Christoper Ibarra Pacheco
Expediente 691/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 23 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 691/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 22/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social
- Christoper Ibarra Pacheco
- Christoper Ibarra Pacheco y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de revisión en contra del auto dictado en este asunto, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de control constitucional; en consecuencia; con apoyo en los artículos 2º y 86, de la Ley de Amparo, así como 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible.
- Principal
Notifíquese; hágase personalmente al defensor público designado en este juicio. SE RECIBE OFICIO. Agréguese el oficio enviado por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, mediante el cual manifiesta la imposibilidad que tiene de entregar al quejoso Christopher Ibarra Pacheco, las constancias ordenadas en el auto de treinta y uno de agosto pasado; por tanto, se ordena su entrega por conducto de su defensor público federal designado dentro de este juicio y tomando en consideración que dicha parte tiene acceso a la consulta del expediente electrónico, tales constancias podrá obtenerlas del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y hecho lo cual, realizar las gestiones que correspondan para que sean entregadas físicamente a su representado.
- Principal
Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Del análisis del sumario se advierte que el quejoso en su escrito inicial de demanda señala como autoridades responsables a las siguientes: Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México; y, Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, De quienes reclama el traslado realizado el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, del Centro de Reinserción Social "Topo Chico" del Estado de Nuevo León, al Centro Federal de Readaptación Social Número 12, en Ocampo, Guanajuato. En el caso, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así ya que los artículos 50, 51, 52, 117, fracción III, y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificará que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. Y el traslado urgente o excepcional se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Recientemente, nuestro Alto Tribunal, en el criterio que más adelante se invoca, determinó que en contra de la orden de traslado proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, en los casos en que la persona privada de su libertad reclama una orden de traslado respecto a la cual no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad haya emitido la autoridad jurisdiccional correspondiente, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, incluso de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una controversia judicial, a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo del citado artículo 117 prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos. Así, contra la orden de traslado procede la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o la apelación, en términos del artículo 132, fracción VII, de la aludida legislación, según la clase de traslado de que se trate; lo que conduce a concluir que la orden de traslado no constituye una violación directa a la Constitución Federal, al no afectar la libertad personal fuera de procedimiento judicial, pues se erige dentro de procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual puede ser combatida. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 61, fracción XX y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio. La anterior determinación tiene sustento en las resoluciones emitidas en los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA. Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las diez horas con quince minutos del veintitrés de septiembre de este año. SE GLOSA ESCRITO. Finalmente, en atención a lo acordado en los párrafos que anteceden, únicamente agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por la defensora pública federal del quejoso.
Quedan 19 actuaciones en este expediente
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