Christiane Dayan Reveles
Expediente 4256/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 4256/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/10/2022
Partes del expediente
- Christiane Dayan Reveles
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México; siete de octubre de dos mil veintidós. Certificación de cambio de Titular. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/474/2022, de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la determinación tomada en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, por el Pleno del propio Consejo, en la que acordó mí adscripción a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con el fin de atender lo dispuesto en los artículos 51,52 y 60 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la circunstancia señalada, para que puedan alegar lo que a su derecho e interés convenga. Acuerdo de promoción. Agréguese a los autos los escritos remitidos por Alfonso Moreno García autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través de los cuales, respectivamente, solicita se le autorice a él, y a las personas con el nombre de ***************, el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que puedan consultar el expediente electrónico, del juicio de amparo en que se actúa, a través de los usuarios *************; asimismo, señala como nuevo domicilio, para oír y recibir todo tipo de notificaciones y/o documentos y/o valores, el ubicado en "****************. En consecuencia, como lo solicita la parte promovente, se le autoriza el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que puedan consultar el expediente electrónico, a través de los usuarios **************. Del mismo modo, téngase como nuevo domicilio el que indica. Fundamento: Artículos 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órgano jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como 221, 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México; veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 600-04-05-02-00-2022-07226 signado por la Administrador de Amparo e Instancias Judiciales 5, en representación del Servicio de Administración Tributaria, respecto al desahogo del requerimiento que se le formuló en proveído de veintidós de julio del presente año, acerca del cumplimiento de la sentencia, y manifiesta que: "1) Se informa que, no se realizó el procedimiento de fiscalización electrónica a la quejosa ASI Seguridad Privada S.A. de C.V., con RFC ASP100531BV7. En ese sentido, no existen actos de cobro que dejar insubsistentes." Por otra parte, se advierte que solicita copia del testimonio de la resolución dictada en el recurso de revisión 337/2017, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región con residencia en la Ciudad de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, remítase la documental peticionada, anexa a la notificación del presente proveído. Atento a lo anterior, con el contenido del oficio de cuenta dese vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a su derecho e interés legal convenga. Fundamento: Artículo 158 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1o y 17 constitucionales, 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la tercera certificación de cuenta, de conformidad con el inciso II, numeral 16 de la Circular SECNO 10/20212, en relación con los artículos 1 y 2, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de términos procesales a que aluden los acuerdos y circulares enumeradas en la primera certificación; a lo que se provee: Se acuerda promoción. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, mediante el cual remite testimonio del amparo en revisión R.A. 400/2017 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; cuaderno auxiliar C.A. 97/2018 de su índice. De la resolución pronunciada en sesión de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se advierte que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en el expediente auxiliar 97/2018 determinó: ".PRIMERO. Queda firme la parte de la sentencia de amparo, en la cual se sobreseyó en un aspecto, y en otro se concedió la protección de la justicia federal, determinaciones contenidas en los resolutivos primero y tercero de la sentencia recurrida. SEGUNDO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia de ocho de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de amparo indirecto 1227/2016, del índice del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Industrias 3FM, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de las disposiciones legales reclamadas, precisadas en el resolutivo segundo de la sentencia recurrida...". Por tanto, acúsese el recibo correspondiente; glósese a los autos del cuaderno principal, las constancias originales que obran en el de antecedentes. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro electrónico que para registro se lleva en este juzgado y, remítase el R.A. 400/2017 al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Asimismo, hágase del conocimiento a las autoridades responsables, sin que se remita copia de la citada resolución en atención a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la unión, toda vez que la misma se encuentra disponible para su consulta, a través de la herramienta electrónica denominada juicio en línea, el cual puede ser tramitado en la liga electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Ahora bien, en lo que interesa, quedó intocada la concesión de amparo otorgada respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación; así, siendo pertinente señalar que el ocho de mayo de dos mil diecisiete este órgano de control constitucional determinó: ".PRIMERO. Se sobresee en el juicio respecto de: La aplicación de las disposiciones fiscales que se reclama de las diversas autoridades señaladas por la parte quejosa en el escrito de demanda, (y, en su caso, escrito de ampliación respecto del Administrador Central de Notificación de la Administración General de Recaudación del Sistema de Administración Tributaria), en su calidad de ejecutoras. La expedición de las diversas disposiciones de observancia general contenidas en las Resoluciones Misceláneas Fiscales para los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, así como en sus respectivas Resoluciones Modificatorias que controvierte y se le atribuye, a las autoridades formal y materialmente legislativas. El refrendo y la publicación de las normas formal y materialmente legislativas, reglamentarias y reglas misceláneas fiscales, que se reclaman del Secretario de Gobernación y del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, respectivamente. La emisión y publicación que se reclaman del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, respectivamente, de las normas jurídicas siguientes: - Las reglas I.2.8.1, I.2.8.2 y el artículo Cuadragésimo Tercero Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013. - La regla I.2.8.2, de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2014. - Las reglas I.2.8.1, I.2.8.6, I.2.8.7, I.2.8.8 y el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 2014; así como su Anexo 24, dado a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 11 de julio siguiente. - Las reglas I.2.8.6, 1.2.8.9 y el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2014. - Las reglas I.2.8.1.1, I.2.8.1.2, I.2.8.1.6, I.2.8.1.7, I.2.8.1.8, 1.2.8.1.9, y resolutivo Décimo Cuarto de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2014. - Las reglas I.2.8.1.2, I.2.8.1.6, I.2.8.1.7, I.2.8.1.8, I.2.8.1.9 y I.2.8.1.15 de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2014; así como su Anexo 24, dado a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 27 de diciembre siguiente. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa respecto de: - Los artículos 17-K, 18, 28, 42, párrafo primero, fracción IX, y párrafos segundo a quinto, 53-B, 83, 84, 134, fracciones I y III, Primero y Segundo, fracciones III y VII, Transitorios, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013. - Las reglas II.2.8.3 y II.2.8.8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013. - Las reglas I.2.1.4, párrafo último, I.2.2.5, II.2.8.8 de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2014. - Los artículos 11, 33, 34, 35, 61, 62 y Tercero Transitorio del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2014 - Las reglas I.2.2.7, II.2.8.3 y II.2.8.11 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 2014. - Las reglas I.2.2.7, I.2.12.8, I.2.12.12 y I.2.12.14 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2014. - El artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2014. - Resolutivos Tercero, Cuarto y Quinto de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2014. - Las reglas 2.1.7, último párrafo, 2.2.5, 2.2.6, 2.8.1.1, 2.8.1.2, 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.6, 2.8.1.9, 2.8.1.17, 2.12.2, 2.12.4 y 2.12.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de 2014; así como su Anexo 24, dado a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 5 de enero siguiente. - Los resolutivos Cuarto y Décimo de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2015. - La regla 2.8.1.5 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2015. - La regla 2.8.1.19 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2015. - Las reglas 2.8.1.4, 2.8.1.5 y 2.8.1.9 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2015. - Los artículos 42, párrafos quinto a séptimo, 53-B, fracción I, párrafos primero y segundo, fracción II, párrafo segundo, y, fracción IV, párrafo segundo, 81, fracción XLI, y 82, fracción XXXVIII, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015. - Las reglas 2.1.6, último párrafo, 2.2.6, 2.2.7, 2.8.1.1, 2.8.1.2, 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.6, 2.8.1.7, 2.8.1.11, 2.8.1.18, 2.12.2, 2.12.4 y 2.12.9 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2015. - Las reglas 2.1.6, último párrafo, 2.2.6, 2.2.7, 2.8.1.1, 2.8.1.2, 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.6, 2.8.1.7, 2.8.1.11, 2.8.1.18, 2.12.2, 2.12.4 y 2.12.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2015, así como su anexo 24 dado a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 13 de enero siguiente. - La regla 2.8.1.19 de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2016. - Las reglas 2.12.2, último párrafo y 2.12.9 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2016. - Las regla 2.2.9, 2.8.1.2, 2.8.1.5 y 2.12.2 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2016. - Anexo 24 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicitada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2016. Actos formal y/o materialmente legislativos que se reclaman, en el ámbito de sus respectivas competencias, de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Jefe del Servicio de Administración Tributaria y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación. Así como, respecto de los actos consistentes en el refrendo y publicación del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, que se reclaman del Secretario de Gobernación y del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente." En esas condiciones, tal y como se advierte de los efectos para los que se concedió el amparo, es al Jefe del Servicio de Administración Tributaria a quien corresponde, en su caso, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la referida autoridad, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, informe a este órgano de control constitucional, si a la parte quejosa Industrias 3FM, Sociedad Anónima de Capital Variable con RFC ITF050110U34 le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Y para el caso de haberse instaurado dicho procedimiento a la peticionaria de amparo, y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución, por lo cual, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararlo insubsistente; remitiendo las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, con el objeto de tener certeza si en el asunto en que se actúa existe materia para el cumplimiento de la sentencia y, estar en posibilidad de realizar pronunciamiento al respecto. De igual forma, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero, del artículo 8, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y en términos del referido el numeral 192, cuarto párrafo, de la ley de la materia, requiérase al superior jerárquico de la autoridad directamente obligada al cumplimiento, a saber, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en igual término, lo conmine a cumplir con la ejecutoria de amparo. Apercíbase a las autoridades requeridas que en caso de no demostrar que se dio cumplimiento al fallo protector, se les impondrá una multa de conformidad con lo establecido en los artículos 193, 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado competente para los efectos de lo previsto en el artículo 107 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior encuentra apoyo, en lo que interesa, en la jurisprudencia de Tribunal Colegiado de Circuito, con registro 2005830, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO." Cabe precisar que el dictado de las medidas antes citadas tiene por objetivo que los juicios de amparo del conocimiento de este juzgado de Distrito, no queden paralizados; pues en caso de incumplimiento de alguno de los puntos antes requeridos, se provocaría un retardo o dilación en su cumplimiento, lo que atentaría contra el mandato constitucional de la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace del conocimiento de las autoridades conminadas en el presente proveído que aun cuando dejen de ocupar su cargo, seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo en que estén al frente de él, de manera que podrán ser consignadas ante el Juez de Distrito que corresponda, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, constitucional, aunque dejen de ser titulares obligados. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México; siete de junio de dos mil veintidós. Se forman cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal del juicio de amparo indirecto 460/2021, se integra de manera electrónica y física por duplicado este incidente de suspensión. Solicitud de informe previo Se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que rindan su informe previo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas con las constancias que lo sustenten, contadas a partir del que quede legalmente notificadas. Al efecto, remítase copia del ocurso inicial y de desahogo. Fundamento: Artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo. Apercíbase a las autoridades señaladas que, en caso de no cumplir cabalmente en los términos y la forma indicados, podrá imponérseles una multa de cien veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización que prevé la ley de la materia. Fundamento: Artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Señalamiento de fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Se señalan las NUEVE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS para la celebración de la audiencia incidental. Fundamento: Artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo. Cabe señalar que si bien se fijó día y hora para la celebración de la audiencia en cita fuera del plazo legalmente previsto ello obedece a la saturación excesiva de la agenda correspondiente, aunado a que dicho proceder tiene por objeto de salvaguardar el derecho de las partes a una tutela judicial efectiva, por encima de los formalismos procedimentales. Adicionalmente, se considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID 19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia incidental deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado la audiencia incidental, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia incidental no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 144 de la Ley de Amparo, las partes -se insiste-, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) la cual no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Precisión del acto reclamado. Ahora, de la lectura integral del escrito inicial de demanda, así como del ocurso de desahogo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, esencialmente, los que se indican a continuación: "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de La Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley al Impuesto del Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 09 de diciembre de 2019, mediante el cual se adicionó el artículo 17-H Bis fracciones VII y IX del contenido en el Código Fiscal de la Federación." Efectos. La quejosa manifestó que solicita la suspensión de los actos reclamados para los efectos siguientes: ". que decrete la suspensión de los efectos del acto reclamado para el efecto de que las cosas se mantengan en la situación de hecho existente... ". se solicita la suspensión de la ejecución del oficio 400-74-00-05-01-2021-10034, de 16 de julio de 2021, a través del cual se informa a mi poderdante que se restringe temporalmente el uso del Certificado de Sello Digital para la expedición de Certificados Fiscales Digitales por Internet, a través del cual se aplicó por primera vez el artículo 17-H bis fracciones VII y IX del Código Fiscal de la Federación, ." Al respecto, el Juzgado de Distrito está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, esto conforme a la jurisprudencia 4/2019 de la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Requisitos de la suspensión Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario de garantías debe reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado. Apuntado lo anterior, es de señalar que, conforme a la fracción X del artículo 107 de la Constitución General, en el juicio de amparo es posible suspender los actos que se reclaman y sus efectos, mediante una institución de naturaleza procesal comprendida en las medidas cautelares, y que, acorde con su carácter, tiene por objeto mantener viva la materia del amparo, es decir, trata de impedir que se consumen irreparablemente el acto o los actos reclamados, y de esa manera no llegue a resultar inútil para la quejosa la protección de la Justicia Federal que pretende. Sin embargo, la procedencia de dicha medida cautelar no es ilimitada, pues la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos condiciona la procedencia de la medida cautelar a la satisfacción de diversos requisitos, a saber: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. En ese tenor se procede a analizar si se cumple con los requisitos en mención. La petición de parte. Así, por lo que hace al primero de los requisitos se encuentra satisfecho, pues la parte quejosa solicitó expresamente la suspensión del acto reclamado, destacándose que su interés suspensional para efectos de la medida cautelar que nos ocupa se acredita con la Constancia de Situación Fiscal y demás documentos que anexó, documentales que son valoradas de conformidad con los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, y con la cual se tiene por acreditado, el interés suspensional. Certeza de los actos reclamados. Por lo que hace a la existencia de los actos que reclama, se tienen por ciertos en estos momentos solo para efectos de la suspensión provisional, aunado a que la existencia de la Ley no es objeto de prueba. Naturaleza del acto reclamado. Al respecto, es pertinente tener en cuenta que el objeto de la suspensión del acto reclamado es el de mantener las cosas en el estado en que en se encuentran al momento de presentarse la demanda de amparo, preservando los derechos del quejoso y asegurando el cumplimiento de una eventual sentencia en la que se conceda la protección de la Justicia Federal peticionada, es por ello que salvo excepciones dicha medida cautelar es procedente solo tratándose de actos de naturaleza positiva, esto es, aquellos que se traducen en un hacer por parte de la autoridad, que a su vez implica la imposición al gobernado de una obligación de hacer, de no hacer, de dar o de permitir, cuyas consecuencias pueden traducirse en una molestia o privación de los bienes o derechos incorporados a la esfera jurídica de aquel. Asimismo, es conveniente conocer el contenido de la norma general reclamada, la cual es del tenor siguiente: "Artículo 17-H Bis. Tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, previo a que se dejen sin efectos los referidos certificados, las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los mismos cuando: [.] VII. Detecten que el ingreso declarado, el valor de los actos o actividades gravados declarados, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestados en las declaraciones de pagos provisionales o definitivos, de retenciones o del ejercicio, o bien, las informativas, no concuerden con los ingresos o valor de actos o actividades señalados en los comprobantes fiscales digitales por Internet, sus complementos de pago o estados de cuenta bancarios, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso. [.] IX. Detecten la comisión de una o más de las conductas infractoras previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento, y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado de sello digital." Interés suspensional. En la especie, la quejosa aduce ser una sociedad mercantil, que realiza actividades empresariales en términos del Título II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta referente al régimen general las Personas Morales, y que la entrada en vigor de las normas que reclama afecta en forma importante su esfera de derechos, ya que la sujeta a una nueva mecánica de tributación donde limita deducciones y aumenta e impone tasas de retención de impuestos. Luego, con base en lo anteriormente expuesto, y atendiendo a las manifestaciones de la quejosa formulada en la demanda, bajo protesta de decir verdad, así como con los documentos ponderados con anterioridad, se estima que se acredita el interés suspensional, al resultar, en apariencia, afectada por las disposiciones cuya inconstitucionalidad reclama. Negativa de la suspensión provisional El citado artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." De la anterior trascripción se desprende que para conceder la suspensión a petición de parte, deben satisfacerse previamente ciertos requisitos como son: La solicitud formulada por el quejoso en ese sentido. Que los actos no contravengan disposiciones de orden público ni afecten el interés social. Ahora bien, el primero requisito es que la suspensión sea solicitada por la quejosa, situación que en la demanda que nos ocupa acontece. Luego, en segundo término, contempla que no se deberá seguir perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; requisito de procedibilidad que, en el caso a estudio, no se actualiza, toda vez que de concederse la medida cautelar solicitada para que no se aplique en la esfera jurídica de la parte agraviada el contenido de del artículo: . 17-H bis, fracción VII y XI del Código Fiscal de la Federación.." Con el efecto de que las cosas se mantengan en la situación de hecho existente de la ejecución del oficio 400-74-00-05-01-2021-10034, de 16 de julio de 2021, a través del cual se informa a mi poderdante que se restringe temporalmente el uso del Certificado de Sello Digital para la expedición de Certificados Fiscales Digitales por Internet. En ese sentido no se acredita el requisito previsto por la fracción II del citado numeral 128 de la Ley de Amparo, ya que la sociedad está interesada en que la autoridad fiscal ejerza eficazmente sus facultades de fiscalización; es así, pues independientemente del perjuicio que resientan los interesados -es mayor la afectación que resentiría el interés general con la concesión de la medida suspensiva-, pues de permitir al contribuyente el uso del certificado de sello digital pese a que incurrió en alguna irregularidad sancionada por la ley con su suspensión temporal previo a dejarlo sin efectos, se impediría la implementación de las medidas de control orientadas a evitar la evasión y elusión fiscal, actividad en la que sociedad está interesada pues dichos mecanismos tienen como finalidad lograr una recaudación eficaz de los tributos que serán destinados a satisfacer necesidades colectivas. Es aplicable por identidad de razón la jurisprudencia, 2a./J. 7/2017 (10a.);, con número de registro 2013681; cuyo rubro y texto es el siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA DE DEJAR SIN EFECTOS EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL PARA LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014). Es improcedente conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo con motivo de la determinación de la autoridad hacendaria de dejar sin efectos el certificado referido, cuando se detecte que el contribuyente ha incurrido en alguna irregularidad que pueda entrañar prácticas de elusión o evasión fiscal (efectos y consecuencias de la aplicación del mencionado artículo, así como de las normas generales que lo desarrollan), porque no se satisface el requisito previsto en el numeral 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de otorgarse la medida cautelar se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, ya que se permitiría al contribuyente el uso del certificado de sello digital, pese a que incurrió en alguna irregularidad que la ley sanciona con dejarlo sin efectos, es decir, se impediría la implementación de la medida de control orientada a evitar la evasión y elusión fiscal, en tanto que la sociedad está interesada en que se instrumenten los mecanismos para monitorear a los contribuyentes a través de las operaciones que realicen, logrando una mayor recaudación para satisfacer las necesidades colectivas." Quien resuelve, se contrapondría con el interés social, ya que el objeto de dichos preceptos es evitar la posible comisión del algún delito fiscal; objetivo que las autoridades responsables pretenden alcanzar en beneficio del interés público. En efecto, en relación con el orden público y el interés social, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instituyó en la contradicción de tesis número 266/2007-SS, que dichos conceptos son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese tenor, el Tribunal Supremo del país sostiene que por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, definió que se considera que el orden público y el interés social, se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se infiere un daño que de otra manera no resentiría; perjuicio que sería mayor que el ocasionado a la parte quejosa, a la que se niega la medida cautelar. Aún más, el numeral 129 del citado ordenamiento legal, dispone diversos supuestos en los que se considera que se siguen esos perjuicios y se realizan las citadas contravenciones al interés social; sin embargo, el hecho de que el legislador haya indicado algunos supuestos de cuando considera que se vulnera el orden público y el interés social, no quiere decir que haya sido limitativo respecto a los supuestos en los que debe estipularse contravención a la citada porción normativa, sino que únicamente fijó criterios para que el intérprete de la ley delinee cuándo, en el caso concreto, se satisface o no el requisito citado en el artículo 128, fracción II. En efecto, ha sido criterio reiterado que el orden público y el interés social, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al órgano jurisdiccional examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. Así, el orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido solo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución; en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Lo anterior, se apoya en la tesis I.3o.A. J/16, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 383 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, y que ilustra: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el actoreclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Para entender el contenido de la noción de orden público, es menester ponderar las situaciones que se producirían con la suspensión del acto reclamado, esto es, si con la medida se privará a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le inferirá un daño que de otra manera no resentiría. Asimismo, para determinar si existe tal afectación, no basta que la ley en que se funda el acto sea de orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y consecución, son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, y en consecuencia, capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados; por tanto, es necesario confrontar el perjuicio real y efectivo que podría sufrir la colectividad, con el que podría afectar a la quejosa con la ejecución del acto reclamado. Tienen aplicación en lo conducente la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/56, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 986, Tomo XXV, junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR SI SE AFECTAN EL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, DEBE SOPESARSE EL PERJUICIO REAL Y EFECTIVO QUE PODRÍA SUFRIR LA COLECTIVIDAD, CON EL QUE PODRÍA AFECTAR A LA PARTE QUEJOSA CON LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EL MONTO DE LA AFECTACIÓN DE SUS DERECHOS EN DISPUTA. El artículo 124 de la Ley de Amparo condiciona la concesión de la suspensión, además de la solicitud del quejoso, en primer lugar, a que no se afecte el orden público y el interés social, y en segundo, a que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se le causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado. Ahora bien, para determinar si existe esa afectación no basta que la ley en que se fundamente el acto sea de orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y consecución son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados, o si son realmente significativos para afectar el interés social. Efectivamente, las leyes, en mayor o menor medida, responden a ese interés público, sin embargo, esto no puede ser una habilitación absoluta, capaz de afectar derechos fundamentales de modo irreversible, ya que también es deseable por la sociedad que las autoridades no afecten irremediablemente derechos sustanciales de los particulares, especialmente cuando tienen el carácter de indisponibles o irreductibles como la libertad, igualdad, dignidad y los demás consagrados en el artículo 16 constitucional, por ser sus consecuencias de difícil o de imposible reparación. Así las cosas, para aplicar el criterio de orden público e interés social debe sopesarse el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con los actos concretos de aplicación, con el perjuicio que podría afectar a la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado y el monto de la afectación de sus derechos en disputa." Así, una vez analizadas las premisas atinentes al orden público e interés social, a la luz de los efectos para los cuales se peticiona la medida cautelar, se considera que no se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues de otorgarse se contravienen disposiciones de orden público y se sigue perjuicio al interés social. Pues de un análisis integral a la exposición de motivos de los Decretos impugnados, se advierte que las reformas de mérito tienen como finalidad primordial, en síntesis y de manera enunciativa lo siguiente: ( Lograr una mayor transparencia eficacia en el ejercicio de los recursos públicos, mayor control y vigilancia por parte de las instancias competentes para prevenir, investigar, denunciar e imponer sanciones para obtener resultados diferentes que permitan ir en contra de los evasores fiscales, pues se generaron de forma excesiva comprobantes fiscales apócrifos por parte de las empresas facturadoras de operaciones simuladas sobre operaciones, compras o servicios no realizados, con el fin de simular aumentos de gastos de operación para pagar menos impuestos; de ahí que se consideró necesaria la implementación de las disposiciones reclamadas. ( Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios; con el objeto de lograr una eficiencia presupuestaria. ( Combatir las estrategias de planificación fiscal utilizadas para cambiar de manera artificial los beneficios económicos a lugares de escasa o nula tributación, lo que permite eludir casi por completo el pago del Impuesto Sobre la Renta en México. ( Evitar el uso de estrategias de elusión fiscal. ( Que la autoridad fiscal se encuentre en posibilidad de realizar los actos necesarios para revisar si las operaciones que se hacen constar en los comprobantes fiscales en realidad se efectuaron y, de concluir en sentido negativo, en consecuencia, se declare la inexistencia de tales operaciones, desconociendo valor alguno a los mencionados comprobantes. ( Combatir a las empresas que facturan operaciones inexistentes, así como aquellas que dan efectos fiscales a las mismas. ( Se inhiba que los contribuyentes continúen simulando la realización de operaciones en perjuicio del Fisco Federal. ( Evitar que las empresas facturadoras de operaciones inexistentes, al momento de realizar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionen datos incorrectos, dentro de los que destaca el referente al domicilio, pues señalan domicilios inexistentes o de difícil localización, que evidentemente no constituyen el asiento o administración principal del negocio del contribuyente, o bien, el lugar en el que desempeñan sus actividades. ( Que las autoridades correspondientes aún sin ejercer sus facultades de verificación puedan comprobar que los datos proporcionados por el contribuyente como medios de contacto son incorrectos o falsos, situación que en el caso de las empresas facturadoras de operaciones inexistentes es recurrente para evitar que la autoridad les informe que tienen una notificación o mensaje en su buzón tributario, lo que impide que éstos sean notificados por dicho medio. ( Establecer como supuesto para dejar sin efectos los certificados de sellos digitales, cuando los contribuyentes facturen ingresos o retenciones y éstos no correspondan con la información proporcionada en sus declaraciones, así como de aquella que se encuentre en poder de la autoridad fiscal o a la que tengan acceso, ello aun cuando no se ejerzan las facultades de comprobación por parte de la autoridad, lo cual permitirá evitar la generación de facturas por posibles empresas facturadoras de operaciones inexistentes. Por esas circunstancias, es claro que se le causaría un perjuicio mayor a la sociedad, que los que podría resentir la quejosa con la aplicación de dichos numerales, pues como se analizó, con las reformas normativas de referencia, se busca fortalecer los mecanismos de vigilancia y control, para erradicar la evasión de los impuestos y combatir la compraventa de facturas falsas, salvaguardando los ingresos públicos del país, su estabilidad y el bienestar de la población. En ese contexto, resulta improcedente la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, en virtud de que el legislador ha considerado relevantes las medidas decretadas, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y, en su caso, impedir la evasión fiscal, pues a través de garantizar el ejercicio de las facultades de las autoridades y los mecanismos y sanciones propuestas, se pretende hacer frente a los retos que representa para el país, la creciente evasión y elusión fiscal, además de que se respetan los instrumentos de verificación, los cuales evidentemente constituyen fines que contribuyen al interés de la sociedad, en tanto que es a través del sistema recaudatorio que el Estado se hace de los recursos esenciales para su sostenimiento; de ahí que de otorgarse la medida cautelar solicitada, se permitiría que la finalidad pretendida a través de la modificación legislativa reclamada no fuera satisfecha y podría dar lugar a la realización de las actividades que precisamente se pretenden erradicar. En este aspecto debe resaltarse también que la sociedad y el Estado en general están interesados en evitar prácticas fraudulentas como el incumplimiento de obligaciones fiscales o la obtención de beneficios en forma indebida por parte de los contribuyentes, pues conforme a lo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es deber de todo mexicano contribuir al gasto público de forma proporcional y equitativa, lo cual se cumple mediante el pago de impuestos (obligación tributaria). En consecuencia, con fundamento en los artículos 128 fracción II y 129 de la Ley de Amparo SE NIEGA LA SUSPENSION PROVISIONAL DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Pruebas. Se tienen por admitidas las pruebas documentales que se acompañan a la demanda de amparo, las cuales se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionar tales medios de convicción al celebrarse la audiencia constitucional, sin necesidad de gestión expresa de la parte interesada. Fundamento: Artículo 119 de la ley de Amparo. Devolución de documentos En otro aspecto, se estima conveniente precisar a la parte quejosa que los documentos exhibidos o que llegaren a exhibirse en original, no podrán ser devueltos, toda vez que del artículo 122 de la Ley de Amparo, así como 280 del código supletorio, se desprende que los documentos podrán ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, en cuyo caso deberá resolverse dicha objeción, o bien, mientras el asunto no haya sido resuelto definitivamente. De ahí que la oportunidad para la objeción de documentos sea hasta la audiencia constitucional, por lo que éstos no pueden devolverse antes de ese momento procesal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 22/2000, con número de registro 192,294, de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Reproducción fotostática y medios electrónicos para la obtención y consulta de determinaciones. Se hace del conocimiento a las partes que, en caso de requerirla, queda autorizada la expedición de copias de la presente determinación y demás actuaciones y/o constancias en el juicio, previa comparecencia y recibo que se deje en autos por quien tenga facultades para ello. También quedan a la vista de las partes los presentes autos a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; salvo documentos reservados o confidenciales. Fundamento: Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tesis aislada I.1o.A.23 K (10a.), con número de registro 2,008,986, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 (TRES) DE ABRIL DE 2013 (DOS MIL TRECE)." Con motivo de lo anterior, y a efecto de cumplimentar las bases establecidas por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo 21/2020, Capítulo II, denominado "Atención al Público en general", en el supuesto de la fracción II del artículo 6, que establece: ". II. Las partes o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes adjetivas aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes o para desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. En este último supuesto, es importante destacar que, cuando sea necesaria su comparecencia ante el órgano jurisdiccional, será la o el titular quien genere la cita el día en que concluya el término, de modo que la opción prevista en esta fracción resulta aplicable cuando las partes pretendan acudir en una fecha anterior a la de la cita generada por el propio órgano jurisdiccional, hipótesis en la que estarán sujetas a la disponibilidad que arroje el sistema." Al respecto, dígase a las partes, que se pone a su disposición como medio de contacto el teléfono 5551338100 ext. 1006 y 1032 a efecto de que se comuniquen a este juzgado de distrito y soliciten el día y hora en que desea comparecer a las instalaciones de este juzgado a la consulta del presente expediente, informándoles que dicho horario es el comprendido de lunes a viernes de ocho de la mañana a una de la tarde. Lo anterior, siempre que estén vigentes los Acuerdos Generales citados en la segunda certificación de cuenta. Atento a lo anterior, una vez agendada dicha cita se generará un Código QR para permitirle el acceso a las instalaciones de este juzgado, mismo que estará disponible en el módulo de vigilancia y se dará aviso a la administración del mismo con la fecha y horarios de su cita, de modo que quienes acudan a la cita puedan ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código. Una vez en el órgano jurisdiccional se verificará que quienes asistan cuenten con la capacidad procesal necesaria para participar en la diligencia. Igualmente, dígase a las partes que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Invitación al Juicio en Línea Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brinda el siguiente correo institucional: jaime.madrigal.gonzalez@correo.cjf.gob.mx Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese.
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