Christian Trujillo Ginez

Expediente 271/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
271/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/03/2021

Partes del expediente

  • Christian Trujillo Ginez

Actuaciones

  1. Principal

    Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diez de febrero de dos mil veintiuno, mediante la cual se negó el amparo solicitado por la parte quejosa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción y digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Depúrese el expediente principal una vez transcurridos tres años, toda vez que en el presente juicio de amparo se negó la protección constitucional, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado Acuerdo General. Asimismo, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del artículo 15 de dicho Acuerdo General. Incidente. Toda vez que este expediente se tramitó con INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, acuérdese lo relativo a su destino en los cuadernos incidentales. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

  2. Principal

    Cuestión previa. En atención a la certificación de cuenta, de la que se advierte que la demanda de amparo se recibió el cinco de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, registrada en dicha Oficina con el número de folio 1839421; y turnada a este Juzgado hasta el ocho de marzo de dos mil veintiuno, como se advierte del sello de recepción de la Oficialía de partes. Lo que se precisa para el solo efecto de cumplir con el plazo previsto en el artículo 112 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se da trámite a la demanda en esta fecha, en los siguientes términos. Demanda de amparo. Desechamiento. De la demanda de amparo que se provee, se desprende que se actualiza una causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo. De las normas señaladas se advierte que el juicio de amparo indirecto, contra actos en el juicio, sólo procede cuando tengan efectos que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Para ser calificados los actos dentro de juicio como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, al sólo dilatar la prosecución del trámite. Así, debe considerarse que el juicio de amparo sólo procede en contra de una dilación procesal importante o inactividad procesal. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Ello, esencialmente, pues el acto reclamado no constituye una dilación abierta del procedimiento de origen ni genera su paralización total, circunstancias que si actualizarían un perjuicio de imposible reparación. Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso, entre otros, es relevante el análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si la dilación es realmente excesiva. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado, la omisión para dictar el auto de radicación respecto de la demanda presentada el diecinueve de enero de dos mil veintiuno en la Oficialía de Partes de la Junta responsable, así como la omisión de señalar día y hora para el desahogo de la audiencia de ley y emplazar a la parte demandada. Es así, que para el momento en que se presentó la demanda (esto es, el diecinueve de enero de dos mil veintiuno), la dilación reclamada no puede ser considerada como abierta o relevante y, que en consecuencia, genere una afectación irreparable dentro del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa; pues a criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha hipótesis se actualiza después de trascurridos cuarenta y cinco días naturales, desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente la Junta debió pronunciarse respecto de la prosecución del procedimiento. Ello, atento a que si fue el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, cuando la responsable no proveyó respecto de la radicación de la demanda; el lapso entre aquélla actuación y la fecha de presentación de la demanda (dos de marzo de dos mil veintiuno), no revela la existencia de una abierta dilación en la resolución del juicio y, que en consecuencia, genere una afectación irreparable dentro del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa; pues dicha hipótesis se actualiza después de trascurridos cuarenta y cinco días naturales, a partir de la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse el acto procesal respectivo, ello debido a una suspensión de labores generada por la pandemia que se vive hoy día. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de acuerdos, de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco (45) días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Conforme a lo anterior, tampoco puede adoptarse la interpretación del artículo 8o. constitucional para instituir un plazo único para conocer cuándo la autoridad ha incurrido en una demora que, prácticamente, constituya una verdadera interrupción arbitraria de su parte, surgiendo entonces una violación autónoma que justifique la promoción del amparo indirecto, en tanto no se trate de una auténtica denegación de justicia, no sólo contraventora del precepto citado, sino también de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece que "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a los gobernados, al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar cuestiones de retardo en materia laboral determinó que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Criterio que resulta aplicable al caso concreto reclamado a la JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITAJE DEL ESTADO DE PUEBLA, lo anterior es así, ya que si bien el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, disponen lo siguiente: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. . ". De la disposición legal transcrita se desprende, en lo que interesa, que, la Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que se reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Empero; no puede pasar inadvertido para este juzgado la carga de trabajo con que funcionan en general todos los órganos encargados de gobierno, así como los órganos facultados impartir justicia en el Estado, lo cual es un hecho notorio para este Juzgador, así como la suspensión de labores y plazos que han tenido dichos órganos. Luego, ponderando tales extremos y considerando además la práctica judicial que impera en los órganos del Poder Judicial Federal, validada incluso para efectos administrativos y disciplinarios por el Consejo de la Judicatura Federal, relativa a que se considera un tiempo razonable y no una dilación excesiva en emitir en los juicios la resolución respectiva dentro del plazo de hasta tres meses de declarados vistos los autos. De suerte que, si para los órganos de justicia federales, el emitir una sentencia en el plazo de tres meses no es considerada como una dilación procesal, por tanto, este juzgador considera que debe aplicarse un plazo máximo de cuarenta y cinco días para considerar una dilación excesiva, por parte de las autoridades responsables. Plazo de cuarenta y cinco días que debe contabilizarse a partir de la fecha en la que concluyó el en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, esto es, después de concluidas las veinticuatro horas que tenía para dictar el acuerdo, en el que debía de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Ahora bien, en el caso concreto, la demanda laboral se presentó el diecinueve de enero de dos mil veintiuno en la oficialía de partes de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Tehuacán, Puebla, por lo que, en términos del artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir del momento en que recibió el escrito de demanda, debió dictar el acuerdo de admisión respectivo, esto es, a más tardar el veinte del propio enero, por lo que resulta inconcuso que a la fecha en que se depositó la demanda de amparo en el Servicio Postal Mexicano -dos de marzo de dos mil veintiuno- no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir del día siguiente a la data en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos -veintiuno de enero de dos mil veintiuno- Lo anterior es así, habida cuenta que el término de cuarenta y cinco días inició el veinituno de enero de dos mil veintiuno, y a la fecha en que se depositó la demanda de amparo en el Servicio Postal Mexicano -dos de marzo de dos mil veintiuno- han transcurrido cuarenta y un días naturales. En efecto, los días naturales se empiezan a contar a partir del veintiuno de enero de dos mil veintiuno, que corresponde al día siguiente al en que concluyeron las veinticuatro horas con las que contaba la Junta responsable para dictar el acuerdo de admisión respectivo, a partir de su presentación. Lo cual se puede contabilizar en el calendario siguiente: *** De lo anterior se visualiza que del veintiuno de enero al dos de marzo de dos mil veintiuno, han transcurrido cuarenta y un días naturales, plazo en el cual no es posible tomarse aún como retardo en la impartición de justicia, como lo hace valer el ocursante (omisión de la que se duele). En consecuencia, en la especie, al no haber trascurrido los cuarenta y cinco días (naturales) de la omisión de la que se duele la parte quejosa, es innegable que no existe una dilación abierta, en tanto, dicha hipótesis sólo se actualiza después de un retraso importante o trascendente, y lo reclamado aquí, se trata de un retardo moderado que no deja sin defensa al quejoso. En ese sentido, la demanda de amparo que se promueve contra actos de naturaleza omisiva, como ya se apuntó en párrafos precedentes, es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Conclusión. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia analizada, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo que se provee, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada. Domicilio. Como lo solicita expresamente el quejoso y de conformidad con el artículo 29, de la Ley de Amparo, se ordena la notificación del presente auto y los subsecuentes, aún los de carácter personal, por medio de las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado. Autorizado(s). Se tiene como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la(s) persona(s) que señala; en razón de la materia de la demanda de amparo. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Solicitud de consulta de expediente electrónico. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorgan los permisos necesarios para la consulta del expediente electrónico, toda vez que el nombre de usuario que proporciona el promovente se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que los permisos otorgados estarán en todo momento condicionados a que la Firma Electrónica se mantenga vigente. Datos de contacto. Se toma conocimiento del correo electrónico, a través del cual se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse, y de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.

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