Christian Rojas Aguilar
Expediente 842/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Christian Rojas Aguilar
Actuaciones
- Principal
ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia Michoacán a las nueve horas con dos minutos del cinco de octubre de dos mil veintiuno Sergio Santamaría Chamú Juez Cuarto de Distrito en el Estado procede a celebrar la audiencia constitucional asistido de la Secretaria Cristina García Maya en el juicio de amparo 842/2021 de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el similar 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 Asimismo la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes precisando además que éstas con anterioridad a este acto procesal no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención Enseguida la Secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al Juez: con la demanda de amparo e informe justificado El Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que hubiere lugar Acto seguido el Juez declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales de la autoridad responsable; sobre el particular el Juez determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza las pruebas relacionadas No habiendo prueba pendiente por desahogar se cierra esta fase Finalmente el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria da cuenta con los formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación; a lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la referida relación para el efecto legal conducente Con lo anterior se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar se dicta la siguiente: SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 842/2021 promovido por Christian Rojas Aguilar1 por alegada violación de los artículos 1 14 16 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad; y RESULTANDO: ÚNICO Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional; Christian Rojas Aguilar solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión Admitida la demanda seguidas las formalidades de ley se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que precede; y CONSIDERANDO: PRIMERO Este Juzgado es competente resolver el presente juicio de amparo en términos de los artículos 103 fracción I 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 33 fracción IV 35 y 37 de la Ley de Amparo en relación con el Acuerdo número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal toda vez que la omisión no tiene ejecución y se atribuye a una autoridad residente dentro del territorio en el que se ejerce jurisdicción SEGUNDO Precisión de la norma general acto u omisión reclamada De conformidad con el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo a parte quejosa reclama lo siguiente:2 ? La omisión de dictar laudo en el expediente 719/2018 TERCERO Norma acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad al rendir su informe justificado aceptó la omisión reclamada Aunado a que de las constancias que adjuntó se advierte su certeza; a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria CUARTO Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo En esa tesitura al hacerse un análisis de las constancias que obran en autos se advierte que las partes no hicieron valer ni se actualiza causa alguna de improcedencia que de oficio deba ser examinada; en consecuencia se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la solicitante del amparo QUINTO Análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la omisión reclamada al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad En el caso concreto tenemos que la parte quejosa aduce que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en los dispositivos 14 16 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos En síntesis el quejoso afirma que se violan sus derechos humanos porque se ha abstenido de dictar laudo correspondiente en el procedimiento laboral de origen el tribunal infringe en su prejuicio la garantía de administrar la justicia dentro de los plazos y términos que fijan las leyes de manera pronta completa e imparcial establecidas en el artículo 17 constitucional así como en los numerales 884 885 886 887 890 895 y 899 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios Es fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa en virtud de que el artículo 17 constitucional establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta completa y expedita En efecto el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 17 Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta completa e imparcial Su servicio será gratuito quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales." En ese sentido se considera fundado lo alegado por la parte quejosa ya que la Ley Federal del Trabajo supletoria de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios dispone la obligación de la autoridad laboral de pronunciar el laudo una vez transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo; esto es al concluir el plazo de dos días para que presenten sus alegatos por escrito previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación hecho lo anterior de oficio se declarará cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de laudo cinco días para la solicitud de diligencias y en caso de que las hubiere ocho días para su desahogo y otros diez días hábiles para la emisión del laudo Por tanto si de la constancias que allegó la responsable la que fue valorada con anterioridad se advierte que la autoridad responsable declaró cerrada la instrucción dese del once de diciembre de dos mil veinte en el expediente de origen se hace evidente que se ha excedido en los términos legales y no ha dictado el laudo lo que trajo como consecuencia la inobservancia del numeral 17 constitucional que establece que la impartición de justicia debe ser gratuita pronta y expedita violación directa que es considerada de ejecución irreparable y trasciende a los derechos de la parte quejosa Por tanto puede concluirse válidamente que dicho juicio se encontraba paralizado en virtud de que desde el once de diciembre de dos mil veinte se declaró cerrada la instrucción sin que a la fecha en que se resuelve haya emitido el laudo en el referido contradictorio En las apuntadas condiciones aplicando los principios de los que se ha dado noticia precedentemente al caso concreto y específico surge como una cuestión incontrovertible que la omisión del tribunal responsable para substanciar el procedimiento para decidir la controversia sometida a su potestad máxime que como lo estableció la responsable al no quedar pruebas pendientes por desahogar en dicho juicio declaró cerrada la instrucción por ende resulta violatoria del derecho fundamental de la parte quejosa a que se le administre justicia pronta y expedita contemplado por el artículo 17 de la Carta Magna Una vez relacionado lo anterior se concluye que la omisión reclamada al Tribunal responsable tiene como consecuencia la inobservancia del precepto constitucional en tanto que de autos se advierte que a la fecha no se ha elaborado del proyecto de laudo ni emitido éste dentro del expediente laboral 719/2018 con lo cual se priva a la parte quejosa del derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijan las leyes los cuales se reitera han transcurrido con exceso en el presente asunto Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 que dispone: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUS ALCANCES La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene dentro de los plazos y términos que fijen las leyes para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o a defenderse de ella con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre la pretensión o la defensa y en su caso se ejecute esa decisión Ahora bien si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna pues de establecer cualquiera ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción si tales trabas resultan innecesarias excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador Sin embargo no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales como ocurre con aquellos que respetando el contenido de ese derecho fundamental están enderezados a preservar otros derechos bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida como es el caso del cumplimiento de los plazos legales el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos " Robustece lo anterior la jurisprudencia IV 3o T J/574 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito que dispone: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta completa e imparcial Ahora bien las Juntas de Conciliación y Arbitraje como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes independientemente de las cargas de trabajo ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal tales como insuficiencia de recursos volumen de trabajo etcétera también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 Constitucional " En ese contexto procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó Christian Rojas Aguilar contra la omisión que reclamó a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad por conducto de su presidente Precisión de los efectos de la protección constitucional En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo se establece que la concesión del amparo y protección de la Justicia Unión a Christian Rojas Aguilar es para el efecto de que el tribunal responsable: ÚNICO A la mayor brevedad posible emita el laudo correspondiente en el juicio laboral 719/2018 Al respecto cobra aplicación la tesis 2a CV/2013 (10a ) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 732 libro 1 diciembre de 2013 tomo I Décima época Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Garceta que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a /J 45/2007) Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia citada sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales señaladas en la demanda de amparo sino también las subsecuentes Sin embargo una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013" No pasa inadvertido que no ha transcurrido el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo con la vista del informe justificado que se tuvo por rendido el uno de los actuales en el caso no existe fin práctico que pudiera desfavorecer al quejoso ya que no se advierte que la presente determinación una vez transcurrido el mismo le genere perjuicio pues en esta fecha o en aquélla el contenido del informe justificado y de existencia del acto reclamado permiten establecer que el sentido de la determinación sería el mismo Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: ÚNICO La Justicia de la Unión ampara y protege a Christian Rojas Aguilar contra el acto que reclama al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta resolución
- Principal
Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 2. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, rindiendo informe justificado, al cual acompaña diversas constancias como soporte al mismo, con lo que se ordena dar vista a las partes para los efectos legales conducentes.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Del estado de autos se advierte que se giró el exhorto 61/2021 (número de orden 133), a fin de emplazar al tercero interesado Marco Antonio Mejía Jiménez, mismo que tocó conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, sin que a la fecha lo haya devuelto. 1.1. Requerimiento. Por tanto, acorde a lo anterior, remítase misiva al juzgado citado, a efecto de que de no tener inconveniente informe el estado procesal del exhorto 61/2021 (número de orden 133) y de encontrarse diligenciado tenga a bien remitirlo. 2. Diferimiento. Por tanto, a fin de que acontezca lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta data se difiere y, en su lugar, son fijadas las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. 3. Vista en expediente administrativo. De la certificación de cuenta se advierte retraso injustificado en la integración de este asunto, por lo que para deslindar responsabilidades por separado se da cuenta al Juez, para lo que tenga a bien determinar en el expediente administrativo.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, párrafo segundo, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 2, 33, fracción VI, 107, fracción IV, 108, 110, 112, 115, 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Christian Rojas Aguilar contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 842/2021. 1.2. Suspensión. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión, por no haberse solicitado. 1.3. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. 1.4. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá: 1.4.1. Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional; y, 1.4.2. Remitir copia certificada legible de las constancias que acrediten que ha cesado la omisión reclamada. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 1.5. Ministerio público. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 1.6. Tercero interesado. En términos del numeral 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le corresponde el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán; en consecuencia, se ordena su emplazamiento por medio de oficio al cual deberá anexarse copia simple de la demanda y del presente auto. 1.7. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo. Téngase autorizando en términos amplios a Darsaya Guadalupe Domínguez Ramírez, quien gozará de las facultades que confiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, en atención a la naturaleza jurídica laboral de este asunto. 1.8. Causas de sobreseimiento. Solicítese a las partes que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este juzgado, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100 moneda nacional), como lo dispone el numeral 251 del citado ordenamiento. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en el Acuerdo General 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 2.3. Datos de contacto de las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono oficial 443 3226960 extensiones 1162 y 1261 Correo electrónico 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje vía correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.8. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.9. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.9.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.9.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.9.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.9.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.9.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado a cualquiera de los siguientes medios de contacto: Mensajería instantánea (WhatsApp) 443 134 2106 Correo electrónico del juzgado 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.9.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.9.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.9.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.10. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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