Christian Venus de la Cruz Lemus

Expediente 523/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 27 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
523/2020
Año
2020
Actuaciones
27
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero
  • Christian Venus de la Cruz Lemus
  • Christian Venus de la Cruz Lemus y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en función de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que mediante oficios 2336/2022, 4211/2022 y 4988/2022 de diecisiete de marzo, tres de mayo y nueve de junio de dos mil veintidós, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copias certificadas de los autos de diecisiete de marzo, tres de mayo y nueve de junio de dos mil veintidós, por los que respectivamente y siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, ordenó dejar insubsistente el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno; determinó vincular al cumplimiento del laudo de manera conjunta a la Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, al Presidente y Tesorero o Secretario de Finanzas del demandado, así como al Congreso del Estado; requiriéndoles el cumplimiento de dicho laudo condenatorio, especificándoles a cada una de ellas sus obligaciones y acciones a efectuar, con el apercibimiento respectivo; además que ordenó hacer efectivo el apercibimiento decretado el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno al demandado Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, y por último, se pronunció en relación a la medida de apremio de la destitución del mencionado demandado dentro del expediente laboral 230/2014. Luego, mediante proveído de diez de junio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera. El proveído de referencia, se notificó personalmente a la parte quejosa el dieciséis de junio de dos mil veintidós, y por oficio al tercero interesado; habiendo formulado manifestaciones la parte quejosa a través de su apoderado por escrito de trece de junio de dos mil veintidós, por lo que este Juzgado Federal se pronuncia al respecto y al efecto realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a ******, por conducto de su apoderado *******; por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. I. Ejecutoria. En sentencia de quince de febrero de dos mil veintidós, emitida en el presente juicio de amparo, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: (i). Emitiera un nuevo acuerdo en donde, luego de reiterar lo que no fue materia de la concesión, dejara insubsistente el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 230/2014. (ii) Con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales, examinara nuevamente la promoción que presentó la parte actora (por conducto de su apoderado) el quince de enero de dos mil veinte, y se pronunciara con relación a la aplicación la multa fijada a la parte demandada, en proveído de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en virtud de no haber realizado el pago a la parte actora, en la diligencia de requerimiento de pago de catorce de enero de dos mil veinte. Para lo anterior debería valorar que, posterior al oficio SSA/DGAJDH/SJ/0051/2020, la demandada no efectuó ninguna gestión que denotara realmente su intención de cumplir con el laudo condenatorio, pues incluso el procedimiento de ejecución del laudo se encuentra exactamente igual a cuando se emitió el auto de ejecución, sin tener absolutamente algún avance, aunque sea mínimo, ya que ni siquiera pagos parciales se han realizado. Con la precisión que, en caso de existir diversas actuaciones que denoten el cumplimiento del laudo (diferentes y posteriores), la potestad deberá valorarlas y tomarlas en cuenta para determinar si justifican adecuadamente el incumplimiento del laudo, y pronunciarse al respecto. (iii) Igualmente, con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales, examinara nuevamente la promoción que presentó la parte (por conducto de su apoderado) el quince de enero de dos mil veinte, y se pronunciara con relación a la medida de apremio de destitución del Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, por su incumplimiento al laudo. Bajo lo única limitante que, debería apartarse de su argumento en el sentido que, la aplicación de las medidas de apremio debe realizarse de manera progresiva, es decir, iniciar a partir de la multa mínima y de manera sucesiva, llegar a la multa máxima, y una vez agotadas las multas, acordaría lo que en derecho procediera, ya que no es una postura que se encuentre debidamente fundada ni motivada. (iv). También, siguiendo los lineamientos del fallo protector, vinculara al cumplimiento del laudo condenatorio dictado en el juicio laboral 493/2007, al Gobernador, Secretaría de Finanzas y Administración, y Congreso, todos del Estado de Guerrero. En el entendido que, en el auto que emitiera en cumplimiento a esta sentencia, debería determinar con exactitud cuáles eran las obligaciones y qué acciones deberían efectuar cada una de las autoridades vinculadas, a más que, con plenitud de jurisdicción, debería efectuar los apercibimientos que considerara pertinentes. Una vez que por auto de diez de marzo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia amparadora, se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. II. Trámite de la autoridad responsable. A fin de dar cumplimiento, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficios 2336/2022, 4211/2022 y 4988/2022 de diecisiete de marzo, tres de mayo y nueve de junio de dos mil veintidós, remitió copias certificadas de los autos de diecisiete de marzo, tres de mayo y nueve de junio de dos mil veintidós, por los que respectivamente y siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, ordenó dejar insubsistente el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno; determinó vincular al cumplimiento del laudo de manera conjunta a la Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, al Presidente y Tesorero o Secretario de Finanzas del demandado, así como al Congreso del Estado; requiriéndoles el cumplimiento de dicho laudo condenatorio, especificándoles a cada una de ellas sus obligaciones y acciones a efectuar, con el apercibimiento respectivo; además de que ordenó hacer efectivo el apercibimiento de multa decretada el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno al demandado Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, y por último, se pronunció en relación a la medida de apremio de la destitución del mencionado demandado dentro del expediente laboral 230/2014. III. Manifestaciones de la parte quejosa. La quejosa ************, a través de su apoderado, señaló que la sentencia amparadora no se encuentra cumplida toda vez que la autoridad responsable al pronunciarse sobre la medida de apremio de destitución de la parte demandada, debió realizarla de manera fundada y motivada dentro del juicio laboral 230/2014, por lo que pide se requiera a la autoridad responsable el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. IV. Verificativo de cumplimiento. De lo expuesto, se aprecia que la autoridad responsable sí cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, dado que como se justificó, por acuerdos de diecisiete de marzo, tres de mayo y nueve de junio de dos mil veintidós, siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, dejó insubsistente el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno; vinculó al cumplimiento del laudo de manera conjunta a la Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, al Presidente y Tesorero o Secretario de Finanzas del demandado, así como al Congreso del Estado; requiriéndoles el cumplimiento de dicho laudo condenatorio, especificándoles a cada una de ellas sus obligaciones y acciones a efectuar, con el apercibimiento respectivo; hizo efectivo el apercibimiento de multa decretada el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno al demandado Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, y por último, se pronunció en relación a la medida de apremio de la destitución del mencionado demandado dentro del expediente laboral 230/2014; razones por las que se estima que la responsable se apegó a los lineamientos del fallo federal. En ese sentido las manifestaciones vertidas por la quejosa resultan inatendibles, en virtud que, lo que ahora señala rebasa los efectos del amparo que fueron para que la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, dejara insubsistente el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 230/2014 y con plenitud de jurisdicción de manera fundada y motivada examinara nuevamente la promoción presentada por la parte actora el quince de enero de dos mil veinte. Además, se pronunció con relación a la aplicación de la multa fijada a la parte demandada el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, así como en relación a la medida de apremio de destitución del Titular de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, por su incumplimiento al laudo. Ello, contrario a lo que señala la quejosa sí se cumplió dado que, determinó que son consecuencias diferentes las establecidas en el artículo 138, fracción II de la Ley 248 de los Trabajadores al Servicio del Estado con las contenidas en el diverso 125 de la misma Ley, lo que, incluso fundó con el criterio de rubro: "MEDIOS DE APREMIO SU FINALIDAD CONSISTE EN HACER CUMPLIR LAS DETERMINACIIONES DE LA AUTORIDAD JURÍDICA." Finalmente vinculó al cumplimiento del laudo condenatorio a la Gobernadora Constitucional del Estado, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y al Congreso del Estado, a las cuales debería determinar con exactitud cuáles eras sus obligaciones y qué acciones deberían efectuar cada una de ellas, con los apercibimientos correspondientes; lo cual así lo hizo como se advierte de los acuerdos de diecisiete de marzo, tres de mayo y nueve de junio dos mil veintidós, dictados dentro del expediente laboral 230/2014; de ahí que resulten inatendibles las referidas manifestaciones, ya que se estima que la responsable se apegó a los lineamientos del fallo federal, por lo que se le dejan a salvo sus derechos para que haga valer los medios legales correspondientes. V. Conclusión. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria federal en su totalidad sin exceso ni defecto, pues la autoridad efectuó exactamente lo que le fue ordenado. VI. Archivo. Ante tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, incisos a) y b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, en su totalidad, porque se concedió la protección constitucional. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta presentado por ******, autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, téngase por hechas las manifestaciones que al efecto vierte con motivo de la vista dada en proveído de diez de junio de dos mil veintidós, lo que será tomado en consideración al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento o no de la ejecutoria de amparo. Por último, indíquese al promovente que por auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, se le autorizó para consultar el expediente electrónico con nombre de usuario: "********" Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de junio de dos mil veintidós. Vistos los oficios y anexos de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por el que remite copia certificada del auto de nueve de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se pronuncia en relación a la multa fijada a la parte demandada en el proveído de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, así como donde se examina nuevamente la promoción del quejoso de quince de enero de dos mil veinte, en relación a la medida de apremio relativa a la destitución del titular o representante de la parte demandada en el juicio laboral ***; así como de la comparecencia de dos de junio de dos mil veintidós, mediante la cual se hizo entrega material a la actora del cheque exhibido por la demandada, como cumplimiento parcial del laudo condenatorio. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a las partes para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, corriéndoles traslado con copia de las constancias que acreditan el cumplimiento al fallo protector; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexos de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa los trámites realizados tendentes al cumplimiento del fallo protector, y al efecto remite el acuse de recibo relativo a la notificación del oficio que se ordenó girar el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a efecto de que haga efectiva la multa impuesta a la demandada Secretaría de Salud; asimismo, remite copia certificada de la comparecencia de treinta de mayo de dos mil veintidós mediante la cual el apoderado legal de la parte demandada exhibió el cheque que en la misma se describe, dentro del juicio laboral ***. Gestiones que se toman del conocimiento para los efectos legales conducentes; sin embargo, indíquese a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, que con las constancias remitidas no cumple con la sentencia de amparo emitida en el presente asunto, pues como se aprecia de autos el dieciocho de abril de dos mil veintidós, se determinó tener por no cumplido el fallo protector al no haberse pronunciado con relación a la aplicación la multa fijada a la parte demandada, en proveído de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en virtud de no haber realizado el pago a la parte actora, en la diligencia de requerimiento de pago de catorce de enero de dos mil veinte; asimismo, no se ha pronunciado respecto a la medida de apremio de destitución del titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, por su incumplimiento al laudo. Ello es así, dado que como se aprecia del auto de tres de mayo de dos mil veintidós dictado en el juicio laboral ****, por un lado, ordenó hacer efectivo el apercibimiento de multa decretado a la parte demandada en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, y no el de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, y respecto de la medida de apremio de destitución, no se ha pronunciado al haber otorgado a la demandada un término para que cumpla con el requerimiento de pago del laudo condenatorio. Por tanto, al no acreditar o justificar haberse pronunciado la autoridad responsable en relación a la aplicación la multa fijada a la parte demandada, en proveído de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, y que para ello debería valorar que posterior al oficio SSA/DGAJDH/SJ/0051/2020, la demandada no había efectuado ninguna gestión que denotara realmente su intención de cumplir con el laudo condenatorio, ni mucho menos haberse pronunciado en relación a la medida de apremio de destitución del Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, por su incumplimiento al laudo, o en su defecto, manifestar la imposibilidad que tiene para ello y ser valorado al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector; con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, a través de su Presidenta, esto es Miriam Cortes Cisneros, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, para lo cual deberá: En complemento al auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, emitir un nuevo acuerdo en el juicio laboral **** en donde, con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales, examine nuevamente la promoción que presentó la parte actora (por conducto de su apoderado) el quince de enero de dos mil veinte, y se pronuncie con relación a la aplicación la multa fijada a la parte demandada, en proveído de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en virtud de no haber realizado el pago a la parte actora, en la diligencia de requerimiento de pago de catorce de enero de dos mil veinte. Igualmente, con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales, examine nuevamente la promoción que presentó la parte (por conducto de su apoderado) el quince de enero de dos mil veinte, y se pronuncie con relación a la medida de apremio de destitución del Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, por su incumplimiento al laudo. Apercíbase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, esto es, a Miriam Cortés Cisneros, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo no tiene; lo anterior en términos de la Jurisprudencia 2a./J.36/2011 (10ª), consultable a página 3515, registro 2000099, del Libro IV, enero de 2012, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

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