Christopher Alejandro Ortega Valtierra

Expediente 595/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
595/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Christopher Alejandro Ortega Valtierra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal del juicio en que se actúa, se advierte que se encuentra concluido y obran agregadas las constancias de notificación; por tanto, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es depurable en términos del artículo 18, fracción l, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; lo anterior, en atención a que se concedió la protección constitucional en este juicio de amparo. Es depurable el original del incidente de suspensión, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue negada y concedida. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además, este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional se pronuncia respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, con base en los elementos que obran en el expediente y como dicha determinación es de carácter oficioso, de conformidad con lo establecido por el numeral 196 de la Ley de Amparo, procédase a su estudio. Mediante sentencia del quince de agosto de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Christopher Alejandro Ortega Valtierra, para que el efecto de que: "1.Deje insubsistente la audiencia inicial del veintidós de abril de dos mil veintidós, así como la audiencia de prórroga de plazo constitucional y vinculación a proceso del veintiséis de abril dos mil veintidós, contenidos en la carpeta administrativa 467/2022. 2. Hecho lo anterior, señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del momento de individualizarse las partes, se cerciore que quien asiste como defensor, o defensores, al quejoso sea licenciado en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que haga la declaración del número que se le otorgó en el centro de registro y el correspondiente a su cédula profesional; así como, con el cuestionamiento que el juez responsable haga al encargado de sala, si verificó que los datos proporcionados por el defensor corresponde con la cédula profesional que detenta. 3. Después que se cerciore que el imputado cuenta con una defensa técnica adecuada, deberá pronunciarse nuevamente sobre la vinculación a proceso del justiciable. 4. En el supuesto que las personas que asistieron al imputado como defensores no acrediten ser licenciados en derecho por no contar con cédula profesional, deberá dejar insubsistente el procedimiento, para que, en el caso de no contar con un defensor particular el imputado en la audiencia, designe al defensor público de oficio, de quien se deberá corroborar la calidad de licenciado en derecho, en los términos apuntados. Debiendo dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia inicial, donde resolverá con libertad de jurisdicción cada debate planteado por las partes. En el entendido que, al momento de efectuarse la indicada audiencia, el juez de control deberá tomar en cuenta los requisitos para formular imputación prevista en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También deberá observar lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 120/2017 (10a.), en lo que respecta al momento en que debe solicitarse la vinculación a proceso, a saber, después de formulada la imputación y de que el imputado tenga oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que éste decida acogerse o no al plazo establecido en el artículo 19 Constitucional, para que se resuelva su situación jurídica. Sin que con la reposición ordenada se permita al Agente del Ministerio Público modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación, en observancia a los principios de "non reformatio in peius" y de igualdad entre las partes. . 5. Deberá designarse a un juez de control distinto al que conoció de la audiencia inicial de formulación de imputación y dictó el auto de vinculación a proceso originalmente, el cual deberá conducir la audiencia inicial hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa de los imputados. .". En proveído del uno de septiembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector. Mediante oficios recibidos en este Juzgado Federal el doce de septiembre del año en curso, enviados por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, dio cumplimiento a lo solicitado, dado que: Dejó insubsistente la audiencia inicial contenida en la carpeta administrativa 467/2022, señaló fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del momento de individualización de las partes, se cercioró que quien asistió como defensor al quejoso es licenciado en derecho, y que cuenta con una defensa adecuada. Asimismo, informó que el ocho de septiembre del presente año dictó auto de vinculación a proceso en contra de Christopher Alejandro Ortega Valtierra, por el hecho delictuoso de robo con las modificativas agravantes de haber racaído en un vehículo automotor y haberse utilizado en su ejecución la violencia, para lo cual remitió las constancias correspondientes. Documentales que gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o. Probanzas con las que se dio vista a las partes, sin que realizaran manifestación al respecto. Así las cosas, es evidente que ya se acató puntualmente el fallo protector, por lo que en términos del artículo 196 de la ley de la materia se tiene por cumplido. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de septiembre de dos mil veintidós. Téngase al Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, acusando recibo de las constancias devueltas mediante oficio 19946/2022 e informando y remitiendo una constancia en vía de cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, dése vista a las partes para que en el término de tres días expresen lo que a su derecho convenga. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    VI. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las ocho horas con cuarenta y seis minutos del quince de agosto de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 595/2022-VI, promovido por **********, por derecho propio, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta al Juez con las pruebas ofrecidas por las partes. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que no fueron formulados. Sin diligencias pendientes por practicar, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 595/2022-VI; y, R E S U L T A N D O I. **********, solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México y otra autoridad, mismo que fue turnado a este Juzgado de Distrito. II. En proveído del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 595/2022-VI; se requirió el informe justificado a las responsables, dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional y se emplazó como tercero interesada a **********. III. En auto del veintidós de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite el escrito de ampliación de demanda, por lo que se requirió al juez responsable su informe justificado. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 48 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues en el caso el acto reclamado fue ejecutado y se atribuye a una autoridad que tienen su residencia en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en la demanda de amparo, se hacen consistir en: - El auto de vinculación a proceso del veintiséis de abril de dos mil veintidós, en la carpeta administrativa ********** y su ejecución. TERCERO. La Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, México y el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, al rendir sus informes justificados, aceptaron los actos reclamados. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitieron en apoyo a sus informes justificados. CUARTO. Al no existir causal de improcedencia hecha valer por las partes o que se advierta de oficio, procede el estudio de fondo del asunto. El quejoso formuló sus conceptos de violación contenidos en la demanda, cuya transcripción se estima innecesaria para su estudio, máxime que no existe disposición legal que obligue a actuar en ese sentido, lo cual no implica, en modo alguno, desatender los principios de congruencia y exhaustividad que rigen el dictado de toda sentencia. Determinación que encuentra apoyo, en la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, mayo de 2010, registro 164618, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero "Reglas generales", del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, aunque para considerarlos así, sea necesario suplir la deficiencia de la queja, con apoyo en lo dispuesto en el ordinal 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto de carácter penal, en el que el directo agraviado tiene la calidad de imputado en el expediente de origen. Lo anterior es así, ya que existe una violación procesal manifiesta que trasciende a los actos llevados dentro de la carpeta administrativa **********, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, misma que tiene vinculación directa con el derecho a una defensa adecuada que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a favor del ahora quejoso, al desahogarse las audiencias inicial de formulación de imputación y de ampliación de término constitucional, consistente en no haber verificado que quien asistió al imputado en las citadas audiencias, tenía la calidad de licenciado en derecho, ya que el Juez de Control tenía la obligación de corroborar con el personal encargado, que dichos datos se encontraran debidamente registrados ante la administración del centro de justicia correspondiente y que coincidieran con los señalados por el profesionista designado y cuyo registro se hubiera verificado en forma previa a las citadas audiencias, lo cual invariablemente deberá quedar registrado en el audio y video de la misma. En efecto, el artículo 20, Apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y (.).". De igual forma, los artículos 17, 54, 113, 116, 154, 211, 307 y 313, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen lo siguiente: "Artículo 17. Derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, no obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su Defensor o a través de éste. El Defensor deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional. Se entenderá por una defensa técnica, la que debe realizar el Defensor particular que el imputado elija libremente o el Defensor público que le corresponda, para que le asista desde su detención y a lo largo de todo el procedimiento, sin perjuicio de los actos de defensa material que el propio imputado pueda llevar a cabo. (.) Corresponde al Órgano jurisdiccional velar sin preferencias ni desigualdades por la defensa adecuada y técnica del imputado.". "Artículo 54. Identificación de declarantes Previo a cualquier audiencia, se llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a declarar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio. Dicho registro lo llevará a cabo el personal auxiliar de la sala, dejando constancia de la manifestación expresa de la voluntad del declarante de hacer públicos, o no, sus datos personales.". "Artículo 113. Derechos del imputado. El imputado tendrá los siguientes derechos (.) XI. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de éste, por el Defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad; (.).". "Artículo 116. Acreditación Los Defensores designados deberán acreditar su profesión ante el Órgano jurisdiccional desde el inicio de su intervención en el procedimiento, mediante cédula profesional legalmente expedida por la autoridad competente.". "Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá´ imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Publico o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá´ resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas.". "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, y b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; (.) El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme.". "Artículo 307. Audiencia inicial. En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. (.). ". "Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá´ al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá´ solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió´ o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá´ la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá´ la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó´ su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá´ señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá´ celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció´ a la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de control deberá´ informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la presión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá´ llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá´ poner al imputado en libertad.". De los numerales transcritos, se advierte, en lo que aquí interesa, que es un derecho fundamental e irrenunciable de todo imputado, ser asistido en las etapas que conforman el procedimiento penal, por un defensor que designe libremente, así como que éste debe ser licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional. El juez de control, al celebrar la audiencia inicial (con la cual se da inicio al proceso), en donde entre otras cosas, la representación social formulará la imputación, en el supuesto de que el imputado se acoja al término constitucional, el juez podrá´ imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido y se resolverá sobre la vinculación o no a proceso del imputado, en la audiencia inicial o en la de ampliación del término a que se refiere el artículo 19 Constitucional según lo solicite la parte imputada; en dichas audiencias, deberá cerciorarse que el defensor cuenta con cédula profesional legalmente expedida por la autoridad competente, la cual, a su vez, tendrá que ser exhibida previamente a la diligencia por el profesionista ante el personal auxiliar de sala, dejándose registro o constancia auténtica, esto es, documento certificado por la autoridad autorizada para tal efecto, en el órgano jurisdiccional. Luego, el juez de control será el encargado de velar por lo anterior, a fin de asegurar al imputado el goce de una defensa adecuada durante el procedimiento, para lo cual, una vez que se individualicen las partes y el defensor mencione su número de cédula profesional y de registro ante dicha sala, el juez corroborará con el personal auxiliar de la sala, que dichos números de registro coincidan con los registrados en forma previa ante la administración del centro de justicia, dejando constancia de lo anterior en la videograbación respectiva. Respecto al tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 1a./J.69/2019, con registro 2020892, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Materia(s): Penal, página: 959, del rubro y texto siguiente: "DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el derecho a una defensa técnica es respetado cuando el imputado es asistido por abogado titulado en cada una de las etapas que comprenden el procedimiento penal. En ese sentido, de conformidad con el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es obligación del defensor acreditar ante el órgano jurisdiccional su calidad de licenciado en derecho, con la exhibición de la cédula profesional de licenciado en derecho expedida por la autoridad legalmente competente; documento que debe registrar previamente al desahogo de la audiencia inicial, lo cual puede realizar de dos formas: a) en el centro de registro de cédulas profesionales correspondiente; o, b) ante el funcionario que según la ley tenga la obligación, previo al inicio de la audiencia, de recabar la información respectiva, lo que dará oportunidad al Juez de Control de corroborar la calidad de licenciado en derecho del defensor, lo que se logra con la sola referencia que éste realiza al individualizarse, refiriendo su número de cédula y registro, cuestionando al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, según lo denomine la correspondiente legislación aplicable a cada caso concreto, sobre si esos datos fueron cotejados con las respectivas identificaciones exhibidas momentos previos a la celebración de la audiencia, destacando desde luego entre dichos datos, el número de cédula que corresponde a los licenciados en derecho que comparezcan con la calidad de defensores del imputado, a efecto de que quede constancia en la videograbación de este hecho, ello en virtud de que es la primera diligencia en el proceso en la cual participa directamente el imputado.". El criterio jurisprudencial precitado, en términos de lo dispuesto por el artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es obligatorio, entre otros, para este juzgado de distrito y los tribunales judiciales del orden común de los Estados, ámbito, este último, al que pertenece la autoridad responsable. En la ejecutoria de la cual derivó la jurisprudencia que antecede, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó lo siguiente: ( Que en los artículos 17 y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se reconoce expresamente el derecho fundamental a una defensa adecuada y técnica, la cual será proporcionada a través de un defensor que elija libremente el imputado; dicha asistencia jurídica se debe garantizar en todas las etapas del procedimiento. Asimismo, se establece que es necesario que el defensor sea licenciado titulado en derecho, con cédula profesional. ( Que el juez deberá verificar que el defensor esté presente en todas las audiencias, y en caso de que el imputado no cuente con un defensor le tendrá que asignar uno público. Asimismo, el juez tiene la facultad de prevenir al imputado para sustituir su defensa en los casos en que advierta que el defensor manifiesta una incapacidad técnica para cumplir el cargo. ( Que una diligencia primordial en el nuevo procedimiento penal es la relativa a la audiencia inicial llevada ante el juez de control, que comprende los siguientes actos jurídicos: informe al imputado de los derechos constitucionales y legales que le asisten; en su caso, el análisis del control de legalidad de la detención; la formulación de la imputación por parte del Ministerio Público; la oportunidad del imputado de declarar para contestar lo que se le atribuye; la resolución de la solicitud de vinculación a proceso; la resolución, en su caso, de las medidas cautelares solicitadas por la representación social, o que proceda imponer de oficio, y la definición del plazo para el cierre de la investigación. ( Que en dicha audiencia, el juez de control tiene la obligación de verificar previamente la asistencia del Ministerio Público, del imputado y su defensor, en caso de que alguno no se encuentre presente, la audiencia no se podrá celebrar. En el caso de la víctima u ofendido o su asesor jurídico, podrán asistir si lo desean, pero su presencia no es necesaria a efecto de la validación de la audiencia. ( Que el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, expresamente establece que la calidad de defensor se debe acreditar directamente ante el órgano jurisdiccional desde el inicio del procedimiento. ( Que un elemento que debe atenderse, es la circunstancia de que en los tribunales de justicia locales, se cuenta con un Registro Electrónico de Cédulas Profesionales, al que los abogados deben acudir a efecto de inscribirse y obtener un número de registro en dicho sistema, para esto deben cumplir con cierta normatividad y exhibir determinada documentación, la cual puede variar según la entidad, pero en general coinciden en exigir la presentación de la cédula profesional, una identificación oficial y comprobante de domicilio; con esto se genera la información suficiente, que permite al personal a cargo de dicho registro, verificar ante la Dirección General de Profesiones la autenticidad de la cédula profesional y la identidad de su representante. ( Que no pasa inadvertida la incorporación de los centros de justicia penal, cuya integración está conformada por dos vertientes, una jurisdiccional integrada por los jueces de control, tribunales de enjuiciamiento, tribunales de alzada y jueces de ejecución; y otra administrativa, representada por el administrador del centro y el demás personal administrativo. ( Que respecto de la vertiente administrativa del centro, tiene el objetivo de auxiliar en las funciones no jurisdiccionales, entre las que se destacan: la atención al público; acreditación de periodistas y medios de comunicación; recepción, registro y turno de asuntos y correspondencia; gestión óptima de audiencias; traslado y presentación de personas cuando se requieran medidas de seguridad especiales; apoyo en el mantenimiento y supervisión de los sistemas informáticos, entre otras. ( Que a partir de lo anterior, se advierte que el área administrativa puede llevar el control y registro de los diversos intervinientes en los procedimientos penales que se están realizando dentro del centro de justicia penal, esos registros no eximen al defensor de la obligación de proporcionar los datos respectivos al momento de la individualización de las partes directamente ante el órgano jurisdiccional correspondiente al inicio de su intervención en el procedimiento respectivo. ( Que el juez de control al llevar a cabo la individualización de las partes intervinientes en la audiencia inicial, deberá recabar los datos generales que las partes declaren, y después de obtenerlos cuestionará al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, según lo denomine la correspondiente ley orgánica aplicable a cada caso concreto, sobre si esos datos fueron cotejados con las respectivas identificaciones exhibidas momentos previos a la realización de la audiencia, destacando desde luego entre dichos datos, el número de cédula que corresponde al o los licenciados en derecho que comparezcan con la calidad de defensores del imputado. ( Que en este punto, el asistente de constancias y registros del juzgado de control ya habrá recabado copia del documento que acredite tal calidad. La anterior metodología solventa lo ordenado por el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto de la acreditación ante el órgano jurisdiccional de la calidad de licenciado en derecho de la defensa. Con ello, por regla general resultará innecesario que, durante el desarrollo de la audiencia, el juez constate de manera personal y fehaciente tal situación, pues ello quedó acreditado ante el órgano jurisdiccional. ( Que la copia que obre en la carpeta de la cédula profesional con la cual se identifica el defensor, es un dato más que constará en los registros de la causa penal y que constituye copia auténtica, ello en virtud de que la misma estará certificada por el órgano jurisdiccional. ( Que este cercioramiento previo por parte del asistente judicial mencionado, adquiere mayor relevancia, porque no se soslaya que según lo dispone el artículo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, el nuevo formato de las cédulas profesionales, carece de fotografía y como distintivo de autenticidad únicamente cuenta con un sello digital, circunstancia que por sí misma conlleva a que si el juez de control desea cerciorarse de la identidad de quien presenta dicha cédula, deba realizar investigaciones previas que dificultarían la continuidad de la audiencia de manera innecesaria, provocando el quebranto de la agilidad en su celebración. ( Que lo único que deberá hacerse constar en la videograbación de la audiencia inicial será la manifestación del defensor de ser licenciado en derecho y la declaración del número que se le otorgó en el centro de registro y el correspondiente a su cédula profesional, con la que se identifica. Lo anterior, a efecto de que quede constancia que permita verificar el respeto al derecho fundamental del imputado de contar con una defensa técnica adecuada, y los datos necesarios para que, si alguna de las partes considera necesario objetar la calidad del defensor, se encuentre en condiciones de debatirlo. ( Que si durante el desarrollo de la audiencia inicial, o en la celebración de posteriores, el imputado decide libremente cambiar de defensor; quien en su lugar sea designado deberá exhibir la cédula profesional que lo acredite como licenciado en derecho, lo cual igualmente deberá constar en el registro del expediente penal, en los términos aludidos. ( Que atento al derecho a una adecuada defensa, constituye una obligación del defensor del imputado acreditar su calidad de licenciado en derecho, lo que se logra con la exhibición de su cédula profesional tal como lo exige el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, expedida por la autoridad legalmente competente, lo cual puede realizar de dos formas: a) acudiendo al centro de registro de cédulas profesionales correspondiente o, b) ante el asistente de constancias y registros del juzgado de control, quien -previo al inicio de la audiencia- recabará la información respectiva, lo que dará oportunidad al juez de control de corroborar la calidad de licenciado en derecho del defensor, lo cual se logra cuando este último, al momento de individualizarse, refiere su número de cédula, a efecto de que quede constancia en la videograbación de este hecho, ello en virtud de que es la primera diligencia en el proceso en la cual participa directamente el imputado. ( Asimismo, que se estima que el documento idóneo para acreditarse como licenciado en derecho es la cédula profesional, en virtud de que como ya se dijo, la calidad de abogado no debe aceptar ningún tipo de presunción, ni siquiera el pre-registro que el abogado haya efectuado en el área administrativa del centro de justicia penal, pues éste no lo exime de presentar dicho documento en la audiencia respectiva. La metodología señalada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 69/2019, puede resumirse en los siguientes pasos: Previo a la audiencia: El auxiliar de sala cotejará los datos de la cédula profesional de la persona que se ostente como defensor del imputado en los registros correspondientes, para verificar que éstos coinciden con los del compareciente y que éste sí tiene la calidad de licenciado en Derecho. El auxiliar de sala recabará copia auténtica de la cédula profesional del abogado defensor y agregará dicha constancia, a fin de que obre como registro en la causa penal. En audiencia: Durante la individualización de las partes, cuando corresponda el turno de la defensa del imputado, el Juez de Control requerirá a los abogados para que mencionen los datos de registro de su cédula profesional, así como el número de registro que en su caso tengan ante dicho órgano jurisdiccional. Los abogados mencionarán sus datos. El Juez de Control cuestionará al asistente de constancias y registros (o la denominación que corresponda a dicho servidor público), sobre si esos datos fueron cotejados con las respectivas identificaciones exhibidas momentos previos a la realización de la audiencia, destacando entre dichos datos, el número de cédula que corresponde al profesionista que comparezcan con la calidad de defensor del imputado. El auxiliar de la sala confirmará o no dicha situación al Juez de Control. Por regla general resultará innecesario que, durante el desarrollo de la audiencia, el Juez constate de manera personal y fehaciente el registro de la cédula profesional, pues ello quedó acreditado ante el órgano jurisdiccional por conducto del asistente de constancias y registros. Ahora, del audio y video correspondiente a la audiencia de formulación de imputación del **********, llevada a cabo por la autoridad responsable, dentro de la causa de control **********, se desprende que una vez que se declaró abierta la diligencia, se procedió a la individualización de las partes y por lo que hace a los defensores del imputado (hora, minutos y segundos 15:05:10, se advierte que los licenciados **********, se identificaron con cédulas profesionales **********. Pero en dicha audiencia no se observa que la jueza de control se hubiese ocupado de corroborar el registro de la calidad de licenciados en derecho de quienes representaron al quejoso, con el auxiliar de sala respectivo. Luego, en la audiencia de prórroga de plazo constitucional del **********, tampoco se observa que la jueza de control se hubiese ocupado de corroborar el registro de la calidad de licenciados en derecho de quienes representaron al quejoso, con el auxiliar de sala respectivo. Bajo lo expuesto con anterioridad, se considera que, en estricto acatamiento a lo señalado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad a los lineamientos señalados en la jurisprudencia 69/2019, se vulneró en perjuicio del quejoso **********, lo dispuesto por el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se omitió cumplir con las formalidades establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para tener a **********, como defensores del impetrante en la carpeta administrativa del acto reclamado, lo cual genera incertidumbre sobre si su derecho a gozar de una defensa adecuada, descansa en un abogado. Tal acreditación, cabe decir, constituye una obligación para quien desea fungir como defensor de un imputado y puede hacerse, ya sea acudiendo al centro de registro de cédulas profesionales correspondiente, o bien, ante el asistente de constancias y registros del juzgado de control, previo al inicio de la audiencia, tal y como se explica en la tesis de rubro: "DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA.", misma que ha sido transcrita en párrafos precedentes. Así las cosas, al no haberse hecho constar en la videograbación de la audiencia que nos ocupa la declaración de las defensoras que asistieron al directo quejoso, respecto del número de su cédula profesional y del número que se les otorgó en el centro de registro, la verificación de esos datos con la auxiliar de constancias respectiva, a efecto de que quedara constancia que permitiera constatar el respeto al derecho fundamental de **********, de contar con una defensa técnica adecuada, se acredita que se transgredió lo dispuesto por el artículo 20, Apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se cumplió con la formalidad contenida en artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que el legislador fijó para salvaguardar el derecho de defensa adecuada que le asistía al imputado. Las circunstancias precisadas, impiden a este órgano de control constitucional, abordar el estudio de fondo del acto reclamado, por desconocerse la exacta dimensión que derivará de la vulneración al derecho que se estudió. En efecto, la violación estudiada impacta en el acto reclamado, por ser éste, posterior a aquélla, lo cual impide analizar los vicios propios que pudiera contener. En mérito de lo expuesto, al haberse demostrado una transgresión al derecho constitucional del peticionario de amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la audiencia inicial del **********, así como la audiencia de prórroga de plazo constitucional y vinculación a proceso del **********, contenidos en la carpeta administrativa **********. 2. Hecho lo anterior, señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del momento de individualizarse las partes, se cerciore que quien asiste como defensor, o defensores, al quejoso sea licenciado en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que haga la declaración del número que se le otorgó en el centro de registro y el correspondiente a su cédula profesional; así como, con el cuestionamiento que el juez responsable haga al encargado de sala, si verificó que los datos proporcionados por el defensor corresponde con la cédula profesional que detenta. 3. Después que se cerciore que el imputado cuenta con una defensa técnica adecuada, deberá pronunciarse nuevamente sobre la vinculación a proceso del justiciable. 4. En el supuesto que las personas que asistieron al imputado como defensores no acrediten ser licenciados en derecho por no contar con cédula profesional, deberá dejar insubsistente el procedimiento, para que, en el caso de no contar con un defensor particular el imputado en la audiencia, designe al defensor público de oficio, de quien se deberá corroborar la calidad de licenciado en derecho, en los términos apuntados. Debiendo dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia inicial, donde resolverá con libertad de jurisdicción cada debate planteado por las partes. En el entendido que, al momento de efectuarse la indicada audiencia, el juez de control deberá tomar en cuenta los requisitos para formular imputación prevista en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También deberá observar lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 120/2017 (10a.), en lo que respecta al momento en que debe solicitarse la vinculación a proceso, a saber, después de formulada la imputación y de que el imputado tenga oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que éste decida acogerse o no al plazo establecido en el artículo 19 Constitucional, para que se resuelva su situación jurídica. Sin que con la reposición ordenada se permita al Agente del Ministerio Público modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación, en observancia a los principios de "non reformatio in peius" y de igualdad entre las partes. Orienta lo anterior, la jurisprudencia PC.XVIII. J/15 P (10a.) del Peno del Decimoctavo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro treinta, mayo de dos mil dieciséis, tomo III, materia común página mil quinientos setenta y uno, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE SE CONCEDE, POR CONSIDERAR QUE CON LA LECTURA DE LAS CONSTANCIAS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, AL FORMULAR LA IMPUTACIÓN, SE INFRINGE EL PRINCIPIO DE ORALIDAD. Si un órgano de justicia federal, al resolver un juicio de amparo indirecto, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y con libertad de jurisdicción, considera que se infringe el principio de oralidad cuando el Ministerio Público expone los antecedentes del caso con la lectura de las constancias de la carpeta de investigación, al formular la imputación, debe otorgar la protección constitucional para el efecto de que se deje insubsistente el auto de vinculación a proceso y se reponga el procedimiento hasta la audiencia de imputación a fin de que el órgano acusador subsane tal irregularidad; sin que con la reposición ordenada se permita al agente ministerial modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación, ello en observancia a los principios de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes.". 5. Deberá designarse a un juez de control distinto al que conoció de la audiencia inicial de formulación de imputación y dictó el auto de vinculación a proceso originalmente, el cual deberá conducir la audiencia inicial hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa de los imputados. Tiene sustento lo anterior, la jurisprudencia 29/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el principio de inmediación, el que comprende que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. A través de este principio se pretende que el juez esté en contacto permanente con las partes durante el desarrollo de su intervención en cualquier audiencia, puesto que dicha máxima no tiene aplicación únicamente durante la etapa de enjuiciamiento, sino que debe regir en las audiencias preliminares al juicio. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal, regula bajo la nueva lógica del proceso penal el denominado auto de vinculación a proceso, el que se sitúa en la llamada audiencia inicial, mediante la cual el juzgador establece que hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, pues en él se expresará el delito que se le impute, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, el hecho de que la audiencia en la que el fiscal formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso, sea suspendida a solicitud del imputado cuando se acoja al plazo constitucional del artículo 19 constitucional, no justifica que en su continuación sea un juez distinto al que presenció la imputación y el ejercicio de motivación de los datos de prueba que realizó la fiscalía, quien resuelva la situación jurídica del imputado, porque si a través de sus sentidos el juzgador conoció la formulación de la imputación y los datos de prueba, no sería dable que sea un diverso juez quien resuelva la situación jurídica del imputado, ya que éste no percibió de viva voz las acciones u omisiones que se atribuyen, la declaración del imputado -en su caso- así como la referencia o recepción de los datos de prueba a cargo de la representación social, porque no estuvo en contacto directo con la fuente de la que emanaron. Además, la circunstancia de que sea un mismo juzgador el que conozca de la imputación, los datos de prueba y resuelva la vinculación, al tratarse de actos procesales íntimamente relacionados, implica transparentar la toma de decisiones, en la medida en que ese juez será quien conozca totalmente la información sobre la que tomará la determinación de vincular o no a proceso, lo que reducirá el riesgo del error judicial. Actuar en contrario, podría trastocar los principios de continuidad y concentración, pues el objetivo es que la audiencia inicial tenga una secuencia lógica y se verifique en el menor tiempo posible, a fin de que el resolutor, por el poco tiempo transcurrido, tenga presente la totalidad de los argumentos de las partes y los datos de prueba, porque serán precisamente estos los que le sirvan para fundar y motivar adecuadamente su determinación.". Cabe precisar que, conforme a los elementos rectores del nuevo sistema procesal penal, con la decisión de que la reposición del procedimiento la efectúe un diverso juez de control, se pretende evitar que el juez de control que ya tiene formada una convicción sobre el asunto deba decidir nuevamente sobre el mismo. De ahí que para este órgano jurisdiccional es claro que la reposición debe ser cumplimentada por diverso juez de control al que originalmente conoció del asunto; esto es así, pues estimar lo contrario produciría una infracción al derecho de un juzgador imparcial. Lo expuesto, pues si se dictó el auto de vinculación a proceso, con la referencia del fiscal de los datos de prueba de esa representación social y de los datos de prueba de la defensa en la prórroga del plazo constitucional, el mismo juzgador cuenta con una preconcepción del caso y, quizás, resulte muy difícil que, de ser procedente, los datos de prueba del imputado le aporten una visión diferente del caso. Así, es preferible que quien tenga que cumplimentar la presente resolución, sea absolutamente ajeno al procedimiento, conociendo de éste por primera vez. De manera que las actuaciones que se practiquen para ese efecto supongan el primer contacto de quien va a decidir sobre el asunto, siendo el caso que ante éste se desahoguen los datos de prueba del fiscal y de la defensa (en el caso de que sea procedente), con lo cual, además, se haría prevalecer el principio de contradicción, mediante la imparcialidad judicial. Por otro lado, cabe precisar que, el presente fallo no prejuzga sobre los datos que derivan de los antecedentes de la investigación para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, ni sobre la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, ya que la reposición de las etapas del procedimiento implica un obstáculo para emprender dicho análisis de fondo, por lo que quedan expeditas las facultades del juez de control que presida la audiencia para decidir lo que en derecho corresponda. Similar determinación sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, al precisar los efectos de la concesión de amparo decretada en el recurso de revisión R.P. 204/2018, derivado del juicio de amparo 70/2018 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, la cual constituye un hecho notorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo previsto por los artículos 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege **********, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese por lista electrónica Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe.

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