Christian Yacotú Ángeles
Expediente 257/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 257/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Christian Yacotú Ángeles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA DICE: ÚNICO: SE NIEGA LA SUSPENSION DEFINITIVA A LA PARTE QUEJOSA....
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Veracruz, Veracruz, autoridad tercero interesada en el presente asunto y, atento al contenido del mismo, téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su oficio de cuenta. Asimismo, como lo solicita con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se autoriza a Mauricio Flores Arellano a realizar consulta vía electrónica el presente expediente electrónico en el nuevo portal que el Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición para tal efecto; para lo cual refiere que el nombre de usuario es "Mauricio.floresa@pgr.gob.mx", el cual se encuentra registrado en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno respecto de su correo electrónico, dado que no manifiesta que éste sea relativo a la cuenta autorizada para la consulta electrónica de expedientes, ni el número telefónico que proporciona en virtud de que las llamadas telefónicas no constituyen un medio de comunicación legalmente autorizado para ser empleado dentro de la substanciación de un sumario constitucional.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ATICULO 27 FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE Boca del Río, Veracruz, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta Ciudad, y en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su correspondiente informe justificado; y con el mismo dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable, el duplicado del incidente no especificado relativo a la causa penal número 06/2018 de su índice, que anexa a su informe, así como un disco versátil; sin perjuicio de su relación al momento de que se celebre la audiencia constitucional en este asunto. Consérvense de manera separada al presente juicio, el duplicado del incidente no especificado relativo a la causa penal número 06/2018 de su índice, mismas que quedarán a disposición de las partes en la secretaría respectiva; formando para tal efecto un tomo de pruebas. Por lo que respecta al disco versátil digital, que anexa el Juez responsable, se ordena se haga la certificación correspondiente por parte del personal actuante, respecto al correcto funcionamiento del mismo. Ahora, del oficio de cuenta se advierte que la autoridad responsable, mediante resolución de veintiséis de marzo de la presente anualidad, tuvo por recibida la resolución pronunciada en la queja 3/2019 del índice del Segundo Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, de la cual se declaró improcedente el recurso de queja interpuesto por el quejoso Christian Yacotú Ángeles, dentro del incidente no especificado relativo a la causa penal 6/2018 de su índice. Asimismo, hace del conocimiento que en virtud de las argumentaciones emitidas por el citado Tribunal de Alzada en dicha resolución, medularmente en la parte en que consideró que existe una irregularidad de origen derivada de la substanciación del incidente no especificado, en el caso concreto la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales en un caso no procedente para ello; en consecuencia, dejó sin efecto la tramitación del citado incidente, así como la audiencia en donde se analizaría la solicitud de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que actualmente sufre el quejoso. En consecuencia, si la litis constitucional en el presente juicio se constriñe a la falta de resolución en los autos del incidente no especificado relativo a la causa penal número 06/2018, seguida contra el impetrante como probable responsable de la comisión del delito previsto y sancionado por el artículo 97, fracción I de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito; incidente que promovió el hoy quejoso con el propósito de modificar la medida de prisión preventiva por otra diversa, pues instauró su demanda de amparo para que se dictara dicha resolución, la cual ha sido procesalmente sustituida por el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en la cual dejó sin efecto la tramitación del citado incidente, así como la audiencia en donde se analizaría la solicitud de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que actualmente sufre el quejoso -documental que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza-; por tanto, dicho incidente no especificado quedó sin efectos, lo que pone de relieve que ha operado un cambio de situación jurídica que amerita decretar el sobreseimiento en este juicio, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Esto es así, pues a ningún fin práctico conduciría esperar a la celebración de la audiencia constitucional para dilucidar este asunto si de cualquier forma, se emitiría una resolución en el mismo sentido que en el de este proveído, y sí, por el contrario, el aplazamiento en la resolución del presente juicio podría irrogar perjuicios irreparables al citado quejoso dado que podría constituirse en un impedimento para la continuación del proceso que le es instruido ante el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta Ciudad, en el cual se encontraba detenido; dado que no podría resolver el mismo hasta que quedara firme la resolución de amparo dictada en la audiencia constitucional de mérito. Por lo que, en casos como el presente, es obligatorio para los jueces de amparo decretar el sobreseimiento en cuanto aparezca una causal de improcedencia, indudable y manifiesta que lo motive, sin que sea necesario dar vista previa a la pate quejosa, precisamente en razón de que el análisis de esas causales son de orden público y, por ende, su estudio debe hacerse en forma preferente a cualquier otra cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1ª./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXVII, junio de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación, página doscientos setenta, con registro en IUS 169410, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." De igual manera, sirve en el caso por su sentido la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que aparece publicada con el número VII.1º.P.J/42, visible en la página ochocientos setenta y cinco; Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos texto y rubro son: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999). Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: 'Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto." Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese lo anterior a las responsables para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional en el presente asunto.
- Incidental
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta Ciudad, y en términos de lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su correspondiente informe previo.
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