su caso, con nuevos datos de prueba proceda en contra del quejoso, como ha quedado establecido. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama del Secretario de la Defensa Nacional y Secretario de Marina y Armada de México, ambos con sede en la Ciudad de México y Director de Control de Procesos de la Procuraduría General del Estado de Tamaulipas con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas; toda vez que el quejoso impugnó la inconstitucionalidad de dicho acto, exclusivamente en vía de consecuencia; es decir, lo hizo depender de la orden de aprehensión emitida por la autoridad responsable ordenadora; por tanto, si entre dicho acto y su ejecución existe un vínculo jurídico causal que hace lógico concluir que la ejecución corra, por derivación necesaria, la misma suerte de aquella, entonces lo procedente es hacer extensiva la concesión del amparo en cuanto a las ejecutoras (.)." Es decir, el Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, Tamaulipas, debería dejar insubsistente la orden de aprehensión reclamada de veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, dictada en contra del quejoso, en el expediente penal ***, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, Tamaulipas; en su lugar, emitiría otra, en la que reiteraría las consideraciones que no fueron materia de estudio relativas al aspecto del cuerpo del delito; asimismo, negaría la ***, en razón de que con las pruebas que obran en autos y que analizó la autoridad responsable no se justificó la probable responsabilidad del quejoso ***, en la comisión del delito de **, previsto en los artículos 329, en relación con los ordinales 341, 342, fracción II, 343 y 344 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas y sancionado por el numeral 337 del cuerpo normativo en cita; cometido en agravio de ***, así como de sesenta y un personas mas no identificadas; ello, únicamente respecto a lo que la causa penal de origen y este asunto se refiere; con la precisión de que ello no impediría que el fiscal pudiera seguir investigando y que en su caso, con nuevos datos de prueba procediera en contra del quejoso. Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución que se reclamó del Secretario de la Defensa Nacional y Secretario de Marina y Armada de México, ambos con sede en la Ciudad de México y Director de Control de Procesos de la Procuraduría General del Estado de Tamaulipas con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En atención a ello, mediante acuerdo de cuatro de julio de la presente anualidad (fojas 979-984), este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requirió el cumplimiento al Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, Tamaulipas. Así, previos requerimientos y en acatamiento a la ejecutoria de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revisión 488/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 1135-1139), se tuvieron por recibidos los oficios 629/2023, 473/2023, y 472/2023, suscritos por el Juez de Primera Instancia Mixto del Decimoprimer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en San Fernando, con los que en esencia comunicó que dejó sin efectos la *** de *** de dos mil veintiuno, única y exclusivamente por lo que respecta al quejoso ***, alias **, por aparecer como presunto responsable en la comisión del delito de ***, con las agravantes de premeditación, ventaja y alevosía, cometido en agravio de quien en vida llevara por nombre ***, dentro de la causa penal **, de su índice. Asimismo, con plenitud de jurisdicción, el *** del año que transcurre, negó la orden de *** a favor del citado quejoso. En consecuencia, lo acreditado permite concluir que la autoridad responsable ha cumplido con el aspecto fundamental del fallo constitucional, toda vez que de las constancias que allegó el Juez responsable, se advierte que dejó sin efectos la *** y ** de dos mil veintiuno, única y exclusivamente por lo que respecta al quejoso ***; asimismo, con plenitud de jurisdicción, el catorce de julio del año que transcurre, negó la *** a favor del citado quejoso, consideraciones por las cuales debe tenerse por cumplida la ejecutoria. Sirve de apoyo a lo antes considerado por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 128/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 539, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia Común, localizable en la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 171749, que señala: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA SENTENCIA EN AMPARO DIRECTO. DEBEN DECLARARSE INOPERANTES LOS AGRAVIOS ENCAMINADOS A DEMOSTRAR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. Cuando se otorga el amparo para efectos en contra de una sentencia o laudo, por irregularidades procesales o formales, o bien cuando habiéndose estudiado el fondo del asunto se hayan definido todas las cuestiones debatidas, el cumplimiento del fallo protector consiste, en esencia, en dejar sin efecto la resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra que atienda a la sentencia de la Justicia Federal. De esta manera, si acorde con lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se limita a examinar si es correcta o no la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora, resulta evidente que los agravios en los que se aduzca que la nueva resolución jurisdiccional no cumple con exactitud lo ordenado en la sentencia de amparo deben declararse inoperantes, pues en todo caso ello constituye un cumplimiento defectuoso o con exceso, que debe combatirse a través del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracciones IV y IX, de la Ley de Amparo." En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 301, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 165807, que dice: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Así como, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 192174, de título: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Debe decirse que los criterios que se citan, y que interpreta la Ley de Amparo, abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente. En ese tenor, se hace de su conocimiento que queda expedito su derecho para hacer valer el recurso correspondiente, toda vez que en párrafos que anteceden se proveyó lo conducente en relación al cumplimiento de la sentencia amparadora. Ahora bien, tomando en consideración que el impetrante ***, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 04, con residencia en Tepic, Nayarit; con fundamento en los artículos 17 de la Constitución General de la República, 298, 300 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se ordena girar atento exhorto vía juicio en línea al Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva comisionar a quien corresponda, se constituya al citado centro penitenciario y notifique personalmente al referido quejoso el contenido íntegro de este acuerdo. Indíquese al juez exhortado que no es necesario el acuse de recibo de la comunicación oficial que se le remite, toda vez que es generado por el sistema citado. De igual forma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de la diligencia encomendada. Hecho que sea lo anterior, se solicita al juez exhortado devuelva la comunicación oficial por la vía electrónica a la brevedad posible, con las constancias relativas a su diligenciación. En ese contexto, y en atención a lo ordenado en párrafos que anteceden, se ordena crear el número de comunicación correspondiente y registrarla en el Libro de Control Electrónico designado para tal efecto para su diligenciación. Notifíquese; por exhorto al quejoso en el lugar de su reclusión; por medio de lista a los terceros interesados; y mediante oficio al tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en San Fernando.
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