Christopher Alejandro Lagunes Huerta

Expediente 106/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
106/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Christopher Alejandro Lagunes Huerta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticinco de abril de dos mil veintidós. Oficio. Visto lo de cuenta, se agrega el oficio que remite la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, mediante el cual manifiesta su imposibilidad para dar cumplimiento al requerimiento de siete de abril del año en curso, por los motivos que expone. Por tanto, una vez que este órgano jurisdiccional tenga conocimiento a qué tribunal colegiado le correspondió el conocimiento del amparo directo a que hace referencia, se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    Secretario del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. (Firmado electrónicamente) Licenciado Jorge Trejo Veloz.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Christopher Alejando Lagunes Huerta, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos y, señaló que los derechos humanos que en su concepto se transgredieron, son los contenidos en los artículos 1, 16, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Por acuerdo de dos de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, y se dio legal intervención la Ministerio Público Federal adscrito, y se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues aunado a que se reclama una omisión de una autoridad laboral residente en el territorio donde este juzgado ejercerse jurisdicción, la demanda de amparo se presentó es este órgano jurisdiccional, satisfaciéndose la competencia por razón de grado, materia y territorio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 48/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XXI, Junio de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 178232, de contenido siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario". SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención del impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, de los rubros y datos de identificación siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.)" "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: i. La omisión por parte de la autoridad responsable de emitir resolución interlocutoria relativa al incidente de nulidad de actuaciones promovido por el actor (aquí quejoso) dentro del juicio laboral 2739/2018-SAIV. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es de rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, pues aun cuando niega los actos reclamados, así se advierte del contenido del informe justificado rendido por el Presidente de la misma. Lo que se corrobora con las constancias que en copia certificada fueron remitidas por la autoridad responsable, en apoyo a su informe justificado, derivadas del juicio laboral 2739/2018-SAIV, de su índice, a las que por tener la calidad de documento público, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que en su rubro dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto atacado por la parte quejosa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. El quejoso reclama en esencia la omisión por parte de la autoridad responsable de emitir resolución interlocutoria relativa al incidente de nulidad de actuaciones promovido por el actor (aquí quejoso) dentro del juicio laboral 2739/2018-SAIV. Este juzgador advierte que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]." La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la omisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la parte quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte quejosa es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, la parte quejosa reclama esencialmente la omisión por parte de la autoridad responsable de emitir resolución interlocutoria relativa al incidente de nulidad de actuaciones promovido por el actor (aquí quejoso) dentro del juicio laboral 2739/2018-SAIV. Sin embargo, de las constancias allegadas por la propia autoridad responsable, se advierte que mediante resolución de dos de marzo de dos mil veintidós, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, resolvió el incidente de nulidad de actuaciones, planteado por Christopher Alejando Lagunes Huerta (aquí quejoso), en el cual declaró improcedente dicho incidente y declaró valida y legal la notificación ahí atacada, y en consecuencia declaró firmes todas y cada una de las audiencias y diligencias que se realizaron con posterioridad a la misma. Los puntos resolutivos de la resolución mencionada son del contenido siguiente: Como se precisó anteriormente las mencionadas constancias tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de copia certificada expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Atendiendo lo anterior, al realizar un análisis comparativo entre el acto reclamado por la quejosa y la actuación de la responsable, se desprende: 1. Que se presentó un escrito ante la autoridad responsable. 2. Que al momento de presentar la demanda, no se había acordado dicha promoción. 3. Que después de la presentación de la demanda, se resolvió el incidente en comento. En efecto, como se adelantó, el dos de marzo de dos mil veintidós, la responsable emitió una resolución de dos de marzo de dos mil veintidós, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, resolvió el incidente de nulidad de actuaciones, planteado por Christopher Alejando Lagunes Huerta (aquí quejoso), en el cual declaró improcedente dicho incidente y declaró valida y legal la notificación ahí atacada, y en consecuencia declaró firmes todas y cada una de las audiencias y diligencias que se realizaron con posterioridad a la misma. En consecuencia, es incuestionable que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado, ya que lo determinado por la autoridad responsable destruyó los efectos del acto reclamado, al pronunciarse sobre la solicitud realizada por la parte quejosa en el juicio laboral de origen. En efecto, se insiste, la autoridad responsable en la resolución de dos de marzo de dos mil veintidós, resolvió el incidente de nulidad de actuaciones, planteado por el quejoso en el juicio laboral de origen como si se le hubiera concedido el amparo a la parte quejosa, resultando por ende ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos; lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, y ocasiona el sobreseimiento del presente juicio de amparo en términos del diverso ordinal 63, fracción V, de esa legislación. En ese sentido, se estima que se cumplió con el objeto por el cual la quejosa instó la acción constitucional, y los efectos del acto reclamado cesaron en su totalidad con la resolución de dos de marzo de dos mil veintidós, dictada en el juicio laboral de origen. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Intervenciones ministeriales. Se reciben las intervenciones ministeriales a través de los cuales la fiscal de la adscripción ofrece pruebas y realiza manifestaciones en vía de alegatos, mismos que se ordenan agregar a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Pruebas. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas que refiere, sin perjuicio de tomarlas en cuenta al momento de resolver en definitiva el presente juicio de amparo. Alegatos. Ahora bien, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que hace en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional que se celebre. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila, a dos de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que aún está transcurriendo el término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, otorgado a las autoridad responsable, a fin de que rinda su informe justificado. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y se señalan las once horas con veinte minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, para su celebración. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia setecientos cincuenta y siete, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.

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